El acuerdo sí contempla que habrá reparación económica para las víctimas, como pidió López, pero no de forma general ni automática.

De un lado, el Tribunal de Paz sí puede imponer sanciones materiales a los guerrilleros que condene, pero en ese caso los recursos no saldrán de las Farc como organización sino de los guerrilleros, si tienen con qué hacerlo. Si no, la reparación saldrá del Estado.

Y sobre una reparación de las Farc, aunque el acuerdo dice que esta guerrilla “se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas”, no establece cómo, en qué casos y deja el chicharrón para más adelante: “Los términos de esa reparación material serán precisados en el marco del Acuerdo Final.”, afirma.

El acuerdo garantiza que quienes cometieron actos de violencia sexual, que es uno de las conductas del conflicto que serán seleccionadas como una de las más representativas, tienen que confesar haberlos cometido para poder entrar en la justicia transicional y recibir beneficios.

En los casos en los que los victimarios no confiesen, la Fiscalía y otras entidades de investigación tendrán que entregar información que tengan de otros hechos a la Sala de reconocimiento y ésta debe individualizar a los presuntos responsables para que ellos decidan si reconocen o no esos delitos. Si dicen que no, será la Unidad de Investigación y Acusación la que tendrá que probar que sí lo son ante el Tribunal, y éste condenarlos.

Eso quiere decir que pagarán los responsables de violencia sexual que reconozcan esa responsabilidad y aquellos a quienes la jurisdicción logre encontrar como culpables. 

Si se comprueba que los falsos positivos fueron cometidos con ocasión del conflicto, los militares involucrados en en estas ejecuciones extrajudiciales que tengan condenas y estén pagando cárcel hoy podrán pedir que sus casos entren al Tribunal de Paz. Si lo hacen y se comprueba que el hecho fue cometido con ocasión del conflicto y contribuyen con la verdad plena, pueden recibir rebajas de penas y beneficios como salir de la cárcel y reemplazar sus penas actuales con otras restaurativas y fuera de las rejas. Lo mismo pasará con otros casos de falsos positivos en los que no haya condena, que serán trasladados a esta jurisdicción apenas empiece a operar, sin necesidad de que los involucrados lo pidan y siempre y cuando hayan sido cometidos con ocasión del conflicto. En esos casos, los involucrados contarán la verdad pero no pagarán cárcel.

En cambio, los hoy condenados que no quieran acudir a esta jurisdicción o los que entren a la jurisdicción y no cuenten toda la verdad, sí tendrán penas de prisión. Es decir, tendrán cárcel y no contarán la verdad.

La condición ineludible para entrar a la justicia transicional es que las Farc tienen que dejar las armas. Lo que falta resolver es cuándo y cómo. Este punto se abordará en el último de la agenda que es el del fin del conflicto. 

La reparación individual que pide Barbosa solo ocurrirá en los casos en los que ocurran tres cosas tres cosas. 

Primero, si la sala de reconocimiento (que es el filtro de entrada a la jurisdicción especial) hace un informe sobre las minas antipersonal para que a partir de ahí se individualice a los responsables de haberlas sembrado. Eso es muy probable pues según el acuerdo esa sala debe hacer informes de las conductas más representativas del conflicto, y la siembra de minas es una de ellas.

Lo segundo es que en ese informe la sala no debe necesariamente incluir todos los casos, sino solo los más graves, por lo que seguramente no todos los guerrilleros que sembraron minas serán individualizados.

Lo tercero es que el Tribunal de Paz debe terminar condenando a esos responsables, e incluyendo en la sanción una reparación individual para las víctimas. Solo los que tengan esa sanción terminarán reparando individualmente.

Las demás víctimas podrán recibir reparación por alguna de las otras vías (como actos públicos de perdón o acciones de reparación como desminado) que no son individuales, o con por ejemplo, con rehabilitación psicosocial individual, que no es lo que pide Barbosa.

El acuerdo sí aterrizó el problema de la desaparición forzada al crear la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Ésta, a diferencia de la actual Comisión de Búsqueda, sí tendrá dientes: no solo será una entidad que haga política sino que directamente buscará a las personas desaparecidas y para esto tendrá insumos como las bases de datos oficiales y la posibilidad de suscribir convenios con organizaciones de víctimas para recolectar información. Además, el acuerdo garantiza que los familiares de las personas desaparecidas participen en la búsqueda, identificación y entrega digna de los restos.

También puede haber es un reconocimiento de quiénes y por qué desaparecieron a sus familiares, porque cuando finalice el plan de búsqueda la Unidad deberá entregarle a los familiares de las personas desaparecidas un informe sobre lo que les pasó.

Lo que no resuelve el acuerdo es que haya conexión entre la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas como lo pedía Torres. Eso porque el acuerdo, es que en aras de facilitar que más involucrados ayuden a conocer la verdad, prohíbe explícitamente que esos datos sean utilizados como pruebas judiciales que metan en líos a los que cuenten. “La información que reciba o produzca la UBPD no podrá ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, a excepción de los informes técnico forenses y los elementos materiales asociados al cadáver”, dice.

Aunque no habla específicamente de la memoria, uno de los ejes del acuerdo es la verdad, que es condición necesaria para construir memoria.

Por un lado, crea una la Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos del conflicto y sacar un informe final cuando se termine su período de funcionamiento de tres años. Y por otro, exige que los responsables que quieran sentencias sin cárcel cuenten la verdad plena, lo que crea un incentivo para que la Comisión tenga insumos de calidad. Con eso, sí le garantiza un papel a la memoria, aunque falta ver si su aplicación sí tiene ese efecto.

Aunque el acuerdo sí garantiza participación de las víctimas en la reparación, ésta no obliga a que las víctimas tengan voz y voto en todas las medidas de reparación como lo pedía la líder Ángela Cerón.  De las siete vías que incluye el acuerdo para reparar a las víctimas, solo dos (la reparación directa a través de condenas impuestas por el Tribunal de Paz y los planes de reparación colectiva con enfoque territorial) establece espacios para su participación. En el primero, es solo una consulta: cuando los responsables propongan un proyecto (por ejemplo, la construcción de una escuela) para repararlas, el Tribunal de Paz deberá preguntarles a las víctimas del lugar si se oponen a ese proyecto, pero puede tomar cualquier decisión que estime conveniente. Y en el segundo, se obliga a que haya espacios de participación de participación de las víctimas en la definición de las prioridades de esos planes de reparación y en su implementación. 

En el acuerdo no se incluyó un monto específico para reparar a las víctimas como lo pedía Villa pero sí un compromiso general del Estado de asumir los costos de la reparación. Éste dependerá de los aportes (aún por definir) de las Farc, de las sanciones materiales a los responsables individuales que defina el Tribunal de Paz, y del presupuesto anual que defina el Estado para programas de reparación como la restitución de tierras o los programas de desarrollo integral.

Frente a la verdad, en cambio, aunque el Estado no ha reconocido su responsabilidad en casos de violencia socio política como lo pedía Villa, sí abre el espacio para hacerlo con la creación de la Comisión de la Verdad ante la cual el Estado y sus agentes podrán contar toda la verdad, si el incentivo de sanciones diferentes a la cárcel funciona.

El acuerdo no habla de secuestrados en poder de las Farc, y esa guerrilla niega que los tenga. Sin embargo, lo acordado tiene el efecto de que si sí tienen secuestrados y la sala de reconocimiento (posiblemente con insumos de la Fiscalía o de organizaciones de víctimas) lo puede probar, los tendrían que liberar inmediatamente para no perder los beneficios del acuerdo, porque tener secuestrados sería seguir delinquiendo.