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Domingo Marzo 29, 2020

 

 

 

La Cámara de Representantes aprobó el 'Estatuto de Seguridad Ciudadana' y ya solo le falta la conciliación con el Senado. Se aprobó en tiempo récord, sin embargo, más que un verdadero estatuto que refleje una política de seguridad ciudadana, es una colcha de retazos.

 

El texto aprobado hasta ahora refleja lo que el presidente Juan Manuel Santos dijo cuando lo presentó: es un "garrote para castigar a quienes violan la Ley". Lo hace a través de la creación de nuevos delitos, del incremento de las penas de otros, o de reformas puntuales al procedimiento penal. Parecen cambios más dirigidos a ajustar y mejorar una política, que a sentar las bases de la actividad del Estado en un tema tan urgente para el país como la seguridad urbana. La verdadera política aún está siendo cocinada por el Alto Consejero Francisco Lloreda.

Estos son los puntos claves de la ley de seguridad:
 

1.    Ley de seguridad sin política de seguridad

El Gobierno radicó ante el Congreso su proyecto de 'Estatuto de Seguridad Ciudadana' menos de dos meses después de la posesión de Santos. Y lo hizo en medio de una creciente sensación de inseguridad, que ha ido aumentando desde ese entonces. Esto llevó al gobierno a recopilar las propuestas puntuales de diferentes entidades, como el Ministerio del Interior y de Justicia, la Policía y la Fiscalía, en una ley. De esa manera envió dos mensajes: uno de mano dura y preocupación por la seguridad, dirigido a la sociedad en general, y otro de interés y compromiso frente a los actores del sistema penal.

Con el paso del tiempo y el aumento de la preocupación por algunos temas específicos, el proyecto se reforzó con respuestas puntuales a otros problemas: el hurto de celulares, la prevalencia de menores delicuentes, los problemas de violencia en el fútbol. Y en eso se concentró en gran medida el debate en el Congreso y fuera de él. Con esta utilización del proyecto como una cesta para hacer mercado se notó aún más la falta de una visión de conjunto.

Hugo Acero, experto en seguridad, dijo a La Silla Vacía que "esto no es un estatuto, es una serie de reformas necesarias". Y otra experta, la directora de la Fundación Ideas par la Paz, María Victoria Llorente, tiene una percepción similar pero más crítica: "esto es una perversión de la idea de un estatuto de seguridad ciudadana".

Lo que piden los expertos es que se entienda la seguridad más allá de lo criminal. Por ejemplo, echan de menos una política que incorpore elementos de prevención del delito distintos a la disuasión que puedan ejercer penas elevadas. También sienten que hace falta una política más fuerte de resocialización; como se pregunta Llorente: "¿Qué vamos a hacer con los jóvenes que hayan cometido un delito para evitar que reincidan?". Aunque el proyecto prevé que los Proyectos Educativos Institucionales de todas las escuelas y colegios incluyan políticas para prevenir situaciones que se entienden como factores de violencia entre los jóvenes, como el consumo de sustancias psicoactivas, esta es una excepción.

Acero subraya otro problema: de nada sirve aumentar las penas y crear nuevos delitos si esas leyes no se cumplen. Y pone el ejemplo del secuestro. Aunque hace algunos años se incrementó la pena a 60 años, afirma que hasta la fecha ningún secuestrador ha sido castigado con esos años de cárcel. Y es que se ha convertido en tradición que, ante el aumento de un delito, la respuesta del Estado es subir las penas, como fue el caso de la venta de autopartes robadas hace unos años.

Por eso algunos críticos, como la representante a la Cámara Ángela María Robledo, afirman que la única coherencia que le ven al proyecto es que busca penalizarlo todo y prolongar la estadía de los delincuentes en las cárceles. "Sigue la línea del populismo punitivo", dice Llorente. 

El asesor de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, Andrés Villamizar, responde a esta crítica con dos argumentos. Primero, que aunque en este momento no existe un documento formal de política, el Estatuto sí está alineado con una visión general, que se presentará en las próximas semanas. Por eso el proyecto fue revisado por el Consejo Nacional de Política Criminal, donde se sientan todos los actores institucionales que se encargan del tema, y fue especialmente consultado con el Alto Consejero Francisco Lloreda, que fue nombrado cuando el proyecto ya estaba en el legislativo. "La urgencia de la situación no daba espera", dijo Villamizar.

El otro argumento del gobierno es que con esta norma se dan a jueces, fiscales y policías las herramientas que estaban exigiendo. Con eso, como cuando el ex presidente Uribe consiguió los helicópteros y el aumento de pie de fuerza que exigían los militares, se le acaban los pretextos a esas entidades. Para Villamizar, con eso se asegura que la sociedad podrá pedirle cuentas a quiene están encargados de su seguridad.

