En tres años, Emilio Tapia y Manuel Sánchez pasaron de ser dos misterios -dos piezas que todos creían clave en el cartel de la contratación, pero sobre las que no se tenían mayores datos- a ser los testigos estrella de la Fiscalía en el proceso, dueños del dedo acusador y figuras mediáticas. Pero el ambiente alrededor de algunas de sus actuaciones se ha ido enrareciendo y su buena suerte podría cambiar si el ente acusador confirma, en averiguaciones que ya está haciendo, que estarían involucrados en nuevos delitos.

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Emilio Tapia lleva una vida de millonario y le gusta dejarlo claro. En diciembre pasado asistió en Cartagena a un concierto de Marc Anthony y Carlos Vives, pero no como cualquier cristiano: estuvo en un exclusivo palco que costaba alrededor de 10 millones de pesos. En Córdoba lo han visto en fiestas de pueblo derrochar plata a manos llenas y ese carácter parrandero es celebrado por famosos cantantes vallenatos que lo saludan en canciones y conciertos, como si fuera una gran figura. En lo que parece un mal chiste, Diomedes Díaz lo bautizó como “el hombre de las carreteras”. Una fuente de Sahagún, su pueblo natal, nos contó que las propinas que suele dar en esos festejos son millonarias.

Le gusta ostentar su plata. En su contabilidad personal, por ejemplo, apareció un reloj que le habría regalado al cantante de vallenatos Silvestre Dangond valorado en 54 millones de pesos. Y también le gusta ostentar sus amistades poderosas. En 2011 los senadores cordobeses (nacidos en el mismo pueblo de Tapia) Ñoño Elías y Musa Besaile intercedieron por él ante el entonces secretario general del Ministerio del Interior Luis Felipe Henao -hoy Ministro de Vivienda- para solicitarle un cupo al empresario en el pabellón de parapolíticos de La Picota. Por la época se rumoraba que lo capturarían y seguramente Tapia quería asegurarse un lugar cómodo en la cárcel.

Más discreto, a Manuel Sánchez suele vérsele en elegantes restaurantes capitalinos a los que llega en sus lujosas camionetas. De un tiempo para acá, muchas veces en compañía de Emilio Tapia, con quien aparentemente tiene una relación de amistad. Por ejemplo, comiendo en una exclusiva pastelería del norte de Bogotá se los encontró el año pasado el concejal Fernando López, quien le confirmó a La Silla que estaban con la esposa de Julio Gómez.

Tapia y Sánchez (y también Gómez, privado de la libertad) son, según la Fiscalía, dos de los cabecillas del cartel de la contratación que se robó Bogotá y protagoniza el escándalo de corrupción más grande de los últimos años en la ciudad. El monto de lo que se está investigando pasa del billón y medio de pesos. Sin embargo, en libertad, ellos parecen llevar una vida que cualquier buen ciudadano envidiaría.

Desde hace unos meses, además, algunos medios registran ampliamente sus declaraciones en las que no dan detalles concretos e incluso aparecen hablando sobre temas de la ciudad, como si fueran analistas.

Por ejemplo, Emilio Tapia declaró hace poco a El Espectador que le parecía “desmedida” la sanción del Procurador en contra del alcalde Gustavo Petro, quien fue destituido por 15 años.

En general, sus recientes declaraciones a los medios los dejan bien parados en sus procesos como testigos estrella y también con el Alcalde Petro. Son ellos quienes han denunciado el supuesto complot de las basuras y la “vaca” que habrían hecho los concejales para revocar al mandatario.

¿Por qué querrían quedar bien con Petro? Puede tratarse de verdaderas revelaciones o puede ser porque el Distrito es víctima del cartel y el abogado que lo representa en el proceso es Daniel Prado, quien también es abogado personal de Petro. Como representante de las víctimas, Prado -y también los organismos de control- pueden enredar sus beneficios y pedir para Sánchez y Tapia cárcel y que devuelvan dinero.

Pero acaso lo mejor de la buena vida de Manuel Sánchez y Emilio Tapia sea el mundo en el que se encuentran frente a la justicia: el mejor de los mundos, uno que -al menos por ahora- no incluye ni un día de cárcel para ellos.

Hasta el momento, tampoco Tapia ha devuelto ni un peso de lo que se robó el cartel (Tapia aceptó haber cometido peculado por apropiación). Su manejo de coimas fue reconocido por él mismo en una grabación, revelada hace dos años por El Espectador, que está en poder de la Fiscalía y en la que Tapia asegura que “no hubo un solo peso que entrara a donde ellos (los Moreno) sin que pasara por mí”.

La 26 a medio construir, el símbolo de la corrupción en Bogotá. 

Emilio Tapia, "el hombre de las carreteras", como lo han llamado en canciones vallenatas.

El exsenador Iván Moreno, según la Fiscalía una de las cabezas del cartel.

