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| El ministro de Justicia Yesid Reyes, que se había mantenido al margen de la discusión del proyecto de Equilibrio de Poderes, ha asumido un mayor protagonismo a raíz del escándalo de Pretelt. Fotomontaje: Jorge Morelos |
La indignación generada por el escándalo alrededor del magistrado Jorge Pretelt ha sido aprovechada por el gobierno para darle un empujón a la reforma a la justicia que está en el proyecto de ley de Equilibrio de Poderes y a medida que avanzan los días, le han ido “colgando” otros cambios. El último que propuso el ministro de Justicia podría terminar siendo un remedio peor que la enfermedad.
Durante su visita de ayer al municipio de El Copey, en el Cesar, Yesid Reyes “destacó la necesidad de que todos los cargos de la Rama Judicial, incluso que los magistrados de las más altas cortes, sean sometidos a concurso de méritos”, según lo anunció un comunicado oficial de su ministerio.
“Es una propuesta que se va a tramitar dentro del proyecto de Equilibrio de Poderes, en la que toda la rama judicial acceda a los cargos por meritocracia”, dijo Reyes Alvarado, quien señaló que hasta ahora, este sistema sólo funcionaba en parte de la administración de la justicia. “Lo que se busca es que todas las personas que quieran llegar a la rama tengan que presentar un examen, eso nos garantizaría que lleguen personas calificadas y se terminaría con la forma de nombramientos por amistad, recomendación por afinidades. Situaciones que no tienen nada que ver con la preparación o formación académica”, indicó.
El ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez dijo en Hora 20 horas después de ese comunicado que esta propuesta del concurso de méritos no aplicaría para la Corte Constitucional sino para el Consejo de Estado y la Corte Suprema y que no se trataría de un “examen” de conocimientos sino de un concurso de méritos “por oposición” en donde se enfrentaría entre sí a los candidatos en una audiencia para conocerlos mejor.
Esta discrepancia entre los dos líderes del tema de la reforma a la justicia en el gabinete muestra que por ahora no parece haber un consenso al interior del gobierno Santos respecto a la dirección del cambio que buscan en la Rama Judicial pues el comunicado del ministro de Justicia no hace distinción entre las altas cortes y, específicamente, habla de que los aspirantes tengan que “presentar un examen”. (Tampoco están de acuerdo sobre qué debería reemplazar el Consejo Superior de la Judicatura).
Independientemente de si el concurso de méritos aplica para las tres altas cortes o solo para dos de ellas, la propuesta –según tres expertos en el tema que hablaron off the record por su relación con la justicia o con el gobierno- es problemática.
“No existe nadie que esté en capacidad de definir objetivamente cuál es el ‘mérito’ que se requiere”, dijo uno de ellos. “Es frustrante que la mayor oportunidad de reforma a la justicia que ha tenido este gobierno la pierda proponiendo cosas que no solucionan nada”.
En opinión de los tres consultados, no solo no solucionaría el problema grave de credibilidad de la justicia sino que podría terminar excluyendo de la lista de aspirantes a magistrado de las altas cortes a los que verdaderamente tendrían el mérito porque personas muy prestigiosas en la profesión no se someterían a hacer un ‘exámen’.
Y aún si se sometieran, estaría la pregunta de cómo se miden requisitos claves para ser magistrado, que a veces tienen poco que ver con sus conocimientos del derecho.
Por ejemplo, un magistrado de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado tiene que tener visión de Estado. Tiene que ser honesto. Tiene que tener buen criterio ¿Qué examen podría medir eso?
En el caso de la Corte Constitucional sería doblemente grave, opinan dos de los expertos, porque dada la trascendencia de las decisiones que toma debe reflejar unas bases políticas y si los magistrados dejan de ser elegidos por el Senado pierden una base de legitimidad importante.
Otro de los entrevistados resaltó que ya muchos de los que entran a la Rama Judicial lo hacen a partir de un concurso de méritos y que no necesariamente esos jueces son mejores que los otros.
