Las 109 familias campesinas de Las Pavas, que en 2013 ganaron el Premio Nacional de Paz, están hoy lejos de volver a sus tierras en el sur de Bolívar.

Se ganaron el Premio Nacional de Paz hace año y medio. Fueron reconocidos como víctimas tras años de olvido estatal. Y el presidente Juan Manuel Santos los elogió como “un modelo, como pocos, de resistencia pacífica ante la acción de los violentos”. Sin embargo, hoy los campesinos de Las Pavas están aún más lejos de recuperar las tierras que les fueron despojadas.

Sin ninguna decisión jurídica o administrativa en firme, uno de los casos más emblemáticos de la progresista política de tierras que impulsaron Santos y su primer ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo está haciendo aguas. Y ahora su suerte depende en gran medida del cuestionado magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt.

Aunque el presidente Juan Manuel Santos ha elogiado la resistencia no violenta de los campesinos de Las Pavas, el caso suyo -emblemático para la política de tierras y víctimas del Gobierno- está estancado.

El Incoder, que entonces dirigía Miriam Villegas, tomó dos decisiones que benefician a los campesinos de Las Pavas pero que terminaron bloqueadas por el empresario José Ernesto Macías.

El padre jesuita Francisco de Roux, que ha apoyado el proceso de Las Pavas desde el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, ha advertido sobre los hostigamientos que viven los campesinos.

A pesar que desde hace un año los campesinos de Las Pavas vivien oficialmente en 'riesgo extraordinario', la Unidad de Protección que dirige Diego Mora no les ha asignado un esquema de protección colectiva.

Hace dos años parecía que las 109 familias de Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) finalmente recibirían los papeles que las acreditaban como propietarios de la Hacienda Las Pavas en El Peñón, en el sur de Bolívar. Títulos que nunca han tenido porque cuando llegaron a finales de los años noventa al ese rincón del Magdalena Medio eran terrenos abandonados.

Poco antes de que recibieran el Premio Nacional de Paz en 2013, el Incoder expidió dos resoluciones que le daban la razón a los campesinos de Las Pavas y que parecían resolver el caso.

En una primera resolución, decretó que 11 de los predios de la hacienda eran aún baldíos de la Nación que nunca habían sido adjudicados a nadie y que, por lo tanto, no le podían pertenecer a su supuesto propietario Jesús Emilio Escobar (un tío del narcotraficante Pablo Escobar) ni él podía venderlos a terceros. En una segunda decisión, declaró la extinción de dominio sobre otros tres predios que -cuando llegaron en 1997- no estaban siendo explotados por Escobar.

Eso significaba que los 14 predios se debían convertir de nuevo en baldíos y entrar en el fondo de tierras del Gobierno para ser luego adjudicados solo a campesinos sin tierra. Y los de Las Pavas, como ocupantes de unos terrenos cuya posesión ya habían solicitado en 2003, debían ser los primeros en línea para recibirlos.

Esas decisiones también implicaban que se debía cancelar el registro de propiedad de Aportes San Isidro, la compañía del empresario barranquillero José Ernesto Macías que hoy es dueña de los predios y que los sembró con palma africana.

Macías le compró las tierras a Escobar en 2004, cuando los campesinos estaban desplazados y en plena época de auge paramilitar. Lo hizo en asociación con CI Tequendama, una empresa de la familia samaria Dávila Abondano que luego le vendió su parte a Aportes San Isidro.

Ambos están -como contó La Silla- en la lista de quienes recibieron millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro y aportaron plata al referendo que buscaba un tercer período de Álvaro Uribe.

A pesar de ese avance en el caso, como tantos otros en Colombia, el de Las Pavas se volvió un pleito jurídico que por ahora no tiene final a la vista.

Macías -que había recurrido sin éxito las resoluciones del Incoder- solicitó un proceso especial de revisión, que es la última instancia para un proceso agrario y que debe resolver el Consejo de Estado.

Debido a un artículo en la Ley 160 agraria que congela todas las decisiones anteriores en una extinción de dominio mientras sale el fallo definitivo, las resoluciones del Incoder a favor de Asocab quedaron por completo frenadas.

Eso dejó servido el plato para el conflicto: es por eso que hoy están conviviendo, lado a lado, dos grupos que reclaman el derecho sobre la misma finca. Y no de manera pacífica.

Por un lado, están los campesinos que llegaron a finales de los años noventa y a quienes la Corte Constitucional reconoció como víctimas de desplazamiento en una sentencia de Mauricio González en 2011, que de paso le ordenó al Gobierno reabrir sus procesos de titulación y frenar los desalojos solicitados por Macías y los Dávila hasta que el caso se resolviera. Y por el otro, el empresario que compró Las Pavas -Macías- después de que los campesinos fueran obligados a huir, que seguirá siendo el dueño mientras sale el fallo y que argumenta que ellos son ocupantes ilegales.

