Acaba de concluir la reforma del Estado y ahora queda la parte más difícil: lidiar con los esqueletos de las entidades liquidadas. La liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes es una de las más complicadas y nada lo ejemplifica mejor que las dificultades que ha tenido la entidad para vender un lote en el norte de Bogotá, que es la joya de la corona de la DNE.

El ex director de la Dirección Nacional Estupefacientes Juan Carlos Restrepo (arriba) se opuso al negocio de la venta del lote de la Autopista Norte con calle 175. El ex subdirector jurídico Carlos Enrique Robledo (en el centro) fue quien lideró la subasta en la que se acordó la venta del lote, durante la administración del polémico Ómar Figueroa (abajo).

El lote, que fue del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, es uno de los bienes más preciados que tiene Estupefacientes, porque es uno de los pocos espacios aún disponibles para hacer un nuevo centro comercial o un desarrollo grande en un lugar estratégico de la ciudad: queda sobre la Autopista Norte con calle 175, en una zona en plena expansión y frente al Portal Norte de Transmilenio.

Ha sido tal el enredo judicial alrededor de este lote, que la DNE ha sido incapaz de venderlo. Además, una de las personas que ha demostrado interés en este negocio es Carlos Gutiérrez, uno de los principales financiadores de la campaña presidencial del Ministro del Interior Germán Vargas Lleras y de otros políticos importantes, lo que ha sembrado suspicacias alrededor del negocio porque Estupefacientes dependía del ministro.

Sin embargo, el Ministro Vargas Lleras aclaró que precisamente a raíz de las suspicacias presentadas por su relación con Gutiérrez, desde el primer momento en que se ventiló este caso al interior del Comité de Conciliaciones de la DNE, presidido por Santiago Morales, su 'ficha' en Estupefacientes, Morales siempre presentó su impedimento para no participar en ninguna decisión relacionada con el caso. La Silla Vacía así lo constató. Y que además, la venta de ese lote comenzó hace más de dos años cuando el director era Ómar Figueroa y él no era Ministro, lo cual también es cierto.

Carlos Gutiérrez, el hombre que fondea el negocio

Carlos Eduardo Gutiérrez Villegas es un empresario conocido por sus labores como prestamista a través de la Organización Servimos, una empresa de fáctoring (que compra facturas y papeles similares con descuento) y por sus relaciones con personajes de la política como Vargas Lleras o Álvaro Uribe.

Gutiérrez (que no es el mismo Carlos Gutiérrez que financió a los Nule y a DMG) comenzó su vida profesional como prestamista del barrio Ricaurte en 1978. Luego, se graduó como abogado de la Universidad La Gran Colombia y, en 1989, creó la Organización Servimos con un capital de 10 millones de pesos. La empresa, cuyo gerente es su hermano José Alfredo Gutiérrez, ha sido muy exitosa y en 2007, según Portafolio, ya tenía activos por más de 13 mil millones de pesos. Aunque Gutiérrez no aparece como miembro de la junta directiva, ni como gerente de Servimos, es la cabeza visible de la Organización.

Gutiérrez también es un hombre conocido en los círculos políticos porque ha aportado a varias campañas. A varios de estos personajes nacionales los conoció a través de su hermana Gloria Luz Gutiérrez, quien organiza las tertulias poéticas más famosas de Bogotá. A su vez, Gloria Luz fue presentada a una cierta élite cachaca, incluidos los Vargas Lleras, por la poeta María Mercedes Carranza antes de morir. Carlos Gutiérrez ha sido miembro de la junta directiva de la Casa de Poesía Silva, de la que Carranza era la directora.

Álvaro Uribe y Lina Moreno también asistieron a esas tertulias poéticas y, en 2002, Carlos Gutiérrez aportó un millón de pesos a la campaña presidencial de Uribe, por quien profesaba gran admiración. Tanta, que en esa misma campaña logró que El Tiempo publicara un poema que muestra su fervor uribista: se refería al ex presidente como “privilegiado por Dios con dones de humildad, valentía y honestidad”.

En 2010, Gutiérrez fue uno de los cinco mayores aportantes a la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, con 50 millones de pesos. Sólo Julio Mario Santodomingo aportó más (100 millones), mientras que Gabriel Echavarría Obregón, Carlos Mattos y Ramiro Alberto Pérez (de la empresa constructora Latinco S. A.) también aportaron 50 millones de pesos.