“Hoy en día un porcentaje grande de los que están llegando a las altas cortes vienen de la Rama Judicial, entraron por concurso de méritos como jueces y por el sistema de cooptación van ascendiendo e igual no son buenos. Son a veces peores que los otros”, dijo otro, hablando off the record. “El problema es que esa meritocracia no funciona”.
La tercera pregunta es quién diseñaría el exámen y cómo se garantizaría que no se convierta en una nueva fuente de corrupción. Una fuente que conoce bien el mundo de la rama por dentro, le contó a La Silla que el concurso para jueces y magistrados que hace la Universidad de Pamplona lo vendían bajo cuerda por 8 millones de pesos.
Contra el lobby
La otra propuesta de Yesid Reyes ayer es prohibir expresamente el cabildeo en el ámbito judicial.
“Los jueces no pueden hablar con las partes en un proceso penal de manera privada, es algo que debe darse en contextos judiciales y en presencia de las demás partes procesales”, dijo el Ministro.
“Se busca evitar que las personas vayan a hablar con funcionarios judiciales para recomendarles procesos, recomendarles trámites o sugerirles una u otra forma de proceder”.
En realidad, el cabildeo judicial ya está prohibido. El reglamento interno de la Corte Constitucional, por ejemplo, le prohibe a los magistrados reunirse con las personas que tienen interés en los proyectos que están ante la Corte.
Néstor Humberto Martínez explicó en Hora 20 que lo novedoso es que ahora, además de los jueces, también se sancionaría disciplinariamente a los abogados que se reúnan con el funcionario.
Lo que pasa es que el cabildeo suele ser mucho más sofisticado que el mero hecho de que un afectado le pida cita al juez para hacer lobby a favor de su caso.
La forma de cabildeo más común es la que quedó reflejada en el caso del escándalo del magistrado Pretelt.
El lobby consiste en contratar a un abogado que le hable al oído al magistrado o magistrados de quienes dependa el proceso. Puede ser un ex socio del bufete del magistrado ponente, o su ex jefe, o su profesor o su alumno. Muchas veces este abogado no tiene que figurar en el expediente, y puede actuar como asesor del abogado que firma.
En el caso de Fidupetrol, la fiduciaria contrató a Rodrigo Escobar Gil, ex presidente de la Corte Constitucional, para que prestara una asesoría jurídica en el trámite de la tutela ante la Corte Constitucional, que firmó Víctor Pacheco. Le pagó 200 millones de honorarios e incluyó una prima de éxito por otros 200 millones si el fallo salía favorable.
Según los testimonios del abogado Pacheco, el interés de la fiduciaria en contratar a Escobar Gil era su cercanía con los magistrados Pretelt (quien supuestamente podía influenciar el voto de su colega Mauricio González) y Luis Guillermo Guerrero, quien había sido su magistrado auxiliar durante su paso por la Corte.
De hecho, según contó el magistrado González, Escobar Gil le mencionó el caso de Fidupetrol en una comida en el restaurante de La Table de Michel.
Como sucedió en el caso de Fidupetrol, con frecuencia ese lobby ante la Corte Constitucional es inocuo porque las salas de revisión son de tres magistrados (la mayoría de ellos no “influenciables”) y como los lobbistas lo saben cobran “solo” entre 200 y 300 millones de pesos.
Aunque es mucha plata, es relativamente poca si se compara con los 800 a mil millones que cobran abogados bien conectados para asesorar casos ante el Consejo de Estado, donde el cabildeo parece ser más efectivo.
Estos abogados contratados hacen lo que hizo Escobar Gil. Propician un encuentro con el magistrado y mencionan –a veces de paso- el caso de sus clientes.
“Litiga durante el café”, dice uno de los consultados por La Silla. Pero otro explicó que a veces no toca decir nada. Basta con que su nombre aparezca en la demanda.
Hay también otras formas de lobby ante la justicia más sofisticados y que el mero hecho de prohibir estos contactos no los evitarían.
