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Lunes Octubre 26, 2020
La del Aeropuerto El Dorado es una de las más grandes concesiones del país. Ya tuvo que pagarle al Distrito por impuesto predial, lo que no estaba contemplado inicialmente.

Una de las grandes apuestas del presidente Santos es la de desembotellar las obras de infraestructura, como subrayó de nuevo en el discurso del pasado 20 de julio. “¡En los próximos dos años vamos a adjudicar un 50 por ciento más de obras de lo que se ha adjudicado en los últimos 20 años! ¡Éste será el verdadero salto de la infraestructura nacional!”, afirmó. El problema es que la decisión que tomó su gobierno en 2010 de cobrarle predial a las concesiones ha puesto a dudar a los potenciales inversionistas.

Como informó La Silla Vacía, hace unas semanas se expidió el decreto que reglamenta la ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) para impulsar las obras de infraestructura, pues bajo este esquema el sector privado tiene la iniciativa para las obras, asume el grueso de las inversiones y se compromete a operar durante décadas la respectiva infraestructura sin que el Estado tenga que poner dinero.

La embolatada Reforma Tributaria del Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, puede ser la solución al problema.

Foto: Juan Pablo Pino

El director de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade es la contraparte pública de los concesionarios, y es el encagrado de que las APP sean exitosas.

Foto: Juan Pablo Pino

Santiago Castro, director de la Aerocivil, se opuso al pago del predial por los aeropuertos antes de la sentencia de la Corte Constitucional.

El entusiasmo que generó esta figura entre los inversionistas se manifestó en varios proyectos de APP que están empezando a andar, como la propuesta de Ospinas y Juan Gaviria Restrepo de construir una vía olímpica, con estadio, centros deportivos y centro comercial, en el lugar donde hoy se encuentran el Estadio y el Coliseo El Campín, en Bogotá. También está sobre la mesa un proyecto de construir un ferrocarril de carga entre Santa Marta y La Dorada.

Pero en los últimos días ese entusiasmo se ha enfriado ostensiblemente porque los interesados en presentarle proyectos al gobierno o en postularse para los que éste viene estructurando se han dado cuenta que, a raíz de una norma promovida por el propio gobierno en la reforma tributaria del 2010, la viabilidad de esos proyectos no es clara.

Resulta que hasta ese momento sólo los dueños de los inmuebles pagaban el impuesto predial y la contribución de valorización. Pero ahora los concesionarios también tienen que pagar por los inmuebles públicos que tengan en su poder aunque en estricto sentido no son dueños de ellos.

Esos inmuebles, como los terrenos por los que pasa una carretera o los lotes en los que está construído un aeropuerto, son de la Nación aunque hayan sido entregados en concesión. Como a la Nación no se le cobran impuestos, hasta ese momento los concesionarios tampoco los pagaban. Después de la reforma sí tienen que hacerlo.

La norma fue demandada pero la Corte Constitucional la declaró exequible y algunos municipios y distritos han encontrado en este artículo una enorme veta de recursos, que fue precisamente uno de los objetivos que se buscaba con este artículo.

En el caso del aeropuerto de Bogotá, ya dos concejales del Polo, Jaime Caicedo y Laureano García, habían presentado en 2008 un proyecto de Acuerdo para cobrarle predial a Opaín, el concesionario de El Dorado. Con la mini reforma tributaria de Santos, ya el Distrito le cobró a Opaín, como se ventiló en los medios el año pasado.

Algo similar ha sucedido en Cartagena. La Contraloría Distrital produjo una función de advertencia al alcalde Campo Elías Terán por no cobrar el impuesto a Sacsa, la concesionaria del aeropuerto, y entonces el Distrito señaló que lo iba a hacer. Sacsa se opuso.

El mayor problema es que el tema no está claramente definido y se han presentado casos como el de la Aerocivil, que antes de la sentencia de la Corte Constitucional, dijo que en su concepto los aeropuertos no deben pagar predial porque siguen siendo de propiedad del Estado.

Ante esta confusión, La Silla Vacía supo que mientras algunos concesionarios están pensando en demandar al Estado por desequilibrio económico de los contratos de concesión, algunos municipios están haciendo cobros retroactivos.

Detrás de esta pelea está también una por otro impuesto, el de industria y comercio. Ese también es un impuesto de los municipios y distritos por el que hay un pulso con algunos concesionarios. De nuevo, la Nación no lo pagaba pero se les ha cobrado a varias concesiones por sus actividades industriales y comerciales, y varios concesionarios han peleado ese cobro.