Por su parte, su hermano Alfredo fue uno de los principales aportantes a la reciente campaña a la Alcaldía de Bogotá de David Luna. Le dio 50 millones de pesos.

Aunque Carlos Gutiérrez negó a La Silla Vacía que él estuviera buscando quedarse con el lote más preciado de la DNE, una alta fuente de la entidad le dijo a La Silla Vacía que él se presentó como financiador de la compra del lote. Y hay suficientes indicios que demuestran su relación con el negocio.

El primer indicio es que durante 2010, Carlos Gutiérrez visitó más de diez veces la DNE –tanto al Director como a la directora jurídica Helia Marcela Niño– como lo demuestran las entradas al edificio que constan en documentos oficiales. Gutiérrez afirma que él no ayudó a financiar el negocio y que ni él, ni su empresa tienen nada que ver con el mismo. Pero que cuando su nombre salió a relucir (internamente, pues en los medios nunca ha sido mencionado) efectivamente fue a la DNE para tratar de aclarar el embrollo.

El segundo punto es que Recibanc, la empresa que se ganó inicialmente la adjudicación del lote, es la empresa que le compra a la Organización Servimos, de Gutiérrez, la cartera morosa y la que adelanta los procesos de cobro ante los juzgados.

Tercero, Gutiérrez también tiene vínculos con la otra única empresa que participó en la adjudicación del bien. Se trata de Intercredit, una empresa de asesorías y consultorías contable, financiera y administrativa.

Según el diario regional La Patria, de Manizales, la Organización Servimos le prestó al equipo Once Caldas más de 5 mil millones en 2010 y exigió como garantía los ingresos del club por sus contratos publicitarios con la Industria Licorera de Caldas. El mismo diario afirma, en otra nota, que en 2011 fue Intercredit quien prestó el dinero. Al comunicarse con el club, la gerente financiera le explicó a La Silla Vacía que se trata de dos préstamos diferentes pero con los mismos prestamistas. Y que el cambio de empresa entre Servimos e Intercredit se hizo por indicación de quienes les desembolsaron los recursos.

A fines de agosto, El Tiempo informó que Recibanc e Intercredit, las dos empresas que pujaron por el lote, parecían ser de papel y tener relaciones entre sí: funcionan en inmuebles cercanos donde no dan razón de ellas y tienen capitales sociales pequeños (10 millones de pesos) para comprar un inmueble por más de 15 mil millones.

La Silla Vacía encontró más datos. Recibanc, que existe desde 2005, tiene un capital de 10 millones que pagaron dos socios, Hernando Arias Orozco y Germán Espitia Cobos. La empresa tiene dos sedes. Una es en el centro de Bogotá, en el edificio adyacente a Intercredit y allí nunca ha operado la firma, según El Tiempo. La segunda queda en el barrio Ricaurte, en el mismo Centro Comercial donde queda la Organización Servimos.

Intercredit es de tres personas: Libia Villegas y los hermanos Óscar Javier y Andrea Carolina Alfonso Gutiérrez. Villegas es familiar de Carlos Gutiérrez. Y en una empresa de la Florida, Servibanco Inc., Libia Villegas, los hermanos Alfonso Gutiérrez y los hermanos Alfredo y Carlos Gutiérrez aparecen como directivos, el equivalente a compartir junta directiva en una empresa colombiana.

Lo único que formalmente comparten Intercredit y Recibanc es su revisor fiscal, Diana Carolina Pinilla. Esto podría ser otra coincidencia. Pero en este caso llama la atención, especialmente después de que el entonces director de Estupefacientes Juan Carlos Restrepo le dijera a El Tiempo que “hay personas relacionadas en las dos sociedades”.

Y el cuarto indicio tiene que ver con otra empresa. Alfredo, el hermano de Carlos, además de ser el gerente de Servimos, es también representante legal de una compañía llamada Administrar Bienes (que también queda en el Centro Comercial Ricaurte). En 2009 una arquitecta que trabajaba en esa empresa envió una carta a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá para iniciar los trámites de solicitud de licencia de construcción del famoso lote (equivocadamente, porque no era la entidad indicada para ese trámite), pese a que esa empresa no tiene formalmente nada que ver con el negocio.

