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Esta fue la comisión del Senado que se encargó de hacer el acuerdo entre los partidos de la 'unidad por la paz' de Santos y el Centro Democrático. Foto: Revista Semana

Anoche se aprobó la reforma que permite la creación de las zonas donde se ubicarán los guerrilleros mientras dejan las armas. El proyecto fue respaldado por todos los partidos de manera unánime lo que llevó al presidente Juan Manuel Santos a agradecer en un trino al Centro Democrático por entender “que paz está más allá de diferencias”. Sin embargo, más que una reconciliación del uribismo con La Habana lo que hizo anoche el ex Presidente fue más bien acopiar munición para la verdadera batalla que dará en el futuro ante la opinión pública.

El proyecto que reformó por iniciativa del Gobierno la ley de orden público -que prohibía expresamente cualquier despeje para grupos armados- fue aprobado tal cual venía en la ponencia: se podrán crear zonas de ubicación temporal para el desarme de las Farc.

El único cambio que se introdujo fue la prohibición expresa de que las zonas de concentración estén en áreas urbanas, una propuesta que presentó el Centro Democrático y que llueve sobre mojado porque nunca se ha considerado en la mesa de negociación esa posibilidad.

En esas zonas de ubicación, según la ley aprobada, el Gobierno podrá ordenar que la Fuerza Pública se abstenga de entrar para garantizar la seguridad del desarme y también solicitar la suspensión de las órdenes de captura para los miembros de las Farc que estén concentrados allí, para los que estén en tránsito hacia estas zonas y para los voceros que necesiten salir de estas zonas para cumplir tareas relacionadas con el proceso de paz.

Estas zonas de ubicación deberán estar delimitadas, deberán ser temporales y con condiciones sobre cómo funcionarán. También se deberá fijar el rol de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso de desarme y “tránsito a la legalidad de la guerrilla”.  

Este mismo texto lo aprobó más tarde la Cámara de Representantes. Eso quiere decir, que no tendrá que ser conciliado -porque es idéntico- y pasa directamente a sanción presidencial.

La aprobación de la ley no tuvo nada de raro si no fuera porque la bancada liderada por el ex presidente Álvaro Uribe le dio su respaldo. Fue un espaldarazo que permitió la aprobación expedita de una ley que es clave en el corto plazo para aligerar las negociaciones con las Farc en Cuba, pero que en un plazo más largo le puede salir caro al Gobierno.

El senador Álvaro Uribe dijo durante la plenaria que le parecían convenientes las zonas de concentración pero con unos compromisos. Antes de que se creara la comisión, pidió que éstas fueran escuchadas. Al final, quedaron como constancia. 

El Senador Roy Barreras de La U fue uno de los miembros de la Comisión que logró el acuerdo con el Centro Democrático y quien leyó el acuerdo ante la plenaria. 

Luego de varias horas de debate, y tras una intervención del senador Álvaro Uribe en el que dijo que creía que las zonas de concentración eran convenientes si se hacían unos compromisos para que las Farc no volvieran a delinquir, el presidente del Congreso designó una comisión para que estudiara todas las proposiciones que se habían presentado, incluidas las del Centro Democrático.

En la comisión estuvieron los senadores Horacio Serpa, presidente del Partido Liberal, Roy Barreras, co-presidente de La U, Carlos Fernando Motoa, vocero de Cambio Radical y Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia, Alfredo Rangel e Iván Duque, del Centro Democrático.

Luego de aproximadamente una hora, Roy Barreras anunció que los partidos habían llegado a un acuerdo: presentar a la plenaria una propuesta del uribismo para prohibir que las zonas de concentración quedaran en áreas urbanas y dejar unas constancias firmadas por los miembros de la comisión accidental, es decir, por los delegados de la Unidad Nacional y el Centro Democrático, que no formarían parte de la ley pero que pedían al Gobierno tener en cuenta a la hora de reglamentar estas zonas.

“El presidente Uribe propuso llevar todos los cambios a la ley. En su lugar, le ofrecimos acompañarnos en una constancia e incluir la exclusión de los centros urbanos con lo cual todos estábamos de acuerdo. A cambio, el Centro Democrático se comprometió a retirar todas las proposiciones y votar por unanimidad el proyecto. Así se hizo”, le dijo el senador Roy Barreras a La Silla, quien además agregó, que resalta y agradece el tono conciliador del Centro Democrático y espera "más escenarios de diálogo".

Fue una fórmula que recibió el respaldo unánime de los 70 senadores que estaban en la plenaria y que permitió convertir el proyecto en ley. 

“El acuerdo político en torno a la reforma a Ley de Orden Público fue calificado en el Capitolio como “histórico”, escribió Semana en un artículo titulado “El primer ‘sí’ de Uribe a un proyecto para la paz”. 

Como Semana, la gran prensa vio en el voto uribista un primer guiño del ex presidente al proceso de paz. Pero a la salida de la plenaria, Uribe dijo que el apoyo de este proyecto no significaba que ellos respaldaran la negociación de paz en La Habana, y calificó de “insensato” al periodista que se lo preguntó.

“El presidente Uribe propuso hace mucho tiempo las zonas de concentración porque estar concentrados previene que las Farc sigan delinquiendo y amenazando a la población”, le dijo a La Silla el senador Iván Duque.

