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Luz Figueroa tiene un par de meses más para ser reconocida como una víctima del conflicto. Foto: Andrés Bermúdez.

Desde hace dos años Luz Alba Figueroa Castillo ha intentado, sin éxito, ser reconocida oficialmente como víctima del conflicto. Ahora que su caso comenzó a andar está más esperanzada, pero tiene el cronómetro corriendo en contra: ella, al igual que todas aquellas víctimas cuyos casos sucedieron entre 1985 y el 2011, tienen hasta el 11 de junio como fecha límite para presentar su caso a la Ley de Víctimas.

A Luz Alba los paras le desaparecieron a su hermano mayor en 1991, cuando ella tenía 16 años. Dos décadas después, ilusionada con las promesas de reparación de Justicia y Paz primero y de la Ley de Víctimas ahora, finalmente se decidió a denunciar su muerte y comenzó a documentar su caso. Pero pasados 24 años de la muerte de José Alejandro, ni Luz, ni su madre ni sus otras dos hermanas son aún oficialmente víctimas.

Algunas cosas han cambiado desde que La Silla comenzó a seguir su caso, en octubre pasado, como ejemplo de las dificultades que aún enfrentan muchas víctimas para acceder a los derechos que les da la Ley de Víctimas.

Ya no es la misma mujer desanimada que pensaba tirar la toalla por lo que veía como un incomprensible laberinto kafkiano en donde nunca sacaba una respuesta en limpio. Y porque sentía que le había invertido mucho tiempo y plata, dos activos escasos para una persona que gana poco más del salario mínimo y que ha estado desempleada durante períodos largos en los últimos años.

Decidió darle -y darse ella misma- una segunda oportunidad con la ley para las víctimas. Aunque aún no ha logrado ser incluida entre las 7.201.034 personas que ya aparecen en el registro único de víctimas que lleva la Unidad de Víctimas, ya siente que su caso por fin avanza.

“Antes estaba tan desanimada que no había vuelto a molestar con eso en varios años. Yo siento que ahora sí como que se están abriendo las puertas, como que sí me le ponen cuidado al caso. No he perdido la esperanza, sino que -al contrario- ahora tengo mucha más”, dice esta tolimense de 39 años, que llegó a Bogotá hace una década y que trabaja de niñera.

Sin embargo, paradójicamente, siente que muchos de esos avances se deben a que siempre lleva consigo una copia impresa de su historia y que, sin ese sello de la prensa, en muchas entidades no la habrían atendido. “Es como mi estrategia para que me presten atención”, dice.

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Esta es la única foto que Luz conserva de su hermano José Alejandro, asesinado por los paras en Ambalema en 1991.

El único documento que los Castilla tuvieron de la muerte de José Alejandro fue, por más de 17 años, su certificado de defunción.

En enero de este año, tras un par de meses de pensárselo, Luz abandonó sus prevenciones –“eso es una perdedera de tiempo” le decían sus hermanas- y decidió arrancar de nuevo su proceso.

Primero fue a la Unidad de Víctimas en Chapinero, cuya oficina queda cerca de la fábrica de confecciones del Siete de Agosto donde entonces trabajaba. “Su caso está cerrado, no aparece en el sistema. Le toca volver a poner la denuncia”, le dijeron, haciendo eco de una respuesta que ya había oído varias veces cuando llevó su caso por primera vez a la Unidad a finales del 2013.

Luz llamó entonces a un teléfono de atención para víctimas cuyos procesos están en Justicia y Paz, ya que el de su hermano fue uno de los primeros asesinatos que cometieron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de Ramón Isaza en su pueblo natal de Armero, Guayabal. Le confirmaron que su caso aparecía archivado pero que podía ir a la Personería a pedir que se lo reabrieran.

Así que el 23 de enero Luz se fue temprano a la Personería, pero -tras dos horas de espera- solo logró que le respondieran que no les correspondía a ellos ese trámite. “Yo no sé nada de leyes y solo tengo este papel de La Silla Vacía, que me está haciendo seguimiento”, les dijo Luz, mostrándoles una copia impresa de la historia que escribimos sobre su caso en octubre pasado.

“Pase que la voy a atender”, cuenta Luz que le dijeron. Minutos más tarde tenía una cita para el día siguiente. En esa nueva reunión le explicaron que tendría que ir a la Procuraduría, llevando su artículo impreso, y averiguar por qué su abogado de oficio en Justicia y Paz no le había avisado de nada.

Esa tarde Luz volvió a llamar a Sara Alcira Fajardo, la abogada que le había asignado años antes la Defensoría del Pueblo para llevar su caso en el marco del proceso en Justicia y Paz contra el jefe para Ramón Isaza 'el Viejo'.