Felipe Romero, un periodista de Noticias Uno que le ha seguido la pista al caso del cartel desde que estalló en 2010, y que escribió el libro ‘El cartel de la contratación, la historia no revelada’, le dijo a La Silla que cree que “Manuel y Emilio están en una situación de privilegio porque la Fiscalía no tiene elementos suficientes para llegar al fondo, y ellos dos tienen las piezas”.

Sánchez y Tapia negociaron cada uno un principio de oportunidad con la Fiscalía, que ya cuentan con el respectivo aval de un juez. Es decir, están en firme.

El primero negoció por el delito de concierto para delinquir agravado y el segundo por el de peculado. Esto significa que el ente acusador se abstiene de investigarlos por esos dos delitos y no serán condenados por ellos.

A cambio de ese beneficio deberán aportar pruebas al proceso y, si es el caso, declarar contra alguien en juicio, que es precisamente lo que necesita la Fiscalía para esclarecer uno de los capítulos más oscuros en la historia de Bogotá. Según uno de los investigadores del cartel, Sánchez y Tapia -y sobre todo Tapia- efectivamente han prendido el ventilador como ningún otro testigo del carrusel.

A sus principios de oportunidad únicamente se ha opuesto (sin éxito) la Procuraduría, que pidió cárcel para ambos. También la Contraloría General se opuso, pero sólo en el caso de Emilio Tapia.

El Distrito, como víctima (representado por Daniel Prado, abogado de Petro) no se ha opuesto a ninguno de sus beneficios.

Uno de los investigadores del proceso le dijo a La Silla que “el Distrito les ha estado colaborando porque ellos le están colaborando al Distrito con lo de Petro”, en referencia a las declaraciones sobre los supuestos complots contra el Alcalde: el de las basuras y el de la “vaca” para revocarlo.

Emilio Tapia se vinculó al proceso a fines de 2011, justo cuando supo que la Fiscalía estaba a punto de imputarle cuatro delitos: peculado, cohecho propio, concierto para delinquir agravado e interés indebido en contratos. Los investigadores llegaron a él gracias a información aportada por los Nule y por el ex concejal Wilson Duarte.

Como ya estaba en negociaciones con el ente acusador, en julio de 2012 cuando le imputaron, la Fiscalía pidió para él en la audiencia una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Lo que significa que no iría preso, pero tampoco podría salir del país.

Sin embargo, por solicitud de la Procuraduría, el juez negó la petición de la Fiscalía y ordenó la detención preventiva de Tapia, quien alcanzó a estar detenido unas tres semanas en las instalaciones de la Sijin y en el búnker de la Fiscalía. Después de ese tiempo salió libre porque un juez del circuito revocó la decisión por petición de la defensa de Tapia, que argumentó que en medio de una negociación es la Fiscalía la que pide la medida de aseguramiento.

En octubre de ese año, el fiscal que tenía a cargo la investigación del cartel, Ricardo González, fue retirado del caso y en su reemplazo entró como investigador estrella el fiscal Juan Valbuena.

Los investigadores se dieron cuenta de que Tapia tenía la información del cartel y que en el organigrama de los que se robaron a Bogotá, “está al mismo nivel de los hermanos Iván (ex senador) y Samuel Moreno (ex alcalde)”, según le dijo a La Silla alguien muy cercano al proceso.

“Hasta ese momento, Iván y Samuel aparecían en muy poco. No había contra ellos un sólo papel. Los Nule los habían involucrado, pero sólo hasta un pedazo porque al fin y al cabo eran meros contratistas… En cambio, Emilio Tapia era un partícipe directo, una especie de tesorero que recibía las coimas para Iván y Samuel que venían del Acueducto, Integración Social, Salud y el IDU”, le explicó a La Silla la misma fuente.

En ese punto, la investigación apenas llegaba al Instituto de Desarrollo Urbano. Pero la llegada de Tapia como testigo le dio un vuelco: él mencionó a Manuel Sánchez como parte del cartel, detalló reuniones en Miami de los Moreno y sus aportes ayudaron a ajustar las imputaciones al empresario Julio Gómez y al abogado Álvaro Dávila. A Gómez le imputaron los mismos cuatro delitos que a Tapia, mientras que a Dávila le imputaron los mismos menos el peculado.

La matriz de colaboración de Tapia generó un efecto dominó que permitió develar parte de lo ocurrido con el millonario contrato de ambulancias entregado en 2009 (asciende a 67 mil millones de pesos) y la vinculación fuerte al caso del ex secretario Héctor Zambrano y de los ex concejales Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado, ambos del partido de La U.

Así es como la Fiscalía está ahora terminando de develar la corrupción en la Empresa de Acueducto lo que tiene en la mira a varios empresarios como Andrés Cardona y Orlando Fajardo, según una fuente en la Fiscalía vinculados ya formalmente al proceso y llamados a interrogatorio.

