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Hoy la canciller María Ángela Holguín y el director de la Dian, Santiago Rojas, se reunieron con la canciller de Panamá. La reunión busca encontrar salidas a la crisis bilateral que se creó después de que Colombia declaró a Panamá paraíso fiscal hace una semana, después de más de un año de conversaciones fallidas para tratar de firmar un tratado entre los dos países.
La tensión se debe a que afecta a grupos muy poderosos. Del panameño a su sector financiero, sus poderosos bufetes de abogados y todo un sector económico que vive de que Panamá tenga una reserva bancaria importante y normas que facilitan a extranjeros tener sociedades panameñas sin revelar su identidad ni pagar impuestos allá. Del lado colombiano, a grandes empresas y a familias adineradas (y por ende poderosas) que aprovechan ese sistema para esconder parte de su riqueza y pagar menos impuestos.
Pero si al final se firma el tratado, las grandes empresas no tendrían mayores inconvenientes, mientras que quedarían en la mira quienes usan a Panamá para no pagar impuestos en Colombia o para lavar dinero. Por eso y porque una guerra comercial sería negativa para los dos países, posiblemente esa tensión es solo temporal.
Así se supere, por el momento la situación es delicada: la fuerte tensión es evidente no solo por la reunión de cancilleres y por la reunión paralela en Bogotá de los ministros de Industria, sino porque la pelea ha escalado más que en otras situaciones similares.
La lista de Colombia incluye hoy a 41 paraísos fiscales y con ninguno ha habido un choque de estas dimensiones.
Por el lado de Panamá, ha habido peleas pero no tan grandes. Actualmente está en la lista de paraísos fiscales de Brasil , Perú y Chile, y las relaciones comerciales con esos países se mantienen. Solo entró en conflicto abierto con Ecuador, que es el único al que le aplicó su ley de retorsión, el arma con el que el Istmo amenazó a Colombia esta semana.
En 2012, cuando la ley llevaba 10 años de existencia pero sin ser aplicada, Ecuador rebasó la copa: no solo metió a Panamá en una lista negra sino que prohibió que empresas o personas panameñas o domiciliadas en ese país participaran en contrataciones públicas en el istmo. Panamá respondió con una prohibición igual.
La diferencia con el caso de Colombia es que la decisión de la semana pasada no prohíbe nada a los panameños o a empresas panameñas.
El efecto de que Panamá sea paraíso fiscal es que los colombianos que vivan en Panamá serán entendidos, para efectos de sus impuestos, como residentes en Colombia (y por lo tanto deberán declarar renta acá); que los contribuyentes colombianos deberán demostrar que cualquier transacción con panameños se hizo a precios de mercado, mediante el llamado régimen de precios de transferencias; y que los pagos hechos a Panamá quedarán sujetos a una retención en la fuente del 33 por ciento, cuando antes podía ser de tarifas más bajas, incluso del 1 por ciento.
Esas consecuencias, que además de tener impactos financieros crean trámites engorrosos, pisan muchos callos en Panamá y en Colombia: de empresarios formales y legales, de quienes usan a Panamá para no pagar impuestos y de los criminales que lo usan para lavar plata.
La importancia de la relación entre Colombia y Panamá es evidente.
Panamá es uno de los países que más invierten en Colombia y Colombia lo es en Panamá (en 2012 fue el tercer país con mayor inversión en el Istmo, según cifras de la Cepal). En total, entre 2007 y el primer semestre de 2014, a Colombia entraron 13.458 millones de dólares de inversión panameña, y de Colombia se fueron a Panamá 5.495 millones de dólares.
Es muy posible que buena parte de esas inversiones panameñas sean, en realidad, de colombianos que usan a Panamá para hacer sus inversiones en Colombia, y eso que esa cifra puede apenas ser la punta del iceberg porque es la plata registrada en el Banco de la República. Por eso, según fuentes de la Dian y el Ministerio de Hacienda, no es descabellada la cifra de 40 mil millones de dólares que se ha mencionado como activos de colombianos en sociedades panameñas.
Pero esa inversión no es la única fuente de cercanía económica. Hay relaciones comerciales muy grandes (las exportaciones e importaciones entre los dos países sumaron 3.200 millones de dólares, o más de 6 billones de pesos en 2013) y también hay vínculos muy profundos entre el empresariado de ambos países.
Por ejemplo, en 2013 la compra más grande de una empresa lationamericana por otra de la región fue la que hizo Bancolombia en Panamá cuando se quedó con Banistmo por 2.234 millones de dólares. Hoy más de una cuarta parte del sector bancario panameño está en manos de empresas colombianas, especialmente Bancolombia, el Grupo Aval y Davivienda.
También tienen inversiones importantes en Panamá EPM (tiene el 39 por ciento del mercado de electricidad panameño), Terpel, Argos, el grupo Nutresa, ISA y el Grupo Carvajal. Mejor dicho, casi todas las grandes empresas colombianas, y sobre todo el Grupo Empresarial Antioqueño, donde están Bancolombia, Nutresa y Argos.
Estas grandes empresas quedan afectadas por el decreto de la semana pasada y por eso algunos de sus voceros han salido a criticarlo fuertemente. Una de las voces más duras ha sido la de Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia "No creemos que haya sido un tema bien manejado; esperamos que se recapacite y se entienda que el daño va a ser muy grande, y el beneficio muy bajo o nulo," dijo cuando salió el decreto.