El problema es que un proceso agrario en el Consejo de Estado se demora en promedio diez años, por lo que éste -que está en el despacho de la magistrada Olga Valle de la Hoz- pinta para largo.

Muy largo para los campesinos que han ido retornando a Las Pavas por cuarta vez en una década, y que están siendo hostigados y provocados todos los días por los empleados de Macías, como han denunciado los campesinos y el sacerdote jesuita Francisco de Roux.

El magistrado Jorge Pretelt tiene los dos casos claves de Las Pavas en su despacho, pero tendrá que responder a la petición de sus colegas de que se declare impedido. 

El magistrado Jorge Iván Palacio le pidió a Pretelt que se declare impedido por tener un proceso agrario en contra que se podría ver beneficiado dependiendo de cómo falla él el de Las Pavas. 

A raíz de la difícil situación de los campesinos de Las Pavas, dos acciones judiciales en su defensa llegaron a la Corte Constitucional. Y las dos están en el despacho del polémico magistrado Jorge Pretelt, él mismo también involucrado en un escándalo por presunta apropiación irregular de tierras baldías en otro lugar.

Ambos casos llevaban casi dos años en el cajón, pero se comenzaron a mover hace poco. Sobre todo después de que la Universidad Javeriana le envió una nueva intervención a la Sala Plena de la Corte Constitucional en abril, pidiéndole desengavetar el caso.

Finalmente los dos casos llegaron el miércoles pasado a la Sala Plena, donde desataron todo un tierrero.

Después de que Pretelt le contara a sus colegas que su ponencia proponía declarar constitucional el artículo que les suspendió las resoluciones del Incoder, el magistrado Jorge Iván Palacio lo invitó a declararse impedido y -después de que Pretelt se negara a hacerlo- le presentó a sus otros colegas un documento que llevaba en el título los números de referencia de las dos acciones judiciales en el caso de Las Pavas. 

En éste, Palacio explicaba que Pretelt tiene un proceso agrario en su contra desde 2008 por Las Gaviotas, un islote en San Bernardo del Viento que sigue siendo baldío de la Nación y donde él tiene una casa.

Eso significa que, dependiendo de cómo falle la Corte la acción de inconstitucionalidad, Pretelt podría verse beneficiado y mantener el uso de su casa-isla mientras le sale a él una decisión final en el Consejo de Estado.

En ese momento la Sala Plena decidió abrirle un incidente de recusación a Pretelt, cuyo ponente fue su aliado Alberto Rojas. Eso significa que Rojas tendrá que abrir un proceso por ese caso y recibir pruebas, para que -una vez se defienda Pretelt y se resuelva las recusación en su contra- se defina si él puede quedar de ponente en los dos casos de Las Pavas o si éstos pasan a manos del siguiente magistrado por orden alfabético. Es decir, Rojas.

Además de la súplica a la Corte Constitucional, en abril la Javeriana le solicitó medidas cautelares al Consejo de Estado. Y ahora en mayo le envió un derecho de petición al alcalde de El Peñón pidiendo que restrinja temporalmente la expansión de la palma, ya que -si el caso llega a durar una década- Las Pavas será un bosque tupido.

Esto porque “puede que los campesinos terminen ganando el caso, pero que no haya tierra que sembrar”, dice Juan Felipe García, el director de la clínica jurídica de tierras de la Universidad Javeriana, que viene acompañándolos legalmente y que está viviendo allí desde febrero.

Este es el video sobre Asocab que prepararon el Premio Nacional de Paz y la documentalista Margarita Martínez, y que incluye los cantos del "Monchi Pavero".

Los campesinos de Las Pavas están denunciando que en las últimas semanas se han reanudado las agresiones de los empleados de Aportes San Isidro, que -según ellos- han cultivado palma rodeando sus chozas (arriba), han envenenado sus cultivos de plátano (abajo) y les han cerrado con candado el portón de acceso a la fina (última). Fotos cortesía de Asocab.

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Mientras se resuelve su suerte tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de Estado, la vida de los campesinos de Las Pavas transcurre en medio del miedo.

En febrero de este año, una veintena de las familias de Asocab comenzaron a retornar gradualmente al predio que están reclamando. Es la cuarta vez que lo intentan en una década y la primera en que cuentan con un pequeño apoyo del Gobierno, en este caso de la Unidad de Víctimas que les ha financiado los cultivos y que inició una ruta de reparación colectiva con ellos.

A partir de ese momento los hostigamientos y las intimidaciones de los empleados de Aportes San Isidro se dispararon.

Según cuentan ellos, en los últimos meses entre 50 y 80 nuevos trabajadores de José Ernesto Macías los vienen amedrentando. A algunos de ellos los han reconocido como los antiguos empleados del departamento de seguridad de la empresa, que terminó con su licencia de operación suspendida por la Supervigilancia en 2013 y con una multa de 50 millones de pesos por prestar ese servicio de manera móvil cuando no estaban autorizados para hacerlo.