2.    Cárceles más llenas

Si se llegan a aplicar las normas del Estatuto, van a tener un efecto directo en las cárceles del país. Con más delitos, incluyendo prácticas como disparar al aire u obstruir las vías públicas, habrá más candidatos a terminar entre rejas. Además, la ley reduce las posibilidades de que un condenado obtenga la libertad provisional y aumenta las penas de varios delitos, con lo que dejan de ser excarcelables. El objetivo claro es mantener a más personas en las prisiones.

Esto implica un mayor gasto para el Estado. Más presos quiere decir más personas para alimentar y más guardias para cuidarlos. Además, las cifras de hacinamiento se han incrementado en los últimos meses, como aceptó la Corte Constitucional, por lo que seguramente se requerirá la construcción de más cárceles.

Por eso, el proyecto de reforma al Código Penitenciario y Carcelario que presentó el gobierno hace algunas semanas es un complemento fundamental para un Estatuto que tiende a que haya más gente en las cárceles.

3.   En busca de una justicia más eficiente

Buena parte del proyecto busca crear una justicia penal más eficiente: amplía los términos para que los fiscales acusen y preparen audiencias en los procesos que lleven, busca agilizar el proceso de extinción del dominio con unidades especiales en la Fiscalía y menos incidentes en el proceso, permite allanamientos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, le da una mayor vigencia a las órdenes de captura y de interceptación de comunicaciones.

Estas medidas, que reflejan la preocupación de jueces y fiscales, se suman a las facultades extraordinarias para que el Gobierno amplíe la planta de la Fiscalía. Aparte de los puestos que se pueden crear, es una medida razonable en una ley que crea más delitos y, por lo tanto, más trabajo para la Fiscalía.

También busca mejorar los sistemas de información en varias circunstancias, como la libertad condicional.

Lo que falta en este capítulo es más herramientas de investigación. La estructura de la Fiscalía, por ejemplo, no se modifica, ni se menciona el fortalecimiento del CTI. Aunque algunas normas como la mayor protección de testigos pueden resultar útiles, esta es otra de las áreas donde se nota un énfasis mayor del Estatuto en la creación de delitos y el aumento de penas y menos en cambiar estructuralmente el sistema para hacerlo más eficaz.

         4.   La preocupación por los adolescentes

Uno de los asuntos que más se ha discutido en el Estatuto es el de los menores infractores. Este fue uno de los temas que se modificaron en la plenaria de la Cámara, pues se enfrentaron dos visiones contrapuestas: la más dura, que buscaba penalizar más fuertemente a los adolescentes, como si fueran adultos o casi; y una más proteccionista, que buscaba preservar sus derechos como menores de edad.

Finalmente no se aumentaron las penas para los delitos de alto impacto (secuestro, homicidio) que cometan los menores de edad, pero sí se aseguró que no van a quedar libres por el simple hecho de cumplir 21 años. Y en esto se alinearon políticos de todos los partidos, desde Germán Navas Talero, del Polo, hasta Miguel Gómez, de La U, detrás del liderazgo de Ángela María Robledo. Y esto fue, como dice Robledo, "un gana-gana" para todos, incluyendo al Gobierno.

Además, el Estatuto crea un delito que es convencer o forzar a un menor a que cometa un delito. De esta manera sí se endurecen las normas criminales cuando los menores cometen delitos, pero sin que sean los adolescentes los que terminen más tiempo en la cárcel.

Además, quedó planteada la tarea de definir una política penal para los adolescentes. Se creó una comisión de seguimiento con congresistas, Icbf,  Fiscalía, Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura, Policía y Ministerio del Interior para evaluar integralmente esa política. Con eso, quedan abiertas las puertas para que se cree, por lo menos en este punto, una política más integral.

          5.    Los problemas que se podrían solucionar

El Estatuto le da más dientes al Estado. Como dice uno de sus ponentes en la Cámara, el representante Verde Alfonso Prada, "modernizamos la legislación penal para poder combatir las nuevas modalidades con las que el crimen organizado está asediando las ciudades". Y eso se manifiesta en varios delitos.

El primero es el de conformación de bandas criminales, que haría más sencillo condenar a quienes forman parte de organizaciones criminales. No exige, como el concierto para delinquir, que la Fiscalía demuestre que la persona se reunió con otras para realizar dos o más delitos, sino que el solo hecho de pertenecer a una pandilla que comete crímenes es un delito.

Otro avance está en el aumento de las penas por el porte ilegal de armas, que lleva a que deje de ser un delito excarcelable. Además, se amplía este delito a llevar partes de armas, lo que tapa un hueco que utilizan las bandas delincuenciales para evitar problemas: transportan las armas en piezas repartidas entre varios miembros, o en diferentes viajes, y evitan la sanción. A estas medidas de desarme se suma la creación de un seguro obligatorio, como el SOAT de los carros, para quienes tengan un permiso de porte de armas, la creación de un registro nacional de armas de fuego, y la definición de un delito para quienes disparen al aire.

