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Lunes Octubre 14, 2019

 

Esta semana finalmente el presidente de Estados Unidos Barack Obama presentó el Tratado de Libre Comercio al Congreso de su país. Y el próximo viernes se cumplen seis meses del Plan de Acción sobre Derechos Humanos que Juan Manuel Santos se comprometió a cumplir para proteger al sector sindical colombiano y así destrabar el TLC. Para ese mismo viernes, las tres centrales sindicales del país -la CUT, CGT y CTC- convocaron un paro porque consideran que varios puntos de este Plan de Acción han sido incumplidos, o no son suficientes para proteger al sector sindical. 

La Silla Vacía revisó los puntos a los que se comprometió el presidente Santos con los sindicatos en estos seis meses. Estos son los cambios que ha realizado el Gobierno por medio de decretos y resoluciones y lo que los sindicalistas ven que le falta a las últimas reformas.

¿Cumplió o no cumplió?
 
El Gobierno de Estados Unidos pidió a Santos que el Gobierno colombiano contratara a 100 nuevos inspectores laborales. El Ministerio de Protección social tenía que expedir un decreto en abril 22 del 2011 para abrir estos nuevos cupos y tendrá hasta diciembre para contratar y entrenar a estos inspectores.
El Gobierno sí expidió el decreto en esa fecha (el 1228 del 2011) para crear los 100 cargos en el Ministerio de Protección Social. El Ministro Mauricio Santa María dijo a La Silla Vacía que ya van 20 inspectores contratados, que a finales de este mes se contratarán 30 más y que los 50 restantes serán contratados en noviembre. 
El problema es que estos funcionarios deben entrar por carrera, y la Escuela Nacional Sindical dijo a La Silla que no ha habido una convocatoria pública para contratarlos en la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Silla Vacía no pudo encontrar la convocatoria en la página web del Servicio Civil.
 
El Gobierno de Estados Unidos pidió al Gobierno de Santos que, en abril 22, pusiera al servicio de los trabajadores una línea telefónica y un enlace en la página del Ministerio del Protección para que los ciudadanos pudieran denunciar directamente violaciones laborales, protegiendo la identidad de los trabajadores. 
NO
Aunque sí existe el enlace web y la línea telefónica, el sistema aún no está funcionando a cabalidad. “Yo he llamado varias veces y no contestan. Y en la página web dejaron el espacio de ‘contáctenos’ que tampoco responde”, dijo a La Silla Vacía un abogado de la CUT. La Silla Vacía intentó llamar a la línea telefónica para verificar esta información y tampoco obtuvo respuesta para hacer una denuncia.
 
Antes de junio del 2011, el Gobierno colombiano tenía que aprobar en el Congreso una reforma al Código Penal en el que se establecen penas a los empleadores que obstruyan el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar. El nuevo artículo en el Código Penal debía penalizar esta conducta con hasta cinco años. 
La reforma al Código Penal se aprobó en el Congreso el 25 de junio y en su artículo 26 establece que habrá penas, no de cinco años, pero sí de 1 a 2 años y multa de 100 a 200 salarios mínimos para el que impida una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivos de huelga, reunión o asociación legímitas.  

"La violación a la libertad sindical se encontraba establecida como delito hace más
de 10 años en el Código Penal", dice el informe elaborado por la Escuela Sindical. Las centrales sindicales solo han visto que se aplique en dos ocasiones, ya que es de difícil aplicación por tratarse de un tipo penal abierto. Más que la penalización, las centrales sindicales piden que se regule el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se incluya entre las obligaciones de los empleadores la protección a la libertad sindical. 

 
El Gobierno de Estados Unidos le pidió a Santos que, antes del 15 de junio, expidiera un decreto regulando el artículo 63 de la Ley de Primer Empleo, que fue aprobada en diciembre del 2010. El artículo 63 establece que ninguna empresa pública o privada puede vincular a cooperativas para actividades misionales. Serán objeto de disolución las cooperativas que no cumplan con lo establecido. Y el servidor público que contrate  con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral de actividades misionales incurrirá en falta grave. 
El 8 de junio, el Gobierno expidió el decreto 2025 que regula el artículo 63 y que establece que serán penalizadas las instituciones o empresas que contraten procesos o actividades misionales permanentes con Cooperativas de Trabajo Asociado. El decreto establece multas que van de mil a cinco mil salarios mínimos y que estas se destinarán al servicio del Sena. También penaliza a la Cooperativas o instituciones cuando la vinculación del trabajador a la cooperativa no sea voluntaria, la cooperativa no tenga independencia financiera o los trabajadores asociados no participen de la toma de decisiones. 