Manuel Sánchez, por su parte, se vinculó al proceso en abril de 2013, también cuando la Fiscalía se aprestaba a imputarle el delito de concierto para delinquir. Según una fuente de esa entidad, su papel en el cartel lo ubica en un organigrama en el que en la punta están los Moreno y Tapia y justo debajo de ellos Álvaro Dávila, Julio Gómez y el mismo Manuel Sánchez. A instancias suyas, según han explicado en prensa, se coordinaron reuniones en las que contratistas y funcionarios coordinaron la repartija de la torta de proyectos del Distrito.

La Procuraduría también se opuso a su principio de oportunidad y también fracasó. Él sí nunca ha estado detenido.

Sánchez ha colaborado con aportes que han permitido llegar a los concejales José Juan Rodríguez y Orlando Parada y a la corrupción en el Acueducto, la malla vial, la Uaesp, el SITP y los hospitales. La mayoría de sus confesiones se han constatado.

Aunque ha habido críticas en el sentido de que muchas de las pruebas aportadas han sido testimoniales, en la Fiscalía dicen que Sánchez y Tapia han aportado facturas y orientado en la consecución de documentos y ubicación de información y bienes.

Samuel Moreno, el Alcalde que salió por la puerta de atrás del Palacio Liévano.

Manuel Sánchez ha sido un importante abogado en Bogotá.

El polémico exconcejal del Polo Wilson Duarte.

Aunque todo parece servido para que Manuel Sánchez y Emilio Tapia sigan siendo las estrellas de la Fiscalía que -según lo denunció hace poco el exconcejal Wilson Duarte, interrogado en el caso- hacen corrillo en los pasillos de la Fiscalía, y son los dueños del dedo acusador y siguen libres y con plata en los bolsillos, de unas semanas para acá el ambiente alrededor de sus actuaciones se ha enrarecido y en la Fiscalía ya lo saben e indagan por ello.

En la Fiscalía no ha caído bien el alto perfil que maneja Tapia, amante de las grandes fiestas. “Es descarado. A él le han pedido que baje el perfil, pero no quiere”, le dijo a La Silla uno de los investigadores del proceso.

Pero no sólo eso. Hay versiones entre algunos de los salpicados en el caso, según las cuales los testigos estrella se estarían aprovechando de esa condición para supuestamente pedir dinero a cambio de no mencionar a alguien en el proceso. La Silla no pudo confirmar ninguna de esas versiones.

Una persona que ya fue imputada le dijo a La Silla que hay varios casos en los que los testigos estrella “han pedido a concejales que les devuelvan la plata que ellos aportaron en sus campañas. Explícitamente no los extorsionan, pero se entiende que si no la devuelven los van a mencionar en el caso. Incluso sé que uno de esos testigos ha dicho que va a salpicar a alguien porque otro de los testigos le pidió el favor, porque ante la Fiscalía ellos necesitan corroborarse unos a otros”. Es decir que, supuestamente, se quieren poner de acuerdo con las versiones.

En el mismo sentido, un abogado muy cercano al proceso aseguró por su lado: “Ellos (en referencia a Manuel, Emilio y Julio Gómez) descubrieron que es mejor estar aliados que enfrentados. Uno se da cuenta de esa alianza en las continuas reuniones que tienen. Además ya la Fiscalía no tiene nada nuevo. Por eso uno ve que el uno siempre confirma lo que el otro dijo”.

“Es una suerte de cartel de testigos. Se cartelizan los testigos cuando hay libretos comunes”, dijo una tercera fuente que también conoce de cerca el caso. Aunque es apenas normal que los testimonios resulten parecidos si se supone que están contando la verdad de lo que pasó.

Según el abogado que habló antes, el modus operandi de Manuel Sánchez y Emilio Tapia como testigos estrella incluye filtrar a algunos medios las declaraciones que a ellos les conviene difundir para quedar bien.

Tampoco esas versiones pudimos confirmarlas, pero en la Fiscalía ya están averiguando lo de las presuntas peticiones de dinero y uno de sus investigadores nos dijo en concreto: “Hemos escuchado lo de las supuestas extorsiones y estamos siendo cuidadosos. La Fiscalía no es tonta. A ellos no podemos creerles todo lo que nos dicen, tenemos que verificar porque son delincuentes. Y si cometen nuevos hechos delincuenciales los acuerdos se pueden deshacer”.

A Tapia y a Sánchez les podría cambiar su suerte también porque, en el caso de Tapia, él sólo tiene principio de oportunidad por un delito y le falta por concretar la negociación de los otros tres que le imputaron para los cuales está pidiendo un preacuerdo que incluye una pena menor. Ese preacuerdo ya está firmado por la Fiscalía, que le pide devolver al Estado unos tres mil millones de pesos. Pero todavía falta que lo avale un juez. Y de pronto se puede volver a atravesar la Procuraduría.

A Manuel Sánchez lo están investigando por interés indebido en la contratación y cohecho propio, aunque por el delito que le fue imputado ya tiene un principio de oportunidad avalado por un juez.

En unas semanas podría saberse si la torta se les volteará o no a dos estrellas con posibilidad de terminar estrelladas.