LA SILLA VACIA

El estadio Armando Maestre Pavejau, con una inversión inicial de $33 mil millones y con una adición de $16.600 millones, aún no está listo. Tiene siete meses de retraso porque debía estarlo en julio de 2015. En noviembre, tras un aguacero, parte del techo se le cayó. Su construcción ha sido polémica porque uno de los supervisores aseguró en 2014 que la obra tenía problemas estructurales. Es una de las 10 obras auditadas por la Contraloría.

De haber dejado listas todas las obras que durante su administración contrató, el saliente gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco se habría convertido en el mandatario que más infraestructura construyó a lo largo y ancho de su departamento. Sin embargo, por lo que ya comienza a ser recordado es por haber dejado una estela de megaproyectos inconclusos, que algunos hasta inauguró sin estar terminados.

Hace dos semanas, la Contraloría General anunció la auditoría a 10 obras, contratadas durante el gobierno de Monsalvo Gnecco, que suman $154.174 millones de recursos de Regalías. Y el jueves pasado volvió a anunciar más revisiones, esta vez a los contratos suscritos por la Secretaría de Agricultura Departamental, también con plata de Regalías.

Como antesala a esas auditorías, el ente de control ya investigaba desde diciembre al exgobernador para determinar si tiene responsabilidad o no en el daño patrimonial que generó la construcción de una sede de la Universidad Nacional en Cesar.

La Silla viajó a Valledupar para obtener más información sobre las obras y recorrer algunas de ellas. Además, de las 10 que audita la Contraloría desde hace dos semanas, indagamos por otras cuatro que ascienden a $130.815 millones y que desde el inicio de su ejecución han sido polémicas (Descargue este archivo para obtener más detalles de las 14 obras).

Encontramos que 10 de esas 14 obras están inconclusas, pese a que las fechas de entrega se vencieron hace meses e inclusive, en algunos casos, hace más de un año, y que tres de esas 10 están desfinanciadas (Ver detalles en el slide que está al final de esta historia).

Una de las más polémicas ha sido la construcción de la sede de la Universidad Nacional, que ya supera los $50 mil millones invertidos y lleva más de un año de retrasos. Debía estar lista en enero de 2015, pero sigue sin tener una fecha tentativa. La Silla visitó el sitio de la obra, en el municipio de La Paz, a 15 minutos de Valledupar, y encontró un proyecto crudo y sin trabajadores. Solo había un celador, que nos recordó que teníamos la entrada prohibida a menos que tuviéramos un permiso de la Gobernación.

Los escándalos por esta sede comenzaron en 2014, cuando ingenieros de la Nacional en Manizales señalaron que los materiales usados para edificar los primeros salones eran de mala calidad. Después, en julio pasado, la Contraloría halló un detrimento patrimonial de $2.600 millones. Pese a todas estas irregularidades, el exgobernador Monsalvo le dejó a la obra $13 mil millones adicionales (el contrato inicial fue firmado por $38 mil millones).

Otro proyecto que requirió una adición presupuestal fue el estadio de fútbol Armando Maestre Pavejau, que se construye en Valledupar y al que sin estar terminado ya se le cayó una parte del techo, después de un aguacero de noviembre.

Como sucede con la sede universitaria, sobre éste también hay denuncias por la calidad de los materiales. En 2014, el entonces supervisor de la obra, el exconcejal Fabián Hernández Igirio, denunció fallas estructurales y alertó que en temporada de lluvias la cancha podría inundarse porque no se tuvo en cuenta el nivel freático desde el comienzo del proyecto.

De inmediato, una funcionaria de la interventoría negó esos señalamientos. Lo que sí es cierto es que los alrededores del estadio suelen estar llenos de agua, como lo comprobó La Silla. También pudimos observar que al Maestre Pavejau le faltan la fachada, los camerinos, el área administrativa, las cafeterías, parte del techo y los alrededores de la cancha (Vea las fotografías en el slide).

Y la tercera obra desfinanciada, y que no cumplirá con el objeto del contrato, es la vía entre las poblaciones de Zajón y Pueblo Bello. El Consorcio Pueblo Bello (integrado por Odeka SAS, Ángel Rincón y R&R Ingenería de Proyectos SAS) necesita $10 mil millones más para poder pavimentar los 30 kilómetros contratados. Los $39 mil millones iniciales solo le alcanzarán para llegar hasta el kilómetro 22,5. Como más plata, por ahora, no hay, en Cesar ya asumen que esa obra quedó inconclusa y que solo se ejecutará hasta un 75%. 

