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Miércoles Diciembre 02, 2020

La expansión minera ha sido la principal causa de reasentamiento para comunidades del Cesar y La Guajira, que no pueden mantenerse ya cuando sus casas colindan con las grandes empresas de carbón. 

La locomotora minera se parece en muy pocas cosas a una verdadera locomotora. Pero hay una en la que es idéntica: en algunas ocasiones cuando pasa por una comunidad, la gente tiene que darle paso e irse a vivir a otra parte.

En aquellos lugares donde se han adjudicado títulos mineros para posible explotación y hay comunidades viviendo en la tierra titulada, o al lado de donde se llevará a cabo la explotación, estas personas según el artículo 13 de la ley minera de 2001 -y su reforma en 2010- deben reasentarse. Y la razón es que la minería es una actividad de utilidad pública y la Constitución dice que los recursos del subsuelo le pertenecen a la Nación (y no sólo a las comunidades asentadas encima de ellos).

Se espera que con la explotación del carbón o el oro, las grandes mineras se conviertan en fuente de empleo y utilidades para el desarrollo. Pero si recibir los beneficios de la minería implica tener que mudar a pueblos enteros, para el país un debate nuevo está en el cómo hacerlo. Y llevarlo a cabo no es fácil. Pueblos del Cesar y La Guajira, donde están las principales minas de carbón, llevan años sufriendo el reasentamiento. 

Cúanto reasentar: expansión o contaminación
Pueblos como Tamaquito dos en la Guajira, o El Boquerón en el César, han arrancado un proceso de reasentamiento por la expansión minera de carbón en ambos departamentos.

“Nosotros nos dimos cuenta acá que lo que ha vivido La Guajira con el Cerrejón es casi lo mismo que nos está pasando con la Drummond”, dijo un líder del Cesar en un evento sobre reasentamiento realizado la semana pasada en la Facultad de Artes de la Universidad de Valledupar y organizado por Indepaz, Alert International y la Gobernación del César. Allí se reunieron líderes de caseríos de ambos departamentos que han tenido que reasentarse por dos razones: o porque todo lo que está alrededor suyo ya fue adjudicado a las mineras, o porque colindar con estas empresas terminó agravando el ambiente sano al que tienen derecho.

“El reasentamiento de Tamaquito no fue por impacto ambiental, sino porque terminamos desmejorando sus comunicaciones”, dijo a La Silla Vacía Jairo Vergara, gerente de responsabilidad social del Cerrejón. Tamaquito II es un pueblo Wayúu al norte de la mina de carbón y es el ejemplo perfecto de un pueblo que debe reasentarse por la expansión de una minera.

“La empresa arrancó comprando todo alrededor nuestro”, dijo a La Silla Jairo Fuentes Epiayú, Gobernador de Cabildo  del pueblo wayúu en Tamaquito II. “No podíamos acceder al río Ranchería para ir a pescar, porque era propiedad de la empresa. No podíamos acercarnos a los terrenos que dan hacia la Serranía del Perijá para cazar, porque también era propiedad de la empresa. Antes podíamos movernos de un lugar a otro sin problema, luego quedamos encerrados en 10 hectáreas, ya ni podíamos colgar nuestro chinchorro en cualquier parte, porque todo se volvió propiedad privada”. 

“Era muy difícil para nosotros aceptar un reasentamiento, porque en Tamaquito tenemos el ombligo enterrado, lo enterramos el día del nacimiento, todos sabemos dónde está enterrado nuestro ombligo y por eso para nosotros la tierra madre es sagrada”, dice Jairo. “Pero aceptamos el reasentamiento porque ya no podíamos producir nada, no había tierra”.

Además de que estos pueblos -en su mayoría de campesinos y pesqueros- perdieron la posibilidad de producir, la contaminación que produce el carbón es la segunda razón para que se tenga que dar el reasentamiento. Y de esto son buen ejemplo los pueblos del Cesar, donde la Vale Coal Ltda., la Drummond, Prodeco S. A. y la Sociedad Colombian Natural Resources explotan minas de carbón a cielo abierto.

