En las islas viven de manera permanente comunidades negras, aunque también hay una alta población flotante. Foto del Incoder

Como contó La Silla en abril, desde noviembre del año pasado, a raíz de un fallo del Consejo de Estado, el Ministerio de Ambiente e Incoder están definiendo un plan de desarrollo sostenible para las Islas del Rosario para frenar la contaminación de este lugar paradisíaco y el deterioro del parque natural Corales del Rosario y San Bernardo. El Plan pasa por evaluar los contratos de arrendamiento de muchas familias poderosas que llevan años ocupando estas islas, varias de las cuales el Incoder considera que fueron adquiridas de mala fe. Su desalojo aún no se ha producido. Pero ahora los que se sienten verdaderamente amenazados son las comunidades negras que viven allí hace años y que temen que serán ellos los que terminarán pagando las consecuencias del modelo ambiental que se quiere aplicar a las Islas.

La parte marina de las Islas del Rosario, es, por su exhuberancia natural, un Parque Nacional Natural desde 1977.  Pero está amenazada por la contaminación que causa el canal del Dique en Cartagena, la tala del manglar para ampliar los terrenos de construcción y la presión que ejercen los habitantes sobre el entorno.

Myriam Villegas es la directora del Incoder, entidad que tiene a cargo la administración de las Islas.

Mujeres en el asentamiento de Orika, Foto del Incoder

Las Islas son totalmente propiedad del Estado, así existan predios que disfrutan y se atribuyen particulares. 

Con la mayoría de predios en donde hay casas de recreo y hoteles, que son alrededor del 23% del territorio, el Incoder ha celebrado contratos de arrendamiento, que como lo contó La Silla, son realmente bajos, con frecuencia no superan los 100.000 pesos mensuales.

Aun así, hay 47 predios sobre los que no se han celebrado estos contratos, que por lo tanto tienen en su mayoría procesos de desalojo; hay 56 predios en mora de pagar y apenas 35 al día.

Con la población nativa, en cambio, no se han celebrado estos contratos. En Isla Grande, viven alrededor de 800 nativos, de los cuales 200 tienen un poblado que se llama Orika. Pero cuando hay temporada alta, la población flotante de la Isla puede llegar a 2000 personas. 

En 1984 el Incora demostró que en las Islas vive población negra desde tiempos remotos y que tienen una forma especial de relacionarse entre sí y con el territorio. Con base en ese estudio y en el de otros investigadores, estas comunidades ahora sostienen que tienen todos los derechos de los grupos étnicos: al territorio, a la autonomía y a la consulta previa. Pero, por ahora, esto no ha sido reconocido por el Estado que los equipara a los demás ocupantes de la isla.

La sentencia

En su fallo el Consejo de Estado respondió a la Acción Popular que presentó el ex procurador agrario Reynaldo Muñoz para que se protegiera el medio ambiente de las islas. El Consejo ordenó al Incoder y a las autoridades ambientales, tanto nacionales como regionales, crear un modelo de desarrollo sostenible, revisar los contratos de arrendamiento y tomar otras medidas urgentes para proteger el ecosistema.

Aunque el Plan debería haber sido adoptado en marzo, las entidades aún se están reuniendo semanalmente para diseñarlo. Del Incoder participa la Subdirección de Tierras, pero no ha sido invitada la de Grupos Étnicos.

El Incoder ya cuenta con una caracterización del territorio, donde tiene identificados los predios, la población y las principales problemáticas ambientales. También tiene claro cuál es el objetivo del Modelo. Se trata de crear una Ecorregión que controle el aprovechamiento sostenible de las islas y ejerza un control estricto. 

Ahora el modelo tendrá que definir quiénes pueden vivir en la isla y bajo qué condiciones. Sectores más ambientalistas consideran que debería haber un enfoque primordialmente ambiental y que ello requeriría el desalojo de la población. Jennifer Mojica, de la subdirección de Tierras del Incoder, considera que “no se trata de tener islas vacías“.

Pero al Incoder le preocupa que, en los últimos años, la población nativa ha crecido a uno ritmo que, de mantenerse, llegará a un nivel insostenible para las Islas.

A esto se suma que, por las condiciones naturales de las Islas y por estar junto al Parque Nacional Natural, no es posible hacer obras de infraestructura importantes como un acueducto. Por eso, Mojica considera que estas no son condiciones dignas de vida de la población, por lo que pensar en una reubicación no es del todo descabellado.

En marzo, el Incoder le comunicó a las comunidades que podrán quedarse si, luego de los estudios que darán lugar al modelo, se concluye que la "capacidad de carga" del ecosistema lo permite. La capacidad de carga significa la posibilidad de la naturaleza de resistir la presión que hay sobre ella. 

Las comunidades, sin embargo, sostienen que éste no puede ser el criterio que defina si pueden o no quedarse, porque sería una imposición basada solo en criterios ambientales y no una decisión consultada que tenga en cuenta sus características étnicas.

Aunque el informe de caracterización de las Islas menciona la necesidad de contar con la participación de las comunidades, no reconoce que tengan derecho a la consulta previa.

Lo que las comunidades ven y el Estado, no

Las comunidades negras de las Islas del Rosario sostienen que tienen derecho a que se les titule colectivamente el territorio con base en la legislación que les da derecho a las comunidades negras de ser dueñas de los territorios baldíos que han ocupado tradicionalmente. Pero el Incoder argumenta que no lo puede hacer porque se trata de baldíos con un carácter especial que no permite la titulación a nadie.

Las comunidades argumentan que este carácter especial de los baldíos se estableció en el siglo XIX, mucho antes de la nueva Constitución que protege la diversidad étnica y cultural y que  hoy los deberes del Estado son otros. Por eso interpusieron una acción de tutela en 2007 que fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, que hasta ahora no se ha pronunciado.

El Consejo Comunitario también presentó el mes pasado, con apoyo de Dejusticia, una solicitud de medidas cautelares a la Corte Constitucional después de que Cardique, la autoridad ambiental regional, ordenó la demolición de casas y de un muelle construido por la comunidad, porque considera que son ambientalmente inviables. Además, como el área marina es Parque Nacional, les quedó prohibida la pesca, tanto para su propia alimentación como para su vida económica.

Las comunidades sienten que las decisiones ambientales se toman sin tenerlos en cuenta y que las sanciones son implacables con ellos y atentan contra su subsistencia. Por eso, han acudido ya dos veces a la Corte Constitucional que no ha respondido aun nada.

¿Será la construcción del modelo sostenible del archipiélago el tercer motivo para acceder a la justicia?

Si la Corte los reconoce como grupo étnico y sostiene su jurisprudencia sobre este tema, todo el proceso del Incoder se caería por la falta de una consulta previa. Sería uno más que se frustra por este motivo.