Uno de ellos son los eventos académicos donde los interesados en que un magistrado conozca de un tema organizan a través de interpuesta persona un “foro” e invitan al magistrado como panelista.
El otro son las audiencias técnicas. En este caso, un ministro, un relator de la ONU o un organismo multilateral, o incluso una ONG, le solicitan a la sala plena de la Corte Constitucional que los reciban para exponer su caso. “Eso también es lobby”, dice un ex funcionario de la Corte.
También están los derechos de petición, a los que acuden con frecuencia funcionarios del Gobierno para llamar la atención de los magistrados sobre un punto: una reforma que presentaron, por ejemplo. Cuando no se pasan sencillamente por la oficina del magistrado.
Porque una cosa que no dice el Gobierno es que varios de sus ministros son asiduos cabildantes ante la Corte Constitucional para que los magistrados vean con ojos favorables las reformas que llegarán al tribunal para estudios de constitucionalidad.
Dado que es muy difícil en la práctica detectar este lobby para sancionar a los abogados (basta ver la poca eficacia de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), en otros países lo que hacen es obligar a los magistrados a llevar un “registro público de contactos”. Así, cada vez que alguien llama o contacta a un magistrado o incluso lo invitan a un foro académico, el magistrado lo registra públicamente.
Hacer transparente el lobby le resta su fuerza.
Tocará ver qué tanto prosperan estas ideas del ministro de Justicia, que en todo caso no están alineadas con lo que Martínez dijo que discutió el Presidente con los magistrados en una reunión ayer. Y si prosperan, qué tanto terminan siendo un remedio peor que la enfermedad como lo pronostican las fuentes consultadas por La Silla.
A mi juicio el problema si bien no radica en la normas, sino en la formación (la ética no se enseña, se tiene como valor del ser), se deben buscar mecanismos que impidan, hasta donde se posible el ingreso o de ineptos (académicamente) o de susceptibles al halago. Así, por ejemplo, causal de impedimento el tener cónyuge o compañera(o) y parientes (hasta 4º grado consaguineidad y 2º de afinidad) en otras cortes o en la fiscalía o en los entes de control, así como haber sido magistrado de otras corporaciones (judiciales y políticas) dentro de los diez años anteriores. Inhabilidad sobreviniente, el que tales parientes, compañero(a) o cónyuge sea designados en algún ente de control o en la fiscalía o en otra 'alta' corporación o en el congreso. El origen sí debe ser político (terna presidencial al congreso).
No hay como examinar la conducta de los jueces, porque ¿quien realiza el examen?, quien es el ente físico impoluto que haría las veces de Dios para saber quien es honesto y lo seguirá siendo y quien no... es mas si se llega a ese examen, debe haber pasado por varias pruebas de fe, una prueba política hecha por el gobierno de turno, una prueba fiscal con sus declaraciones de renta, las de sus familiares próximos y por último una serie de exámenes de conocimiento, de estado, de política y de sentido común... osea que nadie puede ser Magistrado y el que llegue con esas condiciones o es el mas tramposo y falso o es un ángel de Dios en un país laico...
Para ser honesto, los que llegan a esas esferas del poder no llegan limpios, no creo en los honorables, el mismo Carlos Gaviria evidencio muchas veces su parcialidad política sin ser eso necesariamente malo, es tan normal que precisamente eso es lo que caracteriza al poder, para poder mantenerse arriba y dominante.
Las discrepancias entre este par de funcionarios del gobierno Santos, son tan solo, un montaje. Hoy, el interes supremo de alias Santiago, es terminar de adueñarse de las cortes. Con estilo. Pero ha resultado que el estilo sutil es a veces tanto eso mismo, que termina siendo evidente. El gobierno no tiene porque meterse en esto de legislar, eso le corresponde al congreso. Es muy diferente presentar proyectos de ley, a cabildear ante los medios.
Siempre me disgusto la creencia de que el Juez debe vivir en una burbuja. Esperar que sea imparcial porque no habla con las partes a solas es un mero formalismo, la imparcialidad se demuestra en lo bien justificado que este el fallo y no en la pantomima de las formas. Es una pena que el derecho se encuentre actualmente tan desconectado de la realidad.
