“El principal cacique que sigue mandando en Santander desde la cárcel es Hugo Aguilar”, le dijo a La Silla un periodista que conoce muy bien esa región. Una frase que se repite y se repite en algunos círculos de la política de ese departamento.

La razón es más o menos obvia: el hijo del exgobernador y coronel retirado (que paga una condena por parapolítica en La Picota) es el actual gobernador Richard Aguilar quien de 29 años y sin ninguna experiencia en política heredó los votos del papá -quien aspiraba a volver a lanzarse- y la información que hay, según nos explicó este periodista, es que a Bogotá vienen a visitarlo “desde políticos hasta contratistas interesados en algún negocio en la Gobernación”.

“Nada grande, ningún contrato de alto monto, se mueve en la Gobernación sin que Hugo Aguilar esté enterado. Además es bien sabido que su hijo le consulta también decisiones de menor importancia ya que él no tenía ningún tipo de experiencia en la política”, agregó por aparte otra fuente que conoce la región. “Sabemos que mantiene el control de muchas cuotas”, también dijo por separado uno de los investigadores de la parapolítica.

Por ejemplo, lo que se dice en Santander es que las dos entidades ambientales más importantes de la región (la Corporación Autónoma de Santander y la Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) son cuotas de la familia Aguilar. Por eso a nadie le sorprendió, por ejemplo, que en su discurso de posesión hace más o menos un año y medio, la directora de la primera de ellas, Flor María Rangel, a la primera persona que agradeciera fuera al Coronel Aguilar.

Asimismo, quien fuera la mano derecha del Coronel durante su mandato hoy sigue en una posición privilegiada en la Gobernación de Richard Aguilar. Se trata de Carlos Fernando Sánchez, uno de los asesores más influyentes de Santander. Es el director del Parque Nacional Chicamocha y también dirige el proyecto bandera del Gobernador: el del Cerro del Santísimo que costará unos 45 mil millones de pesos, casi todos provenientes de regalías. Según nos contó una fuente, Sánchez sería además la carta de los Aguilar para las próximas elecciones a Gobernación.

Otra persona del círculo íntimo de Aguilar papá que tiene juego en la actual Gobernación es Samuel Melo, el encargado del Plan de Medios, es decir, de repartir la pauta.

Aguilar no sólo tiene hijo Gobernador sino también a uno, Mauricio, como senador del PIN (hoy Opción Ciudadana), quien estaría alistando su campaña de reelección.

La casa política de los Aguilar, sin embargo, podría verse afectada en las próximas legislativas por el efecto Serpa (la candidatura liberal al Senado del exministro Horacio Serpa, oriundo de Santander), que ha puesto a temblar a varios congresistas que se quieren reelegir, como lo contó La Silla, y cuyo resultado dejará en evidencia la fuerza que le queda no sólo a Aguilar sino al también condenado exsenador Luis Alberto Gil.

La senadora de La U Piedad Zuccardi fue recientemente llamada a juicio por la Corte Suprema debido a sus presuntos vínculos con los paramilitares y mientras el proceso avanza pasa sus días, bajo detención preventiva, en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá. Es decir, no está en estricto rigor tras las rejas ni ha sido condenada, pero está privada de la libertad de manera preventiva. A pesar de ello, como una de las cabezas de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, por ahora mantiene intacto su poder.

Un investigador que ha trabajado el tema de la parapolítica, un periodista, un ex alto funcionario y un concejal de Cartagena nos dijeron que ella y su esposo (Juan José García, el patriarca del clan García Zuccardi, condenado por desvío de auxilios parlamentarios y hermano de Álvaro ‘el Gordo’ García), están preparando una candidatura para que la reemplace a ella en el Senado. Posiblemente la de uno de sus hijos.

Aunque al parecer quien se está moviendo más para organizar los cuadros de este clan con miras a las próximas elecciones es Juan José, el patriarca -quien ya pagó su condena y está en libertad-, la Senadora es consultada en todas las decisiones, según una fuente que ha investigado a esta casa política.

No sería poco con lo que cuentan los García Zuccardi para apoyar su estrategia en las legislativas que se vienen. Según los consultados, tienen dos concejales (César Pión y Duvinia Torres), cercanía con un diputado llamado Carlos Feliz, quien es hermano del contralor de la ciudad Mario Feliz, y altas cuotas en Edurbe y Transcaribe. Sin contar que durante poco menos de un año al alcalde encargado de Cartagena (Carlos Otero) lo relacionaban con ellos. Otero siempre negó ser ficha de los García, pero tuvo entre sus funcionarios a personas también relacionadas con su clan, como por ejemplo el secretario general Jorge Lequerica. Y movió gente para poner a cercanos de los García en al menos 13 secretarías.

El poder de la familia de la Senadora Zuccardi no se limita, es claro, a lo local. De hecho, Zuccardi hasta ahora había tenido excelentes relaciones con el presidente Juan Manuel Santos, al punto en que fue una aliada clave para que él sacara 277 mil votos en Bolívar en la primera vuelta.

Y ese poder, al menos por ahora, parece intacto. Habrá que ver cómo les va en las próximas elecciones a Congreso con las fichas que están organizando, pero el poder de esta familia es tal que nadie en la región duda de que les irá bien.

La de Álvaro ‘el Gordo’ García Romero es una situación que se comenta en voz baja en muchos corrillos políticos de Sucre, el departamento en el que mostró durante casi tres décadas su habilidad para decidir elecciones (al punto que le llegaron a decir “el mago de la Registraduría”).