De acuerdo al dueño de una empresa de servicios temporales consultada por La Silla Vacía, en los últimos 35 años el Gobierno solo había hecho dos controles a su institución. En cambio, desde que se expidió el decreto, ha tenido dos controles este año. Su impresión, es que el decreto sí está funcionando. 

El problema es que ya hay algunas Cooperativas tratando de hacerle el quite a la norma. La Escuela Nacional Sindical documentó cómo en los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, la tercerización para hacer estos trabajos misionales no ha terminado sino que las mismas cooperativas se convierten en SAS -Sociedades por Acciones Simplificadas- pero mantienen las mismas relaciones laborales que las anteriores cooperativas (ver estudio sobre puertos)

 
Para el miercoles 15 de junio, el Gobierno debía incluir, en el proyecto de ley que modifica el Código Penal, una disposición para establecer como crimen el uso de pactos colectivos para afectar el derecho de organizarse y negociar colectivamente (otorgando  a través de esos pactos mejores condiciones de trabajo a los trabajadores no sindicalizados). También debía arrancar una campaña para crear conciencia acerca de la ilegalidad de usar los pactos colectivos para debilitar las huelgas y las negociaciones sindicales mediante la extensión de mejores condiciones a trabajadores no sindicalizados.
Por ahora, en la reforma al Código Penal que fue expedida en junio, se establece una pena de prisión de uno a dos años para el que promueva pactos colectivos a los trabajadores no sindicalizados, con mejores condiciones a las convenidas con los trabajadores sindicalizados con la empresa.

Para los sindicalistas, la reforma al Código Penal no resuelve el problema de fondo. Aunque las penas arreglan el problema para los sindicatos que hoy en día compiten con los pactos colectivos, no arregla el problema para los trabajadores en instituciones que aún no se han podido sindicalizar. Para los sindicalistas, el pacto se mantiene como un desincentivo a la sindicalización. 

“La OIT ha pedido en varias ocasiones modificar esto y no se ha hecho”, dijo a La Silla Vacía uno de los abogados del sector sindical.

“En relación con la campaña y las acciones de inspección laboral para impedir el uso antisindical de los pactos colectivos,  el Gobierno informa acerca de un plan y un cronograma de visitas a las empresas que tienen pacto colectivo, pero no se informa de sanciones en este campo”, dice la investigación de la Escuela Sindical. 

 
El 15 de septiembre, el Gobierno colombiano debía hacer un requerimiento formal a la Oficina Internacional del Trabajo OIT para que le ayude a fortalecer la presencia de este organismo internacional en Colombia.
“La OIT no se ha fortalecido aún en el país, ni siquiera se ha nombrado aún delegado de la OIT para Colombia”, dijo a La Silla Vacía el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Tarsicio Mora.
La Silla Vacía cuando publicó el artículo no había podido confirmar que se hubiera hecho efectivamente una propuesta formal ante la OIT. Pero después de publicado, la Embajada de Colombia en Washington le envió el requerimiento formal que le hizo a la OIT.
 
El Gobierno sacará un decreto el 15 de junio reformando el comité que revisa los riesgos de seguridad de los sindicalistas. Este comité incluirá delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría.
El Gobierno sí expidió el 13 de septiebre el decreto 3375, que establece un Grupo de Valoración preliminar que estará a cargo de evaluar el nivel de riesgo de los sindicalistas. Anteriormente, esta evaluación preliminar la hacía la Policía Nacional. Ahora, además de la Policía, estará la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, un delegado de Acción Social, un representante de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del pueblo.