“El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, consciente de la problemática ambiental existente en el área minera del departamento del Cesar, ha venido emitiendo una serie de actos administrativos cuya finalidad es la de reducir los niveles de contaminación atmosférica (...) no obstante en otras, estos niveles no han presentado modificaciones de importancia o se han incrementado”, dice la resolución 970 del Ministerio, emitida en mayo de 2010.

En 2009, el Ministerio de Ambiente pidió al Instituto Teconológico de Estudios Superiores de Monterrey que emitiera un concepto sobre la calidad del aire en pueblos que colindan con las mineras, como Plan Bonito, Boquerón y El Altillo. Y cuando el estudio reveló que la calidad del aire era ya invivible para estos -la contaminación era casi el doble de lo permitido por los estándares ambientales- el Ministerio emitió esta resolución exigiendo a las mineras el reasentamiento de estos tres pueblos.

“Terminamos perdiendo la vocación agrícola que teníamos, hasta los animales han muerto por el polvillo, o nacen con deformaciones. Yo tengo vocación agrícola, antes sembraba maíz, ñame y yuca. Pero ya no se puede por el carboncillo y la ciénaga ya no tiene el mismo caudal”, dijo a La Silla Flower Arias, líder de El Boquerón. Los habitantes de este pueblo tampoco querían el reasentamiento, pero ya que cultivar se volvió imposible y que las enfermedades a los pobladores y animales aumentaron, también están dispuestos ya  a mudarse. 

¿Reasentamiento u oportunidad?

Antes de exigir un reasentamiento -que es una medida extrema por su complejidad- se espera que las empresas lleven a cabo todas las medidas necesarias para garantizar un ambiente sano a las comunidades que colindan con la explotación. Es por eso que, en el caso de estos caseríos en el Cesar, desde 2006 el Ministerio de Ambiente expidió varias resoluciones a las mineras en las que les pedía que monitorearan la calidad del aire en los pueblos e intentaran mantener un nivel de contaminación que no perjudicara a estos caseríos. Pero en 2010 los niveles se dispararon y la reubicación era ya inevitable.

“El reasentamiento involuntario debe ser considerado como una oportunidad para mejorar los niveles de vida de las personas afectadas y se debe ejecutar con arreglo a esta premisa”, dice una guía de reasentamiento que formuló el Banco Mundial en 2002. “Lo fundamental es que el reasentamiento se convierta en una oportunidad para que la comunidad progrese”, dijo a La Silla Vacía un funcionario de las mineras en el Cesar.

La mayoría de estos pueblos en La Guajira y el Cesar son pobres, sus casas son de bahareque y casi nadie tiene títulos de propiedad sobre la tierra, ni acceso a servicios públicos como salud o educación. Lo que espera el Ministerio de Medio Ambiente para las comunidades del Cesar que deben reasentarse, o lo que promete el Cerrejón para las de la Guajira, es que el reasentamiento termine siendo la oportunidad para que las comunidades tengan una mejor calidad de vida de la que tenían: que tengan títulos, servicios, proyectos productivos y educación.

“Por ejemplo, nosotros planteamos un paquete de desarrollo social para la comunidad de Roche”, dijo Jairo Vergara, gerente de responsabilidad social del Cerrejón. Roche es un caserío al sur de la mina que, por razones ambientales, también está en proceso de reasentamiento.

“El reasentamiento no se trata sólo de dinero para la comunidad, sino de generar bienestar para las siguientes generaciones. Para Roche, el Cerrejón está dispuesto a pagar la educación de los niños cuando presenten el Icfes, ya hay dos personas a las que les estamos pagando la matricula universitaria en Barranquilla y Valledupar”.

Para el Gobierno, además, resulta menos costoso un reasentamiento que quitar la licencia ambiental a las empresas de carbón que ya se han vuelto un eslabón fundamental en la economía de estos departamentos.  Cerrejón es una minera de carbón con 69 mil hectáreas en la Guajira y es reconocida mundialmente como una de las minas más grandes a cielo abierto. De acuerdo a datos de la empresa, ellos generan hoy más de 9 mil 500 empleos directos y entre 30 y 50 mil indirectos. En 2010, Cerrejón dice que pagó 185 millones de dólares por regalías e invirtió 10 millones de dólares en programas de salud, educación e infraestructura.

