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Hace dos meses el Presidente Juan Manuel Santos se reunió con Ricardo Martinelli, Presidente de Panamá. Tras ese encuentro anunciaron que viene un tratado para compartir información tributaria, lo que solucionó dos problemas: el de los paraísos fiscales y el de la alianza contra Nicaragua. Foto: Presidencia |
Este lunes el gobierno emitió el decreto de paraísos fiscales, una norma que ayuda a luchar contra el lavado de activos y el no pago de impuestos, y que desde el 2003 los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos estaban en mora de sacar. Aunque solo sacar del decreto es un éxito del gobierno, haber dejado a Panamá temporalmente por fuera le quita fuerza. Pero es que detrás hay un problema mayor: Panamá es un aliado clave en la estrategia de Santos para frenar las pretensiones de Nicaragua en el Caribe.
Como contó La Silla, uno de los componentes centrales de la estrategia de Santos es aliarse con otros países del Caribe, especialmente Jamaica, Costa Rica y Panamá, para presentar un frente común a Nicaragua y darse sustento al discurso de que el país centroamericano es expansionista.
El problema es que es casi imposible hacer una alianza con un país al que, por otro lado, se le pone la deshonrosa etiqueta de paraíso fiscal. Más en el caso de Panamá, cuya estrategia de crecimiento económico está en prestar servicios financieros y logísticos a personas en otros países, lo que significa que los flujos de divisas le son fundamentales.
Por eso, según supo La Silla, la inclusión de Panamá se convirtió en un problema diplomático. La decisión final, que en esencia consiste en clasificarlo como paraíso fiscal pero (por ahora) no aplicarle las consecuencias, fue una salida acordada entre los dos gobiernos.
Efectivamente en agosto de este año en una reunión en Cartagena con Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, Juan Manuel Santos anunció que los dos países empezarían a negociar un tratado para intercambiar información financiera que es precisamente el gran argumento para no meter a Panamá dentro de los paraísos fiscales.



Formalmente, el decreto de los paraísos le saca a Panamá una tarjeta amarilla. Junto con otras seis jurisdicciones con las que hay negociaciones para intercambiar información tributaria, a pesar de que cumple los requisitos para estar en la lista, queda por fuera por ahora.
Pero para que ingrese no se necesita un decreto, sino que basta que dentro de un año el director de la DIAN señale que no se suscribió el acuerdo de intercambio de información. Es decir, el balón queda en manos de Juan Ricardo Ortega (o quien lo reemplace) y no del alto gobierno.
De las siete jurisdicciones en esa situación, el caos de Panamá es muy particular porque el año pasado fue la fuente de más del 12 por ciento de toda la inversión extranjera directa (IED) que llegó a Colombia, sólo superado por Chile según las estadísticas del Banco de la República (que no incluyen reembolsos de capital, reinversión de utilidad ni inversiones del sector petrolero).
Eso lo coloca por encima de muchas economías más importantes o vecinas como Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Es decir, la función de Panamá como plataforma es evidente.
Como tiene un régimen legal que permite crear empresas sin decir quiénes son realmente sus dueños (incluso con acciones al portador) y no le cobra impuestos a las que no tengan actividades en ese país, es un verdadero paraíso para quienes quieren lavar dinero o no pagar impuestos en Colombia.
No en vano el mismo Santos, cuando anunció la apertura de las conversaciones con Panamá, dijo que con el futuro tratado “los que tienen las cuentas evadiendo los impuestos aquí en Colombia en bancos en Panamá” y que servirá para “hacer control desde Panamá para evitar las exportaciones ficticias y el lavado de activos a través de esas exportaciones de Panamá hacia Colombia“. Es decir, el mismo presidente aceptó que Panamá sirve para evadir impuestos y hacer lavado de activos.
Aunque hay diferentes modalidades para usar Panamá y las acciones pueden ir desde lavar plata del narcotráfico hasta hacer planeación tributaria legal (pasando por formas de evasión o elusión), son muchas las empresas y familias ricas que tienen dinero allá.
Basta mostrar algunos ejemplos. Algunos floricultores o grandes cafeteros usan a Panamá para dejar allá buena parte de lo que les pagan por exportar flores a Estados Unidos y así evadir impuestos; en el caso Interbolsa, aunque se usaron otros lugares como Curaçao o Luxemburgo, dos de las empresas clave llamadas Andean Capital Markets e Inversiones Internacionales Bursátiles Interbolsa, era panameñas. La red de Daniel “Loco” Barrera usaba ese país para lavar plata; la pirámide DMG lavó dinero en Panamá; donde fue capturado David Murcia Guzmán; y la red de lavado de activos de Henry Guberek usaba empresas en Panamá para lavar.
Por eso la exclusión de Panamá abre un boquete enorme en el cerco que el decreto le crea a evasores y lavadores. Aunque no es el único (Bermudas, otro paraíso fiscal muy usado en Colombia, quedó también entre los temporalmente excluidos, y faltan jurisdicciones como el estado de Delaware en Estados Unidos e incluso países como Luxemburgo o Suiza), sin duda es el más notorio: le puede costar al año facilmente medio billón de pesos al Estado, si se calcula de manera muy aproximada el 33 por ciento de las retenciones sobre el 1,5 billones de pesos de ivnersión extranjera panameña del año pasado.