La compra del lote no tendría nada de raro si no fuera por lo enredada que ha sido la transacción.

Como se explicó al inicio, el cotizado lote le perteneció al narcotraficante Rodríguez Gacha hasta junio de 2003, cuando un juez extinguió el dominio a favor de la DNE. Pero apenas unos meses después, en diciembre, como contó Caracol Radio, un ex trabajador de Rodríguez Gacha, José Emilio Garzón, puso una demanda alegando que el lote le pertenecía por posesión y esa demanda sigue pendiente.

Mientras se resolvía la demanda, Estupefacientes arrendó el lote. Pero en 2008, la DNE decidió que era hora de venderlo y pidió a la Lonja de Bogotá un avalúo del bien para subastarlo. La Lonja lo estimó en poco menos de 21 mil millones de pesos.

Con ese avalúo, la DNE le encargó a una inmobiliaria hacer una subasta y se fijó el precio base en un 75 por ciento del avalúo (que es lo común), 15 mil 741 millones.

Al remate sólo llegaron dos sociedades, Intercredit y Recibanc. Pero cuando supieron de la demanda de pertenencia interpuesta por el ex trabajador de Rodríguez Gacha, solicitaron que se suspendiera la audiencia, para que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DNE analizara si se podía avanzar en el proceso.

El Comité se demoró desde marzo hasta octubre de 2009 para decidir. Y recomendó no seguir adelante con el proceso, por la incertidumbre jurídica. Pero también indicó que si los oferentes querían seguir adelante, la DNE sólo podría escriturar el lote al ganador cuando se resolviera el proceso. Si lo perdía, debería devolver el dinero a los compradores.

A pesar de esas recomendaciones, se siguió adelante con el proceso. Y en noviembre de 2009 se hizo la adjudicación. En la subasta estaban presentes varios funcionarios de la DNE, encabezados por el subdirector jurídico, Carlos Enrique Robledo Solano, quien según El Tiempo está en la mira de la justicia por hechos de corrupción.

Las dos empresas propusieron precios muy similares y cercanos al piso: Intercredit propuso pagar 15 mil 755 millones y Recibanc 15 mil 760. Con eso, Recibanc ganó la subasta. Pero también se ganó dos problemas.

Primero, la DNE se había saltado las decisiones de su propio Comité de Conciliación y Defensa Judicial, pues en la subasta aceptó escriturar el bien antes de que hubiera una sentencia definitiva en el proceso de pertenencia. Además, se dijo que el inmueble se entregaría cediendo el contrato de arrendamiento que tenía, lo que también iba en contravía de la decisión del Comité de Conciliación, que era obligatoria.

Segundo, el avalúo ya tenía más de un año, por lo que estaba desactualizado. Para esa fecha el avalúo catastral ya se había triplicado, lo cual era un indicio de que el precio comercial también podría ser más alto. Sin embargo, no se ordenó un nuevo avalúo.

Además, el ex trabajador de Gacha denunció en mayo de 2010 que había sido amenazado telefónicamente por personas que le decían que tenía que desistir de su empeño en quedarse con el lote. Y en agosto, el subdirector jurídico de la DNE, Carlos Enrique Robledo, le exigió al arrendatario que desocupara el bien, a pesar de que en la subasta se había acordado que la DNE entregaría a Recibanc el contrato de arrendamiento y que por eso no era necesario terminar el contrato de arrendamiento.

El nuevo Gobierno

En agosto del año pasado, hubo cambio de Gobierno, pero siguió al mando de la DNE Ómar Figueroa, que venía del gobierno de Uribe y que esta semana será imputado por presuntamente haber favorecido a su padre con la entrega de bienes de la DNE. Figueroa estuvo a la cabeza hasta mediados de septiembre de 2010, cuando el nuevo Gobierno lo removió del cargo.

Antes de que Figueroa dejara el cargo, la DNE le pidió al juzgado que le permitiera vender el lote así pesara sobre éste una demanda de pertenencia y el juzgado accedió. Pero en octubre la asesora legal que supuestamente hizo esa solicitud dijo que habían falsificado su firma en esa petición y presentó una denuncia penal.

