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Lunes Octubre 25, 2021

El hacinamiento en las cárceles no ha dejado de crecer. En este momento es del 52 por ciento, el más alto de los últimos 20 años.

Foto: Sindicato del Inpec

En las últimas semanas tres jueces, de diferentes lugares del país, han prohibido el ingreso de más personas a tres cárceles. El domingo, la Revista Semana mostró que en el pabellón de más alta seguridad de La Picota, los presos hacían lo que les daba la gana. Ayer, el Defensor del Pueblo pidió al gobierno estudiar si debe decretar una emergencia social para arreglar los problemas en las cárceles, haciendo eco de la solicitud del director del Inpec. El tema carcelario es una bomba de tiempo, quizá la próxima que le estalle al Gobierno. Por ahora, la única medida que está en camino es el anuncio de que va a presentar una reforma al Código Penitenciario en esta legislatura. Aunque los expertos consideran que esa reforma no solucionará el problema y que la única solución en el corto plazo es políticamente inviable.

El problema de las cárceles

El problema carcelario es noticia de forma periódica, normalmente por el hacinamiento, por la criminalidad o la falta de disciplina, problemas que no son nuevos pero que igual no se han resuelto.

En los últimos años se han construido varias cárceles (el gobierno Uribe contrató la construcción de diez cárceles, que ya están funcionando), pero los líos siguen.

Por ejemplo, la nota de Semana sobre peleas clandestinas en La Picota, cuya existencia ya confirmó el Inpec muestra que los reclusos siguen teniendo el control de las cárceles. También siguen delinquiendo desde allí.

El hacinamiento tampoco se ha resuelto. Según cifras del Inpec, la capacidad de las cárceles no ha logrado alcanzar al número de presos desde 1993: aunque desde el año pasado hay más de 75 mil cupos carcelarios, 20 mil más que en 2009, en esos tres años la población carcelaria también creció como espuma: de 75 a casi 114 mil personas. Según explicó el Inpec en febrero, a finales de 2013 la cifra puede pasar los 130 mil reclusos, y no se están ni construyendo ni readecuando cárceles para que quepa más gente.

En cambio, como contó La Silla, varias leyes de los gobiernos Uribe y Santos han agravado el hacinamiento porque crearon nuevos delitos o aumentaron las penas, y porque redujeron las posibilidades de que las personas salgan de las cárceles.

Juan Manuel Santos explicó ayer que la reforma penitenciaira es una de las prioridades legislativas de su gobierno para este semestre. Esta tarde se deinfe cuándo va a presentar el proyecto. 
Foto: Juan Pablo Pino.

De nuevo a las primeras planas

Mientras los políticos siguen haciendo populismo punitivo, el hacinamiento ya llegó a tal punto que son los jueces los que nuevamente se han apersonado del problema.

Un fallo de tutela de una juez en Bogotá del 31 de enero que, como contó La Silla, encontró que en La Modelo de Bogotá había un estado de cosas inconstitucional, prohibió que entre febrero y abril entraran más presos a esa cárcel, y exigió que en ese mismo período el Inpec sacara a los condenados para solo dejar en ella a los sindicados (los que están acusados pero aún no han sido condenados).

Aunque la decisión de la juez de Bogotá fue anulada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, el efecto de esta decisión fue que la URI de la Fiscalía (en cuyos calabozos se retiene inicialmente a las personas, antes de enviarlas a una cárcel del Inpec) se empezaron a llenar.

Después de esa sentencia otras dos tutelas replicaron sus argumentos. Primero fue un juez de menores de Bucaramanga que prohibió meter más presos en un pabellón de la cárcel de Bucaramanga durante tres meses; el viernes pasado, fue la magistrada Ana María Zapata, del Tribunal Superior de Medellín, quien cerró las puertas de la cárcel de Bellavista para más presos en otra sentencia de tutela (que pueden leer acá).

Estos fallos han puesto a la política criminal del gobierno bajo presión.

El dilema del gobierno

Con el problema carcelario ganando momentum a menos de un año de las elecciones, el gobierno queda en una encrucijada: la única solución al hacinamiento, a corto plazo, es sacar personas de la cárcel. Pero no es fácil vender la idea de que esa es la solución, cuando a la vez hay problemas graves de inseguridad en ciudades como Cali y Medellín, y cuando el eslogan de la reelección incluye la palabra “seguro”.

Sin embargo, ya se comienzan a oír voces en ese sentido. Wilson Ruiz, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ya propuso liberar a presos encarcelados por delitos menores y va en línea de lo que ha dicho la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien dice que hay que eliminar la cárcel para muchos delitos.

La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, está buscando recursos para enfrentar el hacinamiento.

 Foto: El Espectador.
 

El director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, fue más allá. El jueves pasado le pidió al gobierno que decrete la emergencia carcelaria (un mecanismo previsto en el Código Penitenciario, para el que el Inpec requiere un concepto favorable del Ministerio y que ya se ha aplicado, como por ejemplo en 2001) precisamente para que se encuentren mecanismos para dejar en libertad a más presos.

Sin embargo, el viernes, el mismo Ricaurte explicó que para decretar y poner en marcha esa emergencia se necesitan más recursos, que la ministra está buscando pero no ha conseguido.

Las alternativas

Si el Gobierno opta por salidas menos costosas políticamente que liberar presos, la primera sería la de constuir más cárceles.

