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| La delimitación del páramo de Santurbán, que ordenó el presidente Santos, será el primer chicharrón al que se enfrentará la nueva Ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento. |
A todas las presiones que tiene la nueva Ministra de Ambiente Luz Helena Sarmiento por el ‘caso Santurbán’, ahora se le sumó una nueva. Hace una semana el Procurador Alejandro Ordóñez le envió una carta a su predecesor Juan Gabriel Uribe -que ella ‘heredó’- advirtiéndole que el proceso de delimitación del páramo de Santurbán puede traerle efectos nocivos a Santander si termina restringiendo la minería y que podría generar “inseguridad jurídica” en todo el país.
A esa presión se le suma un ingrediente adicional: ambos son santandereanos y el tema del páramo toca una fibra muy sensible en su departamento natal.
Desde hace tres semanas están listos los mapas del páramo de Santurbán elaborados a una escala de 1 a 25 mil -la más precisa hecha hasta ahora de estos ecosistemas montañosos en todo el país- y la nueva ministra tendrá que definir dónde comienza y dónde termina este páramo, una decisión política clave porque -como contó La Silla- de esos límites dependerá qué actividades mineras y agrícolas quedan prohibidas en una zona donde hay muchos intereses y también mucha gente viviendo.
Sarmiento ya pidió un plazo de máximo tres meses para tomar una decisión, pero entre tanto, se le están juntando todas las presiones.
Dentro del Gobierno hay un pulso entre quienes defienden que sea adoptado el resultado que arroje la delimitación, que se hizo por orden del presidente Juan Manuel Santos y que no se ha hecho pública todavía, y quienes, desde Presidencia, proponen que sólo sea declarada el área de la provincia de Soto Norte que ya fue incluida en el Parque Regional Santurbán, creado en febrero para proteger una parte del complejo paramuno. La diferencia entre una y otra opción sería, como mínimo, de 30 mil hectáreas en esta primera etapa de delimitación en la zona de Soto Norte en Santander (luego se terminará en el resto de la zona y en Norte de Santander).
A ese pulso se han sumado muchas presiones políticas y económicas, por parte de las mineras con proyectos en la región y de abogados de las mineras como el ex Procurador Carlos Gustavo Arrieta, de los alcaldes de la zona, de los pequeños mineros y del Gobernador Richard Aguilar, que le han advertido al Gobierno que ven la nueva delimitación como una amenaza y no una solución.
Pero ninguna de ellas ha generado tanto temor en los funcionarios de la rama ambiental como el mensaje de Ordóñez a los ex ministros de Minas y Ambiente y la directora de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García. Sobre todo porque la de Santurbán es la primera delimitación, un exhaustivo trabajo científico que se repetirá en los 34 complejos de páramos que tiene el país.
Esta carta, que teóricamente trata sobre la reapertura de la ventanilla minera, es en realidad una defensa férrea de la actividad minera en Santander y un llamado al Gobierno para que no la deje colgada de la brocha. Y está llena de dardos contra el Ministerio de Ambiente, al que acusa de “dilatar” las decisiones claves sobre el páramo, de “poner en vilo” los proyectos mineros y de “generar un ambiente de inseguridad jurídica que ha hecho que la discusión se ideologice”.
Lo llamativo es que hace dos años, cuando se le negó la licencia ambiental a Greystar, la Procuraduría le había escrito a la entonces ministra Beatriz Uribe solicitándole negarla y proteger el páramo.
La mayor parte de la carta del Procurador está dedicada a cuestionar la “pasividad” del Ministerio de Ambiente a la hora de ordenar el territorio y de hacer los estudios de ecosistemas como el páramo o los humedales, procesos de los que depende que se pueda hacer o no minería. Y que, según Ordóñez, ha generado una “inseguridad jurídica” para las empresas y un “panorama social dramático” para los pequeños mineros que viven en la zona.
El problema es que muchos de los argumentos del Procurador no coinciden con las reglas que rigen los trámites mineros o las responsabilidades ambientales.
Por ejemplo, en una parte de la carta Ordóñez asegura que “las autoridades ambientales no han entregado los trabajos de zonificación y ordenamiento de esas áreas protegidas, pues en el caso de los páramos, a pesar de haber sido declarados como excluidos de la minería desde la modificación al Código de Minas con la promulgación de la Ley 1382 de 2010, no fueron delimitados por el Ministerio de Ambiente”.
En efecto, como señala Ordóñez, sí fue la reforma al Código minero tramitada al final del Gobierno de Uribe la que primero habló de delimitar los páramos en el país, pero en realidad ésta nunca dio un plazo para hacerlo y esa idea sólo se convirtió en realidad desde que Santos la incluyó como obligación en su Plan de Desarrollo en 2011.
