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Jueves Octubre 17, 2019

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El cuarto grupo de víctimas estuvo ayer en La Habana hablando con los negociadores del Gobierno y de las Farc. A través de estos viajes, se han abierto pequeñas ‘grietas’ por donde se trasluce el dolor sufrido por las víctimas a lo  largo del conflicto. Sin embargo, es mucha la verdad que le falta al país conocer. Que esta verdad se conozca es quizás a lo que más temen los que han tenido alguna participación en la guerra, incluyendo varios sectores civiles. Incluso más que a un castigo judicial.

La Silla aprovecha este viaje para adentrarse en aquellas verdades que alguna vez el país sabrá si el proceso  de paz con las Farc avanza y se crea algún día una Comisión de la Verdad o algo semejante.

Haga clic en cada persona para conocer su historia.

María Eugenia Zabala

Esta campesina de Córdoba es víctima de desplazamiento forzado después de que los paramilitares, al mando de Carlos Castaño, asesinaron a su esposo, a su tío y a un sobrino en diciembre de 1988. Sus siete hijos fueron testigos. Embarazada, Zabala tuvo que irse a Montería y diez años después, junto con otras 17 mujeres víctimas, pidió un préstamo al Banco Agrario y compró una finca de 15 hectáreas que llamaron “El Valle Encantado”, uno de los primeros casos de restitución de tierras con el Incora. El año pasado, el presidente Juan Manuel Santos, contó su historia durante su intervención en la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Además, es líder de mujeres víctimas del conflicto con la Alianza de Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, que se encarga de documentar casos, prestar asesoría y acompañar a víctimas del conflicto armado en su búsqueda de la verdad y la justicia en el marco de la ley de justicia y paz.

Si se esclarece la verdad sobre el desplazamiento forzado se podrían responder preguntas como ¿Cuándo van a devolverle los paras y la guerrilla la tierra que le despojaron a los campesinos? ¿qué empresas y empresarios se lucraron con el despojo? ¿Por qué la justicia rara vez le ha preguntado a los paramilitares por los autores intelectuales de los desplazamientos? ¿Qué papel jugó la empresa de cobranzas Covinoc?

Algunas de estas preguntas se hace hoy una de ellas, Carmen Palencia quien le dijo a La Silla que hasta ahora “no se han visto intenciones de devolver esas tierras y restitución no ha habido mucha”. Además, pide que se sepa qué ha pasado con las tierras incautadas por el Estado y que fueron despojadas a campesinos. /p>

Jineth Bedoya

La periodista de El Tiempo que lleva más de una década cubriendo a las Fuerzas Militares, la Policía y la fuente judicial, fue secuestrada el 25 de mayo del 2000 en las puertas de la Cárcel Modelo de Bogotá por tres paramilitares que se la llevaron en una camioneta, la torturaron y la violaron. Además, ha sido víctima de secuestro por las Farc en el 2003 en el Meta y blanco de amenazas de muerte en 2010 y 2011.

Por 11 años, la investigación de su caso cometido por los paramilitares no tuvo resultados. En mayo del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó a la Fiscalía a retomar la investigación.

Por ahora, hay un exparamilitar que confesó su participación en el hecho y otros dos están siendo procesados. Los tres están en la cárcel. En septiembre de este año, la Fiscalía llamó a juicio a Mario Jaimes Peña, alias 'el Panadero', ex jefe paramilitar de Barrancabermeja por el secuestro de la periodista y quien ya está condenado por una masacre y varias desapariciones en esa ciudad.

Aunque todavía falta que se se produzcan las condenas contra ellos, el caso de Bedoya fue declarado de lesa humanidad en septiembre de 2012, lo que implica que las investigaciones no precluyen. Según la Fiscalía, éste representa como los paramilitares sistemáticamente atacaron a los periodistas que exponían sus acciones.