Los tiempos para reasentar
En este mapa, la empresa minera El Cerrejón explota carbón en la zona azul, al sur de la Guajira. En verde, los cuatro pueblos en proceso de reasentamiento. (Haga click en la imagen para ver el mapa completo).

Pero si bien el reasentamiento puede verse como una oportunidad a largo plazo, lo que quedó claro en la reunión de Valledupar es que es mucho más complejo de lo que parece.

Un reasentamiento colectivo es largo y difícil en su trámite: hay que establecer qué predio es el mejor, qué material para construir, cómo distribuir casas y tierra para cultivar, en qué momento tiene que arrancar, cómo garantizar que los viejos se sientan cómodos en un lugar extraño o que las costumbres se mantengan. Está lleno de detalles, porque se trata de una nueva casa, la comunidad no quiere dejar de participar en la discusión de cada punto.

La de Tamaquito saben mejor que nadie cuánto puede demorarse un reasentamiento: no querían una negociación familia por familia y exigieron que fuera un reasentamiento comunitario, dialogando sólo con los cabildos gobernadores; pidieron 500 hectáreas, lograron 300; pidieron que les permitieran escoger el territorio nuevo, donde los árboles y las aves fueran parecidas a las de Tamaquito; que los cuartos en las casas fueran grandes para que cupieran los chinchorros; que hubiera una ‘enrramada’ o sitio de descanso donde se encuentran los viejos y que el material de las casas fuera una mezcla entre cemento y tierra.

“Cada punto ha sido una lucha con la empresa, se supone que arranca la construcción en agosto”. Es decir, van cinco años desde que arrancó la negociación y se cree que se demoren un año más para pasar al nuevo Tamaquito. El reasentamiento no es cosa de un día y en el Cesar es lo que han venido aprendiendo. 

La resolución del Ministerio de Medio Ambiente que pide el reasentamiento de tres pueblos en el Cesar establece unos plazos para llevarlo a cabo. A las mineras les dieron dos meses para constituir una fiducia y licitar un contrato a una empresa que hiciera un censo en las poblaciones. También les piden que en tres meses tengan listo un Plan de Reasentamiento con las comunidades, para que Plan Bonito (el caso más crítico de contaminación) esté reasentado en un año y Boquerón con El Altillo en dos años. A diferencia de La Guajira, en el Cesar se exige un reasentamiento express.

“Le expresamos al Ministerio que los plazos son de difícil cumplimiento, sólo cuando hicimos la licitación para el censo, quienes se postularon nos dijeron que era difícil arrancar un censo sin una línea base inicial y que eso tomaría más de dos meses”, dijo a La Silla un funcionario de las mineras que prefirió no dar su nombre. “Cada compañía estableció entonces demandas legales, por que es un proceso muy complejo y en doce meses no es posible llevarlo a cabo”.

Este es la primera dificultad al reasentamiento: no puede ser tan rápida para que las comunidades no puedan participar para construir su nuevo pueblo. Pero tampoco tan lentas, manteniendo a los pueblos en medio del carboncillo o encerrados entre títulos mineros durante años. 

Las tierras para reasentar

Además de los tiempos, buscar un espacio ideal para mudar a pueblos agricolas en departamentos donde la minería es el motor de la economía, es el segundo problema más difícil para el reasentamiento. ¿Dónde los van a reasentar? Es una pregunta válida para los campesinos del Cesar en Plan Bonito, Boquerón o El Altillo. “La resolución dice que el reasentamiento tiene que ser en la cabecera municipal, El Paso, pero allá tampoco hay tierras aptas porque ya todo está concesionado a las mineras. Nosotros preferimos negociar directamente nuestras tierras y reasentarnos en otra parte, para no tener que vernos perjudicados otra vez”, dice José del Carmen Peña, líder de la comunidad de Plan Bonito dónde hay 130 familias a reasentar.

