La Ley de Víctimas aprobada esta semana por el Congreso posiblemente será el sello de la Presidencia de Santos. Sus implicaciones políticas y simbólicas son tan grandes como lo son los riesgos prácticos de su aplicación.

Políticamente, esta ley le imprime al gobierno de Santos una marca propia. Lo define.

Para comenzar, lo deslindó del gobierno de Uribe. No solo porque el ex Presidente y sus seguidores hundieron la ley pasada y se resistieron al trámite de esta, sino porque fue un proyecto que partió del Partido Liberal. Y el que Santos haya acogido como propia una iniciativa tan importante que no venía de su Partido demuestra que la coalición de la Unidad Nacional es más que una estrategia utilizada en campaña para ganar adhesiones.

Que esta ley no haya roto la coalición también es políticamente muy significativo porque no era fácil pasar de un discurso que negaba la existencia del conflicto armado interno, que incluso llegó a insinuar que los desplazados eran en realidad ‘migrantes’ y que ideológicamente se negaba a aceptar que las víctimas eran iguales independientemente de quiénes habían sido sus victimarios, a aprobar una norma con un espíritu amplio y generoso proviniendo del Estado.

Lo más importante, obviamente, es que por primera vez la sociedad colombiana reconoce el dolor que han sufrido las víctimas por cuenta del conflicto interno y hace un compromiso serio para reparar en la medida de lo posible las heridas dejadas por ese dolor.

Esto -así fuera a un nivel meramente simbólico- es importante. Durante muchos años ha hecho carrera en Colombia la idea de que ‘todos somos víctimas’. Y es cierto que en este país muchos han sufrido de una manera u otra. Pero hay tres o cuatro millones de personas que han llevado una carga desproporcionadamente grande de esta guerra: que han tenido que escoger entre entregar uno de sus hijos a la guerrilla o entregar unas vacas y han tenido que optar por dar al hijo porque tienen que alimentar con las vacas a los otros hijos; o que han visto matar a sus papás y violar a sus mamás; o que lo han perdido todo de un día para otro, su casa, sus cultivos, sus memorias y su tierra; o que llevan años confiando que un milagro les aparezca un desaparecido.

No todos hemos sufrido cosas así. Y es histórico que la sociedad se hubiera puesto de acuerdo sobre unos conceptos mínimos: sobre quién debe ser reparado, sobre en qué debe consistir esa reparación, sobre cómo. Y es histórico porque pese a que estos temas dividen a las sociedades que han sufrido, este Congreso y este gobierno lograron forjar un consenso suficientemente amplio para aprobar la ley.

Es cierto -como lo ha manifestado el Movimiento de Víctimas del Estado (MOVICE), liderado por Iván Cepeda- que esta ley podría haber sido mejor y que algunos aspectos son problemáticos.

Que tomar 1991 como fecha para legalizar las tierras despojadas y 1985 para el resto de la reparación crea una desigualdad, o que el llamado ‘derecho de superficie’, que privilegia la continuidad de los proyectos productivos incluso en terrenos despojados, es polémico. La ley tampoco reconoce como víctimas a todos los que fueron desaparecidos porque hacían parte de una organización armada, lo cual es una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Y la ley no fue consultada, como exige la ley, con las organizaciones indígenas y afrocolombianas que han sido victimizadas durante años.

Está el temor -manifestado por el Polo que, a pesar de que ha tenido a las víctimas en su agenda política, no apoyó la ley- que el gobierno tendrá un poder inmenso para definir el monto de las indemnizaciones y que la ley quedó sujeta al criterio de sostenibilidad fiscal que podría imponerle restricciones grandes a la reparación.

También es cierto que el proyecto privilegia la reparación sobre la memoria y la verdad. Le da un puntillazo final al Grupo de Memoria Histórica y el Centro de Memoria que no profundizará en las causas y protagonistas de esta guerra.

Estos reparos a la Ley fueron expuestos por varias organizaciones de víctimas unas semanas antes de su aprobación. Pero, en líneas generales, muy pocas han salido a decir que hubiera sido mejor que no existiera la ley.

“Para mí esta ley es una revolución”, dijo a La Silla Vacía Carmen Palencia, líder de víctimas en el Urabá Antioqueño. “De pronto no llena todas las expectativas, pero es que ya es un marco jurídico para reclamar nuestras tierras”.

Para que verdaderamente la ley sea revolucionaria hay que poderla aplicar. Y los problemas prácticos que enfrentará la aplicación de la Ley de Víctimas son inmensos y de todo orden.

Para comenzar está el riesgo jurídico. Su misma existencia se verá amenazada por las grandes demandas que llegarán a la Corte en contra suyo.

Hay quienes piensan que la ley ha debido tramitarse como una ley estatutaria porque, al regular derechos de las víctimas, estaría modificando derechos fundamentales.

También la demandarán porque el gobierno no hizo una consulta previa a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Los ponentes y el gobierno -conscientes de que no hubo consulta previa- en los debates argumentaron que esta ley estaba inspirada en el proyecto que tumbó el gobierno de Uribe en la legislatura pasada y que sí había sido consultado con las víctimas, los indígenas y los afrocolombianos.

El segundo argumento que esgrimieron fue que apenas el proyecto entró a Comisión Primera en la Cámara de Representantes incluyeron un artículo según el cual una vez fuera aprobada la ley, el Gobierno consultarìa a estas comunidades y pronto expedirìa unos decretos que pasarán a ser revisados por la Corte como parte de la ley de víctimas aplicadas a las comunidades afro e indígenas.