Después de esto comenzó el proceso de conseguir recursos porque delimitar todos los páramos del país cuesta unos 66 mil millones de pesos. El convenio con el Fondo de Adaptación que permitió financiarlo sólo se firmó hasta febrero de este año y el proceso en Santurbán -el primero de todos- arrancó hace un año. Dada la complejidad técnica de estos estudios, el proceso completo de delimitación -en casi 2,9 millones de hectáreas- podría demorar dos años.
En otro pasaje de la carta, Ordóñez pregunta si “¿pueden desconocerse derechos adquiridos para la ejecución de actividades de la industria extractiva (minería e hidrocarburos), si la autoridad ambiental resuelve excluir áreas ya entregadas en concesión?”
Esa pregunta desconoce que ninguna de las empresas en Santurbán ha recibido licencia ambiental para la etapa de explotación y por lo tanto legalmente no tiene un derecho adquirido con el solo título. Esto porque para recibir esa licencia, los proyectos deben pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), en el que la Anla -que dirigía Luz Helena Sarmiento- o las corporaciones autónomas determinan si hay algún riesgo para el ambiente y si ya tuviesen un derecho no existiría ninguna posiblidad de que se las negaran, como efectivamente le sucedió a GreyStar Resources en 2011.
Al mismo tiempo, la ley prohíbe cualquier tipo de minería en ecosistemas frágiles como los páramos o los humedales de categoría internacional Ramsar. Y es por eso precisamente que Santos ordenó delimitarlos en primer lugar, para determinar de una vez por todas en qué lugares se encuentran y en cuáles otros sí se puede hacer minería. Por lo que la petición de la Procuraduría va exactamente en contravía con lo que estipula la ley que protege este tipo de lugares.
En general, las ideas de Ordóñez coinciden con la de muchos sectores que han comenzado a ver la delimitación como una “emergencia social y económica”.
Desde las empresas mineras en la zona hasta el gobernador Richard Aguilar, desde los pequeños mineros hasta los cebolleros que ya viven dentro del páramo de Berlín han pedido que la delimitación del páramo debería coincidir con el parque regional de Santurbán y no abarcar más territorio. Ordóñez no lo pide literalmente, pero su solicitud de que “se respeten las situaciones consolidadas y los derechos adquiridos” va en esa dirección.
Detrás de la defensa de Ordóñez de la minería hay una realidad social y económica: la provincia de Soto Norte ha sido tradicionalmente una región de pequeños mineros que extraen el oro de las vetas en la montaña.
Y es hoy el lugar donde están también los proyectos de tres empresas mineras más grandes: la canadiense Eco Oro -antes conocida como GreyStar- que tiene su proyecto en la parte más alta de la montaña en California, no muy lejos del parque regional, y podría ser la más afectada por la delimitación; la brasilera AUX, que pertenece al magnate brasilero Eike Batista y la también canadiense Leyhat, que tiene su proyecto en Vetas.
Basándose en esta realidad social, el Procurador le pide al Gobierno que “las decisiones que se adopten se hagan con base en rigurosos estudios que las sustenten”.
Sin embargo, pese a lo que dicen tanto el Procurador como Aguilar y los mineros, la delimitación del páramo sí incluye, por ley, un estudio socioeconómico y apunta precisamente a reducir al máximo el margen de ‘subjetividad’ en la decisión. Pero que no busca excluir las zonas habitadas del páramo, sino pensar más bien en cómo se le puede ayudar a sus habitantes a seguir viviendo allí y cuidar mejor el entorno. Es decir, no excluirlas de un tajo, sino evaluar -en función de la línea del páramo y la franja de transición a ambos lados de ésta- en dónde convendría trazarla. Y es ahí donde muy posiblemente quedaría excluida la minería, que es lo que temen tanto los grandes como los pequeños mineros.
El principal problema es que el Plan de Desarrollo de Santos no contempla un plan de transición para comunidades como la del Páramo de Berlín (en Tona), donde hay 4 mil familias que cultivan cebolla -teóricamente prohibido- pero cuyo problema más grave es que ni siquiera hay pozos sépticos para todos. Por lo que, cualquiera que sea la decisión que tome la nueva MinAmbiente, el tema tocará muchas sensibilidades sociales.
