Cada vez que hay un deslizamiento, una inundación o un terremoto, el país recuerda la existencia de las oficinas de prevención y atención de desastres. Pero muchas veces se les dice sencillamente 'oficina de atención de desastres'. Y es que la debilidad de los programas de prevención es patente.

Después del terremoto de Popayán y el desastre de Armero, se creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, una red de entidades locales que está coordinada desde el Ministerio del Interior, en la Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres (DGR). En este tema son responsables la DGR y los departamentos, municipios y distritos. La idea es que entre todos prevengan los desastres y, cuando no puedan evitarlos, atiendan esas emergencias.

Según un conocedor del tema, los avances en las oficinas de prevención y atención de desastres, que existen en todos los departamentos, municipios y distritos, son muy diversos. Mientras que en lugares como Bogotá, Medellín y Nariño se han consolidado instituciones sólidas, en otras partes del país la atención y prevención de desastres es precaria. Eso es clave porque mientras que la Nación tiene el dinero, los alcaldes son los que tienen el conocimiento de un río que se puede desbordar o de una comunidad que se asienta en una zona de alto riesgo. Además, los cuerpos de socorro como los de bomberos oficiales o voluntarios dependen de las administraciones locales. Casos de eventual corrupción en bomberos como los que se han denunciado en Tunja o en Neiva, muestran las debilidades que pueden existir.

Además, el gobierno nacional es el que tiene la llave del dinero. El Fondo Nacional de Calamidades es un fondo que maneja la Fiduciaria La Previsora bajo una junta encabezada por el Viceministro de Interior y compuesta por otros miembros del gobierno nacional. En el presupuesto para este año, el Fondo tenía casi 150 mil millones para todo el país. Eso quiere decir que cuando existen amenazas de desastres, o cuando realmente se han producido, los alcaldes y secretarios locales deben presentar solicitudes al Fondo para conseguir dinero. En estos días, por ejemplo, el alcalde de Aguachica anunció que había conseguido ayudas del Fondo para los damnificados por el invierno. Esto quiere decir que las entregas de dinero del Fondo están sujetas a tejemanejes políticos, especialmente cuando no hay situaciones de emergencia. Y cuando hay emergencias, como suele pasar cada año, se termina aumentando el presupuesto. En 2009 se hizo en tres ocasiones; en noviembre de este año se había agotado el dinero y se trasladaron 27 mil millones de pesos adicionales para el Fondo.

Otro problema del Sistema ha estado en que trabaja poco en prevención. Ha sido más una red de respuesta a desastres puntuales, a pesar de que la idea es que también sea un apoyo para que en la planeación de temas urbanos o ambientales se tenga en cuenta la prevención de desastres y la mitigación de riesgos. Esto se debe, en parte, a que se trata de un sistema flexible y descentralizado. Esto le da la ventaja de estar más cerca de las realidades, pero también la desventaja de que la voz de la DGR es muy débil frente a los encargados de temas medioambientales o de vivienda, que tienen en la Ministra de Ambiente un portavoz con más poder. Sin embargo, casos exitosos como el de haber realizado en Tumaco tres simulacros de alerta por tsunami y una evacuación exitosa en 2007, muestran que la prevención es posible y deseable.

Esta precariedad de la prevención se refuerza porque la Defensa Civil, que es quizás el cuerpo de socorro más sólido e importante, está orientada a atender la prevención inminente y la asistencia en casos de desastres. En otras palabras, el principal músculo del Sistema está pendiente de los desastres y no de su prevención. Con presencia en unos 800 municipios y menos de 100 mil voluntarios, su radio de acción es limitada. Y con un presupuesto de poco más de 20 mil millones para este año, tampoco podría desarrollar acciones de prevención más profundas. Para eso están, de nuevo, las autoridades locales.

El domingo un alud de tierra sepultó a cerca de 125 personas en el barrio Calle Vieja, del municipio de Bello, en Antioquia, y hasta ahora sólo han sido recuperados 23 cuerpos. Diez días antes, en el barrio El Poblado de Medellín, la casa de un reconocido empresario paisa quedó sepultada por un alud, el movimiento de la tierra apenas les dio a sus ocupantes el tiempo para salir. Y en barrios subnormales de Bogotá, Cali, Cúcuta y otros más (ver mapa), la lluvia está a punto de acabar con barrios completos. ¿Quién tenía la responsabilidad de que esto no sucediera?

La responsabilidad está en gran parte en las alcaldías que no obligan a cumplir las normas de planeación a las constructoras, no impiden los asentamientos ilegales y finalmente no hacen cumplir las normas ambientales que impiden cualquier tipo de construcción en las zonas de ladera. Las construcciones mal planeadas hacen que la lluvia debilite las montañas y ocasione tragedias.