Para María Eugenia Cruz, líder de víctimas de violencia sexual y que ya viajó a la Habana en el primer grupo, frente a estos casos hace falta que se sepa que todos los actores armados han utilizado la violencia sexual como estrategia de guerra, incluída la Fuerza Pública. Ella pide que se conozcan todos los tipos de violencia sexual como violación, trata, esclavitud, esterilización forzada, hijos de relaciones forzadas y la violación de mujeres vírgenes.

Frente a los ataques a la prensa, se tendrían que conocer, especialmente, las verdades que quisieron acallar quienes mataron a los periodistas para evitar que las contaran.

Luz Marina Cuchumbé

Indígena caucana, es víctima porque su hija Hortensia Tunja Cuchumbe, de apenas 17 años, fue asesinada por militares del Batallón Pigoanza, en enero de 2006 en Inzá, Cauca. Junto con otros familiares de los asesinados logró, a través de una acción de grupo, que el Tribunal Administrativo del Cauca condenara al Ejército e, incluso, que oficiales fueran al lugar de los asesinatos a pedir perdón. En ese proceso se convirtió en líder de víctimas, como parte del comité de la Asociación Campesina de Inzá - Tierradentro.

Su caso recuerda que, a pesar de que existen condenas y cientos de procesos abiertos, falta todavía mucho por esclarecer sobre los llamados ‘falsos positivos’.

Por ejemplo, no es claro si ha sido una práctica sistemática de muchas unidades militares o un caso de algunas manzanas podridas (para usar la manida metáfora), si se trataba solamente de un problema de incentivos errados por el uso del ‘body count’ para otorgar ascensos y permisos o si era una estrategia de terrorismo.

En una eventual comisión de la verdad también se sabría si los altos mandos han intimidado a los subalternos para que no cuenten la verdad y también qué pasó con los soldados que se negaron a participar de estos crímenes y que intentaron denunciarlos.

Wilfredo Landa

Representante legal del Consejo Comunitario Rescate las Varas, en la zona rural de Tumaco, es víctima de desplazamiento forzado por parte de las Farc en enero de 2013.

Ese desplazamiento posiblemente tuvo que ver con el hecho de que Landa es uno de los líderes de un exitoso proyecto de desarrollo alternativo, apoyado por la gobernación (y con aportes en bienes públicos de otros actores como Ecopetrol), y que ha llevado a que se erradique casi totalmente el cultivo de coca en su zona, que producía aproximadamente el uno por ciento de toda la coca del país, según ha reportado la ONG Washington Office on Latin America.

Aunque ha habido una reivindicación importante de las víctimas de desplazamiento forzado desde que la Corte Constitucional obligó al gobierno de Uribe a diseñar y aplicar una verdadera política pública para los desplazados, hasta ahora han sido mucho más visibles las que fueron desplazadas por los paras que las desplazadas por las Farc.

Por eso, casos como este podrían ayudar a esclarecer realmente el nivel de involucramiento de las Farc con el narcotráfico y cómo cuidar el negocio permeó todas sus relaciones con las comunidades donde controlaban los cultivos de coca. También se podría conocer cuándo las Farc han utilizado la táctica de desplazar a campesinos y cómo se han apoderado de sus tierras.

En una eventual comisión de la verdad, quizá se podría saber también cómo la plata de los secuestros y la coca terminó muchas veces en la compra de tierras por parte de los comandantes de las Farc a cargo, con frecuencia a espaldas del Secretariado. .

María Jackeline Rojas

Es miembro del equipo directivo de la Organización Femenina Popular, una organización de defensa de los derechos humanos con perspectiva de género creada por mujeres en Barrancabermeja, y que se ha extendido a cinco municipios más del Magdalena Medio. Rojas ha sido víctima de todos los grupos armados: las Farc asesinaron a su papá, el ELN a su compañero y los paramilitares a su hermano. En el 2001, fue declarada objetivo militar por los paras por liderar esta organización que tiene registradas 148 amenazas, de las cuales 48 son contra la vida de Rojas.

En el caso de la violencia contra las mujeres, lo que reclaman las víctimas es que se reconozca que todos los actores armados han usado la violencia sexual y la subordinación como estrategia de guerra para tener a las mujeres a su servicio.

