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En el marco de un Consejo de Seguridad realizado con el alcalde de Bogotá, el Presidente Juan Manuel Santos anunció que su gobierno prohibiría el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional durante el año 2016. La noticia tuvo un despliegue más bien marginal. Los editores ni siquiera la consideraron la noticia más importante del evento, pero se trataba de un hecho de enorme importancia.

Se trata de suspender los salvoconductos para portar armas legales, una medida a la que se han opuesto sistemáticamente desde hace más de veinte años las fuerzas militares y que la policía ha propuesto que se adopte en forma permanente como se hizo ahora. No encontré ninguna opinión de los comandantes de las fuerzas militares o del ejército, pero seguramente de dientes para adentro no estarán de acuerdo con la decisión adoptada por Santos.

Algunas personas, en cambio, sí se manifestaron en contra. El Alcalde de Barranquilla lo había hecho anticipadamente el día anterior en medio de una controversia sobre el tema con el Gobernador del Atlántico. Verano anunció que restringiría el porte de armas en el Departamento para los días del Carnaval y el alcalde había repetido la tesis, que repiten los opositores al desarme desde hace décadas: “no se puede desarmar a la gente de bien, que usa las armas para defenderse”. La pelea que hace varios años sostuvieron los mismos protagonistas, por el mismo tema, cuando los dos ocupaban los mismos cargos que ahora la resolvió Santos en favor de Verano.

Algunos estudiosos dirán que el efecto de prohibir el porte de las armas legales será marginal en el número total de homicidios, porque la mayoría de los asesinatos ocurren con armas ilegales, lo cual es parcialmente cierto, a pesar de lo cual la decisión tendrá un impacto –cualquiera que él sea- en el número de muertes violentas, facilitará el control sobre las armas ilegales, significa un desestimulo a la compra de armas y un mensaje claro de que los ciudadanos no se auto defienden sino que los defiende el Estado.

El Alcalde Mockus, en 1995 en Bogotá, prohibió el porte de armas y logró mantener la restricción durante casi todo su primer período de gobierno hasta que el Consejo de Estado la anuló. Durante ese período hubo una reducción significativa en los homicidios en la ciudad. Hubo estudios que trataban de demostrar que esa no había sido la causa de la reducción, pero coincidió, así como coincide cada vez que se adopta esa misma medida durante fines de semana como en los días de elecciones, así como coincidió con la importante reducción de homicidios en Medellín el año pasado, justo cuando en esa ciudad hubo restricción al porte durante casi todo el 2015, y los ejemplos podrían continuar.

La sola discusión es un poco absurda, el supuesto es una obviedad: si hay más armas en circulación la posibilidad de que ocurran muertes ocasionadas por esas armas es mayor. Hay investigaciones que demuestran que la posibilidad de que un hurto termine en homicidio es mucho mayor si la víctima está armada e intenta defenderse. Es decir que el arma no solo no le sirve para protegerse y evitar el hurto sino que lo pone en serio riesgo de muerte.

El Gobierno de Santos se había mostrado proclive a la restricción al porte de armas e incluso había anunciado la presentación de un proyecto de ley, pero después decidió hacerlo por vía de decreto como lo hizo el fin de año anterior y como permitió que se hiciera en Medellín y otras ciudades durante 2015 e incluso en Bogotá en largos períodos durante el Gobierno de Petro. El Congreso ha sido reacio a adoptar esa medida e incluso dejó en el olvido un proyecto de iniciativa ciudadana que se presentó con tres millones de firmas en la época en la que Lucho Garzón era Alcalde, tal como lo contó La Silla en 2012.

Claro que esta medida no es la única que hay que adoptar pero facilita enormemente la labor de los alcaldes, quienes tendrán ahora la oportunidad, también como consecuencia de la “dejación de armas” que harán las Farc próximamente, de promover campañas de desarme voluntario de pandillas en zonas marginadas de ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Cartagena y municipios como Puerto Tejada para citar un ejemplo.

En 1993 en Colombia se adoptó una decisión histórica. Se modificó la legislación y se declaró que las armas, aún las legales, no era de propiedad de los particulares y que por tanto lo que el Estado le concedía a quien la compra en Indumil, empresa estatal fabricante de armas, era un permiso de tenencia que se podía suspender o terminar en cualquier momento.

Una decisión similar es la que quisiera poder adoptar el Presidente Obama en los Estados Unidos donde el debate sobre el derecho de los ciudadanos a “defenderse” con un arma es muy álgido políticamente. Por eso quizás en los medios colombianos las lágrimas del Presidente estadounidense cuando reclamaba la modificación de la legislación sobre el tema ante el Congreso de ese país recibieron una despliegue significativamente mayor al anuncio de Santos.

Los asesores de comunicaciones del gobierno colombiano hubiesen podido sugerirle al Presidente que recordara alguno de los cientos de casos dramáticos de muertes de niños ocasionadas con armas legales en de una riña, o en la celebración de un gol o el anuncio de un año nuevo. Ahí le hubieran podido sugerir que se le quebrara la voz e hiciera el ademan de secar un par de lágrimas, como lo hizo Obama al recordar uno de los impresionantes tiroteos que ocurren en cualquier lugar de los Estados Unidos y que dejan decenas de muertes.

Ese par de lágrimas le hubieran dado al anuncio de prohibición permanente de armas la dimensión que tiene y que los medios no le dieron y hubieran remarcado las diferencias entre Char y Obama.