Por primera vez en varios meses, logró hablar con ella. Fajardo le informó que en agosto del 2012 había habido una reorganización y que su caso había pasado a manos de otro abogado llamado Guillermo Nizo. “De ahora en adelante sumercé se entiende con él y le pregunta sobre el asunto del proceso, ¿ok? Y usted le da los datos de su dirección y su teléfono y todas esas cosas”, le dijo cuando Luz la llamó en frente de un periodista de La Silla.

Luz le preguntó por qué nunca le habían avisado del cambio de abogado. “Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos procesos y muchas víctimas. Imagínese para avisar. (…) ¿Qué tal que yo me pusiera a analizar las 600 víctimas que tenemos? Eso es muy difícil para nosotros los defensores”, le respondió la abogada.

“Yo sé que las víctimas son muy pobres”, dijo cortando la queja de Luz y le colgó, tras explicar que estaba manejando y que no podía atenderle más. “No se preocupe por el sobre que usted envió [con sus documentos] que yo se lo entregué al doctor”.

Un día después, Luz fue a la oficina de la delegada para asuntos de víctimas de la Procuraduría, donde le dijeron -según cuenta ella- que “ya tenemos demasiada gente para recibir hoy”. Luz se puso a llorar. “Por favor ayúdenme a solucionar esto que voy a perder mi trabajo por pedir tantos permisos”, les dijo, mostrándoles una vez más su recorte de prensa. Una persona lo llevó a una oficina vecina y volvió con una razón: tendría cita para el 27 de enero.

Tres días más tarde regresó. Esta vez la atendió una psicóloga, que le explicó que habría que enviar un derecho de petición para que ellos estudiaran su caso, pero que primero necesitaba escribir su versión de los hechos, acontecidos 24 años antes.

“Todo como pasó”, dice Luz. Contó cómo José Alejandro salió la mañana del 1 de junio de 1991 a esperar, como todos los sábados, el carro que lo llevaría a Ambalema a cobrar su salario como regador nocturno en los cultivos de algodón. Cómo paró una camioneta roja y varios hombres armados lo obligaron a él y a un vecino a subir. Cómo alcanzó a sacar la cabeza por la ventanilla y gritar, “nos van a matar. Me llamo José, yo soy hermano de Luz Alba, por favor avísenle que nos van a matar”.

Cómo lo buscaron durante un día, su madre Ana Dolores en Armero y Luz por las orillas del río hasta Honda. Cómo un cuñado del otro raptado vino a decirles que el cuerpo de José había sido arrastrado por el río Lagunilla hasta Ambalema. Relató cómo nunca pusieron la denuncia porque, el día que velaron a José, dos hombres en moto le preguntaron a una vecina si ellas vivían solas y si pensaban llevar el caso a las autoridades. Y cómo sus únicos documentos contundentes, hasta la fecha, son un certificado de defunción que indicaba que José había muerto a los 22 años de un trauma craneo-encefálico severo y un par de formularios avalándolos como declarantes en Justicia y Paz.

Con ese relato quedó oficialmente reabierto el caso de Luz.

En febrero le llegó una primera confirmación de que las cosas iban por buen camino: una respuesta de la Procuraduría a su derecho de petición, informándole que su caso se trasladaba a la Unidad de Víctimas y en la que la delegada de víctimas de Alejandro Ordóñez pide que se le mantenga informada sobre el estado de valoración como víctima de Luz. Esto, como dice la carta, “a fin de conocer ayudas de atención y asistencia humanitaria y las medidas de reparación a las que tenga derecho”.

Así comenzaron a correr los tres meses para que la Unidad de Víctimas le responda sobre su caso. “Falta como hasta principios de mayo”, cuenta ella mentalmente, una sonrisa dibujada en su rostro por primera vez desde que le narró a este medio el caso de su hermano.

Ilusionada porque finalmente su caso parecía estar avanzando, pero preocupada porque estaba haciendo una u otra vuelta casi todas las semanas (y a veces varios días seguidos), Luz renunció a su trabajo en la fábrica de confecciones.

Aunque una de las misiones de la Unidad de Víctimas y la de Restitución -las dos piedras angulares de la Ley de Víctimas- es hacer pedagogía para las víctimas, el caso de Luz muestra que no es sencillo.

Incluso cuando una víctima ya se ha acercado por primera vez a las oficinas de atención no es posible garantizar que estén realmente enteradas de cómo es el proceso y qué les corresponde a ellas hacer. O que, una vez iniciados los trámites, decidan abandonarlos.

Y, aunque no hay números, también hay víctimas que aún no se han enterado de los beneficios que les otorga la ley. Una investigación que hizo el año pasado el Observatorio de Restitución de Tierras -que crearon cinco universidades y que dirige Francisco Gutiérrez Sanín- arrojó que entre 75 y 79 por ciento de los campesinos despojados saben que pueden comenzar el trámite para recuperar sus predios.

Eso significa que en restitución, que es un grupo mucho más reducido de víctimas, los esfuerzos por divulgar la ley han sido exitosos, pero que hay todavía un 20 por ciento de potenciales solicitantes que no se han enterado.

