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Martes Diciembre 01, 2020

Los colombianos que queremos que se logre un acuerdo con la guerrilla de las Farc para poner fin al conflicto armado tenemos tres desafíos todos muy difíciles de lograr: convenir con los miembros de la guerrilla las condiciones del acuerdo, lograr construir el consenso político suficiente para hacerlo viable y adecuarlo al marco jurídico.

Los negociadores del gobierno han avanzado bien en el primer propósito: se han acordado tres puntos y se avanza en los temas pendientes. En lo segundo, ahí vamos. Aunque las encuestas siguen mostrando que los colombianos no están dispuestos a hacer grandes concesiones para cerrar el capítulo con las FARC, hay alguna tendencia a que esa disposición mejore y los sectores políticos que se han opuesto al proceso han empezado a precisar sus razones lo que facilita la discusión.

El punto más crudo parece ser el tercero. Desde el inicio se discutido sobre el tema, se han buscado salidas pero no ha sido fácil encontrarlas. Aprobar un acuerdo con la guerrilla en un marco jurídico que en los últimos años se fue estrechando parece ser hoy más difícil que ponerse de acuerdo con la guerrilla e incluso lograr el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Cómo será que estamos debatiendo sobre un concepto decimonónico como el delito político.

Los problemas se concentran, por una parte, en el alcance de la justicia transicional y del tipo de beneficios jurídicos que se pueden o no conceder a los guerrilleros desmovilizados y sobre qué conductas de los múltiples crímenes que han cometido.

De otra parte y no menos complejo, está el tema de cómo se refrendan los acuerdos porque los mecanismos previstos en la Constitución no parecen adecuarse bien a las necesidades: o toman un largo tiempo y son muy complejos como el referendo, o no son suficientemente definitorios como la consulta popular.

Los dos temas se movieron esta semana. De una parte, el Procurador Ordoñez recordó los límites reales y ficticios que tendría un eventual acuerdo con la guerrilla y de otra parte, el Fiscal Montealegre reiteró su propuesta de crear un mecanismo de cierre definitivo de los casos penales una vez se suscriba el acuerdo y se surtan los procedimientos de verdad y justicia que allí se convengan.

A su turno, el jefe negociador del gobierno, Humberto De la Calle, revolvió el avispero al proponer que se reabra la discusión sobre el delito político y especialmente sobre las conductas que pueden ser consideradas conexas al mismo. El senador Roy Barreras llamó la atención sobre los tiempos que se tomaría un referendo, tema sobre el que La Silla había hecho hace unas semanas un análisis juicioso.

El debate puede ser interminable. Ya se ha escrito mucho sobre una y otra interpretación. Con las normas actualmente vigentes la viabilidad jurídica de los acuerdos es frágil. La guerra de Colombia, con toda su crueldad e irracionalidad, no cabe en esta ni en ninguna Constitución. Hay que desarrollar un marco constitucional ad hoc, un poco como se hizo con el “marco jurídico para la paz”, que fue prematuro y que –como era de preverse- podría abrir nuevos debates y poner nuevos obstáculos, como efectivamente ocurrió con la sentencia de la Corte Constitucional que lo revisó.

Un referendo, que obliga a que se pregunte tema por tema, que exige un trámite dilatado en inviable. Una consulta popular que no produce el efecto de dar vida jurídica al acuerdo sino que remite a los poderes constituidos para su decisión deja en un grado de incertidumbre política un acuerdo que sería difícil de sostener.

Algunos –con clara mala fe- proponen una Asamblea Constituyente que saben que no es para refrendar un acuerdo, sino al contrario para construirlo. Ese mecanismo echaría a perder todo lo que se ha logrado en La Habana. A la guerrilla habría que preguntarle si eso es lo que quiere, caso en el cual el debate debería concentrarse en las reglas de integración, competencia y elección de la constituyente y en su desmovilización para que puedan ahora si discutir los temas de la agenda ya no como condición previa a la terminación del conflicto, sino después de terminado y como consecuencia y de un escenario político en el que tengan algún grado de participación.

