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Sábado Diciembre 05, 2020
La licitación del tercer canal sería el negocio más grande de telecomunicaciones que se haya celebrado hasta el momento. Pero como este Gobierno decidió comenzar el proceso desde cero después de que el Consejo de Estado lo tumbó antes de un año los colombianos no verán más oferta televisiva.

 

Ayer la Contraloría Nacional le imputó cargos de responsabilidad fiscal a Caracol TV y a RCN porque los dos canales terminaron pagando por la prórroga de sus licencias de televisión la mitad del valor que debían pagar dado que no tuvieron que enfrentar la competencia del Tercer Canal como se tenía previsto. Si los dos canales son vencidos en juicio, el monto de la multa seguirá creciendo en su contra puesto que la nueva licitación del Canal está en pañales.

De acuerdo a la Contraloría, la Comisión Nacional de Televisión había tasado el valor de la prórroga de las licencias en 528.734 millones de pesos, monto que debía repartirse entre los dos canales privados y el Tercer Canal que estaba a punto de adjudicarse. Los dos canales terminaron pagando entonces un poco menos de 300 mil millones de pesos.

Pero cuando la licitación del nuevo canal se frustró, el monto de las licencias no se ajustó a la situación "real y actual de un mercado duopólico". Y de esta manera, los dos canales privados han disfrutado de la torta publicitaria sin ninguna competencia adicional y pagando cada uno 89 mil millones de pesos menos de lo que deberían.

"RCN considera que no hay ese detrimento”, dijo Carlos Medellín, el abogado de ese canal a la W Radio. “Existirá el momento procesal oportuno para aportar los documentos del caso para desvirtuar esa afirmación”, agregó. En todo caso explicó que la suma que tuvieron que pagar los canales en ese entonces por la prórroga consistía por una parte en una suma fija determinada por la Cntv y, por otra, en una suma variable según publicidad que se iba a vender en los primeros años.

Es esta variable de la pauta la que obviamente cambia si hay que repartir la publicidad entre dos canales o entre tres. El problema es que si el criterio de la Contralora se mantiene la cuenta seguirá creciendo en contra de los dos canales privados por lo menos durante un año más que se demorará todo el proceso de licitar el nuevo Canal, si todo sale a la perfección.

 

Diego Molano, Ministro de las TICs, dijo que acataban el fallo del Consejo de Estado que tumbó el Tercer Canal y que comenzaban de nuevo todo el proceso de licitación. 
La Contralora Sandra Morelli cree que hay indicios de que Caracol TV y RCN habrían causado un detrimento patrimonial a la Nación por haber pagado por la prórroga de sus licencias de televisión el monto previsto para tres canales, no para dos.
RCN, bajo la dirección de Gabriel Reyes, tendría que pagar a hoy 89 mil millones de pesos porque no entró en vigor el Tercer Canal. Pero si se demora otro año más, ese monto tendría que ser reajustado si la Contralora los vence en juicio.
Carlos Alejandro Pérez, el presidente de Caracol TV, está pendiente de un fallo del Tribunal de Arbitramento, que es el juez natural del contrato de concesión de las licencias, y que determinará en agosto o septiembre, si en efecto tienen que pagar más por sus licencias. Esto es un proceso adicional y previo a la investigación fiscal que les abrió la Contralora.

La nueva licitación

El 14 de febrero, el Consejo de Estado tumbó la licitación del Tercer Canal, que había estado plagada de irregularidades casi que desde el primer día en que el gobierno de Uribe propuso entregarle a los colombianos una oferta adicional de television. Y que, además, fue torpedeada por los dos canales privados que no estaban interesados en tener una competencia adicional.

El Consejo de Estado anuló el proceso de licitación porque había un único oferente –el Canal Tres Televisión de Colombia, integrado por Editorial Planeta, la Casa Editorial El Tiempo y RTI- ya que los demás interesados se retiraron alegando que los pliegos de la licitación estaban hechos a la medida de Planeta.

Y aunque el Consejo de Estado dio la opción de retomar el proceso de licitación haciendo los correctivos del caso para que hubiera una verdadera puja entre varios proponentes, el Gobierno decidió iniciar desde cero.

Apenas se conoció el fallo, el Ministro de Comunicaciones Diego Molano, dijo que el gobierno “está listo para empezar un nuevo proceso”.