Aunque el sector sindical reconoce que este decreto puede mejorar la situación sindical, considera que no es suficiente. Durante la vigencia del Plan de Acción han sido asesinados 16 sindicalistas, según reporta la Escuela Nacional Sindical. Los sindicalistas reclaman que exista un programa que adopte un enfoque preventivo, por ejemplo utilizando la metodología del sistema de alertas tempranas a cargo de la Defensoría del pueblo, o que se construya un mapa de amenazas y riesgos que sufren las organizaciones sindicales. 

Y el nuevo Comité de Riesgo no ha funcionado aún como se esperaba. El director de la CUT Tarsicio Mora dijo a La Silla Vacía que a distintos líderes sindicales que están amenazados, la Policía les ha levantado sus esquemas de seguridad. "Ahora es más difícil acceder a protección", dijo Mora a La Silla Vacía. 

 
En el Gobierno de Uribe se expidió el decreto 545 del 2009, que habla de la creación de la Comisión Negociadora entre sindicatos y empresas, para resolver los conflictos laborales. El problema es que no se establecía un término y se determinaba que había temas que no podían discutirse en esta mesa como los salarios de los trabajadores, la estructura de las entidades o la estabilidad laboral. El Gobierno de Santos se comprometió en modificar este decreto. 
NO
El sector sindical y el Gobierno se sentaron  hace cuatro meses para hacer una reforma al decreto de Uribe que facilite la negociación colectiva. El nuevo decreto conciliado establece un término de cinco días para formar la Comisión Negociadora, cinco días para que arranque, 15 días para la negociación entre ambas partes (con la posibilidad de prorrogar 15 días) y se establece que si no se llega a un acuerdo, el conflicto pasa a un tribunal de arbitramiento. Este mecanismo iría acorde a los convenios 151 y 152 de la OIT, que Colombia ha ratificado pero se ha demorado en cumplir.

El problema es que el decreto, aunque ya fue negociado, no ha sido firmado. Para los sindicalistas, la razón principal es que el Gobierno considera que esto le daría mucho poder económico a los sindicalistas, sobre todo si en los tribunales terminan decidiéndose los salarios del servicio público. Un funcionario del Gobierno le confirmó a La Silla Vacía que el decreto está congelado en el Ministerio de Hacienda de común acuerdo con la Presidencia.

 
Para el 15 de julio, la Fiscalía General realizaría un análisis de los casos cerrados de homicidios de sindicalistas y activistas para sacar lecciones que puedan mejorar los protocolos para investigar de manera más eficiente futuros casos.
El estudio de la Fiscalía fue publicado ayer en la página oficial, se analizaron 354 sentencias entre 2000 y 2011 y se estableció que 53 por ciento de los crímenes contra sindicalistas fueron cometidos por las autodefensas. (ver informe) 

El problema es que este estudio no analiza la totalidad de los crímenes efectivamente ocurridos, sino sólo aquellos en los que los victimarios han sido judicializados.

“No está previsto y no existe evidencia de una voluntad de la Fiscalía para avanzar en el diálogo con el sindicalismo y las organizaciones de derechos humanos que conduzca a mejorar la metodología de investigación en los casos de en los casos de violencia contra personas sindicalizadas”, dice el informe de la Escuela Nacional Sindical, que critica cómo la Fiscalía no está abierta al diálogo para ampliar la lista de casos a investigar para que las investigaciones sean más profundas sobre las lógicas de la violencia ejercida contra sindicalistas. 

Pero además de los sindicalistas, el director de la organización de Derechos Humanos Humans Rights Watch también envió una carta el pasado lunes a la Fiscalía en la que -aunque reconoce los esfuerzos hechos para esclarecer los asesinatos a sindicalistas- pide a este organizmo judicial modificar su metolodogía de investigación para que la mayoría de los casos no queden en la impunidad. (ver carta).

 

 

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Juan Manuel Santos Calderón
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Lun, 2011-10-10 20:00

sin embargo, tanto cuento con el TLC y el mismisimo ministro de agricultura dice que el paìs no esta preparado para el mismo... entonces de que sirve tanto acuerdo y majadería si ni siquiera hay infraestructura para que nuestros campesinos puedan llevar sus cosechas a las ciudades o a los centros de acopio... seamos realistas ese acuerdo no beneficia sino a unos cuantos que están interesados en que el mismo se apruebe....amanecera y veremos (dijo un ciego).