Hasta donde supo La Silla, el gobierno hasta ahora no la ha contemplado. Es una solución demorada y costosa. Al país le costó durante el gobierno de Uribe 1,4 billones de pesos crear 20 mil cupos (la mitad del hacinamiento actual) y se le demoró unos cuatro años. Además, construir cárceles termina no solucionando el problema, porque se llenan con nuevos presos – o por lo menos eso es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años.

Una salida más fácil es presentar una reforma penitenciaria, que fue la que escogió el Gobierno y que anunció ayer como uno de sus proyectos prioritarios, como contó La Silla.

Esta tarde se define finalmente cuándo va a presentar el gobierno el proyecto. En todo caso,  más allá del efecto simbólico de presentar un proyecto de ley para mostrar que se "encara" un problema (algo habitual en este gobierno), no parece que vaya a atacar el problema de fondo.

Primero, porque, aunque se está discutiendo hace ya varios meses, la idea inicial de reemplazar el código existente por uno nuevo que le daría un vuelco al sistema, ha sido reemplazada por un conjunto de mejoras al actual que no tienen ese alcance tan profundo. La negociación al interior del gobierno no ha sido fácil, porque hay visiones opuestas sobre cómo debe ser la política criminal. Están posiciones como la de mano dura de Vargas Lleras que en su ley ciudadana multiplicó los delitos y aumentó las penas (y el hacinamiento) y la de la Ministra de Justicia.

Tampoco ha sido fácil la negociación con los múltiples sindicatos del Inpec, y eso le ha ido quitando dientes al proyecto, según le dijeron a La Silla dos fuentes que han conocido varios de sus borradores. Sin embargo, falta ver en qué consiste el que finalmente presente el gobierno.

Segundo, porque el debate legislativo sobre el proyecto lo que hace es elevar la tensión para el gobierno. Si el proyecto finalmente contempla mecanismos para soltar más gente, es fácil prever críticas de legisladores que han impulsado cárcel para conductores borrachos, por ejemplo, o del uribismo, que encontrará aquí una nueva oportunidad para decirle a los colombianos que Santos es débil con los criminales.

Una tercera salida es cambiar la política criminal para que la Fiscalía se dedique a investigar menos delitos menores y más delitos de alto impacto, desde casos de corrupción o estafa hasta homicidios. Y que, cuando investigue los delitos menores, solicite a los jueces sanciones diferentes a la cárcel.

Esta alternativa también tiene críticos entre quienes creen que la solución es encarcelar a todos; requiere de una excelente coordinación con la Fiscalía (que por ahora parece estar funcionando, pues Montealegre tiene buenas relaciones con el gobierno y está alineado con esa de priorizar los delitos de mayor impacto); y solo tendría efectos a mediano plazo pues no cambiaría en nada la situación de los que ya están presos. Es decir, es útil pero no resuelve el lío actual.

Por eso, según supo La Silla por una fuente que conoce bien el Ministerio de Justicia, la verdadera salida que está esperando el Gobierno es que la Corte Constitucional decrete un estado de cosas inconstitucional en las cárceles.

Es una posibilidad real, dado que la Corte Constitucional podría revisar cualquiera de las tres tutelas en las que jueces menores declararon esta situación.  Además, según supo La Silla, en la Corte ya están trabajando el tema.

Si la Corte llega a decretar el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, como ya lo hizo en 1998, le va a dar órdenes a diferentes entidades del Gobierno para que solucionen la situación. Esa sería la mejor salida para el Gobierno, que podría tomar medidas duras como soltar presos sin asumir todo el costo político por ellas pues puede decir que está cumpliendo con el mandato de la Corte.

La pregunta es si la Corte lo va a hacer, cuánto se va a demorar y qué va a pasar mientras tanto.

 

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Juan Manuel Santos Calderón
Ruth Stella Correa
Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2013-04-06 16:57

Deberían encontrar una pronta solución a este problema pues la verdad no es justo que a un ser humano lo tengan como un animal solo porque ha cometido un error.
ademas deben analizar que hay muchas personas que pueden tener condiciones para estar en domiciliaria pues esto podria ayudar a solucionar tanto hacinaminto.
tambien deben mirar otras carceles como la de jerico antioquia que esta bien conjestionada es duro ir alli y ver el estado de esos presos y no poder hacer nada por ellos.
por favor busquen una pronta solucion no sean tan inhumanos.

Mié, 2013-03-20 22:57

Problema de las cárceles, problema complejo de déficit de infraestructura, seguridad, y alta corrupción en el Inpec y todo el aparato de administración de Justicia, cooptado por mafias, y empresas criminales. En la cárcel hay negocio, hay reglas, hay dinero, existen jefes paras, mafiosos, políticos, narcos, y guerrillos. Todo tiene precio, hay estratos, fronteras invisibles, violaciones a los Derechos Humanos, ninguna atención en salud, crisis sanitaria y todo lo peor que puedan imaginar. Si hoy hay redadas e incautaciones de armas, celulares, droga, etc. Mañana el mismo Inpec las revende cuando todo se calma... es un circulo vicioso del negocio. Todo se paga, el espacio, el ingreso, el cuidado de la integridad y la vida. El Inpec es un observador y coautor de todos los delitos, los jueces y fiscales igual. Los políticos igual.

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