Uno de los convocantes de esta reunión en Valledupar fue Alberto Gutiérrez, asesor de la coordinación ambiental en la Gobernación del Cesar. Y les dio la razón a los campesinos: no hay tierras para reasentarse, porque lo que no está ya concesionado, está en solicitud. Este es el mapa que mostró sobre las concesiones y solicitudes mineras en el Cesar.

Haga click en la imagen para ver los mapas en detalle

A falta de tierras, los campesinos terminan prefiriendo un reasentamiento individual -que a cada familia se le pague su predio y su casa y cada una escoja a dónde mudarse- en vez de un reasentamiento colectivo. Así fue la reubicación del Municipio del El Platanal en el Cesar por la Drummond. “Allá se hizo un avalúo de las casas, que eran de bahareque, así que las cifras eran muy bajas. Las familias aceptaron ese precio y se fueron”, dijo Gutiérrez a La Silla Vacía.

En esos casos, el pueblo se vuelve historia. Pero irse por la negociación directa en vez del reasentamiento colectivo no es una decisión fácil y el dilema es con quién deben consultar las empresas el tipo de reasentamiento que se debe llevar a cabo con cada pueblo. 

La consulta

“Divide y reinarás”, es el estrategia que tienen las mineras para consultar a las comunidades, según líderes de La Guajira y el Cesar consutados por La Silla Vacía. Lo cierto es que muchas veces -en un proceso de reasentamiento- las comunidades quedan divididas entre familias que quieren una negociación directa con las empresas y otras que prefieren el reasentamiento colectivo. Y cuando las empresas terminan sentándose con solo uno de los grupos, estas divisiones aumentan.

Varios líderes en comunidades como Roche y Boquerón en La Guajira -que colindan con el Cerrejón- han pedido ser reconocidas como Consejos Comunitarios afros ante el Ministerio del Interior. Ser reconocidos como Consejos les permitiría que las mineras se sentaran a negociar solo con las autoridades tradicionales de estos caseríos y no familia por familia como ha pasado en el caso de Roche. Este caserío ya tiene un nuevo predio y algunas casas construidas por el Cerrejón cerca al municipio de Barrancas. Cerrejón fue quien escogió el diseño de la construcción, según dicen los líderes de la comunidad consultados por La Silla Vacía y las familias fueron mudándose al nuevo pueblo una por una.

“Había gente de Roche que no quería esperar y nos buscó. Sí hay una fragmentación en la comunidad, pero no por nosotros”, dijo a La Silla Vacía Jairo Vergara, gerente de responsabilidad social del Cerrejón quien asegura que la minera sí hizo reuniones con los líderes de Roche, pero todos sus habitantes no estaban de acuerdo con ellos. Quienes no lo estaban, ya están en el nuevo Roche. 

Las familias que no se han mudado son las que denuncian que no fueron tenidas en cuenta para el diseño del nuevo pueblo, para distribuir a las familias en las casas o para que les garantizaran un espacio que les permita cultivar. Y aunque las nuevas casas son de cemento y cuentan con servicios públicos -con los que no contaban las casas de Bahareque en el viejo Roche- estas consultas divididas terminan por no resolver el detalle del reasentamiento que preocupa a las pueblos.

Antes de terminar la reunión en Valledupar, una mujer del pueblo de Roche -que quiso mantener su nombre en el anonimato y que no ha sido reasentada- se acercó a La Silla Vacía. “Yo creo que se ha hablado de muchos temas fundamentales acá, pero hay uno que a mí me preocupa mucho y es el de los cementerios. En el nuevo Roche hay bóvedas para 25 familias, pero nosotros tenemos 250 difuntos en el viejo Roche, no caben. Y cuando preguntamos dónde van a meter a nuestros muertos, no nos contestan”, dijo. Su preocupación es que solo las familias que se mudaron con Cerrejón al nuevo Roche tengan derecho a mudar sus muertos. Y los que no, tengan que dejarlos abandonados. 

¿Y la legislación para reasentar? 

