Por primera vez, el concejo entero de una capital del país está en riesgo de ser destituido junto con su contralora. Se trata de Villavicencio, en donde corren peligro no sólo los 19 concejales acusados de haber elegido a una contralora inhabilitada, sino también el equilibrio político que hoy favorece al Alcalde. Todos están a la espera del fallo que se conocerá la próxima semana.

En enero pasado, el Concejo de Villavicencio escogió por unanimidad a Luz Victoria Leal Carrillo como Contralora. Inmediatamente, un grupo de abogados del municipio demandó la elección con el argumento de que Leal tenía vigente una inhabilidad y un conflicto de intereses al momento de postularse, que presentó documentación falsa y que el Concejo, con conocimiento de esto, la eligió mediante un proceso parcializado.

Los dolores de cabeza de la Contralora

En el 2000, como gerente encargada de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), Luz Victoria Leal suscribió un contrato con la firma Luis A. Boada y Cía., cuyo propósito era hacerle publicidad a una concesión que el Acueducto pretendía otorgarle a un particular. Con esta concesión se quería sanear la situación financiera de la EAAV, aunque algunos consideraron que lo que se estaba iniciando era un proceso de privatización de la empresa.

Leal sí estaba autorizada para firmar contratos de publicidad. Sin embargo, hubo dos puntos que la entonces Gerente ignoró: primero, que la publicidad debía estar dirigida exclusivamente a la promoción de los “bienes o servicios que ofrezca la empresa”, y en este caso no se promovió ni el agua ni el alcantarillado, sino una concesión; y segundo, que desde 1998 se había decretado una reducción del 30 por ciento en presupuestos de publicidad, y el que Leal aprobó de hecho lo incrementó en casi un 20 por ciento.

La junta directiva consideró que los oferentes no cumplían con los requisitos, y al final la concesión no se terminó haciendo a pesar de que ya se habían invertido más de 100 millones de pesos en publicidad.

En enero de 2012 el Concejo de Villavicencio escogió por unanimidad a Luz Victoria Leal para la Contraloría Municipal. Ahora son acusados de haber votado sabiendo que ella estaba inhabilitada para el cargo. De ser encontrados responsables, los 19 concejales podrían ser destituidos.

La contralora de Villavicencio, Luz Victoria Leal, enfrenta una demanda que pretende anular su elección argumentando que estaba inhabilitada para el cargo y que ella presentó documentos falsos.

Foto (y portada): Óscar Bernal - noticiasdevillavicencio.com

Por esta razón, la Contraloría Municipal ordenó abrir en 2003 un proceso por responsabilidad fiscal contra Leal y el ex gerente de la EAAV, Fernando Rivera, y en 2005 fueron encontrados responsables por detrimento fiscal.

Ambos instauraron un recurso de reposición, pero en septiembre de 2006 la Contraloría Municipal ratificó el fallo en segunda instancia. Leal y Rivera fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por cinco años, plazo en el cual debían reponerle al municipio los 100 millones más una multa de casi 30 millones. De no hacerlo, la inhabilidad se extendería por otros cinco años, pues así lo dicta la ley en casos en que la responsabilidad fiscal supera los 100 salarios mínimos.

Aunque Leal acordó pagar a cuotas, en diciembre de ese año interpuso una demanda por nulidad y restablecimiento contra la Contraloría. Y este proceso aún está en curso contra la entidad que ahora ella dirige. Según los registros, los pagos se suspendieron en octubre de 2008 cuando aún tenía más de 30 millones pendientes por pagar.

Sólo fue hasta noviembre de 2011, días después de haber sido ternada y de que Juan Guillermo Zuluaga fuera elegido alcalde de Villavicencio, que Leal decidió cancelar el resto del pago.

“Canceló la deuda de un tacazo porque sabía que ahora con un alcalde y un concejo de su lado tenía posibilidades de llegar a la Contraloría”, dijo uno de los abogados que la demandó.

Sin embargo, la Contralora le dijo a La Silla que esto es falso puesto que ella no es amiga personal ni aliada política del Alcalde ni de los concejales: “No sé por qué lo afirman. No soy de ese círculo y nunca he estado en política. Afirmar que pagué mi responsabilidad fiscal con eso en la cabeza es ir demasiado lejos”.

En todo caso, algunos de los demandantes afirman que para noviembre ya se había vencido el plazo de cinco años para pagar la deuda y aseguran que, en teoría, Leal debería tener encima una nueva inhabilidad hasta 2016.

Pero la Contralora afirma que la inhabilidad se cayó en el momento en que culminó el pago: “El abogado demandante está un poco confundido al interpretar la ley. Cuando se paga, cesa la inhabilidad. Tengo la jurisprudencia de mi lado para probarlo”.

Lo extraño es que el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta la ternó cuando la Contralora aún no había pagado. El Tribunal argumenta que en el certificado presentado por Leal no había ningún antecedente, lo cual es cierto. Sin embargo, esto se debió a que la Contraloría cometió un “error involuntario” en un número de la cédula, y emitió un certificado que en realidad pertenecía a otra persona.

El magistrado Alfredo Vargas, presidente del Tribunal, le dijo a La Silla que eso ya no es competencia de ellos: “La persona que viene acá y se postula lo hace bajo gravedad de juramento. Y yo debo creerle a la persona porque así me lo pide la Constitución. Si la señora nos mintió, yo no puedo decir nada sobre eso. Es ella quien debe enfrentar esa demanda”. Y de hecho los demandantes la acusan de falsedad en documento y afirman que la entonces candidata, a pesar de ser consciente del error, nunca lo declaró: “Ella se aprovechó de esa equivocación”, dijo uno de los abogados a La Silla.

