En una negociación de paz fundamentada en la confianza, la destitución de Petro por parte del Procurador puede minar los mínimos ya logrados. Foto: Associated Press

Tal como lo anticiparon muchos cuando el Procurador Alejandro Ordóñez le formuló pliego de cargos a Gustavo Petro hace unos meses, su destitución enviaría un mensaje nefasto a La Habana. El mensaje fue recibido.

“Por encima de los desencuentros ideológicos y políticos que podamos tener con el señor Petro, no podemos permanecer impasibles ante tan desmedida muestra de soberbia oligárquica”, dijo el Secretariado de las Farc en un comunicado conocido ayer. “Siempre hemos expuesto que son precisamente la intolerancia, la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política y la violencia recurrente del Estado, las causas de la larga confrontación armada que se libra en nuestro país. El fallo del señor Procurador simplemente lo confirma.”

El mayor escollo que tiene una negociación de paz con las Farc es la desconfianza. Es una desconfianza mutua, que no ha hecho sino reforzarse negociación fallida tras negociación.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana esa desconfianza –alimentada por el bombardeo a Casa Verde y el genocidio de la Unión Patriótica, entre otros episodios- nunca se pudo superar.

Visto en retrospectiva, la negociación de el Caguán fue siempre el plan B de ambos lados. El plan A fue ganar tiempo para prepararse para lo que ambos creyeron sería la arremetida final.

Las Farc abusaron de la zona de despeje para reentrenar a sus filas, para reclutar a miles de jóvenes, para reestablecer contactos internacionales y comprar armas. El gobierno, por su parte, terminó de fortalecer el Ejército con la plata del Plan Colombia y de adelantar una estrategia diplomática para aislarlos internacionalmente y lograr que los declararan una organización terrorista, aprovechando la coyuntura post once de septiembre.

Viniendo de allí, el gran logro de este nuevo proceso de paz en La Habana es haber construido unos mínimos de confianza.

El que el gobierno hubiera podido adelantar negociaciones secretas y preliminares con las Farc durante más de dos años para definir un Acuerdo Marco de Negociación que dijera explícitamente que el objetivo sería la terminación del conflicto y la dejación de las armas, y que durante todo este año ninguna de las dos partes hubiera violado el acuerdo de confidencialidad salvo con una pequeña excepción de lado y lado, son muestras de que hay una incipiente fe en la buena voluntad del otro lado.

De hecho, toda la negociación está montada sobre un acto de confianza. Está estructurada en tres fases: en la primera se construyó el Acuerdo Marco de la Negociación; en la segunda, que es en la que estamos, se negocian las condiciones para ponerle fin al conflicto; y en la tercera, se dejan las armas y paralelamente se hacen las reformas acordadas en la fase dos. Ambas partes, entonces, confían en que después de meses o años de arduo trabajo el otro cumplirá con su parte. No hay ganancias incrementales.

Cuando Hugo Chávez estaba vivo las Farc más que confiar en la buena fe del gobierno confiaban en la capacidad del presidente venezolano de usar su poder frente a Colombia para hacer valer el eventual acuerdo. Tras su muerte, el acto de fe en que no le harán conejo es mayor.

Desde otra perspectiva, toda la lógica de esta negociación también apunta a crear confianza en las Farc de que sin las armas podrán llegar al poder más rápido que con ellas. Dicho de otra manera, el objetivo de la negociación es crear las condiciones para que un partido chavista liderado por ellos pueda gobernar a Colombia en unos años si así lo escogen los colombianos.

El acuerdo sobre el primer punto, el de desarrollo agrario, busca cerrar el círculo vicioso de la exclusión del campo, que hace que para cientos de jóvenes campesinos irse a la guerrilla sea una decisión inteligente. Pero lo acordado allí también permitirá que las Farc capitalicen políticamente el desarrollo que se dé en el campo ya que dado el enfoque territorial del Acuerdo los desmovilizados jugarán un rol preponderante liderando esta transformación en el terreno. Transformación que podrán cobrar en votos.

El acuerdo sobre el punto número dos de participación política busca garantizar que se pueda hacer oposición política en Colombia. También fortalece las organizaciones sociales de base en las zonas donde las Farc han tenido influencia y les da una importante representación política a través de las circunscripciones especiales de paz. Desde el punto de vista electoral, las reformas acordadas allí le dan confianza a las Farc no solo de que podrán hacer política sin que los maten sino porque crea las condiciones para que políticos afines a ellos puedan sacar suficientes votos para tener una representación significativa en el Congreso.

Precisamente porque el corazón de la negociación en La Habana es crear las condiciones para que las Farc se tengan la suficiente confianza en su habilidad de llegar al poder a través de la política y no de las armas, la destitución de Petro es un golpe a la mesa. Un golpe, además, propinado por un opositor férreo del proceso como es el Procurador Ordóñez.

Sobre todo, porque las Farc suelen ver al Establecimiento como un ente monolítico y, a juzgar por su comunicado, este caso no es la excepción.

“La arremetida contra el alcalde de Bogotá es la misma que los poderes hegemónicos mundiales dirigen desde hace catorce años contra la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y se funda en la misma causa, la prohibición a los pueblos de adoptar sus propias decisiones. Las mal llamadas democracias que pregonan los poderes internacionales del capital, consisten en que los ciudadanos voten por las personas y las políticas correctas, las dispuestas por ellos. En caso contrario, sufrirán graves consecuencias y se les señalará además como los únicos culpables”, dice otro aparte de la carta.

Petro, por su parte, se ha encargado de reforzar esta percepción. Su discurso oficial en la Plaza de Bolívar el día que fue destituido no mencionó ni una sola vez los proyectos de ciudad que quedarían inconclusos. No hizo alusión a los humedales que quería proteger ni al tranvía que había prometido y sigue en estudios ni su exitosa política de desarme que podrían reversar. Optó por enmarcar su destitución como una lucha de “ellos” (es de suponer que se refería a el “Establecimiento”) contra “nosotros”.

“Quieren acabar con la Bogotá Humana porque quieren acabar con la democracia en América Latina. Que lo sepan en La Habana. Que lo sepan en La Habana, el mensaje, el mensaje que quiere dar el Procurador no es solamente la repetición vieja del discurso dogmático y sectario que elimina la diferencia, es también una trampa que quieren eliminando Bogotá Humana, es lanzar un mensaje de guerra sobre La Habana”, dijo Petro. Y más adelante dejó claro de qué se trata la movilización que está convocando: “Lo que queremos defender aquí es el derecho a gobernar por parte de quienes son diferentes”.

Las Farc -como Petro- están invitando a la movilización pero no solo contra la decisión del Procurador, sino contra todo el Establecimiento.  

“Alzarse contra la dictatorial destitución del alcalde de Bogotá es una causa justa, pero inútil si a la vez no apunta contra el régimen antidemocrático, neoliberal y violento que domina en Colombia”, dice el comunicado.  Petro, por su parte, le dice a los indignados que “este es el momento de cambiar la historia de Colombia”.

Son discursos que seguramente movilizarán a una parte de la población. El problema es si al hacerlo acentúan la desconfianza del otro lado de la mesa, cuya fe es igualmente necesaria para lograr algún día un acuerdo de paz.