Según explicó a La Silla Vacía Jaime Andrés Estrada, el director de la Agencia Nacional de Televisión, que reemplazó a la Comisión Nacional de Televisión, ahora en proceso de liquidación, decidieron comenzar toda la estructuración de la licitación desde un comienzo porque desde el 2008, cuando se hicieron los estudios para la licitación del Tercer Canal, el mercado de la televisión ha cambiado por completo.

En estos cuatro años, aumentó la televisión por suscripción –que hoy con Argentina es una de las más grandes de América Latina- y la televisión digital terrestre logró una cobertura del 50 por ciento lo que transforma por completo las condiciones del mercado de pauta y las dinámicas de los televidentes colombianos. Y es en este nuevo contexto que entrará a competir un nuevo canal.

Por eso, dijo Estrada a La Silla Vacía, la ANTV definió en su primera junta de abril un cronograma preliminar para la nueva licitación. Y en dos semanas, estarán sometiendo para oír comentarios los prepliegos del concurso para escoger la banca de inversión que haga la estructuración técnica y financiera del pliego de condiciones para la nueva licitación.

Una vez se abra este concurso, tendrán tres meses para escoger la banca de inversión. Y calculan otros cuatro meses para tenerminar todos los estudios sobre el comportamiento de la pauta y demás y luego, con base en ese contexto, abrirán la licitación.

Estrada calcula que en menos de un año estarían adjudicando el Tercer Canal. Este es un plazo excesivamente optimista si se tiene en cuenta la experiencia de la anterior licitación que se enredó durante más de tres años.

¿Qué va a pasar con RCN y Caracol TV mientras se adjudica el Tercer Canal?

Estrada dice que aún no conocen oficialmente el auto de la Contraloría. Pero que en la junta de la ANTV el jueves pasado discutieron el tema y se trajo a colación que los anteriores comisionados –a quienes la Contraloría también les imputó cargos fiscales- habían convocado un tribunal de arbitramento en mayo de 2011 para que decidiera si los canales privados tenían que pagar un mayor valor por la concesión.

Y que esa decisión del Tribunal debe salir en agosto o septiembre. Una vez salga se acogerán a esa sentencia del Tribunal, que es el juez natural del contrato con los operadores privados.

Mientras sale ese fallo, la investigación de la Contraloría–si no se queda en meros anuncios- seguirá avanzando. Y es posible que en un año, los colombianos no solo tengan un canal adicional para ver mejor televisión sino que los contribuyentes hayan recobrado más de doscientos mil millones de pesos que hoy adeudarían los grupos Santodomingo y Ardilla Lulle, si la Contralora Morelli tiene razón.
 

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Mié, 2012-05-30 12:01

la deuda de caracol y RCN es bien grande venden entretenimiento mientras están de espaldas al país un ejemplo la restitución de tierras probablemente ni le dediquen una nota en sus informativos http://www.youtube.com/watch?v=HU4UJiR1hOM

Mié, 2012-05-30 07:12

La Silla Vacía también debería comentar que la Contralora Sandra Morelli firmó dos contratos para gastarse más de $2.500 millones MENSUALES en arriendo en Gran Estación 2, teniendo la entidad 2 sedes propias. En total será un gasto de más de $70.000 millones por un arriendo de dos años para la Contraloria, que tiene dos edificios propios.

Mar, 2012-05-29 19:08

Definitivamente las reglas propias o inherentes al mundo de los negocios han penetrado mediante diversos métodos y a través de las más variadas estratagemas todos los medios de comunicación. Y en el caso de la Televisión que es el más masivo, el de mayor audiencia, la transacción es clave para los grandes inversionistas. La libertad económica logró ser introducida en el texto constitucional. Lo que uno no alcanza a detectar, sin embargo, son el bien común, las responsabilidades y la función social que la Carta Fundamental le impone como condición a los privados para acceder a todo tipo de negocios, los más jugosos los de los medios.
Al Estado parecen interesarle poco las repercusiones de los mensajes no educativos y más bien deformadores de la moral y la conciencia de los niños colombianos quienes observan escenas que inducen al morbo, a la mercantilización de la dignidad humana con tal de conseguir clientes a través de la publicidad de fuerte contenido comercial.

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