Por su parte, la Contralora negó estas acusaciones: “Yo me enteré mucho después de este error. Cuando busqué los certificados, el de la Contraloría me botó una sin antecedentes y la Procuraduría me botó otro con antecedentes. Simplemente pensé que la Contraloría actualizaba la información más rápido, porque yo ya había pagado mi deuda. Pero nunca hubo una mala intención”.

Por otra parte, los demandantes también alertan sobre el conflicto de intereses que aún hoy tiene la Contralora, pues la entidad que dirige tiene en contra una demanda por nulidad y restablecimiento que ella misma interpuso. “No puede ser que ella ahora sea la demandante y a la vez la que resuelve la demanda”, le dijo a La Silla uno de los demandantes.

Luz Victoria Leal es señalada por sus opositores de ser una "contralora de bolsillo" y de pertenecer a la línea política del alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga. Sin embargo, ella niega que exista tal cercanía.

Detrás de la demanda contra la Contralora y los 19 concejales podría haber un pulso político entre el sector de la senadora de La U Maritza Martínez (que está representado en la Alcaldía) y sus opositores.

¿Qué les espera a los 19 concejales?

Si cae la Contralora, los siguientes en la lista podrían ser los 19 concejales que votaron por ella a pesar de estar inhabilitada.

Los demandantes aseguran que los concejales tenían pleno conocimiento de la inhabilidad, pues fue un tema que circuló ampliamente por los medios de comunicación del Meta.

“Puede ser que uno de ellos no se hubiera enterado. ¿Pero todos los 19? Y es que no fue un tema cualquiera. Acá eso fue un escándalo”, dijo uno de los abogados demandantes.

La Silla Vacía confirmó que el diario ‘Llano 7 días’ y un programa radial ventilaron el tema en diciembre de 2011 y se refirieron explícitamente a la presunta inhabilidad.

Por otra parte, el Concejo también es acusado de haberse saltado el debido proceso, pues a la hora de reunirse con cada uno de los candidatos, la única entrevistada fue Leal. La versión de los concejales y de la Contralora es que los otros dos candidatos nunca llegaron: “En la citación que yo recibí del Concejo me informaron que también iban a estar los otros candidatos. Yo estuve muy puntual, luego hubo una espera, pero los demás nunca llegaron”. 

Los concejales afirman que ellos votaron “de buena fe” y que no tenían por qué dudar de certificados que provenían directamente de entidades del Estado, a los que además el Tribunal les había dado el visto bueno.

Este último punto del dolo ha sido determinante en otros casos similares en los que ha habido concejales sancionados por elegir contralores inhabilitados.

En Cali, nueve concejales fueron suspendidos el año pasado, y en Pasto diez concejales corrieron con esta misma suerte hasta hace dos semanas cuando el procurador Alejandro Ordóñez reversó el fallo de la Procuraduría Regional. Y en Toledo, Norte de Santander, once concejales fueron destituidos en 2010 por elegir a una funcionaria inhabilitada, pero luego el Procurador los absolvió. En estos casos se argumentó que los concejales se enteraron de la inhabilidad sólo hasta después de la elección.

Pero hace dos años hubo otro caso en que se probó lo contrario, y en el que 18 de los 19 concejales de Montería fueron destituidos e inhabilitados por 11 años por haber elegido a una contralora con conocimiento de que estaba inhabilitada para el cargo, la cual también fue sancionada por 11 años. El único que se salvó fue un concejal que había votado en blanco.

De fondo, en Villavicencio existe una preocupación por el poder político en el departamento, y se rumora que detrás de esta demanda podrían estar los que siguen en la lista al Concejo y que entrarían como reemplazo en caso de que se den las destituciones. Sin embargo, en su mayoría son jóvenes primíparos que entrarían al Concejo por primera vez, y a quienes ninguna fuente pudo señalar de pertenecer a algún sector político específico.

Sus contradictores tachan a Leal y al Concejo de pertenecer “al bolsillo” del alcalde Juan Guillermo Zuluaga, quien detrás tiene el respaldo político de “la casa Lucas”, es decir, del ex senador Luis Carlos Torres, investigado penalmente, y de su esposa, la senadora de La U Maritza Martínez. 

Pero la Contralora negó que ella sea parte de maquinarias políticas: “Durante la campaña a la Alcaldía yo estaba de viaje y no es cierto que respaldara al alcalde Zuluaga. Ahora, yo sí tengo una ideología, y sí, acompañé a Maritza Martínez al Senado. Pero hasta ahí. Yo no me le acerqué a pedirle respaldo. Yo no soy política”.

Los opositores temen que este sector político esté acumulando demasiado poder. Y esta demanda representa una buena oportunidad para balancear las cargas.

Foto de portada: Óscar Bernal - noticiasdevillavicencio.com

Nota de la Editora: Después de publicada esta historia, verificamos si la senadora Maritza Martínez tenía una relación directa con los concejales que podrían ser destituídos y encontramos que esta se limitaba a su amistad con el presidente del Concejo. Y que si bien el Alcalde Zuluaga ganó gracias a su apoyo de ahí no se puede derivar que ella tenga la influencia que decíamos inicialmente en el artículo sobre el Concejo. Por lo tanto quitamos la frase que lo aseguraba. Ofrecemos disculpas a los lectores por este error.