En todo caso la preocupación va más allá de los líos que puedan tener las concesiones actuales. Los proyectos de APP están apenas empezando, y esta incertidumbre jurídica no ayuda a que maduren. Más si se tiene en cuenta que entre los interesados en los nuevos proyectos están los actuales dueños de concesiones, que no están contentos con el cambio, o inversionistas extranjeros que ante todo necesitan tener unas reglas claras que no cambien de un día para otro.

Para ellos lo más difícil es que no es claro cuánto cuesta el predial de los futuros proyectos. Como ese impuesto es de los municipios y distritos, la ley sólo establece unos rangos dentro de los cuales cada concejo define cuánto cobra, que puede ser hasta de 16 por mil del avalúo predial de inmueble. Y, hasta que los concejos no definan cuánto van a cobrar en el caso de estos inmuebles, los inversionistas no pueden predecir cuánto tendrán que pagar de impuestos, que es un factor importante a la hora de definir si sí le apuestan a una APP y cómo arman su proyecto.

Por eso, según supo La Silla Vacía, entre la Agencia Nacional de Infraestructura, encargada de las APP, y el Ministerio de Hacienda se había hablado de eliminar este cobro en la futura reforma tributaria. Pero con la reforma en el congelador, por ahora el problema sigue vivo.

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Juan Carlos Echeverry Garzón
Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Jue, 2012-07-26 11:35

"Si los que tenemos una casa para vivir debemos pagar el impuesto predial a los municipios ¿porqué no lo tendrían que hacer quienes tienen el inmueble para negocio? Como decía mi abuelo, el hueso no es del perro al que le tiran la presa sino del que se lo come."

'nuff said.

Jue, 2012-07-26 10:47

Bueno, ante tanta generocidad del estado con las concesiones, que son buenas en teoría, pero pésimo negocio para el estado por la corrupción implicita en los contratos con coimas a bordo, esta medida equilibra en algo las cargas del tesoro público. Lo lamentable es que este también se lo roben OTROS.

Jue, 2012-07-26 06:53

Los empresarios, movidos por la voracidad del lucro, no tienen reparo en hacer público su convicción erratica de creer que no basta con el otorgamiento de explotación cuasimonopólica de un recurso del uso público permanente, sino que pretenden que la obligación con el Estado y la Sociedad le sea relevada, NO el Gobierno no puede seguir sembrando inequidades y otorgando privilegios, ya es enorme el daño fiscal con los retornos de $8,5 billones a las multinacionales de la explotación carbonífera (con eso se harían todas las obras de infraestructura)
llegará el día en que una clase empresarial inspirada en principios éticos asuma sus parametros de Responsabilidad Social y la Naturaleza, la sociedad y ellos ganen.

Jue, 2012-07-26 05:50

Debemos precisar que el eje principal de todas las políticas económicas, especialmente desde el Gobierno de CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO ha sido la privatización. Es bajo esa política sagrada, acentuada en los últimos 20 años, que todos los demás gobiernos han estructurado sus planes de desarrollo que solo desarrollan, precisamente, esa privatización, es decir el individualismo y el afán de lucro. Para extender y profundizar los negocios particulares comenzaron imponiendo una reforma laboral que hiciera abundante la mano de obra cesante. De tal manera que los dueños de los grandes monopolios industriales, mineros, financieros y del comercio, principalmente, tanto nacional como extranjero tuvieran y aún siguen teniendo la posibilidad de pagar el trabajo, como se dice, "a precio de huevo". Así que el hecho de que los privados eludan el pago de impuestos es una consecuencia más del asalto del Estado por los particulares que lo empezaron desde el Estado mismo.

Mié, 2012-07-25 23:21

Ni más faltaba que uno de los pocos instrumentos de redistribución del ingreso, en un país con un índice de desigualdad descomunal, de los más altos del mundo, resulte "una talanquera al salto en infraestructura" el pago del impuesto predial por parte de quienes obtienen beneficios patrimoniales de la explotación de los inmuebles gravados. Si los que tenemos una casa para vivir debemos pagar el impuesto predial a los municipios ¿porqué no lo tendrían que hacer quienes tienen el inmueble para negocio? Como decía mi abuelo, el hueso no es del perro al que le tiran la presa sino del que se lo come.

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