A tres días de que se acabe la primera temporada presidencial de Juan Manuel Santos, María Fernanda Campo, Ministra de Educación, soltó esta frase: “Le cumplimos al país”.
Lanzó esta afirmación en la entrega del Acuerdo por lo Superior – 2034, una propuesta de política pública que sirve de sombrilla para que Campo evada los dardos contra su gestión y por esa vía rescate su deteriorada imagen antes del 7 de agosto, cuando podría salir del Ministerio.
La propuesta construida por el Consejo Nacional de Educación Superior Cesu, entre 2011 y 2014, con la participación de muchos actores del sector, presenta una hoja de ruta para la educación de superior de aquí a 2034.
Con esta propuesta, ad portas del segundo tiempo de Santos en la Casa de Nariño, el Gobierno empieza a borrar la sombra que dejó, sobre todo para Campo, el fracaso de la Reforma a la Educación Superior en 2011. La Reforma que tumbaron los estudiantes en la calle, después de una movilización social que duró meses y en la que muchos pidieron la cabeza de la Ministra.
Para la Ministra, según le dijo a La Silla, esa lectura (como una ayuda a su imagen), obedece solo a que “se creó un mito y es que mi gestión depende únicamente de una reforma a la educación superior y no se ven los otros logros”. Campo asegura que también hay resultados históricos en cobertura, calidad, gestión de recursos y reducción de niveles de deserción.
La nueva política, sin embargo, aunque le da un 'empujoncito' a la Ministra, no está libre de cuestionamientos.
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La Silla leyó la propuesta completa y, además de una introducción especial escrita por el filósofo francés Edgar Morin, una detallada explicación de la metodología usada para llegar al documento y un diagnóstico amplio del estado de las cosas, presenta 136 lineamientos de política pública construidos alrededor de 10 ejes y con un plan estratégico para su ejecución hasta 2034.
“El trabajo técnico está muy bien hecho. Tiene todos los ingredientes que debe tener una política para la educación superior”, le dijo a La Silla Isabel Segovia, excandidata vicepresidencial de la Alianza Verde y experta en educación.
Los ejes del documento cubre los temas claves para la educación superior: que sea inclusiva, para que los estudiantes puedan acceder al sistema, permanecer y graduarse; que sea de calidad y pertinente; que fomente la investigación; que se integre con la educación media; que le apueste a las regiones y su autonomía; que promueva el fortalecimiento de la comunidad universitaria y su bienestar; que adopte las nuevas modalidades educativas; que se abra a la internacionalización; que cuenta con un sistema de gobernanza articulado y eficiente; y que sea sostenible en términos financieros.
Sin embargo, todas estas propuestas miran hacia el futuro y no hay una sola mención explícita en la propuesta al déficit actual de las universidades públicas.
“Uno no puede enseñarle a nadar a alguien que se está ahogando, primero hay que sacarlo del agua....sin resolver el tema financiero, el déficit, la política queda como un documento lindo y maravilloso pero que van a torpedear desde las mismas universidades, porque no tienen plata”, dice Segovia.
Juan Sebastián López, uno de los integrantes de la Mesa Amplia Estudiantil Mane (ferrea opositora de la gestión de Campos), le contó a La Silla que dentro de la Mesa también hay malestar porque el gobierno omitió este tema. De acuerdo a López, en reunión del representante de los estudiantes en la Universidad Nacional con la Vicerrectoría Financiera, se informó que el déficit actualizado es de 12.5 billones de pesos a 2014.
Y en un comunicado que publicó hoy esa organización, en reacción al Acuerdo Superior, se afirma que atender las demandas del movimiento estudiantil, los profesores y trabajadores del sector educativo, implica reconocer el mencionado déficit.
La Ministra se defiende asegurando que el documento publicado es apenas una primera parte de la propuesta y que después vendrá un plan estratégico que presentará los detalles, incluyendo las cifras de déficit y la acción para cubrirlo.
A pesar de este vacío, en cualquier caso, la nueva política lanzada ayer, fue resultado de una catarsis para Campo de los males que ahogaron la reforma de 2011.
Después del fracaso, el Ministerio abrió espacios para discutir los elementos de una nueva propuesta y, a comienzos de 2013 tuvo la idea de delegar en el Cesu, que el gobierno preside, la responsabilidad de analizar y proyectar una política pública de 20 años para la educación superior en Colombia.
“Se aprendió de los errores de 2011, de las lecciones que dejó ese proceso en el que no se tuvieron en cuenta a algunos sectores”, le dijo a La Silla una fuente que ha trabajado con el Ministerio durante el gobierno Santos.
Tal vez el mayor énfasis de la propuesta presentada ayer, para legitimar su validez, es en el rompimiento con la falta de concertación de la reforma de 2011. El documento alega la participación de 33 mil personas y de todas las asociaciones de Institución de Educación Superior, habla de 155 espacios de debate, 450 documentos recopilados y dos eventos internacionales, entre otras acciones y resultados.
Incluso, en referencia explícita a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que fue protagonista en las protestas de 2011 y ha criticado consistentemente a la Ministra Campo, el Cesu aclara que se acogieron incluso las propuestas de las organizaciones que no atendieron la invitación al diálogo.
“..Consideró y analizó los comentarios públicos en medios de comunicación y redes sociales de la denominada Mane, a la que reiteradamente invitó, por escrito y públicamente, a hacer parte del diálogo. Aunque los voceros de esa agrupación no aceptaron dicha invitación como agremiación, sí lo hicieron muchos de sus integrantes a título personal”, se lee en el documento.