El reto es grande teniendo en cuenta que las víctimas cuyos casos sucedieron hasta el 2011 tienen hasta mediados de junio para presentar su caso. Después de esa fecha, solo podrán hacerlo quienes hayan sido victimizados del 2011 en adelante. Para esa fecha la Unidad de Víctimas espera, según le confirmó a La Silla, recibir entre 70 y 75 mil nuevas solicitudes (un número ligeramente mayor al usual, que ronda las 33 mil mensuales).

Pese a buscar pruebas desde hace cinco años, la carpeta que Luz lleva sobre el casod e su hermano apenas tiene una decena de documentos.

Ana Dolores Castillo, la campesina de 76 años y madre de José Alejandro, es la razón por la que Luz quiere ver avanzar su caso de reconocimiento como víctimas.

En esta cita, en 2012, Luz se enteró por primera vez que su caso había sido archivado.

Si la vuelta para registrar su caso avanza, hay otra que nunca logró hacer. Después de que en la Personería le dijeron que tenía derecho a pedir una ayuda humanitaria, Luz estuvo durante cuatro días consecutivos intentando reclamarla. Sin ningún éxito.

El primer día, un lunes, llegó a las 7:30 de la mañana al Centro Dignificar en Chapinero, uno de los espacios para atender a las víctimas que abrió la administración del alcalde Gustavo Petro. Esperó tres horas, tras lo cual le informaron que -si quería alcanzar a agarrar una ficha para ser atendida- tendría que llegar a las cuatro de la madrugada.

Así que la mañana siguiente llegó a las 4:30. Cuatro horas más tarde, cuando se abrieron las puertas, recibió su ficha pero la mandaron a la oficina equivocada y, tras negarse a permitirle ir a la correcta, le dijeron que tendría que regresar.

Volvió a la cola desde las cinco, pero -cuando la atendieron hacia las 10:30- se topó con un nuevo obstáculo: solo había una persona atendiendo y no alcanzaba, según le dijo, a evacuar sino a cinco personas en un día. Luz, desesperada, le dijo que iba a perder su trabajo. “Eso no es problema mío, tiene que mirar cómo le saca tiempo”, fue la respuesta que recibió.

Decidió quedarse el resto la mañana y, cuando la funcionaria salió a almorzar, la abordó. “Ahí le mostré la carpeta de La Silla y le dije que me estaban haciendo seguimiento, que iba a perder el trabajo por tanta faltadera”, cuenta. La funcionaria se apiadó de ella, le dio una cita para el lunes siguiente a las 7:30 y le explicó qué documentos debería traer.

El lunes ella llegó puntual, pero llevaba solo el registro civil de sus tres hijos y no -como ahora le pedían- la fotocopia de sus cédulas. Le tomaron, sin embargo, su historial y le advirtieron que probablemente no clasificaría para una ayuda humanitaria porque su nombre aparecía en el sistema de salud afiliada a la EPS Cafésalud. “Me dijeron que yo no necesitaba esa ayuda porque ya tenía una forma de vivir, que tenía que enfocarme en lo de mi hermano y no en las ayudas que daban ellos”, cuenta.

Es en eso en lo que está enfocada. A pesar de que no le salió la ayuda humanitaria, la prioridad de Luz es ser reconocida como víctima del conflicto y clasificar para una reparación en alguno de los ocho años que le quedan de vigencia a la Ley de Víctimas.

Sobre todo para pueda vivir con más tranquilidad su mamá Ana Dolores, hoy una mujer campesina de 76 años que vive sola y que no sabe leer ni escribir, enferma de cáncer de riñón y proclive a olvidarse de las cosas, pero que todavía trabaja recogiendo y volteando maní en una finca a una hora de camino de su casa en Guayabal.

De hecho, el jueves en la noche internaron a Ana Dolores en la clínica de Armero, tras una recaída que su hija atribuye al chikunguña que le dio en enero y del que todavía no ha terminado de recuperarse.

“Precisamente porque, así enferma, se fue al campo otra vez”, dice Luz, mientras intenta comunicarse con su hermana para ver cómo sigue. “Yo quiero que ella tenga alguito para sus gastos y su comida, porque yo -que estoy pagando la universidad de dos hijos- lo que le puedo aportar es muy poquito. Lo veo como una atención para ella”.

Ahora ella arrancó a buscar un segundo trabajo, para complementar el que tiene por las tardes. Porque, como dice ella, “en tres meses me deben dar la carta para quedar legalmente como víctima. Ya como más segura. No hallo la hora de que sea mayo para ver qué pasó”.

Al final de cuentas, le quedan poco más de dos meses para que su caso quede registrado y ella pueda aspirar a ser reconocida legalmente como víctima.

Esta historia es parte de una serie sobre la Ley de Víctimas financiada por la Unión Europea y Oxfam.