Varios congresistas dijeron a La Silla que si el Acuerdo de Paz con las Farc no se firma antes de julio será imposible pasar la ley que reglamenta el marco para la paz. Fotos: Juan Pablo Pino

Ayer en reunión en el Consejo Gremial, Humberto de la Calle dijo que realmente creía que había “una oportunidad verdadera para poner fin al conflicto armado en Colombia a través del diálogo”. El optimismo a los dos lados de la Mesa es grande pero hay un reto que será difícil de enfrentar: los tiempos políticos.

Según han dejado entrever los negociadores tanto de la guerrilla como del Gobierno, la negociación sobre el tema agrario está en una etapa avanzada y por fin en las últimas semanas se están discutiendo ya temas concretos.

Aunque el camino que sigue es difícil –comenzando porque según lo dejó claro Iván Márquez ellos se consideran víctimas y no victimarios- los demás temas parecen menos espinosos. Salvo uno: el de la seguridad política y jurídica de los guerrilleros. Eso, en otras palabras, significa la ley estatutaria que reglamentaría el Marco para la Paz.

"El Gobierno y las Farc tienen entre febrero y julio para llegar a un acuerdo," dice el senador Roy Barreras, presidente del Congreso.

El expresidente Álvaro Uribe, uno de los opositores más grandes al Marco para la Paz, seguramente utilizará el trámite de la ley estatutaria que lo reglamente como caballito de batalla electoral.

El Marco para la Paz es una reforma constitucional que fue aprobada cuando aún el país no sabía que había en curso una negociación con las Farc pero que fue presentada por el Gobierno para posibilitar un proceso de paz que ya estaba explorando con ellos.

Es una norma sucinta que permite que en el caso de que haya un proceso de paz la Fiscalía tenga la facultad de juzgar solo a los "máximos responsables" de los crímenes de la guerrilla y de otros grupos armados, y no juzgar al resto de la tropa.

Ahora el Congreso tendrá que fijar los criterios que podrá usar el Fiscal para decidir qué tipo de delitos no se investigarán si las Farc firman la paz y qué penas podrían llegar a pagar (o a no pagar) los jefes guerrilleros por los crímenes atroces que han cometido.

En su momento, como lo contó La Silla, los uribistas se opusieron a la aprobación del Marco para la Paz con el argumento de que no querían ver a Timochenko de congresista. El senador de la U Roy Barreras les dijo que eso no era una posibilidad.

Sin embargo, como quedó redactado en el último debate, el Marco incluye la posibilidad de participación en política para los que hayan cometido delitos políticos o delitos que sean “conexos” a los políticos, es decir, que se cometen como consecuencia de un delito político. La Ley Estatutaria también deberá definir este punto porque hay un gran debate sobre qué delitos serían conexos.

Para el caso de Timochenko, por ejemplo, el Congreso deberá definir si crímenes de guerra pueden ser entendidos como conexos con delitos políticos, por ejemplo. Y esto, asumiendo que no esté condenado por un crimen de lesa humanidad, que nunca puede ser conexo con delitos políticos.

Mejor dicho, la discusión alrededor del Marco Jurídico para la Paz, que fue muy dura, fue una asunto de niños comparada con la que se tendrá que dar cuando llegue esta ley al Congreso. La pregunta es cuándo puede llegar una ley tan polémica al Congreso.

Los momentos políticos

Encontrar el momento político adecuado es la pieza más difícil de encajar en todo el proceso en la Habana porque esta vez, como ha sucedido en anteriores procesos, el éxito o fracaso de la negociación al final dependerá de una convergencia de intereses políticos.

Para los jefes guerrilleros en Cuba, que esa ley se concrete es un paso previo fundamental para acordar dejar las armas. Tienen que estar seguros de que el Gobierno no los va a terminar extraditando en un avión rumbo a Miami como hizo con los jefes paramilitares, mucho más cercanos al Establecimiento que los guerrilleros. Y no solo eso. También van a exigir garantías de que podrán hacer su revolución por la vía política en cambio de la armada.

Porque al fin y al cabo, tal como está diseñado este proceso, la negociación consiste en eso: en crear las condiciones, no para que abdiquen su ideología, sino para que la persigan por las vías democráticas. Por eso, a estas alturas ya nadie discute que uno de los resultados del proceso será encontrar la fórmula para que, por lo menos algunos de los jefes guerrilleros, puedan participar en elecciones.

Como para muchos colombianos pasar de percibir a los guerrilleros como unos terroristas a verlos como futuros congresistas es un sapo demasiado grande, el Gobierno difícilmente incurrirá en el costo político de presentar este proyecto si el acuerdo no está ya totalmente cocinado. Además, porque la reforma constitucional es clara en que sólo se aplica si efectivamente hay un acuerdo de paz ya firmado.

Noviembre ya no sirve

Juan Manuel Santos dijo hace unos meses que la fecha límite para firmar el Acuerdo de Paz sería noviembre. Sin embargo, varios miembros del Congreso dijeron a La Silla que no había la más remota posibilidad de que esa ley pudiera tramitarse en el primer semestre de 2014, en pleno período electoral.

Primero, porque en esa época los congresistas están metidos de lleno en su campaña de reelección y lograr quórum es difícil. Pero segundo, porque sería una bandera demasiado impopular, y más aún si están compitiendo contra la lista del ex presidente Uribe.

“Si el Acuerdo es firmado después de julio, no hay Congreso que les apruebe la justicia transicional. Si tienen la voluntad política, el Gobierno y las Farc tienen que entender que cualquier fecha después de julio no tiene correlato con el cronograma legislativo y político”, dijo a La Silla el senador Roy Barreras, presidente del Congreso. “Además, no sabemos cómo serán las mayorías del próximo Congreso”.

Él, por ejemplo, que es uno de los que más impulsó el Marco para la Paz ya ha dicho que no volverá. Esta percepción de los tiempos políticos fue compartida por otro senador conservador y por dos liberales. Uno de ellos dijo a La Silla que más que una reforma política sobre las que están haciendo cábalas los políticos, lo que más debilitaría a Uribe sería un acuerdo de paz firmado en diciembre. Además, como es una ley estatutaria tiene que ser revisado previamente por la Corte Constitucional antes de ser aprobada como ley.

En las filas de la Marcha Patriótica también se siente cierta urgencia. Las ‘constituyentes por la paz’ que decidieron crear en la reunión del pasado fin de semana son una muestra de ello. Estos grupos que estarán compuestos por organizaciones populares, sindicales y campesinas –muchas de ellas en zonas bajo influencia de las Farc- tienen un propósito principal y es impulsar el proceso y presionar para que éste conduzca hacia la paz.

Dados los vasos comunicantes que hay entre la guerrilla y las regiones donde la Marcha Patriótica tiene una posibilidad electoral la presión para que esta ley salga antes de diciembre y puedan así participar en la contienda electoral con la fuerza que les daría un proceso de paz exitoso seguramente se sentirá en La Habana.

En esa medida, los intereses políticos de la coalición política mayoritaria y los de la guerrilla estarían alineados y eso aumentaría las posibilidades de éxito del proceso.

Pero precisamente por las mismas razones, quienes se oponen a que los guerrilleros obtengan derechos de participación política y amplios márgenes de impunidad intentarán elevarle el costo político al Gobierno y a los congresistas que respalden la ley que regule el Marco para la Paz. La única forma de que no lo logren es si para ese momento es totalmente claro para todo el país que las Farc han decidido dejar las armas. Será el dilema del huevo y la gallina.