Aún si el gobierno decide incluir a ese país en la lista de paraísos fiscales dentro de un año, ese tiempo es suficiente para que quienes lo usan pueden trasladar su plata y sus operaciones a otros lados.
También les da tiempo para acogerse a la amnistía que creó la reforma tributaria de Mauricio Cárdenas, que permite que hasta junio de 2014 las deudas por impuestos del año 2010 y anteriores puedan solo pagar la mitad de los interés y sanciones. Algo que es muy atractivo frente a la alternativa de que la Dian encuentre la plata que tienen escondida afuera, que puede entender como un ingreso nuevo y por lo tanto cobrarle un impuesto del 33 por ciento, además de las sanciones, o incluso expropiar.
Claro que ya de por sí estaban avisados, porque esa lista estaba en mora desde 2002.
La lista de paraísos fiscales la creó la ley 788 de 2002, cuando apenas empezaba el gobierno Uribe. Pero pasaron los dos períodos de Uribe y casi todo el de Santos antes de que saliera.
Inicialmente, porque la Ley 788 decía que la lista debía incluir los paraísos fiscales que señalara la Ocde, pero la Corte Constitucional tumbó ese artículo en 2003.
Después de eso, el gobierno Uribe desistió de la idea y no la incluyó en ninguna de sus reformas tributarias. Fue solo el año pasado, en la reforma tributaria de Mauricio Cárdenas, que volvió a aparecer, después de que el senador conservador Juan Mario Laserna incluyó una proposición para que el gobierno pudiera definir esa lista por decreto y el gobierno lo apoyó.
El gobierno se demoró todo este año en definir y conformar la lista pero finalmente lo hizo.
El decreto crea una lista de 44 jurisdicciones (no todas son Estados ni países, porque en ocasiones hay regímenes especiales como los de la isla británica de Jersey) de paraísos fiscales, además de las siete que están por ahora por fuera.
Estar en la lista implica que cualquier pago que se haga a una persona o empresa de esas jurisdicciones tendrá las retenciones más altas (33 por ciento en general) y que las empresas que los hagan tendrán que presentar una declaración llamada "precios de transferencia”, que debe demostrar que el pago se hizo a precios usuales en el mercado.
Eso, en principio, desincentiva a usarlos. El esquema que se usa, como contó La Silla, es crear una compañía en un paraíso fiscal para que ésta invierta en Colombia (con lo que parece inversión extranjera aunque sea dinero de colombianos) y luego, a través de utilidades o del pago de servicios que solo presta esa compañía en el papel, volver a sacar la plata. De esa manera se evitan pagos de impuesto al patrimonio (porque no declaran el que tienen afuera), renta (porque una de las formas de determinarlo, llamada "renta presuntiva", presume de lo mínimo que debe rentar un patrimonio) e IVA.
Por eso, la lista es muy benéfica para el recaudos y para la transparencia económica, porque desincentiva el uso de los paraísos fiscales.
Lástima que hayan pasado más de diez años desde que se trajo la idea a Colombia (y mientras tanto se haya seguido lavando y evadiendo) y que no se usen herramientas más sofisticadas que ahora existen para luchar contra el lavado y la evasión como las de recolección de información directamente en el sector financiero (como la ley Fatca de Estados Unidos).
Y, sobre todo, que el gobierno no le haya puesto tarjeta roja a los paraísos fiscales más utilizados por los colombianos.
Para defender nuestra soberanía no se necesita aliarse con países que alberguen a delincuentes y que desde allí le hagan daño a nuestra patria. La soberanía se defiende con dignidad y valor patriótico y esto como que les falta a nuestra fuerzas armadas, son valientes atacando y matando a nuestros indígenas y campesinos, pero cuando de defender la verdadera patria y de los verdaderos enemigos como que les tiembla...Colombia ha sufrido de este mal, así perdimos a lo que hoy es Panamá, por la negligencia de la cancillería (familiares de la que hoy tenemos y que parece que no es colombiana)y de las fuerzas militares, que a decir verdad no han sabido defender a nuestra patria.
Sres. De un lado Pánama tiene una banca muy liberal... por llamarlo de una manera suave. De otro lado Colombia tiene un sistema bancario arcaico en lo que concierne a las transacciones internacionales que obligan, a los que pueden, a tener cuentas en Pánama. O creen que es muy interesante para los exportadores (que a su vez importan insumos) tener que convertir dólares a pesos al curso de negociación (o sea, el que le de la gana al banco local) y despues tener que comprar de nuevo dólares para pagar por insumos a la tasa negociada (otra vez, la que le de la gana al banco local) Dejémonos de pendejadas, porqué no permiten tener cuentas en dólares para exportadores legales? Modernicemos ese sector de la banca. Estamos hablando de apertura económica hace 2 décadas, y ya salimos de la monocultura del cafe en las exportaciones y todavía tenemos un sistema de transacciones internacionales arcaico. Es mejor que hace dos decadas, diria alguien. Esto no es excusa, debe modernizarse.
Hemos iniciado con fervor colombiano la campaña VOTO EN BLANCO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES. Si desea información y colaborarnos para llegar puerta a puerta con esta consigna nacionalista, escribanos a votoenblancoenlaselecciones@yahoo.es. HERNANDO SALGUERO FLOREZ DIRECTOR PERIODICO LA VERDAD.
Mermelada extranjera?