P.D. no hay reforma a la justicia que aguante si no se reforma la educación jurídica, no se pueden seguir regalando tarjetas profesionales y vendiendo posgrados.
JAJAJAA.... seguimos en las mismas con los mismos y para lo mismo d siempre, haciéndonos los d la vista gorda, q como fueque q fueque y q fueque y échele más fueques; buscando el ahogado rio arriba, hablando de cátedras de paz, civismo, tolerancia cuando lo que hace tiempo se necesita y con urgencia es la Cátedra de la ETICAAA, la MOral y la Vergüenza en contraposición al cinismo, la desfachatez, el descaro, la falta de pena cuando ya ni siquiera vergüenza hay. Esto no es cuestión de meritocracia q en ultimas es más bien dedocracia; de nada sirve todo lo que propone el Minjusticia y los politiqueros d turno que quieren pasar ahora como los mas dignos, los concursos de méritos académicos unidos a la experiencia son absolutamente nada cuando se tiene el alma negra x corrupta e inescrupulosa.
Una vez más insisto, persisto y no desisto, Q' explicación dan las 'mejores Universidades ' q certifican los mejores hombres del país, los q tienen la capacidad de dirigir. Q Alguien me diga.
Un Magistrado no solo tiene que ser honesto, sino parecerlo, pero además debe ser honrado y también parecerlo. No hay un examen para ello, pero una verificación de sus ingresos y propiedades de los últimos 10 años, no será suficiente pero si muy indicativo. Lo que ha sucedido es que el cuento de que debemos respetar y acatar a las Cortes y sus sentencias, fue llevado más allá de lo que significaba respetar y acatar sus decisiones. Nos hicieron creer que eran dioses del Olimpo sobre los cuales no cabía ni siquiera una simple sospecha y ellos abusaron de esa posición privilegiada y se olvidaron de algo tan simple como reconocer que son servidores públicos sencillamente. Servidor significa que tiene un superior a quien servir y esos somos los colombianos de a pié. Les debemos respeto en la misma medida en que ellos nos sirven y esto solo ocurre cuando atienden con prontitud y pronta justicia los casos que les entregamos. Ojo pues, son servidores.
El problema no es de instituciones, es de ética, jueces como Carlos Gaviria son muy difíciles o como Ciro Angarita, imposibles. Precisamente el hecho de que los anteriores hubiesen llegado a la CC, dan cuenta que si se puede. Lo peor, Uribe al ternar magistrados como cuando se nombran ministros, así lo hizo con la CC, que de cierta manera había estado blindada. Los magistrados hoy tienen una formación humana y ética muy débil, esa es la principal falla, por eso llegan a armar centros de intereses personales. El hecho de que acepten ser manoseados con invitaciones y regalos desdicen mucho de su dignidad y que como "Luisgui" señalen que se requiere dinero para poder conocer las regiones para no subirse a un planchon gratuitamente, pero pagado por un interesado, desnuda su altura moral. Revocarlos, cambiarles la forma de designación, nada servirá cuando se tiene poca respetabilidad por la investidura de juez.
urgente quítarles las funciones electorales.
Si Ud quiere tergiversar lo evidente es su decisión. Carlos Gaviria fue ternado por el Consejo de Estado, para el periodo de 1993 - 2001, por tanto los uribes no podían ternarlo, a lo sumo votar por él, como senadores si lo eran para esa fecha y si a Ud le consta que así fue o que lo promovieron, es muy distinto a ser ternado. Mario Uribe, nunca pudo ternarlo y Álvaro Uribe tampoco, pues para 1993 no eran consejeros de estado. En contrario Uribe Álvaro, terno a Pretelt y a Mauricio González, dando inicio a la llegada de personas que no tenían la trayectoria para magistrado de Corte Constitucional, como lo era Carlos Gaviria y Ciro Angarita Barón, quienes acrecentaron el prestigio de esa Corte y eso es lo que le reconocemos la gran mayoría de colombianos.
juahjuahjuah ese gato esta chiflado si que inventa. Es el certero 33 de la silla vacia.