Hay otro gran 'factor social' que al Procurador se le escapa, y que sí contempla la delimitación. Pese a ser bumangués, Ordóñez no menciona en ningún momento la importancia de Santurbán en la regulación hídrica de la zona, que permite abastecer el acueducto de Bucaramanga. Y cuya fragilidad fue precisamente una de las razones para que se le negara la licencia ambiental a Greystar y lo que motivó la oleada de protestas que lograron movilizar hasta 20 mil personas en las calles de la capital santandereana.
Al final, lo que más claro queda de la carta de Ordóñez es que la decisión que tendrá que tomar Luz Helena Sarmiento en las próximas semanas la estarán siguiendo de cerca no solo en Santander sino en todo el país y bajo la amenaza latente de una investigación en la Procuraduría.
A la gente se le olvida que lo del medio ambiente es un tema del neopaganismo, como muy bien lo ha escrito el Dr. Ordóñez, ya que pretende poner a la naturaleza por encima de Dios. Se les olvida a estos mamertoides que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto el ecologismo es una afrenta directa contra el Señor.
No es que se quiera poner el medio ambiente sobre Dios, es que no se puede saciar la sed del agua sucia ni respirar del aire contaminado causado por los efectos nocivos de los desechos de la minería. Recuerde que, según la biblia, Dios le dio dominio al hombre sobre los seres vivos; pero parece que este dominio ha sido malinterpretado para favores económicos más que de calidad social, desde la perspectiva religiosa la interpretación más idónea sería: el hombre tiene control sobre las demás cosas vivas pero para que las cuide, no para que haga con ellas lo que se le antoje. Si Dios nos dio las selvas es para poder limpiar el mundo de la contaminación, para protegerlas, no para explotarlas por el hecho de que pensar en proteger un bosque, un páramo en este caso, es cosa neopagana, déjese de estupideces.
Cualquier persona que piense que no van a reactivar la minería está aplicando un pensamiento mágico irreal. Las tres multinacionales nombradas en el artículo tienen una larga y honrosa tradición de pasar por encima de todo tipo de Tejido Social, ONG's, leyes y acuerdos estatales para hacer lo que más le conviene a sus accionistas.
Yo sé que acá no alcanzan a comprender bien la relación entre el oro y la política y por eso, piensan que es menor que un Procurador con fuertísimos lazos eclesiásticos meta la baza en esto (entre otras, a nadie se le ha ocurrido históricamente hacer la revisión de la injerencia de la Iglesia Católica/otras con la industria minera y cómo y de qué forma se ha beneficiado [spoiler: se irían de pa' atrás]).
CONTEXTO
Greystar http://bit.ly/169N1Cc
Greysar en Honduras http://bit.ly/169NkND
Futuro Agua http://bit.ly/12PT0Dq
CONTEXTO
La minería y el arte de matar gente a su favor http://bit.ly/1a4kBXO
¿Responsabilidad a nivel laboral de las mineras? (con carta sobre manejo del agua, versión Greystar) http://bit.ly/1gz9DuQ
Gente poniendo las cartas sobre la mesa http://bit.ly/18bqukH
Informe responsabilidad social minería en Colombia http://bit.ly/18bqAc4
Como último detalle, quiero señalar que en la semana del Paro Agrario hubo un grupo de mineros abandonados a su suerte, con problemas de discapacidad, en la Plaza de Bolívar. Todos los vieron: estaban parados al lado de las astas de las banderas y casi NADIE les puso cuidado o les ayudó.
El futuro de Santander para el Partido Conservador y el Procurador es: CERO AGUA, MUCHO ARSÉNICO Y ORO, DISCAPACITADOS POR DOQUIER, CONTRABANDO Y UNA NUEVA VIOLENCIA.
Los hechos hablan solos.
Un punto, y solo uno, para el Procurador: Minambiente ha tenido una pasividad insoportable, no solo en el tema de páramos. Una vergüenza lo que la administración Santos hizo. Es claro que es un comodín para favores políticos. Cuatro ministros y dos pseudo-ministros. Tres direcciones, incluyendo la más grande -Bosques, precisamente encargada de estos menesteres-, estuvieron vacantes por MESES. A nadie le importó; nadie gritó.
Nada sorprende del Procurador. Quisiera que con su experticia comparara la "emergencia social social y económica" por la no minería, con la que se generaría por la reducción en la calidad y regulación del agua que llega a una región como la que abastecen las cuencas del Santurbán. También me encantaría que le enseñara a los geólogos, biólogos, ingenieros forestales y ambientales del ANLA y el Minambiente a hacer sus "rigurosos estudios". OJO SILLA: el primer páramo delimitado es Santa Inés, delimitado por CORANTIOQUIA, Acuerdo 408 de 2012.