El Cesu anota que participó en eventos de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, Fenares (que tiene un puesto en el Consejo), de otros grupos independientes de estudiantes y de la Minga Indígena en el Cauca, invitó a periodistas y medios de comunicación al debate y puso el tema a consideración de las comisiones sextas del Congreso.
Además, el Consejo reviste de validez la propuesta presentándose como “el espacio natural y legítimo para liderar la construcción de la política pública” por reunir en una mesa a actores del gobierno, representantes de la universidades públicas y privadas, de los institutos técnicos y tecnológicos, y estudiantes y profesores. Un argumento que la Ministra Campo le reafirmó a La Silla en entrevista hoy.
La catarsis, sin embargo, no fue suficiente complacer a la Mane. Otro 'déficit' con el que termina la Ministra.
La Mane ha justificado, a través de un comunicado, su decisión de no participar en la construcción del documento con el argumento de que la Ministra no aceptó la propuesta de los estudiantes de diseñar una metodología conjunta para la discusión de la política y delegó todo al Cesu como el único espacio válido.
Los de la Mane entonces, que creen que el Cesu es un organismo controlado por el gobierno, sugieren que la política pública propuesta no recoge a todos los sectores ni a todos los actores de la educación en el país. Lo contrario a lo que alega. la Ministra Campo, quien le dijo a La Silla que lo dicho por la organización de estudiantes es “absolutamente falso” y el gobierno controla apenas el 21 por ciento del consejo.
Además de las discrepancias en el método, todavía hay diferencias de fondo entre la política lanzada ayer por el Cesu y la Ministra y la concepción de los estudiantes. La diferencia clave se mantiene en la financiación de las universidades públicas.
La propuesta contempla que a la financiación, de las instituciones de educación superior públicas y privadas, concurra no sólo el gobierno nacional, también los entes territoriales, el sector productivos y las familias. Además la política impone el principio de progresividad para definir quién paga en el acceso a la educación superior pública. Bajo ese criterio quien tenga más plata paga una matrícula más cara.
La Mane, en cambio, le explicó a La Silla Juan Sebastián López, defiende que la financiación del sistema público esté “exclusivamente en manos del Estado” y que “nadie pague, sin importar el estrato”. Lo anterior, bajo la concepción de la educación como un derecho fundamental. Esta visión también la esboza la organización en su comunicado.
Ahora, lo cierto es que de la Mane de hoy a la de 2011 hay mucho trecho.
Como lo contó La Silla, la organización estudiantil ha ido perdiendo poder y cada vez pareciera ser más débil y menos representativa. Así que, aunque intentarán dar la pelea a Campo, si se mantiene en el cargo, o a quien la reemplace, defendiendo su propia propuesta, es poco probable que alcance la misma resonancia e influencia que hace tres años. Pues el año pasado, llegó divida al paro que había convocado y en época electoral, le confirmó a La Silla una fuente de los estudiantes, hubo divisiones.
“Sería mentira si decimos que estamos igual que en 2011, pero estamos intentando unirnos otra vez”, dijo el integrante de la Mane.
En todo caso, más allá de que la educación superior, y sobre todo su déficit público, seguirá siendo un dolor de cabeza para quien esté al frente de la cartera de educación, la política que encierra el Acuerdo Superior 2034 le da una manito a la Ministra Campo para que se libere del mito que, según ella, tanto le pesa.
BASURA. Cómo se nota que estamos en el Reino de los Tecnólogos.
-"Se aumentó cobertura": Exprimiendo a profesores y no pagándoles las horas extra ni escuchando de forma ágil sus denuncias de explotación por cuanta Academia, Instituto, Taller o Universidad les emplee.
-"Entraron más estudiantes": ¿Con contenidos actualizados a un mundo multipolar de influencias y poderes, o la versión todavía de 1980-1990 con EEUU como la máxima aspiración social de un país?
-"Nuestra educación es multicultural y diversa": No reconocer que la educación en el país es clasista, regionalista y autista respecto a influencias culturales latinoamericanas/africanas/asiáticas, aparte de las eurocéntricas, es pecar de imbécil. Y pecan en todos los pénsums.
Lo peor es que tal vez siga Parody. Lo dicho: para esta gente, necesitamos un país de estudiantes maquilas. ¿Posgrados, Maestrías, otros? Paguen afuera. ¿Becas? Malabares. Y así.
Como siempre suele ocurrir, a los colombianos nos presentan Planes, propuestas y políticas condensadas en sendos documentos que deambulan a la luz y bajo los parámetros académicos y supuestamente científicos y muy aterrizados. Pero cuando consultamos la realidad nos hallamos con la categórica verdad del escaso o nulo acceso de los integrantes de amplios sectores de la población que no tienen como pagar una matrícula en universidades serias que cuenten con los estándares del reconocimiento. Ni siquiera se ha solucionado la gran mediocridad de la educación básica y media. Sin ese prerrequisito nunca se garantizarán los estudios de las personas más pobres de Colombia. Aún, el gobierno sigue sometiendo el futuro de los niños, adolescentes y jóvenes a los dictámenes del capitalismo internacional y a políticas y "soluciones" que se derivan de la negociación por conveniencia con una burocracia sindical corrupta que desde 1989 no ha dejado de venderse al mejor postor y colegislar.
Yo participe de las mesas, creo que la metodología fue muy seria. No soy partidaria de la ministra, pero en Colombia debemos superar la tendencia a la autoexclusión. Toca hacer juiciosa el documento final para poder opinar.