Mié, 2011-10-05 14:10

Tipico acuerdo de tigre con burro amarrado, y para burros todos los que estamos en este país viendo impasibles como hacen lo que se les da la gana con nuestros recursos. Lo importante es que sigan pasando novelas y la telebasura de siempre, así me olvido de mis problemas jeje.

Mié, 2011-10-05 11:21

Excelente punto.

Mié, 2011-10-05 13:17

Carlos C y Jalule, yo creo que tienen razón en que es NO. Negociar un decreto es una parte fundamental pero si no lo firman y ejecutan pues no sirve de mucho. Es más No que sí y ya lo cambiamos. Gracias por hacernos caer en la cuenta de este punto.

Mié, 2011-10-05 23:04

Juanita, hola. ¿Cuáles cambiaron? Yo veo más Sí que No y si no recuerdo mal era un balance contrario. A menos de que haya entendido mal, por ejemplo, con lo de la OIT sería un 'no' sostenido, ¿eh? :P

Por otra parte, se viene un paro de corteros de caña. Sé que no dan abasto pero no sobraría una noticia previa al paro para poder poner al día a las personas sobre la marcha antes de que los satanicen por diestra y siniestra... y así ganar puntitos con la audiencia. :3

Jue, 2011-10-06 21:52

Lo de la OIT era no pero se volvió sí porque los de la Embajada en Washington dijeron que sí la habían mandado. Y el que tu dijiste del decreto que era si se volvió no.

Mié, 2011-10-05 09:30

LA CRISIS MUNDIAL ES POR FALTA DE EMPLEOS JUSTOS.
Empleo justo es = salarios justos prestaciones justas y estabilidad.
Los estados se han dedicado a repartir la pobreza, reduciendo los salarios justos, aumentando la edad para pensión, impidiendo el acceso a los servicios de salud, bajo el argumento de que esto es generar empleo.
Ese modelo está ahogando a los grandes industriales, quienes no pueden vender lo que producen porque quitan al mayor consumidor sus salarios justos, rompiendo la cadena.

Mié, 2011-10-05 09:21

La demora de la presentación del TLC al congreso de los Estados Unidos no es porque santos haya cumplido o no a los acuerdos que hizo con el presidente Obama, la demora a presentarlo y la oposición a estos tratados no son las que hacen las centrales de Colombia, la mayor oposición a la firma de estos tratados (Colombia, Panamá y Corea), es la que están ejerciendo los sindicatos y centrales obreras de los Estados Unidos, son ellos la clase trabajadora de los Estados Unidos, quienes previendo que estos tratados dejarían sin puestos a muchos norteamericanos, están desarrollando una serie de actividades en todos los estados en contra de que sean aprobados.

Mié, 2011-10-05 07:42

bill clinton reconoce que el libre comercio fue un error y un fracaso http://connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10341 colombia es el 6 pais mas desigual del mundo pero esta cerquita de haiti tal vez santos busque el quinto lugar con sus tlc.

Mié, 2011-10-05 13:19

Yo creo que tu crítica es un tilín injusta. Este artículo está totalmente dentro del formato del portal. Y lo que pasa es que Camila escribe sobre los temas más complejos como minería, medio ambiente, derechos humanos, que son muchas veces más importantes que los otros más políticos aunque no siempre tan emocionantes. Lo del error ya fue corregido y gracias por anotarlo.

Mié, 2011-10-05 05:35

El principio del fin de este país de embocadura agrícola, el TLC solo traerá miseria y mas violencia al duramente castigado campo,preparence si lo aprueban mas multinacionales como anglogold achanti ,robándose el agua, y muchos abusos mas, santos que tras pies tan grande cometerás, pero bueno el tiempo te juzgara, al fin y al cabo eres uribista,ese demonio que nos vendió el agua de la ciudad de Ibagué y el tolima,esa es la clase de políticos que tenemos, cero cerebro y muchas ambiciones personales.

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