En los barrios periféricos de Soacha, en el sur de Bogotá, específicamente en los barrios Loma Linda y La Capilla, tuvieron que ser reubicadas cerca de quince familias que construyeron en la ladera un asentamiento informal. Allí, al contrario de buscar la manera de reubicarlos y recuperar la zona, la Alcaldía de Soacha les está construyendo el sistema de alcantarillado.

Lo de El Poblado, en Medellín, por ejemplo, es un problema de más de treinta años cuando aún los estudios ambientales no eran un requisito y quienes contaban con recursos tajaron parte de la montaña para construir sus casas.

Lo ocurrido en Bello, Antioquia, o en San Cristóbal, en Bogotá, se debe en parte a la negligencia de las alcaldías locales de evitar este tipo de invasiones o construcciones en laderas que, tarde o temprano, se pueden venir abajo porque no existe una base vegetal que las sostenga.

Además, lo que sucede en las zonas rurales, donde están las cuencas de los ríos, influye directamente en lo que ocurre en las zonas urbanas porque si, por ejemplo, hay usos de la tierra indebidos en zonas que deberían ser de reserva, el crecimiento del agua alcanza las cabeceras cuando los aguaceros son muy fuertes.

También está el problema con los caños que cruzan las ciudades y los humedales que hay en poblaciones del interior donde tampoco deberían autorizarse construcciones circundantes.

Con los planes parciales de ordenamiento territorial se ha avanzado en la regulación de la construcción de acuerdo con normas ambientales. Pero aún con estos planes, en la zona occidental de Bogotá, la Secretaría de Planeación autorizó construcciones nuevas cerca al río Juan Amarillo y cerca al humedal. Estas familias han tenido que soportar dos inundaciones que no les permiten salir de su casa.

La responsabilidad de prevenir emergencias invernales como la que padecemos actualmente recae principalmente en las autoridades ambientales como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno Nacional.

Las 33 CAR que hay en el país son entidades autónomas en distintas regiones que deben encargarse de construir planes de emergencia en caso de desastres naturales, y financiar proyectos para el cuidado de cuencas y ríos. Si el Ministerio de Medio Ambiente dicta políticas generales para todo el país, son las CAR las encargadas de implementarlas.

Las CAR se crearon hace 15 años para darle autonomía a las regiones sobre sus políticas ambientales, bajo la lógica que quien conoce los problemas ambientales a nivel local encontrará mejores soluciones. Por esto también se les otorga un presupuesto que pueden manejar autónomamente y que asciende a unos 1,3 billones de pesos anuales. El problema es que las CAR no deben rendirle cuentas a ningún ente de control: ellas controlan que las empresas que explotan en la región cumplan con los estándares ambientales, pero también son inversionistas de recursos públicos en la zona cuando desarrollan proyectos y por lo tanto terminan siendo juez y parte.

Cuando Uribe salió elegido la primera vez prometió acabar con las CAR, que ya tenían graves problemas de corrupción. Pero luego, terminó extendiendo el período de sus directores de tres a cuatro años antes de su primera reelección.

Muchas CAR -con notables excepciones- en cambio de cumplir a cabalidad con sus labores han sido tradicionalmente fortines burocráticos de los políticos. Uno de esos casos es el de Cormagdalena, que según dijo una fuente confiable de la Costa a La Silla Vacía se convirtió en fortín electoral de los senadores de La U Piedad Zuccardi y José David Name. Otro caso es el de CorpoBoyacá: varios alcaldes del departamento han criticado en este año la gestión ambiental de su director Miguel Arturo Rodríguez y dicen que la rotación de personal corresponde a palancas políticas del senador conservador Juan Córdoba.

Varias Corporaciones Autónomas Regionales también fueron cooptadas por los paramilitares y sus eslabones en la política en la última década. Según le denunció la revista Cambio a finales del año pasado, el exsenador Juan Carlos Martínez -capturado por la Corte Suprema por sus vínculos con los paramilitares- mantenía su cuota más grande en la Corporación Autónoma del Valle, una de las regiones donde la tragedia invernal ha sido más dura. Y del ‘Gordo’ García, el exsenador sucreño condenado a 40 años por parapolítica, se dice que tiene su fortín electoral en la CarSucre y CorpoMojana, responsables también de los ríos que hoy están desbordados. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge serían el fortín de Juan Manuel López Cabrales, esposo de la hoy senadora liberal Artleh Casado, según el periódico Vanguardia.