Un punto que ha pasado relativamente desapercibido es uno de los compromisos del gobierno de Santos con Obama como condición para que el Congreso de Estados Unidos apruebe el Tratado de Libre Comercio: el delito de tomar represalias por huelgas o impedir el surgimiento de sindicatos pasa de estar sancionado con multa a tener cárcel de entre uno y cinco años, lo que podría fortalecer o por lo menos, darle mayores garantías al sindicalismo.

Aunque por otro lado, también convierte en delito la ocupación de vías públicas. Es decir, se podrán hacer huelgas pero no salir a protestar a las calles salvo que tengan un permiso previo. La intención, según el asesor de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, Andrés Villamizar, es disuadir ese tipo de protestas, conviertiendo en delito su realización cuando atenten contra la vida, la salud o el derecho al trabajo. Así, por este delito podrían ser condenados los auxiliadores de la guerrilla que reparten volantes para presionar un paro armado o los transportadores que bloquean las carreteras.

 

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Vie, 2011-06-03 11:26

Pues me parece que en parte es necesario el aumento de penas, esto con el fin de evitar que delincuentes se safen de responder por los delitos cometidos, es que como es posible que una persona que reincide no una ni dos, sino un sinnúmero de veces en el mismo delito salga como si nada después de ser capturado, era necesario el aumento de penas en varios delitos, así como la creación de nuevos. Sin embargo es de anotar que no solo con aumento de penas se soluciona la grave problemática de la seguridad, hay que ver también los temas de resocialización, para evitar la reincidencia de quienes cumplen sus penas privativas de la libertad, así como la calidad y acceso a la educación publica, la generación de empleo estable y bien remunerado, la calidad en la prestación de los servicios de salud, al igual que la cobertura de los mismos. Más policía y mayores penas no son iguales a mayor seguridad, nunca lo ha sido y nunca lo sera.

Vie, 2011-06-03 09:43

Se crean leyes y leyes para someter no a los delincuentes sino a los quienes creen y respetan las instituciones y las leyes.
El problema es la corrupción que hay en las instituciones que supuestamente tiene el deber de hacer justicia.

Mié, 2011-06-01 13:54

Colombia es un país de policías (uribe incrementó el pie de fuerza dejando a la salud y educación con menos partidas o dinero) y ladrones (de cuello blanco y de pistola, que según parece son lo mismo los unos o los otros) y de leyes y de trampa, porque aquí impera la injusticia y la cultura, porque ya es una cultura de : "HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA", o de......"LA JUSTICIA SE HIZO PARA VIOLARLA"; y como hay leyes y leyes para todo, entonces hay trampa y trampa para todo; y quien dió y sigue dando ejemplo de que es así, fué o es...... uribe y sus dos gobiernos sucesivos y su sucesor "nonc-sanctos", que por más que quieran hacernos creer que son gobiernos diferentes; lo que se está viendo es la tarea de "limpieza" de espaldas de su jefe uribe, que está llevando acabo y a pie juntillas, "nonc-sanctos", Y el pueblo engañado y expoliado.

Mié, 2011-06-01 05:04

Ya es histórico el que los distintos gobiernos en Colombia conciban la seguridad, reducida a la represión del delito y al aumento de las penas en el papel. En 1.978, a pocos días de haber tomado tomado posesión, el Presidente JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, mediante el Decreto 1923, en el marco del permanente y crónico Estado de Sitio, dictó lo que igualmente se llamó ESTATUTO DE SEGURIDAD que originó una cacería de brujas y la institucionalización de la tortura. Fue desde entonces cuando en el país se empezó a hablar del tema de los DERECHOS HUMANOS en Foros y en otros eventos.

Sin duda, el derecho debe fundamentarse en las situaciones de hecho. Subyace, probablemente, en la visión de quienes elaboraron la norma, a juzgar por la síntesis expuesta por JUAN ESTEBAN LEWIN, la concepción de que las conductas como que no guardan relación con las complejas situaciones socioculturales ni obedecen a causas económicas y éticas, sino a las meras desviaciones intencionales del individuo.

Mié, 2011-06-01 14:15

El ESTAUTO DE SEGURIDAD que se dictó en 1.978 fue antes de que se conociera el robo a las armas del Cantón norte de Usaquén que ocurrió a principios de 1.979. El Gobierno consideraba delincuentes a los miembros del M-19 y de hecho, sus acciones armadas, por supuesto tenían que estar inscritas en la ilegalidad. Eran delitos.

El asunto nuclear que se recoge en el contenido digital sintetizado por JUAN ESTEBAN es la falta de integralidad en la estructuración de las políticas de seguridad. Para el caso histórico en mención la no integralidad del ESTATUTO DE SEGURIDAD estuvo dada por no tener en cuenta la dimensión política del conflicto, como para haber propuesto una Asamblea Constituyente que sí se eligió en 1.990. Se redujo igualmente la política de seguridad a la represión del delito con jueces militares y todo porque vivíamos un estado de excepción.

Tanto ayer como hoy, aunque en momentos históricos distintos, faltó la visión de integralidad que se necesita en la seguridad.

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