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Jueves Septiembre 19, 2019

La importancia de un político está determinada por el tamaño de la corte que lo sigue.

En Bogotá día a día se evidencia la protección del poder. Políticos, empresarios y personas con gran poder mediático son escoltados por esquemas de seguridad y camionetas en sus labores cotidianas. Desde un almuerzo, reuniones o simplemente un paseo por la ciudad estas personas “resaltan” entre los demás por la cantidad de personas que tienen al lado, atrás y adelante.

No son difíciles de distinguir, sino todo lo contrario: pasar desapercibido se vuelve casi un imposible. Lo más común son las camionetas aparcadas en plena vía pública, los hombres en posición desafiante parados en las esquinas y entradas de establecimientos y la permanente presencia de la Policía que patrulla la zona. Son las sombras de los poderosos, algo que les da a ellos también poder.

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    La primera pauta de seguridad entre los poderosos es una camioneta blindada. Solo por nombrar un caso, la Unidad Nacional de Protección, que ofrece el servicio de carros blindados para personas poderosas y bajo amenaza, tenía circulando hasta el año pasado entre 1.100 y 1.300 camionetas blindadas por todo el país. Foto: Pablo Orozco.
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    En Colombia existen cuatro niveles para blindar un vehículo; entre más alto el número, más fuerte el blindaje. Pablo Orozco.
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    El nivel determina la fuerza: el nivel IV o superior resiste armas largas y de gran alcance como ametralladoras y fusiles y es exclusivo para los súper poderosos como ministros, presidente, vicepresidente y en algunos casos, congresistas. En cambio, los niveles I y II, que básicamente es antirrobo, sólo puede aguantar la carga de un revólver y subametralladoras. Por eso, es más frecuente en empresarios y personas que están en riesgo o bajo amenaza. Foto: Pablo Orozco
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    El blindaje más barato cuesta aproximadamente cincuenta millones de pesos más IVA. La cifra puede ascender a 120 millones de pesos para un nivel IV (superior). Foto: Pablo Orozco
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    El negocio es boyante en el Congreso, como lo prueba esta imagen tomada en uno de los parqueaderos. Foto: Pablo Orozco
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    El sector privado ha hecho su agosto con el negocio de los blindajes. Empresas como Neosecurity, GMW Secerity y Blinsecurity pueden obtener por licitación montos de 50 a 70 vehículos por un costo de aproximadamente 2.500.000.000 millones de pesos, contando solamente los blindajes más económicos. Foto: Pablo Orozco
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    Además, ofrecen un cómodo servicio de alquiler que cuesta en promedio 700.000 mil pesos diarios, con “derecho” a escoger el modelo y la marca de los vehículos. Los preferidos en este caso también son Toyota y Range Rover. Foto: Pablo Orozco
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    Actualmente, la UNP tiene 4.805 funcionarios públicos bajo su cuidado. A ellos se suman los “comunistas y miembros de la Unión patriótica”, como lo distinguen ellos mismos, que alcanzan otras 2.450 personas. Foto: Pablo Orozco
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    El año pasado, Cundinamarca se llevó el primer lugar en número de personas protegidas por la UNP con 994 personas, casi cuatro veces más que el segundo departamento, Antioquia, con 260 protegidos. Foto: Pablo Orozco
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    Además de los carros, la sombra de los poderosos también incluye un paquete de escoltas con sueldos en promedio de dos salarios mínimos que equivalen a 1,288,700. Eso, sin contar las horas extras, festivos y dominicales que paga el contratista. Foto: Pablo Orozco
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    Normalmente la Policía también está presente acompañando los esquemas de seguridad privados, sobre todo si se trata de un funcionario público, como en el caso del Senador Juan Manuel Galán. Foto: Pablo Orozco
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    De los 167 mil hombres que tiene desplegada la Policía en todo el territorio nacional, el año pasado tenía unos 7 mil dedicados a proteger a 2.500 funcionarios y ex funcionarios públicos. Foto: Pablo Orozco
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    Las empresas privadas también alquilan los servicios de escoltas. El día puede costar entre 50 mil a 70 mil pesos. Foto: Pablo Orozco
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    Como no siempre todos los esquemas de seguridad son legales (es decir, que los hombres y los blindajes no están acreditados), la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia tiene que poner la lupa en este negocio creciente. Foto: Pablo Orozco