Gonzálo Arango es el presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, una asociación de carácter civil creada hace 20 años y que reúne a más de cinco mil profesores de las universidades públicas. Fotos: Sara Rojas

Nadie está tan cerca de la educación como los profesores universitarios y, sin embargo, en toda la discusión de la reforma educativa que está preparando el Gobierno su voz ha sido poco escuchada. Gonzálo Arango es el presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, una asociación de carácter civil creada hace 20 años y que reúne a más de cinco mil profesores de las universidades públicas. La Silla Vacía lo entrevistó sobre la reforma educativa que seguramente saldrá del ‘congelador’ ahora que la Ministra María Fernanda Campo reasuma sus funciones.

La Silla Vacía: ¿Qué opina de la reforma presentada por la Ministra?

Gonzalo Arango:  La reforma pretende afinar una serie de mecanismos para llevar a cabo una política que está en marcha desde que se expidió la Ley 30 de 1992. No hay cambios excepcionales salvo la incorporación de las universidades con ánimo de lucro y la posibilidad de que inversionistas privados entren a financiar proyectos distintos a los de investigación en desarrollo en las universidades públicas.

¿No financian ya las empresas proyectos de las universidades públicas?

Ya hay donaciones y también proyectos de investigación conjuntos entre universidades y empresas. La diferencia es que esta reforma amplía la participación de la empresa privada a otro tipo de proyectos. Por ejemplo, pueden ofrecer proyectos de formación –como maestrías- en donde el inversionista pone plata. La mayoría de programas de posgrados de las universidades públicas ya están privatizados, los llaman cofinanciados. Esto serían inversiones con fines de lucro.

¿Eso es negativo?

Los programas que ofrecen las instituciones educativas se convierten en mercancías. Esto en el contexto del TLC y del desarrollo de una nueva industria en el mundo que denominan “industria educativa”.

La reforma busca estimular inversiones fuertes del sector financiero en educación, bien sea sobre la base de conformar grandes universidades que actúan en varios países o bien sea a través de programas semi-presenciales o virtuales cuya calidad es supremamente frágil. Hay documentos que ilustran el desempeño de esto en el mundo, en Brasil, en México. Hay un rezago en Colombia de entrar en esa ola y la reforma abre esa posibilidad.

¿No podría mejorar la calidad de la educación que las entidades financieras entren a invertir en los programas universitarios?

El interés que motiva la operación es conseguir unos beneficios económicos, obtener unas utilidades y las utilidades se obtienen manejando una estructura de costos y un margen de utilidad. Las ofertas pueden ser de diversa calidad dependiendo de la capacidad de compra del que la vaya a obtener. No es sinónimo de calidad que haya inversión privada.

No es sinónimo de mala calidad tampoco, ¿o sí?

En otros países el segmento del mercado que estas universidades con ánimo de lucro han entrado a suplir es el de sectores pobres y de estrato medio de la población que no alcanzan a pagar una universidad privada de buena calidad o que no tienen el suficiente conocimiento para acceder a un cupo en una universidad pública. Entonces aparece un negocio que suple de titulación a un sector de la población que necesita esa credencial para funcionar, pero que no corresponde a unos niveles de excelencia. Mientras tanto, la universidad pública ha sido sometida a un proceso muy fuerte de desfinanciación.

¿Cómo se refleja esa desfinanciación?

Entre 1992 y 2008, las universidades públicas dejaron de recibir un 36 por ciento de los ingresos que antes les entregaba el gobierno. El 86 por ciento de los recursos eran del Estado, hoy en día sólo reciben el 50 por ciento. Si lo miramos por pesos por estudiante/año, se pasó de 5,7 millones de pesos por estudiante/año a 3,6 millones de pesos por estudiante/ año en promedio.

Toda esa política de presionar para que las universidades fueran ‘eficientes’ ha llevado a un deterioro de las condiciones materiales de trabajo académico que han conducido a una precarización en todos los órdenes.

¿En cuáles?