Entonces, si el trámite en el Congreso estuvo lleno de incertidumbres y trabas, su paso por la Corte Constitucional será realmente la prueba de fuego. Sobre todo porque todos los que sienten que pierden con la ley tratarán de ajustar las cargas acudiendo ante la Corte.

Y una vez que salga la ley de la Corte -con todas las correcciones- comenzará lo más difícil: hacerla realidad.

El primer problema práctico será aplicar la definición de víctima contenida en la ley. El proyecto parte del supuesto que hay entre cuatro y cinco millones de víctimas distribuidas por todo el país. Pero eso, al aterrizarlo, ya será polémico: ¿cabrán los familiares de los jóvenes biólogos asesinados por las bandas criminales? ¿Podrán ser reparados los familiares de los funcionarios judiciales de La Rochela asesinados por orden de Fidel Castaño, que era un narcotraficante, más que otra cosa? El texto de la ley no permite una sola interpretación.

Y están los problemas que surgirán alrededor de lo más revolucionario que tiene esta ley, que es la inversión de la carga de la prueba para quienes son propietarios de tierras reclamadas por las víctimas. En el capítulo de restitución de tierras quedó que se presumirá que la venta de tierras por parte de las víctimas fue ilegal si en la vecindad del predio se produjo un desplazamiento masivo, o violencia, o si pagaron menos del 50 por ciento del valor real de la tierra, o si se produjo una concentración masiva de tierra.

Esas presunciones legales son revolucionarias porque facilitan la restitución a favor de las víctimas, pero cubrirán tantos casos, tantas hectáreas de tierra que han ido pasando de manos, que su aplicación creará muchos temores entre gente muy poderosa. Y para lograr aplicar esas presunciones es necesario que las autoridades locales, la policía, los jueces municipales estén comprometidos.

Y una buena parte de la institucionalidad local de las zonas que más sufrieron el conflicto representa los intereses de los despojadores y no de las víctimas. Porque al fin y al cabo, los paramilitares en esas zonas ganaron la guerra y también varias elecciones. Por eso es que el Incoder tituló tierras de las víctimas a favor de paracos o de sus testaferros, y las notarías lo legalizaron.

Lograr que estas autoridades permitan devolver el ‘botín’ de la guerra será una tarea titánica. Y si el gobierno no lo logra, o no lo logra lo suficientemente rápido, esta ley se puede volver un bumerán para las víctimas.

“Nosotros ya hemos empezado a trabajar con el Ministerio de Agricultura, en quince días van a hacer unos talleres”, dijo Carmen Palencia. “Pero es difícil, las amenazas arrecian en estos días. Un testaferro amenazó el otro día a un viejito, le dijo “si lo tengo que matar para no perder esa tierra, lo hago”.

Palencia es una de las líderes más aguerridas en la búsqueda de la restitución de tierras para las víctimas que representa. Y ha sido una afortunada porque sigue viva, pero otros igual que ella no obtuvieron su tierra y están debajo de ella. “Aunque uno ve que hay buenas intenciones desde el gobierno, no ve las mismas intenciones de la Policía, de las autoridades locales cuando ellos, los testaferros, se están moviendo”.

Además de estas presunciones hay temas complicados que también chocarán de frente con personas y empresas que tienen mucho que perder si se aplica la ley. Uno de esos es el de los incidentes judiciales para juzgar a las empresas o personas que financiaron grupos armados. Si en el curso de un proceso de reparación aparece mencionada una empresa nacional o extranjera que financió a un grupo armado, se les abrirá un proceso ordinario y se les obligará a pagar la misma suma que dieron a los victimarios para que ahora vaya a las víctimas. ¿Tendrá la justicia colombiana que aplicarle esta norma a Chiquita, que ya se sabe que financió a guerrilla y paras?

Como dice Pastora Mira, líder de víctimas en San Carlos, Antioquia, y Concejal del pueblo, la ley pone sobre los hombros de los entes territoriales -gobernaciones y alcaldías- un peso grande en la reparación de las víctimas y eso supone un riesgo.

“Estos entes necesitan ahora recursos, no podemos quedarnos solo con el papel, el gobierno tiene que direccionar los recursos necesarios para hacerla real”, dice Mira. “Para restituir es necesario fortalecer estos entes, o si no, no hay cambio. Una vuelta digna al territorio tiene que estar acorde a las necesidades de los municipios.”

Este gobierno decidió reducir las zonas de consolidación, priorizadas en el gobierno pasado para llevar al Estado a las regiones recuperadas de las manos de la guerrilla y los paras.  Pero para que esta ley de víctimas opere tiene que existir una institucionalidad fuerte en los municipios o si no va a ser difícil que funcione. Y eso toma tiempo, voluntad política y recursos. Necesita, como dice Pastora, que el país se ‘enfoque’ y que esto se vuelva la prioridad.

“El gran miedo es que todas las instituciones no estén mirando a este norte, no se enfoquen en la reparación a las víctimas. Nosotros queremos que no nos dejen solos”, dice.

Santos ya logró sacar esta Ley. Ahora el reto suyo y de toda la sociedad colombiana será reencauzar a su gobierno durante los próximos años para no dejar solas a personas como Carmen y Pastora, aferradas a la ilusión que a veces produce un papel con el encabezado de ley de la República.