“La gente en los pueblos no sabe sus opciones, no sabe si tiene derecho a abogados que los apoyen, no sabe cómo llevar a cabo un reasentamiento que los beneficie”, dijo Gutiérrez a La Silla Vacía. No saben, como tampoco lo saben las empresas mineras, ni las autoridades locales, porque no existe en Colombia una legislación sobre reasentamiento en estos casos. Y esto es lo más grave del asunto, sobre todo cuando los reasentamientos se convertirán en pan de cada día cuando arranque la locomotora minera.

Lo único que existe es una guía de reasentamiento que formuló el Banco Mundial en 2002, donde se establecen unos lineamientos básicos para las multinacionales que lleven a cabo estos procesos. En esta se recomienda levantar mapas, censos, hacer estudios socioeconómicos y consultas a las comunidades afectadas. Esta guía fue la que utilizó el Ministerio de Ambiente para hacer la resolución en el Cesar, o la que ha usado el Cerrejón para los reasentamientos en La Guajira.

“Pero estos lineamientos no pueden seguirse a raja de tabla en todas partes del mundo, estaría bien recoger las experiencias de estos reasentamientos para una legislación en Colombia”, dijo a La Silla un funcionario de las mineras en el Cesar.

Las comunidades son las que más han tenido que sufrir los vacíos de esta legislación. Cuando se establece que un reasentamiento debe asegurar un nivel de vida digno, no es claro eso en qué se traduce materialmente: si se trata de un salario mínimo durante un tiempo determinado, o un número de hectáreas para poder cultivar. Por eso, el reasentamiento termina convirtiéndose en una negociación improvisada entre las empresas y la comunidad, en las que algunas veces las comunidades terminan perdiendo la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, o mejorándolas si llegan a estar bien asesoradas. Pero hasta ahora, los líderes de la Guajira y el César no sienten que hayan tenido acompañamiento o vigilancia del proceso por parte del Gobierno Nacional. “Nos sentimos en soledad total”, dijo uno de ellos a La Silla Vacía.

“Termina siendo un asunto de dinero”, fue lo que dijo a Al Jazeera Juan Carlos Santos, el primo del Presidente Santos y director Corporativo de Medoro Resources, multinacional minera que quiere explotar en Caldas pero necesita el reasentamiento del pueblo de Marmato para hacerlo. Además del rechazo que tuvo esta declaración de Santos en los medios, sí plantea una pregunta que será fundamental para muchos pueblos del país que se enfrentan a la minería: ¿La locomotora minera llega con política de reasentamiento clara? ¿O solo llega con chequeras llenas?

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mar, 2011-09-13 14:19

Acá todo se arregla con chequera, pa' eso las multinacionales tienen plata, que paguen por el impacto social que ahora generan, o que arreglen con la chequera de Juan Carlos Santos.

Lun, 2011-09-12 10:25

Si bien es cierto que la constitución dice que la minería es una actividad de utilidad pública y que los recursos del subsuelo le pertenecen a la Nación, es diferente cuando los recursos los explota la nación a cuando los explotan los privados.
Eso de que ella minería es una actividad pública, eso aplica cuando es explotada por el Estado en beneficio del pueblo.
Cuando los recursos naturales son explotados por particulares en beneficio de los particulares, deja de ser una actividad pública y los recursos dejan de ser del Estado, porque este (Estado) los cedes al particular.
Lo que falta es legislar, en otros estados del mundo, las leyes diferencian las explotaciones privadas de las explotaciones de recursos naturales que realiza el estado, en esos estados, las explotaciones particulares tienen otro tipo de legislación.

Lun, 2011-09-12 09:43

Resulta claro que las mineras necesitan de un tiempo para realizar adecuadamente el reasentamiento, también que las comunidades quieran participar en el diseño del mismo... Lo que no está muy claro es porque las mineras, a pesar de toda su experiencia esperan a que la situación se haga crítica y las condiciones se tornen invivibles, no es de su responsabilidad prever qué asentamientos humanos están en riesgo de verse afectados e iniciar los procesos con la debida antelación?

Lun, 2011-09-12 08:11

Falta poner a denunciar la Locomotora Ambiental....

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