La vía Zajón - Pueblo Bello además ha sido polémica porque la firma con mayor participación en el consorcio es Odeka SAS, la misma que bajo la razón social de Suárez & Silva Ltda estuvo involucrada en el carrusel de la contratación de Bogotá. Ese hecho llevó a los diputados a advertirle a la Gobernación, el año pasado, que los proyectos en los que ese contratista ha estado involucrado terminan con retrasos o definanciados, como en efecto ocurre con la mencionada vía.

Con todos estos retrasos e irregularidades como telón de fondo, en Valledupar hay expectativa por lo que puedan arrojar las auditorías de la Contraloría General. Y también hay suspicacias por la relación de familiaridad del contralor Edgardo Maya Villazón con la casa política que ha sido tradicionalmente contradictoria a los Gnecco: los Araújo.

Maya Villazón fue esposo de la exministra Consuelo Araújo Noguera, asesinada por las FARC, y hermana del exministro y exsenador Álvaro Araújo Noguera. 

Los otrora todopoderosos Araújo cayeron en desgracia cuando uno de ellos (el exsenador Álvaro Araújo Castro) fue condenado por parapolítica. En el Cesar es conocida la rivalidad política de esta familia con el clan al que pertenece el exgobernador Monsalvo y a cuya administración la Contraloría le tiene puesta la lupa. Aunque no hay ninguna evidencia de que detrás de las investigaciones de Maya Villazón haya motivaciones políticas, menos aún cuando los problemas que presentan las obras saltan a la vista.

Luis Monsalvo Gnecco es hijo de Cielo Gnecco Cerchar, cabeza visible del clan Gnecco, que desde 2012 está en la Gobernación. Y que seguirá mandando otros cuatro años a través de Franco Ovalle, a quien financiaron y le dieron aval. Además, esta familia es dueña de la única curul que actualmente tiene el Cesar en el Senado y le puso votos a tres de los cuatro representantes a la Cámara de ese departamento.

Las posibles consecuencias, por las investigaciones de la Contraloría, comienzan a generar preocupación en los Gnecco, especialmente en doña Cielo, le contó a La Silla un ex alto funcionario que lo sabe de primera mano y pidió la reserva de su nombre.

Y esa preocupación de los Gnecco se da después de que durante el gobierno de Luis Monsalvo Gnecco se adjudicaron  $2,1 billones en contratos a dedo, entre 2012 y 2015, según estadísticas del Portal Único de Contratación (Secop). Esto quiere decir que durante esa administración las modalidades de contrataciones directas o de mínima cuantía fueron la regla, pese a que por ley debe ser la convocatoria pública.

A esto se suma que la Gobernación del Cesar está entre los entes territoriales del país con riesgo alto de corrupción, según la medición más reciente de la ONG Transparencia Colombia.

La vía Zanjón - Pueblo Bello es una de las más polémicas de la administración Monsalvo. Fue contratada por casi $40 mil millones para la pavimentación de 30 kilómetros, pero solo hay recursos para 22,5 kilómetros porque hacen falta $10 mil millones más. El contratista (Consorcio Pueblo Bello) ha argumentado que el acondicionamiento inicial del terreno requirió mayor inversión de la proyectada. La Contraloría le hace vigilancia especial a esta obra, que debió haber estado lista en junio de 2015. 

Supuestas comisiones

La Silla indagó con políticos activos y constructores del Cesar para intentar conocer, más allá de los argumentos oficiales, la razón por la que hay tantas obras inconclusas en ese departamento y detalles de los ruidos por contratación de la era Gnecco.

Bajo el compromiso de no ser citados, todas las voces consultadas señalaron acuerdos bajo la mesa a la hora de firmar los contratos y falta de mano dura con los contratistas para que ejecuten los proyectos dentro de los tiempos establecidos. Y también una complicidad reinante entre los organismos de control locales, porque el anterior contralor  Gustavo Aguilar Valle era cercano a la familia Gnecco. Y este año hay mayor expectativa de amiguismo porque quien lo sucede es César Cerchiaro, primo de Cielo Gnecco y exfuncionario de la administración de Monsalvo.

Un ex alto funcionario, dos exsecretarios y dos constructores le dijeron a La Silla que durante el gobierno anterior se volvió costumbre que a los contratistas les pidieran comisiones entre el 18% y el 25%. Sin embargo, estas son versiones que periodísticamente son casi imposibles de probar. Aunque algunos medios locales sí han mencionado que existe un carrusel de la contratación en el Cesar, del que todos hablan, pero nadie denuncia.

