En el acuerdo que crea la Comisión de la Verdad, tanto las Farc como el Gobierno se comprometen explícitamente “a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”.

Como La Silla contó en su momento, había una resistencia muy grande al interior de las Fuerzas Militares, expresada por el general Jorge Mora en la Mesa de Negociación, a que se incluyera el reconocimiento de responsabilidades institucionales y no solo individuales –como ocurrió por ejemplo en Justicia y Paz con los paramilitares- por el impacto que eso pudiera tener en órganos como el Ejército. Sobre todo, si las ONG de derechos humanos pueden acusar ante el Tribunal de Paz como quedó establecido.

Pero como a partir de ese reconocimiento más colectivo es que se pueden extirpar lógicas que conduzcan a las violaciones de derechos humanos, así quedó consignado en el acuerdo final.

El costo marginal de que se sepan las atrocidades cometidas por la guerrilla será muy inferior para las Farc de lo que será para las Fuerzas Militares cuando se difundan violaciones que cometieron durante los 50 años de conflicto dado que son –de acuerdo a las encuestas - una de las instituciones que goza de mayor prestigio entre los colombianos urbanos.

Los militares han pedido no ser equiparados a la guerrilla puesto que mientras ellos actuaban defendiendo un Estado legítimo los otros eran una fuerza ilegal que apeló a métodos terroristas. Por eso han pedido un “trato diferenciado”.

Sin embargo,–como dijo una fuente de adentro- hay “mucha confusión” al respecto porque, al mismo tiempo, esperan que los guerrilleros no vayan a recibir nada más de lo que se les de a ellos.

Por eso, el indulto a los 30 guerrilleros concedido la semana pasada como un gesto unilateral del gobierno para acelerar la negociación con las Farc fue muy mal recibida entre los militares precisamente por eso.

En una carta abierta firmada por los internos de cárceles militares, dicen que “para las Farc bastó la visita de un enviado especial, ajeno al equipo negociador, para abrir las puertas de las cárceles, todo en aras de garantizar que el proceso avance. Eso estaría bien, si se aplicara de igual forma a los miembros de la Fuerza Pública, pues igual somos seres humanos, no somos entelequias, ni estamos desprovistos de una dignidad que sí se le reconoce a la insurgencia”.

Muchos militares consideran que no basta con que los magistrados del futuro Tribunal de Paz sepan de derechos humanos y derecho internacional humanitario como lo exige el acuerdo que se anunciará en los próximos días. Creen que deberían también haber peritos y magistrados expertos en asuntos operacionales y de doctrina militar para que los pudieran juzgar entendiendo las lógicas de la guerra.

En lo que se conoce del acuerdo de justicia transicional, quedó establecido el presidente de la Corte Suprema dijo que el narcotráfico es conexo con la rebelión es muy probable que una parte significativa de las Farc será amnistiada. Serán condenados en el Tribunal solo aquellos a los que se les pruebe delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Pero como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíben las ‘autoamnistías’ a los militares basados en una interpretación de la Convención Interamericana, el Estado no podría concederles el mismo tratamiento. Esto es algo que en varios niveles de las Fuerzas es incomprensible y creen que el Gobierno está haciendo una lectura muy "cerrada" del Protocolo.

En particular, a muchos militares les preocupa que la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminen ‘vetando’ magistrados porque los ven como poco independientes e imparciales. En general, este punto de cómo se seleccionarán a los magistrados es un motivo de preocupación pues de quiénes ocupen estos lugares y a quiénes le son leales dependerá mucho la imparcialidad de sus decisiones.

Desde que el fiscal Eduardo Montealegre creó la Unidad de Contexto en la Fiscalía, los militares han usado diversas estrategias para deslegitimar su trabajo y ahora temen que el Tribunal de Paz adopte la misma metodología.

A diferencia de la forma de investigación penal tradicional que se centra en las pruebas aportadas por cada caso individual, la metodología de investigación penal de análisis y contexto apela también a investigaciones sociales, económicas, históricas, entrevistas con expertos y cualquier recurso que aporte una mejor comprensión del ‘contexto’ en el que se dieron los hechos investigados. También busca identificar patrones entre casos similares.

Este tipo de investigación permite, entre otras cosas, identificar elementos institucionales, prácticas comunes, políticas y una ‘sistematicidad’ en los comportamientos que puede conducir más fácilmente a concluir que se cometieron delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, en el caso del secuestro por parte de las Farc. Pero también en el caso de los falsos positivos o las chuzadas. De ahí el temor de las Fuerzas Militares a que el Tribunal de justicia transicional apele a esta metodología

En lo que se conoce del borrador de Acuerdo de Justicia Transicional, las ONG de derechos humanos podrán acusar ante el Tribunal a personas que cometieron supuestamente delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. También podrán declarar en la Comisión de la Verdad.

Muchos militares sienten que dada la visión ‘antimilitarista’ de varias de estas organizaciones, si estos informes o denuncias no se contrastan con otras fuentes ellos corren un riesgo muy grande.

Aunque los negociadores del Gobierno en la Habana han dicho –como lo hizo el domingo en su blog Humberto de la Calle- que “Las víctimas son la justificación ética del diálogo. Las víctimas están en el centro”, subsiste la pregunta de cuál es la definición de víctima que se maneja.

En círculos militares, el término “agentes del Estado” no convence del todo porque concentra la responsabilidad en los militares, policías y agentes de organismos de inteligencia como el DAS. Muchos se preguntan, entonces, qué pasará con empresarios, finqueros, políticos que no solo fueron cómplices en la guerra sino que en ocasiones fueron determinantes.

En las bases del acuerdo de justicia quedó que los terceros civiles responsables también serán juzgados por el Tribunal.

Los militares llevan años insistiendo en que sus acciones deben ser juzgadas bajo el marco del derecho de la guerra que es el DIH y no bajo las normas ordinarias de los derechos humanos. Así quedó finalmente consignado en la última reforma al fuero penal militar. Varios se preguntan ahora si aquellos que consideran que fueron injustamente condenados pueden pedir a la Sección de Revisión del Tribunal de Paz que su caso sea incluido en la justicia transicional porque fueron sustentadas en normas del uso de la fuerza en derechos humanos y no en derecho internacional humanitario y derecho operacional.