Alejandro Ordóñez ha sido un procurador poderoso, que ha destituido a los alcaldes de las principales ciudades del país y a varios gobernadores. Hoy en día es la mayor piedra en el zapato del gobierno Santos por su oposición al proceso de paz. Fotografía: Juan Pablo Pino.

El procurador Alejandro Ordóñez llegó a ser tan poderoso que el día del matrimonio de su hija se dio el lujo de hacerle oír a la cúpula del poder judicial, ejecutivo y legislativo (y una parte del mediático) dos horas de misa en latín y con el cura de espaldas. Un año después, su poder no solo se ha visto mermado sino que su puesto está en grave peligro. Ayer, fue su última pataleta de ahogado.

El magistrado del Consejo de Estado Marco Antonio Velilla, secundado por Alfonso Vargas y Berta Lucía Ramírez pidieron llevar la demanda que presentaron Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y otras ONG contra la elección del Procurador para ser decidida por la Sala Plena y no por la Sección Quinta que ya estaba a punto de fallar.

Velilla es de la rosca de Sandra Morelli y del Procurador y Vargas fue magistrado auxiliar de Ordóñez y le debe buena parte del impulso que lo llevó a ser Consejero de Estado, como contó La Silla en otra historia. Berta Ramírez, por su parte, es egresada de la Santo Tomás, el bastión académico de Ordóñez y vota siempre con Vargas.  Por lo tanto, es posible presumir que la solicitud de llevar el caso a Sala Plena contó con el guiño de Ordóñez.

La petición generó mucho malestar entre algunos magistrados porque hace unos meses la Sala Plena había rechazado una solicitud igual con el argumento de que era competencia de la Sección Quinta.  Por eso ahora no entienden qué cambió para que la Sala Plena deba volver a evaluar si estudia de manera preferente un caso para el cual ya se nombraron dos conjueces y que está a punto de ser fallado.

La respuesta es que ahora el Procurador tiene un riesgo grande de ver su elección anulada en la Sección Quinta.

Esta sección normalmente debe tener cinco magistrados, pero hay una vacante, por lo cual tuvieron que nombrar dos conjueces.

Los rumores ‘educados’ que existen es que la magistrada Susana Buitrago, que es muy amiga y compañera de universidad de Velilla, votaría a favor del Procurador. La magistrada Janeth Bermúdez en contra. El magistrado Alberto Yepes, aunque es conservador, se presume que votaría en contra del Procurador después de un muy elogiado discurso sobre la moralidad en la administración pública que echó cuando argumentó a favor de la nulidad de la elección del magistrado Ricaurte y que –según dijo una fuente a La Silla- fue determinante para crear el ambiente intelectual para tomar esa decisión.

Los otros dos votos son de los conjueces Jaime Córdoba Triviño, ex magistrado de la Corte Constitucional, y Ricardo Hoyos, ex presidente del Consejo de Estado.

Ambos son juristas serios e independientes y aunque no se sabe en qué sentido votarán sí es claro que no están sujetos a la influencia de Ordóñez.  Bastaría con que uno de los dos votara en contra para que el Procurador tuviera que dejar su poderoso cargo.

El Consejo de Estado que ahora tendrá que decidir sobre la nulidad de la elección del Procurador fue el mismo que tumbó la semana pasada la elección del magistrado Ricaurte en un caso similar. .

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En los últimos meses, el Consejo de Estado ha comenzado a dar muestras de querer recuperar la imagen de la justicia.

El argumento para tumbar al Procurador es similar al que llevó a la nulidad de la elección del magistrado Francisco Ricaurte la semana pasada y está basado en el mismo artículo 126 de la Constitución.

Este dice que los funcionarios públicos no podrán nombrar como empleados a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente ni a personas con estos mismos lazos con los funcionarios competentes para intervenir en su designación.

En el caso de Ricaurte el argumento que lo tumbó es que los que lo nombraron habían sido a su vez nombrados con anterioridad por él, en un típico carrusel de “tú me nombras y luego yo te elijo”.

Como lo denunció La Silla en su momento, antes de ser reelegido Ordóñez nombró en puestos de hasta 19 millones de pesos mensuales a amigos o familiares de 31 senadores (que eran los encargados de elegirlo) y nueve ex senadores; 22 amigos y familiares de magistrados de las altas cortes (que estaban a cargo de su nominación), incluyendo de siete consejeros de Estado, de dos magistrados de la Corte Constitucional, de siete magistrados o ex magistrados de la Corte Suprema y de un ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. 

En particular, hay seis nombramientos que lo tienen enredado porque se trata de parientes de los magistrados que eran competentes para incidir en su nominación: la sobrina y la esposa de dos magistrados de la Corte Suprema y la hermana y dos hijos de otros tres magistrados del Consejo de Estado.

Al parecer no hay duda de que Ordóñez incurrió en una falta al hacer estos nombramientos. El interrogante es si esto da para una sanción disciplinaria o si es suficiente para anular su elección. 

Dejusticia, en su demanda, considera que el Procurador debería quedar inhabilitado por esa falta porque si los magistrados, cuyos parientes él nombró, se hubieran declarado impedidos, Ordóñez no habría tenido la mayoría para ser elegido.

“Es la misma norma y el mismo espíritu que la de Ricaurte”, dijo Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, que también puso la demanda que tumbó al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

“Los argumentos jurídicos están. La diferencia es que hoy también hay ambiente. Después de la salida de Ricaurte y Rojas lo extraño sería que hubiera una sentencia diferente”, dijo un abogado que conoce el funcionamiento del Consejo de Estado.

Como ha contado La Silla, en los últimos meses en la justicia ha habido una especie de golpe de Estado a la ‘rosca’ del procurador Alejandro Ordóñez. 

Las pruebas más recientes de ello son la anulación de las elecciones de Ricaurte y Alberto Rojas e la Corte Constitucional, ambos cercanos a Ordóñez, y la elección como magistrada de la Corte Constitucional de Gloria Ortiz, apadrinada por el fiscal Montealegre, archirival del Procurador.

A este sentimiento creciente anti-procurador en las cortes, se suma que el gobierno recien reelecto lo ve como una piedra en el zapato por su oposición frontal al proceso de paz.

No pasó desapercibido entre los conocedores de los intríngulis judiciales que el discurso de Santos al posesionar a la nueva magistrada Ortíz la semana pasada hubiera empezado con una felicitación al Consejo de Estado por haberle puesto punto final al carrusel de nombramientos.  Santos también le hizo saber a la bancada conservadora durante la campaña, que si bien él había apoyado la reelección del Procurador, Ordóñez no lo “interpretaba”.

El gobierno podría contar con aliados en el Consejo de Estado: el combo más progresista de Ruth Stella Correa, los enemigos de Velilla y los amigos del Fiscal Montealegre.

Por eso, así la Sala Plena –en un acto excepcional- reverse su posición inicial y decida quitarle el caso a la Sección Quinta y estudiarla (lo que le daría mayor legitimidad a una decisión tan trascendental) es posible que Ordóñez en todo caso no cuente con las mayorías.

“Ya están viendo que el imperio del Procurador se le está cayendo y caerán a defenestrarlo para quedarse con su trono”, dice el bloguero experto en temas judiciales Carlos Suárez.