La fiscal Viviane Morales anunció ayer que solicitó audiencia para imputar cargos al ex ministro Andrés Felipe Arias, dentro de la investigación por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Le imputará dos cargos que podrían darle una pena de entre cinco y 21 años de prisión y solicitará medida de aseguramiento.

Solo unas horas antes de que la Fiscal General Viviane Morales diera la noticia sobre la solicitud de imputación de cargos contra el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, el ex presidente Uribe acusó al gobierno de Santos de querer “graduarlo como corrupto”. Puso a la gente en las redes sociales a hablar de ese tema y logró que los uribistas volvieran al discurso de la persecución sin fundamento en contra de él y de su Gobierno.

Y cuando el tema estaba ‘caliente’, se conoció la noticia. La Fiscal solicitó a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá una audiencia para pedir la imputación de cargos contra Arias, por dos delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.Con esa decisión la Fiscalía puso sobre la mesa su estrategia en esta investigación, y es un duro golpe para el ex ministro y para Uribe. Pero es mucho menos fuerte que el proceso que están afrontando quienes lo asesoraron en el Ministerio y que hoy están en la cárcel.

Eso no parece una coincidencia.

No era una decisión sorpresiva. Después de la imputación de cargos a los asesores del MinAgricultura, era difícil que la investigación contra Arias no llevara a nada. Pero se trataba de una prueba de la Fiscal Viviane Morales, tal vez una de las más importantes para demostrar su independencia. Y es posible que Uribe guardara una esperanza.

El ex presidente dio una entrevista al diario La Tarde, de Pereira, que comenzó a rotar desde la mañana, donde criticó al gobierno de Juan Manuel Santos. Afirmó que, por mostrar resultados contra la corrupción, está intentando señalar a su Gobierno en ese tema. Defendió su transparencia y argumentó que  las revelaciones en materia de corrupción comenzaron en su gobierno.

Defendió los subsidios para la revaluación porque salvaban empleos, pero dijo que al MinAgricultura “se le metió en la cabeza que esas ayudas eran corruptas para apoyar la candidatura de Andrés Felipe Arias” y por eso las quitó. Y ahí fue cuando dijo que al Gobierno, por intentar “graduarlos de corruptos, por tener unas vanidades que no corresponden al servicio público”, les quitó ayudas a los exportadores y puso en riesgo el empleo.

Lo que se conoció en la tarde desestima esa pulcritud. Al contrario del discurso de transparencia, lo que muestra la acusación contra Arias es que la tendencia del Gobierno de Uribe de entregar subsidios y regalar recursos se basó en políticas laxas que permitían hacer trampa. Esto ya lo ha probado el escándalo de Agro Ingreso Seguro, un subsidio que terminó beneficiando en su mayoría a unas pocas familias poderosas que le habían ayudado a Uribe en su intención de reelegirse. Y que, además, le ayudaron después a Arias en su intención de ser candidato presidencial.

Es la primera vez que Uribe hace críticas frontales contra el gobierno de Juan Manuel Santos. Antes sólo hizo insinuaciones. Pero el golpe de la acusación contra el que fue su ministro estrella merecía ese cambio de tono.

Y le funcionó. Aún entrada la noche todavía estaba vivo el debate en twitter entre quienes defienden las políticas de Uribe y tildan a la justicia de perseguirlo y quienes aplaudían la decisión de la Fiscal Morales.

Cuando la Fiscal leyó ayer el comunicado solicitando la imputación, comenzó a rodar la estrategia –o una de las estrategias- para procesar a todos los implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro. El hecho de imputar a Arias sólo dos cargos, frente a los cuatro o cinco que tienen en su contra los ex asesores del Ministerio, la dejaron frente a una lluvia de críticas, pero con la posibilidad de lograr mucho más dentro del proceso.

No se trata de una diferencia insignificante. Mientras que el ex ministro Arias podría tener una pena de entre cinco y 14 años de cárcel –si se dieran agravantes–, los cargos que la Fiscalía les imputa a sus asesores los podrían dejar en la cárcel entre ocho y 34 años -  y en el caso del ex viceministro hasta 40 años.

Además, a diferencia de la investigación de los asesores en la que fue un juez de conocimiento el que acogió la solicitud de la Fiscalía, aceptó los cargos y adicionalmente los consideró como un peligro para la sociedad y por eso los mandó para la cárcel, el caso de Arias lo tendrá a cargo un Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Es decir, un compañero al que aceptó la imputación de cargos que la Fiscal presentó contra el ex secretario privado de la Presidencia Bernardo Moreno por el caso de las ´chuzadas’, pero que no consideró necesaria la medida de aseguramiento porque a su juicio sus antecedentes no muestran que sea necesario proteger a la sociedad.

Es posible entonces que una vez la Fiscal haga sus imputaciones, Arias continúe procesado, pero libre. Y mientras tanto, los funcionarios que trabajaron con él en el Ministerio seguirán presos.

