El Fiscal General de la Nación invitó a todos los miembros del poder judicial a organizarse para oponerse a la reforma de “equilibrio de poderes” a la que asimiló a una especie de “segunda toma del palacio de justicia”. Él y algunos de los magistrados se “despacharon” contra la reforma.

La chispa que prendió la “rebelión judicial” fue el debate dirigido a definir un sistema de responsabilidad de los magistrados de las Cortes y del propio fiscal que hoy está en cabeza de la Comisión de Acusación que todo el mundo sabe que no opera.

Ya lo había hecho el Procurador porque a alguien se le había ocurrido proponer revisar el alcance de sus facultades y preguntarse si no sería una duplicidad innecesaria  que  cuando un funcionario incurra en un acto de corrupción lo investiguen tanto la Fiscalía como la Procuraduría.

La desmesura de la reacción sólo ratifica que una reforma que reequilibre los poderes resulta no necesaria sino urgente.

De contra parte está un Congreso diezmado. Unos congresistas pendientes de los detalles para declararse impedidos para participar en los debates cuando hay algún tema que lejanamente los pueda afectar o beneficiar.

En el análisis del equilibrio de poderes resulta revelador el contraste entre el actual fiscal, Eduardo Montealegre, arengando a los funcionarios judiciales para oponerse a la aprobación del tribunal de aforados y la senadora Viviane Morales, ex fiscal general, corriendo a esconderse detrás de las paredes y dejando todo tipo de constancias de su retiro del recinto cada vez que alguien va a mencionar el tal tribunal de aforados. A Morales la Comisión Primera del Senado le aceptó el impedimento que ella propuso para participar en el debate  porque de lo que se trata es de discutir el procedimiento para derivar responsabilidades por las actuaciones, entre otros, a quienes han sido fiscales.

Dado que la garantía del “juez natural” exige que el competente para conocer de los procesos penales deba estar definido previamente a la realización de la conducta, el Tribunal de Aforados no tendría que investigar hechos ocurridos mientras Morales fue Fiscal, en cambio sí lo sería eventualmente para investigar a Montealegre, sin embargo, Morales se tiene que esconder y Montealegre encabeza la “rebelión judicial”.

Los congresistas se metieron en un debate largo sobre la posibilidad de imponerse una auto prohibición de reelegirse indefinidamente  porque aprobar esa disposición podría ser interpretada como un conflicto de interés. Si se definía que los períodos contaban a partir de ahora se estarían beneficiando y si no también, porque podría decirse que el que llevaba tres períodos estaba aprobando cuatro para poder volver una período más.

El Fiscal y los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia abogan a gritos para defender sus intereses particulares. Los de la Corte Constitucional se mantienen respetuosamente al margen porque eventualmente van a tener que examinar la constitucionalidad de la reforma si llega a aprobarse.  Ahí cabe preguntarse si los Consejeros de Estado no deberían hacer lo mismo porque –como ya ocurrió en la fallida reforma a la justicia- eventualmente van a tener que conocer de decisiones relacionadas con la reforma. Y los magistrados de la Corte no deberían hacer lo mismo dado que tienen la competencia de juzgar a los congresistas por los delitos en que puedan incurrir durante el trámite de la reforma. Pasó con la aprobación de la reelección en el que incluso condenaron a dos congresistas.

La dinámica institucional nos ha ido llevando al “teatro del absurdo”, para usar una de las expresiones del Fiscal, en el que los servidores públicos directamente beneficiados o afectados con las decisiones del Congreso, al cual además tendrán que controlar por lo que hagan en el trámite de esa reforma, no solo opinan sino que se declaran en abierta rebeldía mientras que los Congresistas, a quienes esta y todas las constituciones le otorgan el poder constituyente, se tienen que declarar impedidos y esconderse detrás de las paredes.

Durante la aprobación de la reforma en el primero de los ocho debates previstos buena parte de las discusiones se fueron en definir si el Congreso podría hacer esto o aquello. Que ya la Corte definió que lo disciplinario era compatible con lo penal, sentenció el Procurador, como si precisamente no se tratara de cambiar eso que ahora se pueda para que en el futuro no se pueda, sin embargo los Congresistas aceptaron la sentencia de Ordoñez y no tocaron el tema. Que cuidado que la Corte va a decir que si una idea resulta derrotada en este primer debate y revive más adelante no cumplió los ocho debates. Que…

Hay un poder judicial arrogante y amenazante, es decir todo lo contrario de lo que debería ser: ponderado e imparcial. Hay un poder legislativo acorralado y recortado, es decir todo lo contrario de lo que debería ser.