Frente a la violencia que sacudió durante décadas al puerto petrolero hay varias verdades por esclarecer. Por ejemplo, la infiltración del ELN en el sindicato petrolero de la USO y su responsabilidad en el secuestro de contratistas; la complicidad del Ejército y sobre todo de la Policía, en la entrada a sangre y fuego de los paramilitares en Barranca; o ese capítulo terrorífico de las Farc cuando el comandante Braulio Herrera, en medio de la paranoia por la llegada de las autodefensas al Magdalena Medio bajo su cargo, recurrió a su péndulo (se había vuelto fanático de la radioestesia) para identificar a los supuestos infiltrados dentro de las filas guerrillas.

Licinia Collazos

Indígena nasa del Cauca, ha sido víctima de desplazamiento y de tortura. Entre el 10 y el 13 de abril de 2001, unos 220 paramilitares del Bloque Calima de las AUC llegaron a El Naya, en límites entre el Cauca y el Valle del Cauca, sin oposición de los militares encargaodos de la seguridad de la zona. Tras capturar a un guerrillero, lo usaron de informante para asesinar a supuestos milicianos. Aunque hay discusión sobre las cifras, en El Naya murieron entre 24 y más de 200 personas y se desplazaron más de tres mil, según Acción Social. Después de ese momento hubo combates entre paramilitares y militares que reaccionaron: la infantería de marina capturó a 61 paras y decenas más murieron en combates o ahogados.

Licinia vio cómo asesinaban a cinco personas frente al restaurante donde trabajaba, antes de que la víctima fuera su esposo.

Esta líder de su comunidad indígena (ha sido tres veces gobernador del cabildo Kitek Kiwe, que lidera el reestablecimiento de la normalidad en la zona) es, en el fondo, víctima de la estrategia de las AUC de tomarse una zona, “limpiando” supuestos milicianos. Gracias a algunas audiencias de Justicia y Paz se ha avanzado en revelar cómo y por qué se dieron algunas de estas masacres, incluyendo la del Naya.

Sin embargo, aún faltan muchas cosas por esclarecer. Una comisión de la verdad podría aclarar, por ejemplo, si las reacciones de los militares a las intervenciones de los paras eran tardías porque estaban concertados o porque la reacción era lenta por problemas operativos; si la entrada de los paras al Cauca buscaba combatir bases sociales de la guerrilla o asegurar corredores estratégicos para el ingreso de armas y la salida de droga; o cuáles fueron los elementos que distinguieron a los militares cómplicies de los paras de aquellos valientes que los combatieron.

También se podrá conocer la verdad sobre el reclutamiento y uso/abuso de combatientes capturados como informantes.

Germán Graciano Posso

Es el representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, un movimiento de resistencia ciudadana que nació el 23 de marzo de 1997, cuando cerca de 400 campesinos de la región se declararon neutrales frente al conflicto, rechazando la presencia de cualquier actor armado: guerrilla, paramilitares e incluso el Ejército. Graciano ha perdido 13 familiares, entre ellos su padre y dos hermanos por grupos armados sin identificar ya que este corregimiento queda en medio de la disputa por el corredor estratégico que comunica a Córdoba y Antioquia.

En febrero del 2005, 60 paramilitares y la Brigada XVII del Ejército asesinaron a machete a ocho campesinos a quienes acusaron de ser colaboradores de la guerrilla. Las investigaciones concluyeron que la orden salió de alias Don Berna, apoyado por hombres comandados por el general Héctor Jaime Fandiño. La masacre se perpetró bajo la orden de operación “Fenix” del Ejército.

Hasta ahora, seis paramilitares han confesado que participaron en los hechos y con sentencia anticipada, fueron condenados a 20 años de cárcel. Además, el capitán de la Brigada Armando Gordillo también fue condenado por el mismo tiempo. Pero la comunidad sigue esperando justicia por la presunta participación del coronel (r) Néstor Iván Duque y del general Mario Montoya, que según testimonios de otros militares, estuvieron en la planeación de la masacre.