De pronto este páramo de Santa Inés no tiene la trascendencia de Santurban por aquello de los impedimentos en expoloracion-explotacion de los que habla el usuario DIDUNDI, es por eso que ha pasado desapercibido; no olvidar que se están dilatando medidas a espera de delimitaciones con escalas mas precisas en otros páramos que de seguro ya están en la mira de los inversionistas.Cuando se trate de regular, entraremos al famoso participación y "gana-gana" que esta haciendo carrera como contentillo a los pobladores más cercanos, pero que al final son los verdaderos industriales los que realmente se favorecen.
ORDOÑEZ MALDONADO SE PONE DEL LADO DE LAS MULTINACIONALES MINERAS PONIENDO COMO ESCUDO A LAS POBLACIONES DONDE HAY MINAS EN SANTANDER. ¿NO DIZQUE DEBE ES ESTAR DE LADO DEL CIUDADANO EN GENERAL QUE NO PODRÀ TOMAR ORO SINO AGUA?
Me llama la atención que a este paramo si se haya hecho en la escala 1:25000 que es la mas exacta, Cual es el afán?, eso sin olvidar que quien esta metiendo las narices es el procurador y la ministra una paisana..... qué cosas no?.
No fue el primero. Las CAR fueron más eficientes que el Minambiente. Corantioquia deliminó en esa escala el páramo de Santa Inés en el ACUERDO No. 408 del 14 de Febrero de 2012. "Por el cual se delimita y realindera el ecosistema de páramo Santa Inés al interior del área protegida denominada Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales renovables sistema de páramos y bosques altoandinos del noroccidente medio antioqueño y se aprueba su plan de manejo ambiental".
Cierto adaluza, pero creo que hay una diferencia en cuanto a la permisividad de ejecutar algún tipo de exploración y/o explotación de cualquier tipo agrario o minero, de ahí la importancia que adquiere Santurban y Procurador y ministra a bordo.
Ordoñez está haciendo campaña electoral con sus acciones. Más que claro. Y su poder... bueh.
El poder que detenta es el que puede dictaminar el tipo de evolución del país en temas educativos relacionados con el medio ambiente, todo manipulado por intereses electorales.
En cortas palabras. QUÉ. ASCO.
Es interesante observar la defensa que ha hecho Torquemada de varios asuntos bajo el controvertible argumento de los "derechos adquiridos". Tanto acá como en el caso de las Megapensiones, el principal argumento de defensa de este señor es el decir que "los derechos adquiridos son inviolables" sin siquiera reparar en otros conceptos fundamentales que están fuertemente ligados a esa supuesta inviolabilidad, como son los conceptos de equidad, justicia y legalidad en el proceso de adquisición de dichos derechos, añadiendo en este caso particular el impacto ambiental y el respeto por las regulaciones al respecto.
La insistencia de los gobiernos de turno en apalancar la economía Colombiana sobre la minería, debe ser cuidadosamente escrutada por la sociedad, no hay duda que existe una riqueza subyacente en el territorio Colombiano, pero de que manera esa riqueza puede beneficiar al mismo?, si para extraerla tenemos que afectar otra riqueza que para algunos es mayor?, si son las fuentes hídricas y los ecosistemas de los paramos los mas afectados?. En términos económicos las regalías en Colombia son solo del cuatro por ciento, esto teniendo en cuenta que la minería ilegal no paga ningún tipo de retribución, y es la que mas contamina. En cuanto a la generación de empleo es paradójico ver que la minería intensiva se apalanca en maquinaria pesada, por lo tanto no es un gran generador de empleo, y la calidad de dichos empleos no es de ninguna manera la mejor ni mas remunerada, en el mismo ámbito es pertinente considerar que la minería ilegal es controlada por mafias, que se fortalecen con sus réditos.
por todo lo anterior y teniendo la corrupción imperante en los municipios mineros, no deberíamos considerar (por lo menos en la actualidad, a la minería como una locomotora de la prosperidad, si no como una fuente de calamidades no solo ambientales si no socio políticas, tales como la corrupción, la inseguridad, el fortalecimiento de las mafias locales, la corrupción de menores (frecuentemente involucrados en la prostitución, al trabajo y abuso infantil y en el reclutamiento en bandas criminales). Ahora bien si existe un beneficio que supere lo anterior expuesto y haga valedero el tener que sacar nuestra riqueza del subsuelo, pues escucho!!!
Su ejemplo.es muy pertinente. Una riqueza repentina puede traer muchos problemas. Pero el problema no.es.de la riqueza ensi no de su mala administración. Y es eso.precisamente lo.que sucede a Colombia. Estamos malgastando nuestra riqueza. Derrochandola.