El ex jefe jurídico Óskar August Schroeder, el ex viceministro Juan Camilo Salazar y el ex secretario general del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega siguen recluidos en La Picota. Y Camila Reyes del Toro, la ex directora de Comercio y Financiamiento y la ex jefe jurídica Tulia Eugenia Méndez están en casa por cárcel porque son cabeza de hogar, después de pasar un mes en la cárcel de El Buen Pastor.

Todos están acusados por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación de terceros y celebración indebida de contratos. Y Salazar tiene además la acusación por el interés indebido en la celebración de contratos.

A ellos se podrían sumar cinco ex contratistas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA: Julián Gómez, director del programa e hijo del magistrado de la Corte Suprema, Alfredo Gómez Quintero; Daniel Montoya y Jairo Cano Gallego, coordinadores del programa; y los técnicos del instituto Carlos Manuel Polo y Enrique Angarita. A ellos la Fiscalía les imputará el cargo de peculado a favor de terceros y pedirá su captura el 28 de junio.

Aunque en cada caso la imputación es diferente, lo que considera la Fiscalía es que todos estos asesores tuvieron una responsabilidad jurídica en la millonaria pérdida de dineros de la Nación en manos de familias poderosas a las que se les entregaron los subsidios de Agro Ingreso Seguro. Esa responsabilidad se da porque ellos asumían el control de los documentos que terminaron avalando toda la entrega irregular de subsidios. Y aunque podrían mostrar que no hubo dolo, es decir que actuaron de buena fe, la responsabilidad no desaparece.

Para el caso de Andrés Felipe Arias, él era el ordenador del gasto, pero no el responsable de elaborar los conceptos técnicos, lo que está sustentado en los manuales de funciones. USando ese argumento, el ex ministro podría llegar al juicio manteniendo su inocencia con el argumento de que sólo firmó los conceptos y aunque presidió las juntas donde se aprobó la asignación de recursos, no participó en la elaboración de esos conceptos ni dio instrucciones de cómo se debían realizar.

No la tiene fácil la Fiscalía porque la estructura administrativa aguanta todo. El argumento de que él no ordenó lo podría salvar y por eso el fundamento de la imputación es exigir del Minsitro una mayor diligencia. Es decir, que usando el argumento de que se entregaban recursos públicos la vigilancia debería haber sido el doble de la que se produce en otros casos. Se deberían haber diseñado medidas de control, verificación y sanciones. Y nada de eso quedó contemplado. Así, la acusación terminaría siendo por omisión, algo muy parecido a lo que hizo el Procurador contra Samuel Moreno, que lo suspendió porque, aunque no firmó los contratos, sí falló al tener diligencia.

Lo que es difícil de creer es que los asesores actuaran solos, sin una orden superior y que en los comités de seguimiento y evaluación no se diera alguna instrucción respecto al tipo de convenios que se iban a proyectar o los contratos que deberían redactarse. Incluso, no es creíble para los investigadores que nunca se diera una instrucción para asesorar a las empresas beneficiarias del programa. Pero tal parece que la Fiscalía aún no tiene las pruebas para demostrar eso.

Con la jugada de ayer, parece confirmarse que la dura imputación y, sobre todo, la captura de los ex asesores del MinAgricultura, era parte de la estrategia de la Fiscalía. Lo que buscan los investigadores es que uno de los ex asesores técnicos colabore con la justicia y se acoja al principio de oportunidad. En pocas palabras, que se convierta en el testigo de la Fiscalía en contra de las cabezas del Ministerio y así logre rebajar su pena.

Un ingrediente a favor de esa estrategia es el del tipo de funcionarios que está en la cárcel: jóvenes técnicos, menores de 40 años y con un nivel educativo alto. Ninguno de ellos debió pensar en estar alguna vez en la cárcel y, sin embargo, ya dos jueces han confirmado que deben seguir allá. Cualquier de ellos podría fácilmente ‘estallar’. Y eso es lo que estaría buscando la Fiscalía.

Es la aplicación de la típica estrategia usada en los juicios en Estados Unidos donde un testigo controvertido, con miedos y con información relevante, es sometido a presión hasta que habla a cambio de beneficios. Y el primer paso es la ruptura de la amistad.

Pero no es tan fácil, no sería suficiente que ellos digan que solo estaban cumpliendo órdenes y de quién las recibían. Tienen que probarlo porque la acusación debe estar sustentada y soportada para que no se caiga en el juicio y para que el juez avale una rebaja de penas.

La Silla Vacía sabe que ya hay acercamientos en ese sentido tanto de los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro como de ex funcionarios del Ministerio con la Fiscalía.

La cuestión es muy difícil para los asesores porque, si deciden quedarse callados, ya sea por negligencia o por falta de capacidad, tendrán que asumir solos su responsabilidad. Tendrán que decidir si entran –y tienen con qué entrar– a la estrategia de la Fiscalía, mientras el ex presidente Uribe sigue en campaña denunciando la persecución.