Si en el caso de Graciano y otros similares se contara la verdad seguramente se sabría qué tan sistemáticas fueron las relaciones entre los militares y los paramilitares. Por ejemplo, cómo planearon operaciones conjuntamente; cómo alternaban que primero llegara el Ejército y luego los paramilitares terminaran de consolidar su influencia en el territorio o al revés; o cómo, simplemente, después de que las Fuerzas Armadas estigmatizara a una población como colaboradora de la guerrilla llegaban los paramilitares con lista en mano a matar a que desde la Brigada ya habían quedado con el ‘Inri’.

Para Camilo Villa, coordinador del movimiento de víctimas del Estado, Móvice, las preguntas que hay que resolver en este caso son ¿cuáles son los métodos que ha usado el Estado en la guerra contrainsurgentes y que han tenido como objetivo a los civiles? ¿la responsabilidad y paternalismo del Estado en la creación de grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente? y ¿cuándo se va a desclasificar información secreta para que se sepa la verdad? “

Lo más importante es que salgan de la tesis de los errores individuales y pasen a reconocer su responsabilidad en la violencia del país”, dice Villa.

Guillermo Murcia Duarte

En 2005, mientras trabajaba en el campo, Murcia pisó una mina antipersona en Arauca, donde nació. Tuvo que pasar por cuatro operaciones médicas y dos años de recuperación después del accidente. Ahora, como coordinador de la Campaña Colombia contra las Minas trabaja con treinta personas que se vincularon como voluntarios, formadas y capacitadas por él, para prevenir y acompañar a las víctimas de las minas antipersona.

Tanto las guerrillas como los paramilitares y el Ejército han usado las minas como estrategia de defensa, aunque el Estado dejó de hacerlo hace unos años. En La Habana, las Farc se han comprometido a dar información para ubicar y desmantelar minas una vez se firme el Acuerdo de Paz.

Sin embargo, para Álvaro Jiménez, Coordinador Nacional de la Campaña Colombia contra las Minas, las preguntas que quedan para el esclarecimiento del uso de las minas son varias: ¿Cuántas minas produjo el Estado en la fábrica de Indumil y sembró en operaciones militares y dónde están? ¿Por qué en la desmovilización de los paramilitares el tema de las minas nunca se mencionó a pesar de que está comprobado que las utilizaron? Aunque las Farc y el ELN han reconocido el uso de minas, falta información sobre las áreas donde las sembraron y las características de fabricación con las que las produjeron.

“Eso es fundamental para comprender la manera en la que estallan y así es más fácil hacer el desminado”, le dijo a La Silla. Además, Jiménez habló de la importancia de que el Estado firme el protocolo que obliga al país a responsabilizarse de limpiar los campos de los remanentes de guerra, es decir, de las armas que quedan tiradas después del combate.

Nora Elisa Vélez

Esta vallecaucana es una víctima múltiple. Se desplazó a Armenia en 2002 después de que varios de sus familiares hubieran sido amenazados y cuatro de sus hermanos hubieran sido asesinados, presuntamente tanto por las Farc como por los paramilitares. Está en la Mesa Nacional de Víctimas como representante de la población LGBTI, grupo de víctimas entre las que se ha convertido en una líder.

Su caso deja abiertas preguntas como por qué hubo grupos sociales que fueron víctimas tanto de la guerrilla como de los paramilitares o cómo definían los paramilitares quiénes serían sus blancos de violencia en zonas donde antes mandaban las Farc.

Los casos de atentados contra la población LGBTI permitirán conocer la terrible verdad sobre cómo tanto la guerrilla como los paramilitares han asesinado personas homosexuales y travestis como mecanismo para ganarse la simpatía de la población que querían controlar.

Alberto Tarache Niño

Tarache representa el universo de personas que fueron reclutadas en los grupos armados como menores de edad. A los 13 años Alberto ingresó a las AUC y permaneció allí hasta los 17. Aunque lo hizo buscando protección frente a las Farc que lo amenazaron por trabajar desde los 12 en un taller de mecánica en Paz de Ariporo, Casanare, se considera víctima porque en principio ningún niño tiene la madurez para decidir voluntariamente irse a un grupo armado.

