El caso del Palacio de Justicia es uno de los más sensibles para el país.

El Espectador reveló hoy que el abogado Rafael Nieto Loaiza no representará más a Colombia dentro del proceso que sigue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado por el holocausto del Palacio de Justicia debido a que el Gobierno concluyó que la tesis de su defensa era “insostenible”.  

Lo que es curioso es que hace cuatro meses, cuando se filtró la contestación de la demanda y se armó un escándalo precisamente porque negaba hechos que ya habían sido validados judicialmente, Nieto le dijo a La Silla que las líneas estratégicas de su defensa habían sido aprobadas por Adriana Guillén, la directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Un hecho que ni ella ni nadie en la Agencia controvierten.

El Espectador, sin embargo, dice que lo que “tenía muy incómoda” a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica era que el alegato de Rafael Nieto –contratado el 21 de septiembre de 2012 por $406 millones–, parecía “más que una defensa del Estado colombiano, una defensa de los militares procesados y condenados por este caso: el coronel Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales”.

La pregunta que queda es si la tenía tan incómoda esta defensa por qué Guillén, la directora de la Agencia, avaló la contestación de la demanda de Nieto.

Guillen explicó a la Silla que ella asistió a una reunión que se dio el mismo día en que debía contestarse la demanda y que el texto lo conoció después. “En esa reunión Nieto expresó básicamente lo que se dijo ante la Comisión. El 26 de diciembre, luego de leer la contestación, suscribí una carta al doctor Nieto solicitando ajustes y redireccionamiento”, contestó Guillén.

Lo que ha sucedido con la defensa de Colombia en el caso del Palacio de Justicia ha desnudado los problemas que tiene esta nueva Agencia creada por Santos en mayo de 2011, entre bombos y platillos, con elogiosa carátula de la revista Semana incluida, y el frágil liderazgo de su directora.

Adriana Guillén, la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, avaló la defensa inicial de Colombia pero en realidad no tuvo tiempo para leer la contestación sino después de presentada.

Foto: Juan Pablo Pino

El abogado Julio Sampedro será el nuevo agente del Estado en el caso del Palacio de Justicia.

Rafael Nieto tiene otro contrato para defender al Estado, en el caso de la Operación Génesis. Ya se culminó la defensa y la sentencia saldrá en aproximadamente un mes.

También es el desenlace de un pulso de poder entre militares y civiles en donde el Gobierno optó –como lo ha hecho en varias oportunidades- por ceder ante los primeros, sin prever las consecuencias políticas e internacionales que vendrían después.

Como lo reveló La Silla desde el año pasado, mientras el país se daba golpes de pecho por el fallo de la Haya, se vencía el plazo para que Colombia contestara la demanda por los hechos del Palacio de Justicia.

Para ese momento, la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado llevaban más de 10 meses en reuniones definiendo quién sería el Agente del Estado colombiano en ese caso, sin duda, el más sensible de todos los que tiene el país ante la Corte. Faltando cuatro días para contestar la demanda, aún no habían contratado el abogado.

Santos había ordenado contratar al abogado Jorge Ibáñez Najar, quien alcanzó incluso a presentar un borrador con la estrategia de defensa, pero la cúpula militar lo vetó. El ministro Juan Carlos Pinzón propuso el nombre de Rafael Nieto Loaiza, pero este contaba con resistencias en el gobierno por parte de Santos y particularmente, por parte de la Canciller Holguín, quien se negó a firmarle un contrato a Nieto Loaiza.

Sin embargo, al final, se impuso el criterio de los militares, que veían en Nieto a un aliado de su causa, sobre todo en el caso de Plazas Vega.

Entre tanto, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se encontraba en una transición. Fernando Carrillo acababa de dejar la Agencia para irse al Ministerio del Interior y en su reemplazo había llegado la ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional Adriana Guillén, quien no dominaba el derecho internacional y menos el litigio ante la Cidh.

Guillén, recién posesionada, firmó, entonces, con Nieto Loaiza dos contratos. Uno, el 21 de noviembre de 2012 para la defensa del Palacio de Justicia y otro, el mismo día, para defender la Operación Génesis del Ejército. Cada uno por 406 millones de pesos.

Como ya se sabe, la defensa de Nieto decía, entre otras cosas, que no se había probado que hubiera habido desaparecidos del Palacio de Justicia; tampoco que algunos de los que salieron vivos hayan sido torturados; puso en duda que el magistrado Carlos Urán hubiera salido vivo; y negaba que las Fuerzas Militares hubieran sabido de la toma por parte del M-19 y hubieran retirado la seguridad.

Todos estos hechos que ya la Comisión de la Verdad, creada por la Corte Suprema en 2005 para esclarecer los hechos del Palacio de Justicia, y tres sentencias judiciales, habían declarado ciertos.

Obviamente, cuando se filtró su contestación de la demanda, se desató un escándalo mayúsculo para el Gobierno porque negaba cosas que incluso la defensa del coronel Plazas Vega había aceptado.

Desde su concepción, que se hizo con un crédito de 10 millones de dólares del BID, la idea era que la Agencia fuera una entidad que tuviera mucha fuerza en políticas preventivas y en  conciliación, es decir, que evitara que el Estado terminara en litigios que podía evitar. De hecho, la idea era que dependiera al Ministerio de Hacienda, porque el problema era fiscal.