Y dénle con las opiniones de "expertos off the record" como base de las historias. Por otro lado, ¿no es mejor preguntarle directaemnte a Carlos Gaviria si en realidad no hubiera participado en el concurso de méritos antes que simplemente suponerlo? Finalmente, esas fuentes que consulta LSV son nada menos que cómplices de delincuentes. Si alguien se entera que están vendiendo los exámenes de los concursos para magistrados lo que tiene es que denunciarlo a la justicia, si no lo hace se convierte en cómplice. Y si un cómplice de este tipo de prácticas es la fuente "off the record" de los periosdistas pues estamos muy mal. Yo no podría desarrollar un trabajo en el que me toca escuhar a este tipo de personas haciendo este tipo de confesiones y que lo único que yo pueda hacer con esa inforamción es publicarla a manera de chisme en un historia para que no pase nada, simpelemnte para hacer ver que el intento de buena fe de un ministros por mejorar las cosas no puede ser efectivo. Que mal.
El razonamiento detrás de la propuesta meritocrática es: Elegir a los más capaces para tener a los más honestos. El problema con este argumento es que honestidad y capacidad parecen ser variables independientes: en el grupo de los tontos e ignorantes la proporción de corruptos es similar a la encontrada en el grupo de los inteligentes y sabios. La capacidad no tiene NADA que ver con la ética.
Por eso, no creo que se pueda afirmar que el remedio propuesto (la meritocracia) sea peor que la enfermedad de moda (la corrupción); más bien parece el remedio para otra enfermedad (la estupidez combinada con la ignorancia). Yo creo que nuestros corruptos más ilustres son gente muy capaz, que obtendrían laureles en cualquier exámen, aunque algunos no son más que ignorantes muy astutos, cuyo único camino al éxito es el atajo de la corrupción.
Es más, muchos estudian y se esfuerzan toda la vida con la ilusión de llegar a ser un corrupto excepcional, porque la corrupción sí paga, y muy bien.
Totalmente de acuerdo con el usuario Ulcas;siempre ha existido la mano de los politicos en la justicia.Porque tanto temor a las pruebas?
La solución la dio Platón hace siglos: los gobernantes, sabios y sin propiedad alguna: solo dedicados a su función gubernativa; un magistrado, que recibe cada mes 23 millones no puede estudiar un expediente porque tiene que ver cómo los invierte sobre un acumulado que viene creciendo permanentemente. Así de sencillo es este fenómeno de corrupción; la otra solución se puede dar instituyendo un el Federalismo porque la actual rama judicial desaparecería para dar entrada a una nueva en cada Estado Federal
Ayer lo dije, solo falta q Pretel prenda el Tifón y me equivoqué, con lo q se vino fue con un TSUNAMI; no renunciará y la cosa se pone mas horrorosa, Q dios nos coja confesados xq aquí no se salva NADIEEEEE.
Yo creo, a diferencia de las personas consultadas por el periodista y algunos foristas, que los concursos de méritos sí garantizan mayor transparencia y mejores funcionarios. Eso de que las personas que han ingresado por concurso a la rama judicial son igual de malos, es puro cuento. La diferencia se nota. Lo que pasa es que esas personas hasta ahora están empezando su vida profesional, porque los concursos en la rama judicial, de 8 años para atrás, eran una vagabundería sin el mínimo de exigencia. Y aprobar una prueba de conocimientos es lo mínimo que se puede pedir a alguien que aspire a una alta magistratura. Cómo así que porque yo soy muy prestigioso entonces no me someto a un examen? Pues sencillo, no aspire al cargo! Solo la Corte Constitucional necesita legitimidad política y popular. El resto deberían concursar.
La visión de la interpretación de la norma en estos casos es el punto de vista quien tiene el poder y quien no lo tiene.Es decir de esto depende el rasero jurídico