Frente al reclutamiento de menores, hay muchas verdades por esclarecer. Por ejemplo, los niveles de abuso sexual en las familias campesinas, especialmente por parte de los padrastros, que llevan a que muchas niñas campesinas hayan optado por irse a la guerrilla para estar más protegidas; saciar el hambre como una de las principales motivaciones para entrar a un grupo armado siendo niño; los rituales de ‘iniciación’ del niño en la guerrilla o en los paras, como matar a otro compañero, para arrebatarles la última pizca de inocencia; el uso de los menores como informantes del Ejército; el papel de algunos maestros de escuelas en este reclutamiento; la terrible verdad de que la guerrilla recluta a la mayoría de los niños en solo 60 municipios, como lo denunció el Informe Callejón con Salida del PNUD hace unos años, y que aún sabiendo eso la sociedad no se haya movilizado para evitarlo.

 

Juan Carlos Villamizar

Villamizar, quien este año fue candidato de la Unión Patriótica a la Cámara por la circunscripción de los colombianos en el exterior, es un exiliado. En 2002 tuvo que irse a España tras ser declarado objetivo militar por paramilitares, y tiene la nacionalidad española. Fue coordinador de juventudes del Polo en España, trabaja con los ecologistas catalanes (en el partido Ecosocialista Iniciativa per Catalunya Verds) de quienes ha sido candidato al parlamento catalán en 2010 y 2012, y actualmente es el portavoz del Foro Internacional de Víctimas.

Sobre las amenazas y el exilio de militantes de izquierda, aún hay muchas preguntas abiertas ¿Quién estuvo realmente detrás de la guerra sucia contra ellos? ¿Qué políticos fueron cómplices de estas amenazas porque veían sus fortines políticos amenazados? ¿Cuál fue el nivel de complicidad del Estado?

Frente a la UP, en particular, una verdad que hay que esclarecer fue hasta dónde llegó en la práctica su teoría sobre la combinación de las formas de lucha.

Tulio Murillo Ávila

Este viaje de víctimas tenía un elemento muy polémico y es que se incluyó como víctima a un guerrillero de las Farc, que está preso por secuestro extorsivo y homicidio. Se consideró víctima por que ha sufrido violaciones a sus derechos humanos en condición de detenido y ha denunciado ante las autoridades que mientras ha estado privado de la libertad ha recibido tratos indignos y amenazas. Su familia también ha sufrido amenazas y ataques en su contra.

Dados los niveles de hacinamiento de las cárceles colombianas, la violación de los derechos humanos de los presos es la constante, independientemente de si tuvieron alguna participación en el conflicto armado. Sin embargo, los presos de los guerrilla sufren además otro tipo de vejámenes. Por ejemplo, a veces son capturados en medio de un combate y llegan heridos a la cárcel y sus heridas no son atendidas como es debido, según le dijo a La Silla el senador del Polo Iván Cepeda, que en los últimos meses ha visitado muchas cárceles para establecer la verdadera situación de los guerrilleros presos.

Si bien para la mayoría de los presos del país es muy difícil que los familiares los visiten, para los parientes de los guerrilleros lo es más. “A veces los familiares son rastreados por la inteligencia del Estado para recabar información sobre la guerrilla”, dice Cepeda.

Otras veces, a los guerrilleros les queda más difícil obtener una defensa judicial digna o los meten en el mismo patio con los paramilitares. Esto último se ha subsanado mediente “pactos de convivencia” que han hecho los combatientes de ambos lados en varios penales.

Y si se entra a establecer la verdad de los “prisioneros de guerra” en un sentido más amplio, el país terminará conociendo más detalles del sufrimiento y los vejámenes infligidos por las Farc a los policías y soldados que tuvieron enjaulados durante más de una década para intercambiarlos por guerrilleros presos.

Esta historia es parte de una serie sobre la Ley de Víctimas financiada por la Unión Europea y Oxfam.