Sin embargo, esa planeación no terminó siendo implementada: finalmente quedó adscrita al Ministerio de Justicia y en vez de tener cuatro direcciones (las de información, litigio, políticas y acompañamiento) terminó con tres. Además, después de una complicada búsqueda de quién la dirigiera, el actual ministro de Interior Fernando Carrillo llegó en marzo de 2012, pero solo estuvo cinco meses en los que la Agencia empezaba a definir cuál sería su funcionamiento.

Con su salida llegó Adriana Guillén, quien venía de ser magistrada auxiliar de Juan Carlos Henao en la Corte Constitucional. La directora no tenía experiencia administrativa previa (según su hoja de vida, había sido Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de Edgardo Maya, su actual pareja; magistrada auxiliar de Alier Hernández y Mauricio Fajardo en el Consejo de Estado; y abogada en Caracol Televisión) y la Agencia empezó a tener problemas internos.

En menos de un año (Guillén llegó en septiembre de 2012) la Agencia ha tenido cinco secretarios generales, lo que muestra la inestabilidad interna. Guillén heredó la secretaria general de Carrillo, luego nombró a Elisabeth Gómez, después ante la salida de Gómez, tuvo dos secretarios generales encargados, y finalmente en julio de este año designó a Isabel Abello.

El consejo asesor, que se había planteado como un organismo de alto nivel que ayudara a definir las políticas de defensa del Estado o las estrategias en los litigios que asumiera la Agencia, no se ha vuelto a reunir, según le dijo a La Silla una fuente de la entidad. Después de publicada esta historia, Guillén explicó que el consejo directivo de la Agencia había decidido eliminar el Consejo Asesor porque según un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado sus miembros quedaban inhabilitados para contratar con el Estado y por eso nadie prestante aceptaba formar parte del mismo. Es decir, había quedado mal diseñado.

Además, dentro de la entidad existe la sensación de que Guillén no tiene plena legitimidad para definir cuáles son las políticas de defensa del Estado ni de intervenir en los grandes casos cuando ella misma tiene demandada a la Nación. Guillén alega que el Estado le debe unos dineros por su trabajo como magistrada auxiliar, una pretensión legítima y que actualmente está pendiente de sentencia en el tribunal Administrativo de Cundinamarca. Luego de publicada esta nota, Guillén explicó a La Silla que "no encuentra incompatibilidad alguna para definir políticas de defensa o intervenir en los casos de las más variadas materias y complejidades para el Estado". Y además, que se declaró impedida para intervenir en su caso.

Por último, la Agencia ha mostrado como propios resultados que se deben a otras entidades como cuando la Ministra de Justicia dijo en su rendición de cuentas que la Agencia había logrado ahorros por 700 billones de pesos para la Nación. Aunque no dijo a qué casos se refería es justamente la cuantía de la demanda temeraria de la familia Durango, que rechazó el Consejo de Estado sin ninguna intervención de la Agencia, salvo su solicitud a la Procuraduría para que esta le solicitara al Consejo de Estado que le diera prelación a ese caso, es decir que fallara más rápido. El Consejo de Estado la otorgó. La decisión del Consejo de Estado se conoció, en noviembre del año pasado, cuando la Agencia apenas estaba empezando a funcionar. Y la reducción del monto de las demandas al Estado no obedece a otros casos exitosos de la Agencia sino a depuración que esta ha hecho de las cifras, como lo afirmó Guillén a La Silla.

Para apagar el incendio de lo del Palacio de Justicia antes de que fuera demasiado tarde, el mes pasado el Gobierno creó una comisión de expertos para enderezar la estrategia de defensa, integrada -entre otros- por el ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, por Juana Acosta, subdirectora temática de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, el ex magistrado auxiliar Alexei Julio.

Esta Comisión hará recomendaciones con los nuevos lineamientos de la defensa de Colombia -que incluirá reconocer que hubo por lo menos dos desaparecidos y aceptar la responsabilidad del Estado en lo que ya ha reconocido la justicia colombiana. La decisión final de lo que se dirá ante la Corte la tomará el consejo directivo de la Agencia, compuesta por los ministros de Hacienda, Comercio, Justicia, Relaciones Exteriores, la Secretaria Jurídica de Palacio y dos asesores. Como el ministro de Defensa no está, tendrán que llevarlo como 'invitado'. En todo caso, esta comisión ya le da un nivel técnico al asunto y será más difícil para los militares vetar la defensa.

Luego, Julio Sampedro, quien firmó ayer contrato como nuevo agente del Estado, presentará sus nuevas tesis en dos audiencias. Una en octubre, donde presentará las excepciones y nulidades, y otra de fondo después. Se espera con eso que la condena al Estado no sea tan alta.

Como en la contestación de la demanda es donde se plantean las tesis jurídicas que luego defenderá el Estado, cambiarlas después de presentada, tiene un costo para el país (además de los 175 millones más IVA ya pagados a Nieto por una defensa que ahora se replantea. Según Guillén, Sampedro recibirá el resto de los 400 millones por los que se contrató a Nieto). En todo caso, por lo menos para la historia de este país, es mejor corregir, así sea tarde, que insistir en negar lo sucedido ese terrible 6 de noviembre de 1985.
 

Nota de la Editora: para la elaboración de esta historia, La Silla llamó varias veces a Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Guillén contestó un mensaje de texto pero optó por no hablar con La Silla. Tres días después de publicada la historia, envió unas precisiones a la historia que La Silla ya incorporó en el texto. Aquí está la solicitud de Guillén. La Silla ofrece disculpas a los lectores por la imprecisión de haber dicho que ya le habían pagado 400 millones a Nieto. Aunque el contrato fue por ese monto, solo le habían girado 175 millones más IVA .El resto se lo pagarán al nuevo Agente del Estado.