“Nosotros hemos pedido concentración. Vamos a ver si el Gobierno cumple y no hace despejes”, agregó la senadora uribista Paloma Valencia.  “El resultado para nosotros era el mismo. Íbamos a quedar derrotados de todas maneras. Logramos que por lo menos se incluyera lo de las áreas urbanas y que haya una constancia firmada por todos los partidos que va a servir para que hagamos veeduría y como termómetro para saber si se están respetando la voluntad del Congreso o no”.

La constancia que quedó firmada por todos los partidos establece siete puntos.

Primero, el número de estas zonas debe ser prudente, y de tamaño reducido para que sea más fácil la verificación y el monitoreo. Segundo, dentro de estas zonas no podrá haber cultivos ilícitos ni minería ilegal. Tercero, no deberán incluirse zonas de frontera. Cuarto, se adelantará un inventario de las armas que entren al proceso de dejación que incluirá, de ser posible, el número serial. Quinto, quienes ingresen a estas zonas deberán ser plenamente identificados, incluso con registro dactilar. Sexto, el destino de las armas será su destrucción final al finalizar el proceso de paz y séptimo, el monitoreo y verificación del proceso de dejación de armas y cese al fuego bilateral y definitivo estará a cargo de organismos internacionales.

Esta constancia no tiene ningún efecto legal pues lo único que obliga al Gobierno es lo que quedó en la ley. Pero tiene un contenido político importante, que jugará en últimas a favor del uribismo.

“Es un mensaje político de todo el Senado para que la reglamentación tenga esos acuerdos”, le dijo a La Silla Iván Duque.

“Nadie ha hablado de ‘reglamentación de la ley’ pero te aseguro que el Gobierno las tendrá en cuenta porque Jaramillo y De la Calle son muy cuidadosos”, dijo un senador de La U. “Las constancias que firmó la Unidad por la paz sí tienen un efecto político y les servirán a los negociadores en la Habana para que las Farc tengan garantías pero razonables”, agregó.

“Este es un mensaje para la reglamentación. Fue una constancia de todos los partidos. Sería arbitrario desconocerlo”, dijo por su parte Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, uno de los partidos que le puso peros al proyecto de ley en el primer debate.

En últimas, como le dijo un analista a La Silla, al haber provocado la constancia y convencido a los de la Unidad Nacional de que la firmaran,  “Uribe deja la constancia de que él es el dueño de la concentración de la guerrilla. Y después dirá que no les cumplieron con las condiciones”.

De las siete condiciones que quedaron en la constancia, cinco son relativamente fáciles de cumplir para los negociadores en La Habana que justo ahora están pactando con las Farc cómo serán estas zonas de ubicación.

El número y el tamaño de las zonas es un tema de debate porque las Farc quisieran muchas más que el Gobierno pero ahí la ONU, que verificará la dejación de las armas en estos territorios, les impone el sentido de realidad porque entre más zonas más cuesta la verificación y ellas son las que ponen la plata.

Para el gobierno lo de que las zonas no estén ubicadas en zonas de frontera es una línea roja, entonces no habría problema. Tampoco lo será identificar a los guerrilleros que ingresen a estas zonas ni hacer el inventario de las armas.

Evitar que en estas zonas haya cultivos ilícitos o minería ilegal será más difícil porque como lo mostró La Silla en estos mapas hay una superposición entre las zonas donde las Farc ha tenido tradicionalmente presencia y donde existe la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Y por razones logísticas y de seguridad, las Farc se concentrará en lugares cercanos a donde ya está.

Pero la condición que será muy difícil de cumplir, y que concentrará la batalla con mayor significado político para el uribismo, será la de que las armas se deben “destruir” al finalizar el proceso de paz.

Entre las Farc y los negociadores del Gobierno hay una puja grande sobre en qué momento la guerrilla dejará las armas.

El Acuerdo Marco del proceso de paz dice que el fin del conflicto será un proceso “integral y simultáneo” que implica entre otras cosas "la dejación de las armas y la reincorporación de las Farc a la vida civil" y, por ejemplo, hacer “las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”.

Esta simultaneidad ha sido interpretada por las Farc como que en la medida en que el Gobierno vaya cumpliendo con lo pactado, ellas van dejando las armas. El Gobierno, por el contrario, ha sido enfático en que el día que se firme el Acuerdo Final la guerrilla tiene que haber abandonado los fierros.

El Gobierno tiene tantas posibilidades de ganar ese pulso como de perder el de la destrucción de las armas, suponiendo que estuviera dispuesto a dar esa discusión en la Mesa de Negociación.

Un modelo posible es el de Irlanda, de acuerdo al cual, las armas quedan en depósito de un extranjero. Esta fórmula le permitiría al Gobierno garantizar que las Farc no sigan armadas ni que hereden sus armas a otro grupo como el Eln o el Epl. Y a la vez le permitiría a las Farc saber que si el gobierno no les cumple los acuerdos, ellas pueden recuperar su armamento y volver a guerra. Pero tiene el problema de ser un sistema lento y opacto que deja todo en vilo como ocurrió allí, más cuando el IRA no era una guerrilla con 8 mil fusiles como las Farc. En la Habana este tema por ahora no está decidido.

Como es prácticamente imposible que los negociadores en La Habana puedan responder positivamente a esta constancia del Senado en pleno, dandole el ‘sí’ condicionado al proyecto los uribistas ganaron ayer nuevos argumentos para promover el ‘no’ al Acuerdo en unos meses.