"Yo no pienso –en absoluto– que los que no acompañaron mi candidatura estén en contra de la paz. ... La paz que buscamos es, en esencia, LA MISMA."

Con esta frase, el Presidente quiso acabar la dicotomía que él mismo le planteó a los colombianos en campaña entre “el fin de la guerra” (que él ofrecía) y la guerra sin fin (que según él proponían los uribistas). Si bien la disyuntiva, como lo explicó La Silla en su momento, era simplista, tampoco es cierto que la paz que buscan todos los colombianos sea la misma.

Para comenzar, solo el 41 por ciento de los colombianos cree que la negociación política sea la mejor opción para solucionar la lucha armada con las Farc. El 22 por ciento todavía considera que la derrota militar sería mejor. En zonas como la Región cafetera, solo uno de cada tres cree en el proceso de Santos, según la última encuesta de Cifras y Conceptos de la primera semana de junio realizada en 84 municipios de más de 10 mil votantes.

Frente a la pregunta sobre la elegibilidad de los guerrilleros o el tipo de sanción que deben pagar la discrepancia entre lo que opinan en las encuestas la mayoría de colombianos y lo que propone el gobierno es aún mayor.

Dentro del Congreso al que se estaba dirigiendo Santos, tampoco existe la misma noción de la paz. E incluso dentro del mismo Gobierno tampoco hay un consenso sobre elementos claves de esa paz o de ese posconflicto al que se refirió Santos como si fuera un oasis.

Para citar dos ejemplos: a finales de año se vence la prórroga de la ley de órden público y el Congreso tendrá que debatir sobre cuál es el modelo de desmovilización al que le debe apostar el país. También está el tema de cómo enfrentar a las bandas criminales: mientras el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón defiende la idea de que estos se combatan en el marco del DIH, en uno de los pocos Consejos de Seguridad Nacional que se han realizado Santos defendió la idea de que las bandas no fueran consideradas parte del conflicto armado.

Entonces, no es cierto que la paz que buscan todos los colombianos sea la misma, salvo que lo que quiera decir sea la obviedad de que nadie hace barra porque nos sigamos matando.

Precisamente por eso, la urgencia de que el Presidente, como líder de todos los colombianos, comience a hacer una pedagogía sobre la paz que tendrán que refrendar los colombianos “antes de que finalice el año”, que es cuando Santos dice que cree que estará cocinado el acuerdo.

"Todos queremos una paz sin impunidad, y además los tratados internacionales que nos vinculan nos exigen esto."

Es cierto, y es otro lugar común, que nadie “quiere” una paz sin impunidad (salvo los actores armados que ha cometido crímenes, claro). Sin embargo, la noción de justicia y de impunidad sí varía. Mientras muchos colombianos –comenzando por el senador Álvaro Uribe, entienden que cualquier cosa corta de varios años de cárcel para los jefes guerrilleros sería impunidad, el supuesto de justicia que están manejando en la mesa de negociación es otro.

Según lo explicó el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo en una conferencia que dio en la Universidad de Harvard, aunque no habrá una amnistía para los jefes guerrilleros, “el objetivo superior de la justicia en un proceso de paz no es otro que la reconstrucción equitativa del orden social y la cooperación en los territorios para restablecer las normas básicas de la sociedad, garantizado derechos y bienestar, y asegurar la no repetición del conflicto".  

Es decir, el gobierno está pensando la justicia más en función de cómo garantizar que el conflicto no se repita y de satisfacer las necesidades de las víctimas más que en asegurar que los jefes guerrilleros terminen en una prisión.

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"Todos queremos una paz con verdad, que es tal vez la más sentida de las peticiones de las víctimas: saber qué pasó con sus seres queridos."

Como lo contó La Silla, el único consenso que hay entre todas las víctimas es su deseo de conocer la verdad. Pero de ahí a que “todos queramos una paz con verdad” como aseguró el Presidente hay mucho trecho.

Como mínimo, hay ciertas prevenciones en el gobierno respecto del momento en el que salga a relucir esa verdad. Por ejemplo las Farc llevaban meses pidiendo que se conformara una “comisión de esclarecimiento del conflicto” como una fase previa a la discusión sobre las víctimas. Su objetivo con esta comisión es dejar claro que el conflicto no comenzó con las Farc ni se agota en esta guerrilla. El gobierno se resistió hasta una semana antes de las elecciones cuando accedió a convocarla como parte de los principios acordados con las Farc para la discusión sobre víctimas.