Hay hacinamiento en la mayoría de universidades en sus laboratorios y talleres; más o menos el 25 por ciento de los profesores en las universidades públicas son profesores de planta, el resto está por contratación temporal. La asignación de la hora académica se ha incrementado, tienen entre 24 y 25 horas/aula a la semana, y entonces la actualización va desapareciendo. La remuneración de estos profesores es muy precaria lo que significa que tienen que trabajar en otras instituciones.

¿Cuánto gana un profesor de universidad pública?

Tenemos un régimen salarial y profesional que se aprobó en 1994. El salario promedio de un profesor de planta universitario es de 3’600.000 en promedio. Pero el salario de enganche es del orden de 1’800.000 o dos millones de pesos. Estos profesores remunerados a destajo, que les pagan por horas, o solo por el período académico, ganan por mucho 2’400.000 pesos. Una hora vale 30 mil pesos. Te pagan 36 semanas de un año que tiene 52 semanas. El conocimiento incorporado en las personas no vale nada. Por eso decimos que es un ‘pobresor’ universitario

¿Cuál es la propuesta de reforma educativa de los profesores?

Creemos que se debe hacer una reforma y que debe partir de hacer una evaluación crítica de los impactos que tuvo la Ley 30. Debe haber un proceso de recuperación de la universidad, una política orientada a que el 80 por ciento de los profesores sean de planta y un 20 por ciento para contratación temporal y que el criterio no sea que sean más baratos sino que estén vinculados a la industria.

¿Fracasó la Ley 30?

La Ley 30 monta un sistema de educación apoyado en los cambios de la Constitucion del 91. Es un sistema de financiación orientado hacia la demanda, de tal manera que el Estado no le da recursos a las universidades sino al estudiante que supuestamente define racionalmente a qué universidad le compra el programa de formación. Las universidades compiten con mejores ofertas y menores costos. Los estudiantes escogen y al final, solo las universidades que tengan buenas ofertas van a sobrevivir y las otras a morir por falta de estudiantes. Así debía funcionar teóricamente.

¿En la práctica no ha funcionado así?

Esas condiciones ideales no funcionan sino en el mundo ideal. Porque el estudiante que va a hacer una Ingenieria Eléctrica y está en un barrio pobre de Pereira no sueña con venir a Bogotá. El estudiante que sueña con una universidad pública no puede llegar porque tiene una educación media muy precaria y no tiene los niveles deseados…

¿Cómo fue la participación de los profesores en la elaboración de la reforma educativa de este gobierno?

Los profesores no fuimos consultados ni tampoco los rectores. Es una legislación tomada de formatos que ya existen en otros países. No hay ninguna racionalidad lógica, se busca imponer un modelo. Ese proyecto se construyó en el mayor secretismo. He consultado con profesores, con funcionarios del Ministerio y me dicen que parece que ni siquiera se elaboró en las oficinas del Ministerio.

La Ministra dijo que es un proyecto para socializar…

Lo que hay es una estrategia de mercadeo del proyecto donde podrán aceptar algunas modificaciones secundarias, cosméticas, de cosas que no afecten el fondo de la propuesta, que es entrar a la era de lo que han denominado ‘la industria educativa global’, empujada por lo que llaman los técnicos la ‘revolución privada’.

Aparece una industria educativa mundial estimulada por sectores del dinero privado aplicados al ‘negocio’ de la educación. Es un mercado supremamente atractivo y grande desde el punto de vista del crédito. Una matrícula promedio es de 4 millones al semestre, y mil estudiantes en una universidad ya son 8 mil millones al año.

¿Cree que en el deterioro de la educación le cabe cierta responsabilidad al profesorado que es tan reticente a ser evaluado?

Los profesores universitarios de carrera estamos siendo sometidos permanentemente a evaluación. Comenzando porque nuestro ingreso a la universidad se da por un concurso. Cuando uno empieza el trabajo docente, el primer año es de prueba y al terminar ese período de prueba hay otra evaluación que determina si el profesor entra al escalafón y a la carrera docente o no lo aprueba y sale. Una vez entra al escalafón hay evaluaciones semestrales, que hacen los estudiantes, los pares académicos, los jefes.