Los dos constructores le aseguraron a La Silla, en entrevistas por separado, que durante los últimos cuatro años el principal favorecido con la contratación vallenata fue el polémico empresario de Bolívar Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca, a nombre propio y de otras empresas.

Sin embargo, La Silla consultó en el Portal de Contratación y encontró que la única obra, adjudicada durante la administración de Monsalvo Gnecco, que aparece a nombre de un Hilsaca es un acueducto regional, construido para abastecer a cinco corregimientos. El representante legal es el hijo del Turco: Gabriel Hilsaca Acosta. Este fue otro de los proyectos más cuestionados por algunos diputados de la Asamblea anterior debido a las demoras en la ejecución.

Todavía hoy no está funcionando, un año y nueve meses después de la fecha en que debería estar en operación según el contrato.

Aunque durante dos días consecutivos intentamos comunicarnos con el exgobernador Monsalvo o con algún funcionario de la actual administración para entrevistarlos personalmente, no fue posible. La jefe de prensa de la Gobernación del Cesar solo atendió nuestro primer mensaje y se excusó por una calamidad doméstica. Los demás que le enviamos nunca los respondió.

Mientras la Contraloría audita los 10 contratos de Regalías y les hace seguimiento especial a otros dos más, en la Valledupar política se habla por primera vez de la incertidumbre de un clan que los últimos cuatro años se consolidó como el todopoderoso del Cesar. Y por eso hay una expectativa mayúscula con los resultados de las actuaciones del ente de control, porque podrían ser el primer revés que sufre un grupo que, hasta ahora, luce intocable.

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    La Plaza de Gobierno o de Banderas fue adjudicada al Consorcio Plaza de Banderas (MEG Obras SAS, Gilberto Alexander Corzo Estrada y Toribio Antonio Andrade Yejas), por $9.620 millones. Todavía no está terminada y ya tiene dos meses de retraso porque, según el contrato, debía estar terminada en diciembre de 2015. En Valledupar no cayó bien la tala masiva de árboles que trajo consigo la obra. Es una de las 10 obras auditadas por la Contraloría.
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    Las obras de remodelación del Coliseo Cubierto tienen un costo de $10.500 millones, a cargo de las firmas Assignia Infraestructura y Assignia Colombia. Tiene tres meses de retraso porque, según el contrato, el coliseo debía ser entregado en noviembre de 2015. Es una de las 10 obras auditadas por la Contraloría.
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    La Avenida Simón Bolívar, de $29 mil millones, la contrató el sistema de transporte integrado de Valledupar, pero son recursos de la Gobernación. Las firmas KMA Construcciones SA y CICON SAS comenzaron la obra en octubre de 2014 y debe estar completamente lista antes de marzo. Aunque La Silla comprobó que a esa obra todavía le falta más de un mes de trabajo.
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    La sede de la Universidad Nacional, en La Paz, tiene un retraso de más de un año y se sigue desconociendo cuándo estará lista. La Silla visitó la obra y no encontró a ningún trabajador. Este proyecto tuvo un costo inicial de $33.345 millones, pero recientemente le fueron aprobados $16.671 millones adicionales. Además, el interventor inicial señaló que se usaron materiales en mal estado, como cemento vencido. La Contraloría encontró detrimento patrimonial y le abrió investigación al exgobernador Monsalvo.
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    El Archivo General del Cesar está en construcción desde septiembre de 2013, a cargo de los bumangueses Valderrama Ltda y Construsantander SAS. Tiene un retraso de un año y siete meses porque, según el plazo de ejecución inicial, debería estar listo desde julio de 2014. La Silla lo visitó y vio que ya le falta poco. Es una de las 10 obras auditadas por la Contraloría.
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    El acueducto regional para los corregimientos de Caracolí, Los Venaos, El Perro, Guaimaral y Vallito aún no está en operación. Es una obra de $8.870 millones que ya está terminada, pero que debía estar en funcionamiento desde hace un año y nueve meses. Estuvo a cargo de la Unión Temporal Acueducto Regional, cuyo representante legal fue Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.
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    El Hospital de Chimichagua lo construye desde febrero de 2015, la Unión Temporal Hospital, representada por Sergio Francisco Torres Vergara. El costo es de $8.758 millones y tiene tres meses de retraso porque debía estar listo en noviembre de 2015. Es una de las 10 obras auditadas por la Contraloría.