En ese mismo comunicado, las Farc y el Gobierno hacen explícito que los únicos que le deben una verdad a las victimas no son el Estado y las Farc, sino que es una responsabilidad que compete igualmente a otros actores sociales.  Este punto también había sido mencionado antes por las Farc y sigue la línea de lo que ha sucedido en otros procesos de paz, donde empresarios, medios, partidos políticos e, incluso, la Iglesia han reconocido su parte de responsabilidad en el conflicto.

Contar la verdad no es fácil. Oírla tampoco. Un caso anecdótico pero que refleja que no “todos queremos una paz con verdad” como lo asegura el Presidente es que cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le planteó al gobierno como una forma de reparación colectiva a los periodistas que han matado a lo largo del conflicto que se reconstruyera la verdad que se impidió contar con la muerte de los reporteros, la respuesta fue negativa. Hacerlo habría involucrado a las Fuerzas Militares y de Policía, a algunos partidos políticos, a algunos poderosos locales. ¿Está el país preparado para esa verdad?

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"Todos queremos una paz posible, en la que tendremos que ceder algo pero será mucho menor que lo que ganamos como país, como sociedad, como futuro."

A diferencia de otras guerras, el conflicto armado colombiano se ha sufrido con particular intensidad en la periferia del país. En una ciudad como Bogotá, salvo episodios terribles como el del club El Nogal, la guerra llega a través de los noticieros pero no se siente en carne propia: ningún papá tiene que someterse a ver a sus hijos reclutados ni tampoco existe el miedo de pisar una mina antipersonal. Quizás por eso, en las encuestas –que se hacen en las grandes ciudades- resolver el conflicto armado aparece de cuarta o quinta prioridad.

Pero lo que se está pactando en La Habana sí va a implicar una gran transformación democrática que exigirá muchos sacrificios: desde pagar un impuesto al patrimonio hasta aceptar que haya una verdadera participación política y social de los colombianos que siempre han vivido en los márgenes. Que sean ellos los que definan mediante procesos de planeación participativa sus presupuestos. Que lleguen al Congreso personas mucho más radicales que el senador Jorge Robledo o que Gustavo Petro. Que haya un reordenamiento territorial y político con las nuevas circunscripciones de paz. Que los exguerrilleros eventualmente ganen elecciones. Que personas que odian al Establecimiento tengan minutos gratis en televisión para criticarlo. En fin, que este sea otro país.

Es cierto que sí se firma la paz, será mucho lo que ganemos pero el sacrificio no será pequeño y no es muy claro que desde el Gobierno se esté comenzando a concientizar a los colombianos de la necesidad de hacerlo.

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"La paz generará confianza y mayor inversión... la paz permitirá que destinemos más recursos a lo que Colombia más necesita: educación, salud, vivienda, servicios públicos, apoyo al campo, tecnología, emprendimiento e innovación."

Es cierto, como dice el Presidente, que la paz normalmente genera más confianza y mayor inversión. En Guatemala, por ejemplo, después de la firma de los acuerdos de paz aumentó la inversión extranjera y el PIB subió dos puntos. Varios estudios han demostrado que un conflicto armado disminuye la tasa de crecimiento en un dos por ciento anual. Y un pronóstico muy completo de Planeación Nacional mostró que el PIB colombiano aumentaría en dos puntos si se acaba el conflicto armado.

Lo que es menos claro es que esos recursos se puedan ir hacia educación, salud, emprendimiento o innovación. Si el gobierno piensa cumplir lo que está pactando en La Habana, la mayor parte de la inversión nacional se tendrá que ir hacia el campo.

“El primero, en materia rural, busca como ya dije transformar las condiciones del campo y reversar los efectos de la violencia. Se trata de cerrrar la enorme brecha entre le mundo urbano y el mundo rural, que ha sido el escenario del conflicto, mediante planes y programas que le den un vuelco a las condiciones de vida de la población”, fue como Jaramillo explicó el primer acuerdo en Harvard.

El tercer acuerdo implica un desminado de las zonas donde están sembrados los cultivos ilícitos. Todo esto implica que muy probablemente, durante los próximos diez años después de que se firme la paz, la mayor parte de la plata se irá para el campo y no para las Tics, ni para la educación en las ciudades, ni para la innovación.

Para asegurar que esto sea así, los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe, del Polo, están proponiendo que se incorpore al Plan Nacional de Desarrollo un componente de paz que concrete estas transformaciones y que le asigne la plata.

Por otro lado, tampoco es cierto –a juzgar por la experiencia de otros países- que el gasto en seguridad baje de manera considerable.