El 15 de octubre, Juan Manuel Santos posesionó como director de Estupefacientes a Juan Carlos Restrepo, amigo de él desde que era Ministro de Defensa. En su estilo de nombrar directamente a los segundos a bordo y no dejar que el respectivo ministro nombrara sus ‘fichas’, Restrepo no llegó a la DNE a través de Vargas Lleras.

Pocos días después de asumir el cargo, el 12 de noviembre, Restrepo presentó una solicitud a Catastro Distrital en la que pregunta por qué aumentó tanto el avalúo catastral del lote y dice que el aumento es absurdo porque de un año a otro se había triplicado. Sin embargo, el 17 de diciembre, antes de que Catastro respondiera, Restrepo envió un nuevo oficio a la entidad distrital aclarando que no buscaba la reducción del avalúo catastral. Sin embargo, Catastro finalmente lo redujo a 15 mil 700 millones de pesos.

Restrepo explicó esta contradicción con el argumento de que el primer oficio fue redactado por  otro funcionario de la entidad cuando él llevaba a cargo de la entidad solo unos pocos días. Y que para corregir el error, envió la aclaración a Catastro.

Mientras se resolvían las dudas sobre el avalúo del lote, Recibanc consignó el dinero que le faltaba por pagar, 12 mil 600 millones de pesos. Ya había pagado los otros tres mil antes de la subasta como lo exigía el procedimiento para asegurar que la oferta fuera seria. Aura Stella Cubillos, una funcionaria del Fondo que administra los bienes de Estupefacientes, se lo solicitó por escrito a la inmobiliaria que hizo la subasta el 2 de noviembre. Recibanc consignó el dinero el 10 de noviembre y con eso obtuvo más argumentos para pedir que se le escriturara el lote.

Sin embargo, Restrepo dice que creía que el avalúo había sido muy bajo y que existían irregularidades a lo largo del proceso, por lo cual se opuso a todo el negocio. E intentó devolverle el dinero a Recibanc, con una resolución del 25 de noviembre. Pero la firma se negó a recibirlo porque estaba interesada en adquirir el lote.

Entonces, con el fin de evitar que un lote que estaba avaluado en 29 mil millones (y que una vez saliera al mercado doblaría su precio) se entregara por la mitad de lo que valía, Restrepo inició en enero de 2011 una acción popular, argumentando que la venta a Recibanc por ese precio sería un inmenso detrimento patrimonial.

Con esto, casó una pelea con el comprador. Recibanc instauró y ganó en primera instancia una tutela que obligaba a Restrepo a firmar la escritura del predio. Restrepo impugnó la tutela y pidió acompañamiento a la Contraloría. Y justo cuando Restrepo tenía que cumplir la tutela, la Contralora General Sandra Morelli embargó el predio como parte de una investigación contra los ex subdirectores Robledo y Ómar Figueroa, por lo que la DNE no podía firmar la escritura así quisiera.

Restrepo denunció al juez que otorgó esa tutela con el argumento de que el funcionario había concedido esa acción excepcional a pesar de que había otros medios de defensa y el Consejo Superior de la Judicatura le dio la razón y suspendió al juez.

Finalmente, Restrepo presentó una denuncia penal por todos estos hechos en agosto contra personas indeterminadas y la investigación está pendiente en la Fiscalía.

Con toda esta disputa legal, la venta del lote que es la joya de la corona de Estupefacientes está en veremos, ya que no se puede vender hasta que la Contraloría no desembargue el bien. Y para desembargarlo, la Contraloría tendrá que establecer primero si, en efecto, se cometieron las irregularidades denunciadas por Restrepo y si venderlo por los 15 mil millones por los que se pactó el negocio constituye un detrimento patrimonial.

La pregunta es qué va a pasar con este enredo, ahora que la DNE está en liquidación y debe vender todos los bienes a su cargo. Este será uno de los grandes chicharrones de María Mercedes Perry, la liquidadora. 

Nota de la Directora: después de publicado este artículo, La Silla Vacía obtuvo el impedimento presentado por Santiago Morales, ex Secretario General de Estupefacientes, en el que se abstiene de participar en cualquier decisión que tenga que ver con los hermanos Gutiérrez dado que financiaron la campaña de Vargas Lleras. Además, Morales entró a trabajar a Estupefacientes el 5 de enero después de que se había pedido la revisión del avalúo del lote y no antes como equivocadamente lo dijo La Silla Vacía. Ofrecemos disculpas por ese error.