Pero la intención del gobierno no es mantener a Panamá en la lista, sino lograr que ese país le comparta información tributaria que ayudaría a sacar a la luz miles de transacciones ilegales o irregulares y que podrían ayudar a que aparezcan miles de millones de pesos en patrimonios ocultos.
La Silla supo que aunque la presión de estas grandes empresas fue fuerte para evitar que el gobierno colombiano incluyera a Panamá en la lista, y se mantiene por si la salida es que el gobierno se eche para atrás, una vez vio que era inevitable pasó a hacer lobby también en este país para que firme un tratado como quiere Colombia.
Y es que en últimas a quienes han invertido en Panamá no para cometer ilegalidades o reducir sus impuestos, los afectan las consecuencias de estar en la lista de paraísos fiscales pero, como han hecho todo por encima de la mesa, no los perjudica un tratado mediante el cual Colombia reciba información de Panamá.
En cambio, para los evasores y los ilegales, la entrada en la lista es un problema menor frente al tratado que podría revelar esas operaciones.
Si efectivamente se firma un tratado, pueden empezar a salir a la luz dos cosas.
Una es la existencia de transacciones ilegales, como falsas exportaciones a Panamá que usan los lavadores para traer dólares a Colombia.
Por ejemplo, cuando un grupo de narcos recibe plata en el exterior producto de la venta de droga, tiene que traerlo de alguna manera, y una forma de hacerlo bajo un manto de legalidad es con exportaciones de oro que solo existen en el papel, como denunció el entonces director de la Dian Juan Ricardo Ortega.
La otra son los datos de quienes han usado, y por cuánto dinero, a Panamá para evadir impuestos. Las modalidades son múltiples, desde facturas falsas hasta usar sociedades panameñas cuyos dueños no se pueden conocer para que sean las propietarias de apartamentos y empresas en Colombia o en otros países.
En últimas, lo que quiere el gobierno es que se conozcan esos capitales de colombianos que nunca han sido declarados. Aunque no es fácil saber cuánta plata es, los cálculos van de 12 a 50 mil millones de dólares, entre 25 y 100 billones de pesos. Si esa plata pagara impuestos, el recaudo anual podría aumentar fácilmente en un billón de pesos vía impuesto a la riqueza e impuesto de renta, lo que alcanza para hacer unas 50 mil soluciones de vivienda rural.
Y que eso ocurra no es imposible.
El primer motivo para pensar que sí puede llegar un tratado es que en Panamá no hay una negativa de principio a negociar tratados para intercambiar información: ha firmado nueve y otro viene en camino. Y, según supo La Silla, efectivamente ha enviado información útil a países como Estados Unidos.
El segundo argumento para pensar que sí puede venir un tratado es que la amenaza de Panamá no es muy fuerte. No solo porque la ley de retorsión solo se ha aplicado una vez, sino porque las medidas que se han anunciado (la ley no tiene un catálogo de medidas y por ende el gobierno panameño puede ser creativo) no parecen muy fuertes.
Una, la de poner visa a los colombianos, podría afectar su industria del turismo, pues el año pasado el 12 por ciento de los turistas que llegaron a Panamá eran colombianos. Y eso sin contar con las personas que fueron de trabajo.
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?Otra, la de empezar a cobrarle a los barcos colombianos por pasar el Canal (que hoy no pagan) tendría pocos efectos: Colombia no tiene casi barcos mercantes desde que se acabó la Flota Grancolombiana y los que hay usan banderas de otros países como Liberia, Suiza... y Panamá.
La última, prohibir que empresas colombianas contraten con el Estado panameño, sí podría tener efectos pero limitados: las grandes afectadas serían firmas de ingeniería y, sobre todo, para la cementera Argos. Pero sería el único efecto fuerte.
Encima, la ley panameña obliga a que el presidente primero intente negociar durante seis meses desde el momento en que el otro país aplique las medidas contra Panamá. Eso da un margen de tiempo para que las negociacioens avancen.
Y el tercer motivo para pensar que eventualmente habrá un tratado es que a la larga, dada la compenetración entre las dos economías, estas medidas u otras similares probablemente también afectarían a Panamá, y por eso es poco probable que se tomen. Como explicó La República, Panamá podría terminar más afectada que Colombia porque sería más lo que ellos pierden en turismo y comercio que lo que Colombia pierde en inversión.
Por eso, la pelea con Panamá parece que será pasajera. Las declaraciones de las dos cancilleres a la salida de la reunión muestran que aunque la negociación no es fácil, ninguna de las partes quiere romper las conversaciones e irse a una guerra comercial. Incluso Isabel de Sain Malo, canciller de Panamá, dijo que estaba segurda de que se va a alcanzar un acuerdo antes de que se vencan los plazos que han puesto las dos partes.
Nota: actualizamos a las 5 pm. después del final de la reunión en Panamá.
La situación con Panamá, aunque puede frenar la maquinaria de grupos empresariales importantes, facilita la obtención de una acuerdo con Panamá después de varios intentos sin éxito por parte del gobierno colombiano. En lo que parecía un termómetro por parte de Panamá con sus negativas, éste finalmente estalló con la entrada del país a ser paraíso fiscal. Como lo comenta el artículo, Panamá tiene mucho que perder y al final soltó las riendas para ofrecerle al país entrará en conversaciones. La jugada de la cancillería, sí fue estudiada, a pesar de lo que digan los grandes grupos empresariales, solamente revisando la historia de problemas similares de Panamá con otros países es sustentada, seguramente haya un plan de acción para no limitar las posibilidades de las empresas, y principalmente es un paso que debía darse para la lucha contra la ilegalidad y la evasión.
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