Incluso antes de ser condenado a 40 años por parapolítica y por la masacre de Macayepo (junto a la de su coterráneo Salvador Arana, una de las condenas más altas a los parapolíticos), casi inmediatamente después de su detención, se empezó a rumorar que desde la cárcel estaba organizando la candidatura de uno de sus pupilos a la Gobernación de Sucre. Un informe de 2007 de El Tiempo reveló que en La Picota, en donde sigue recluido, recibía a concejales, diputados y líderes de su cuerda, quienes a veces le llevaban cajas de pescado seco, bagre e hicoteas.

La cosa parece no haber cambiado mucho en seis años. Una fuente que conoce bien la organización política de ‘el Gordo’ le dijo a La Silla que Álvaro García Romero es quien da las órdenes en el Plan Departamental de Aguas de Sucre a través del Gerente Héctor Romero, quien es esposo de su malograda candidata a la Asamblea de Sucre María Raquel Ramírez. Y que también tiene línea directa con la regional en Sucre del Invías en donde tendría altas cuotas.

“Semanalmente recibe visitas de personajes de Sucre que lo mantienen al día de los acontecimientos políticos y él personalmente llama a sus líderes políticos. Llama desde distintos celulares”, le dijeron a La Silla. Y también nos contaron: “El Gordo está en comunicación permanente con toda la clase política de Sucre tratando de armar coaliciones”.

La gran carta del grupo político del Gordo sería su hermana la senadora Teresita García, quien heredó sus votos y -según nos dijeron varias fuentes de Sucre- está preparando campaña para ser reelegida.

A esta casa política apenas le quedarían unas tres alcaldías, incluyendo las de los municipios de Buenavista y San Benito. Y una de sus armas proselitistas más efectivas: la emisora Radio Caracolí que estuvo cerrada por orden del MinTic que le canceló la licencia debido a una deuda, pero que ya está al aire nuevamente.

En lo que sí ha hecho mella el tiempo con respecto al poder del Gordo García es en que le han venido saliendo competidores: nuevos barones electorales que hoy cuentan con más poder que él en el departamento, como por ejemplo el congresista Yahir Acuña a quien la revista Semana bautizó como “el nuevo cacique de Sucre” y señaló de ser ahijado político de Salvador Arana.

José Juan Rodríguez (el concejal del Partido Verde, bajo detención preventiva en La Picota y con imputación por su supuesta participación en el cartel que se robó Bogotá) está lejos de ser un cacique electoral de talla nacional, como los otros personajes de esta historia. Pero hoy lo mencionamos porque, con apenas cinco meses largos de detención, ya ha demostrado que es capaz de seguir ejerciendo su poder aun tras las rejas.

Gracias a la inoperancia del Concejo de Bogotá y a las jugadas del propio Concejal, Rodríguez ha logrado mantenerse en su curul casi un semestre a pesar de que la justicia lo prohíbe en caso de detención preventiva, y hoy preserva no sólo su oficina abierta y un equipo de trabajo devengando, sino altas cuotas en la corporación como la Dirección Administrativa que le fue entregada por la presidenta María Clara Name.

José Juan acaba de salirse con la suya de nuevo ahora que entró en vigencia la Ley de Garantías, pues su equipo de trabajo en el Concejo (pagado por la corporación con dineros públicos y el cual todo junto devenga mensualmente alrededor de 30 millones de pesos) no fue removido a pesar de la detención de su jefe y y no podrá serlo sino hasta que pasen las elecciones presidenciales el año entrante.

Así es que si el Concejo finalmente posesiona al aspirante que le sigue en la lista a Rodríguez (Lucía Bastidas), éste no tendrá la oportunidad de contratar por ahora un equipo de trabajo propio y deberá quedarse con los mismos asesores de José Juan.

¿Cómo lo logró? Como lo contó en su momento La Silla, el mismo día en que fue detenido José Juan Rodríguez pidió una licencia no remunerada al Concejo para defenderse pero no perder su curul. La pidió a través de un oficio que llegó a las 6:23 de la tarde a la corporación, y se lo recibieron a pesar de que allí sólo reciben correspondencia hasta las 5 de la tarde.

Esa petición se demoró en resolverse (a pesar de que no sólo la radicó a destiempo en términos de correspondencia, sino que lo hizo cuando ya era un hecho que iba a ir detenido y por ley ningún funcionario tiene derecho a licencia bajo medida de aseguramiento). Y demoró porque la presidenta del Concejo, María Clara Name, se declaró impedida para resolverla argumentando que es de la misma bancada de Rodríguez, 15 días después de la solicitud a pesar de que la norma le da tres días a un concejal para declararse impedido.

Entre la aceptación del impedimento de Name, una primera negativa a la licencia, un recurso de reposición de José Juan, la elección de un presidente ad hoc para que resolviera ese recurso y, finalmente, una segunda y definitiva negativa a la licencia han pasado casi seis meses.

La semana pasada cuando parecía que todo estaba listo para que se posesionara la nueva concejal en su reemplazo, se supo que Rodríguez desde La Picota se negó en dos ocasiones a notificarse de que le habían negado la licencia. Ahí logró el tiempo suficiente para que llegara la Ley de Garantías que lo deja con equipo en la corporación, a pesar de que -aunque no se quiera notificar- esta semana sí deben llamar a Bastidas. Por lo menos, ya no le quedan al Concejo más razones para no hacerlo.