Estas evaluaciones tienen como propósito asignar unos estímulos económicos proporcionales a la evaluación. Cada vez que el profesor cumple un período de tiempo para poder ascender de una categoría a otra, debe someterse a una evaluación específica. ¡No hay un oficio que tenga mas evaluaciones que el de un profesor universitario!

Sobre lo que sí hemos abierto un debate es sobre si esa evaluación debe hacerse desde el punto de vista punitivo o para tomar medidas correctivas. Después de que uno entra por concurso, lo evalúan en el período de prueba. Ya lo que ocurra de ahí en adelante lo debemos resolver sobre una evaluación que identifique falencias y que tenga programas que le ayuden al profesor a superarlas.

¿Cree que esta reforma, a pesar de sus dolencias, ayuda a mejorar la educación?

No, por una razón: lo único que podría ayudar a mejorar la educación sería una fuerte inversión estatal. Es que la educación de calidad es un bien muy costoso, que requiere de inversiones cuantiosas y pacientes cuya recuperación se da en el muy largo plazo. La educación tiene una característica muy singular: la apropiación de la educación es individual pero el impacto de una persona mejor educada es social.

Lo que hace este modelo es poner el énfasis en que la apropiación es individual y que por lo tanto el que recibe la educación recibirá mejor remuneración y puede pagar después. Por eso, fortalece el Icetex.

La inversión en las universidades en los próximos cuatro años sería de 410 mil millones de pesos. Y para crédito, 710 mil millones de pesos. Los rectores dicen que hay una desfinanciación de las universidades públicas de 700 mil millones de pesos. Es lo que las universidades están reclamando para ponerse a tono con un desbalance histórico.

¿A qué se debe ese desbalance?

El estudio de los rectores de 2009 dice que se requiere que el gobierno les entregue 470 mil millones de pesos y que para que el problema no se siga presentando se requiere que los recursos que se asignan a las universidades año tras año aumenten en 9 puntos porcentuales. La fórmula de la Ley 30 es que se mantiene el presupuesto del año anterior con el IPC. ¿Qué dice el Gobierno? Les doy el primer año el 1 por ciento de incremento adicional al IPC, el segundo año el 2 por ciento y en los años siguientes el 3 por ciento. Va a estar en todo caso seis puntos por debajo. Pero además deben usarse los recursos para ampliar cobertura según unas metas que establecen para esos años.

¿Qué tantas posibilidades tienen los profesores de actualizarse?

Cada vez son menos e implican un gran sacrificio personal porque está ligado al presupuesto personal o si hay políticas de actualización en la universidad están sometidas a concurso y son reducidos los cupos. Lo otro es que esta misma precarización en la remuneración hace que el profesor tenga que autoexplotarse con trabajos adicionales a la universidad. Los tiempos y las posibilidades de actualizarse son muy reducidas.

Quienes estamos en esto somos ávidos de conocimiento y uno ve unos profesores que trabajan en varias universidades 30 ó 40 horas/aula. Y trabajan los sábados en programas a distancia, viajan a los municipios sábados y domingos. Además de la avidez por el conocimiento está el incentivo económico, en la medida en que acreditas mayores niveles de formación recibes remuneración adicional.

Esta precarización en la remuneración ligada a la presión para que las instituciones obtengan recursos propios a través de consultorías, asesorías, diplomados, ha generado toda una tendencia a la formación de microempresas académicas. Se unen unos profresores, se inventan un diplomado, salen y lo mercadean y eso les permite tener una remuneración adicional.

¿Qué es lo que están planteando los profesores frente a la reforma?

La conformación de un gran frente social y político que presione para que esa reforma se deje de lado y se busque un consenso con las comunidades académicas para que consulte tanto la realidad de la educación superior como las necesidades que tiene el país en esa materia.

Lo positivo de esta reforma es que se han puesto en discusión temas que estaban olvidados como la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la financiación estatal para la educación, el mismo tema de la educación como derecho vs. la educación como mercancía. Esto es saludable. En las universidades se citan foros, se está escribiendo mucho.

¿Qué opina de la ministra?

El perfil de la Ministra obedece a la naturaleza de la reforma que se iba a plantear. El Estado se retira y se vuelve un problema comercial: ¿cómo se regula el mercado de la educación dentro de una política de apertura y globalización?