En La Habana se discuten las condiciones para que la guerrilla deje de ser guerrilla. Si las Farc prefieren que la única condición sea la convocatoria de una Constituyente, pues discutámoslo. Dejan las armas y convocamos la Constituyente y allá acordamos todo lo demás. Lo que resulta absurdo es discutir y convenir los temas que se acordaron y después reabrir la discusión en una Constituyente.

A mi juicio, no queda otro camino que “constitucionalizar” el acuerdo, su procedimiento de aprobación y sus mecanismos de implementación. Hay que hacer aprobar –ahora sí- un marco jurídico para la paz que traiga las reglas definitivas que se acuerden en materia de justicia, que adopte un procedimiento ad hoc de refrendación y que permita instituciones también ad hoc para su implementación, inclusive la de tribunales especiales para garantizar la ejecución de los acuerdos.

Esa discusión no da tiempo, ni se puede seguir dando por “los laditos”, pongamos en una hoja qué es lo que se necesita en materia de justicia, cómo sería un mecanismo de refrendación más simple pero suficientemente vinculante para darle certeza a los acuerdos. La refrendación no puede ser un punto de partida, tiene que ser el punto de llegada y –como lo ha dicho el Fiscal- como le damos estabilidad jurídica a los acuerdos para que en un par de años no estemos estrellados contra la decisión de una Corte o de un juez sobre el alcance de tal o cual palabra.

Ahora, claro, un mecanismo como el propuesto, requiere hacer las otras dos tareas: acordar con la guerrilla y construir el consenso político, pero de todo no tengo duda que lo más difícil será poner de acuerdo a los abogados.

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Lun, 2014-11-17 07:19

Bocado de reina para FUribe

Q' hacia el gral Alzate en zona prohibida?.

Xq' no hizo caso al cabo de no sobrepasar la zona?.

Xq' iba de civil?.

Xq' se violo todo el protocolo de seguridad ?.

Q' intención hay detrás de este ""secuestro buscado"?.

Es la versión 2014 del secuestro de Ingrid?.

Nota: estoy convencido q si las FARC lo tienen no atentarán contra su vida, sería Fatal. Pero si es muy raro q la actitud del general se salga de todo lo establecido . Para mi aquí hay un motivo buscado con el mismo propósito de siempre.

Lun, 2014-11-17 07:19

Bocado de reina para FUribe

Q' hacia el gral Alzate en zona prohibida?.

Xq' no hizo caso al cabo de no sobrepasar la zona?.

Xq' iba de civil?.

Xq' se violo todo el protocolo de seguridad ?.

Q' intención hay detrás de este ""secuestro buscado"?.

Es la versión 2014 del secuestro de Ingrid?.

Nota: estoy convencido q si las FARC lo tienen no atentarán contra su vida, sería Fatal. Pero si es muy raro q la actitud del general se salga de todo lo establecido . Para mi aquí hay un motivo buscado con el mismo propósito de siempre.

Dom, 2014-11-16 08:25

Que tristeza. No saben que inventar o decir para justificar el invento de un presidente incapaz y perverso. Todos queremos La Paz, menos las FARC. Que tengan un gesto, uno sólo por la paz

Sáb, 2014-11-15 12:49

Las precisiones jurídicas del Procurador General de la Nación; las referencias jurídicas que en todo momento salen a relucir, una vez se sienta no la paz, sino por lo menos una significativa disminución de la violencia no son más que "palos en la rueda" que se le colocan a las probabilidades de firmar un acuerdo definitivo con las FARC en el que simultánea o seguidamente, ojalá esté también el ELN.

Lo primordial no son las normas sino la vida real que regentan esas mismas normas. Las alusiones a la justicia transicional o incluso las menciones a la intervención de la Corte Penal Internacional en calidad de justicia subsidiaria deben pasar a un plano secundario una vez se sienta el impacto de los acuerdos que hasta el momento actual son inciertos.

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