El modus operandi es el mismo de los anteriores retornos. A los que caminan por la servidumbre pública que conduce del corregimiento de Buenos Aires -donde vive la veintena de familias que retornó- a Las Pavas los agreden físicamente, los insultan y les toman fotos.

A las mujeres, incluidas las que vienen a acompañar su caso, les dan la bienvenida con todo tipo de referencias sexuales. El portón de entrada a la finca -una servidumbre que tienen derecho a usar- aparece constantemente cerrado con un candado, pese a que en varias ocasiones la Policía y el Ejército lo han cortado.

El jueves pasado, según cuentan un líder de Las Pavas y tres personas que han acompañado el proceso, los hombres apostados allá le mandaron decir a Misael Payares -uno de los históricos líderes de la comunidad- que lo esperaban en persona para cortar el candado y que “se atuviera a las consecuencias”.

Ninguna de las denuncias de Asocab ante la Fiscalía ha surtido efecto. Ellos dicen que, pese a haber identificado con nombre propio -Mario Mármol- a su agresor principal, ningún empleado de Macías ha sido judicializado.

Entre tanto, Aportes San Isidro ha continuado la expansión de sus cultivos de palma, destruyendo los cultivos de yuca, maíz y ñame que han sembrado los campesinos y rodeando por completo las pequeñas chozas que han construido allí con plantas de palma. El sembradío de plátano mafufo de una de las familias -que ya estaba listo para empezar a dar frutos- apareció seco de repente hace unas semanas, envenenado con una sustancia desconocida.

“La comida está escasa, por ellos y por el verano tan fuerte. Y ahora, mientras avanza la siembra, estamos en problemas”, le dijo a La Silla Mercelis Payares, una de las líderes de Las Pavas.

“Son dos tiempos absolutamente desconectados: el que se vive acá -el de la urgencia en la alimentación, en la protección, en la falta de oportunidades- y el del Estado que puede tardar años en tomar una sola decisión. Todo eso lo aprovechan los empresarios para debilitar el proceso”, dice Juan Felipe García.

Todas estas agresiones los campesinos ya las han vivido en el pasado y las han capturado en los cantos vallenatos que hicieron famoso a uno sus líderes, Edwin Torres el “Monchi Pavero”.

Precisamente su resistencia pacífica a esas provocaciones fue una de las razones para que se ganaran el Premio Nacional de Paz, ya que -en palabras del jurado del premio- “han afrontado su dura situación con la no violencia activa y la no retaliación”.

A eso se suma que el Estado se ha quedado corto a la hora de protegerlos, más allá de financiarles los proyectos productivos a través de la Unidad de Víctimas. La alcaldía les ha dicho varias veces que se siente impotente para actuar. La Policía les dice que -más allá de controlar que el portón esté abierto- tiene que ser neutral, dado que hay una empresa con títulos de propiedad y unas víctimas reconocidas.

Para completar, el gobierno Santos no les ha cumplido aún con la promesa de brindarles un esquema de seguridad.

En marzo del 2014, Asocab le entregó una propuesta de protección colectiva a la Unidad de Protección. Tres meses después, el Cerrem -que es el comité interinstitucional que examina la situación de peligro de cada solicitante- determinó que tenían 'riesgo extraordinario' y aprobó la mayoría de esas medidas.

Casi un año después, la Unidad que dirige Diego Mora no las ha implementado por no tener un operador en ese rincón del Magdalena Medio. Hace dos semanas varios líderes de Asocab se reunieron con funcionarios del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, y recibieron la promesa de que el esquema se creará pronto. Mientras tanto, solo dos líderes tienen medidas individuales sencillas como chalecos antibalas.

Es decir, todo lo contrario a lo que recomendaba el Premio Nacional de Paz cuando hizo énfasis en “la necesidad de rodear de apoyo a comunidades en peligro en su lucha por la tierra y la defensa de sus derechos a través de vías absolutamente pacíficas y legales” y le pidió al Gobierno “no dejar solos a estos campesinos, a protegerlos y a exigir que cesen diversas formas de intimidación que cada día reciben”.

Al final, del éxito de casos emblemáticos como Las Pavas -que son complejos pero que tienen gran visibilidad y el acompañamiento de universidades, conocidas ONGs y donantes internacionales- dependerá la suerte de miles de campesinos anónimos que creen en la promesa de Santos y la Ley de Víctimas de reversar el despojo que sufrieron.

Porque como dice el padre jesuita Francisco de Roux, que fundó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que los ha apoyado desde hace una década: “Si pierden los campesinos de Las Pavas, se mandará un mensaje negativo para toda la política agraria y la de víctimas”.