Acaban la 'silla vacía'

El senador Javier Cáceres, recientemente condenado por parapolítica, estrenó la ‘silla vacía’. Como va la ponencia de la Reforma a la Justicia, podría ser al último al que se le aplique.

Como un propósito de enmienda después de todo el escándalo de la parapolítica, el Congreso aprobó en la Reforma Política de 2009 que el partido político que tuviera a uno de sus miembros con procesos judiciales en firme por vínculos con la guerrilla o los paras no podía reemplazar al congresista judicializado por el siguiente en su lista electoral.

En la primera vuelta de la Reforma a la Justicia, se derogó esta figura. En la nueva ponencia se recupera en parte, pero se restringe su aplicación a cuando haya una condena. Es decir, se elimina la 'silla vacía' como un mecanismo preventivo para evitar que un congresista que haya sido acusado de tener relaciones con los grupos armados siga ejerciendo su cargo mientras se le condena.

Después de que el año pasado se aprobó una reforma constitucional que eliminó la posibilidad de alegar conflicto de intereses cuando se tramita una reforma constitucional, en la Reforma a la Justicia han introducido varios artículos que debilitan el mayor castigo político que puede sufrir un congresista, que es la pérdida de su investidura.

La Reforma dice que cuando un congresista no se posesiona, las cámaras declararán la vacancia, pero que esto no dará lugar a la pérdida de investidura, como ocurre actualmente.

Por ejemplo, Carlos Romero, el esposo de Clara López, la ex Secretaria de Gobierno de Samuel Moreno, perdió su investidura de Concejal de Bogotá cuando después de ser elegido decidió no posesionarse para no inhabilitar a su esposa.

Eliminan la responsabilidad objetiva

Hasta ahora, como la pérdida de investidura no es una sanción penal ni disciplinaria sino un castigo ético, no era necesario probar la mala fe de quien incurría en una de las causales para perder el cargo. Bastaba con que se diera la circunstancia objetiva. Por ejemplo, que faltara a seis reuniones plenarias donde se discutieran proyectos de ley. Ahora, con la Reforma, hay que probar la intención, lo cual hará más difícil que pierdan la investidura.

Se crea el principio de gradualidad

Algunas causales de pérdida de investidura ya no darán pérdida de investidura, sino suspensiones temporales. Con esto se corre el riesgo de que nadie termine perdiendo su investidura porque en el artículo modificado (el 183) no se específica cuándo se perderá y cuándo será sólo un castigo temporal.

Las causales para perder la investidura serán reglamentadas por ley

En la Reforma a la Justicia quedó que serán los mismos congresistas los que reglamentarán su propio castigo, lo que permite suponer que se encargarán de que este no se aplique sino en casos extremos.

Crean doble instancia para la suspensión o pérdida de investidura

El Consejo de Estado es el que determina esta sanción. Pero ahora se decidió que una sección del Consejo de Estado conocerá el proceso en primera instancia y los congresistas podrán apelar su sanción para que la decida de manera definitiva la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Un proceso de pérdida de investidura tarda hoy más de dos años como ha quedado en evidencia con el proceso contra el senador Iván Moreno, por ejemplo. Con la segunda instancia, fácilmente los congresistas terminarán su período antes de que se decida su sanción. Además, ahora se duplica el término para que el Consejo de Estado resuelva la pérdida de investidura: hoy tiene en teoría 20 días para hacerlo. La Reforma lo extiende a 40 días. Aunque en realidad estos procesos se demoran años.

Se crea doble instancia para el juzgamiento de los congresistas

Aún no se ha decidido el mecanismo para juzgar a senadores y representantes. Lo que sí es claro es que de ahora en adelante –como cualquier ciudadano– tendrán una doble instancia. El fiscal general Eduardo Montealegre propuso ayer que la Fiscalía investigue a los legisladores y una vez acuse, el juzgamiento en primera y segunda instancia le corresponda a la Corte Suprema de Justicia. Pero agregó que además haya un tribunal de garantías de “muy alto nivel”, integrado por jueces con las mismas características para ser magistrado de la Corte Suprema. Estos magistrados serían elegidos por el mismo alto tribunal, que tendrían la función que tiene para la gente 'normal' el juez de garantías. Es decir, este tribunal revisaría la legalidad de la captura y aceptaría la imputación, entre otras funciones.