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Miércoles Diciembre 02, 2020

Mesa Concertación de Pueblos Indígenas, en donde se acordó la metodología para la consulta previa de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural. Foto: Juan Pablo Pino

Cuando Santos nombró a Juan Camilo Restrepo Ministro de Agricultura todo el mundo, salvo Uribe, celebró la decisión, desde Fedegán que lo declaró un “Ministro de lujo“ hasta Alfredo Molano, crítico del gobierno en temas rurales. Sin embargo, dos años después, las frustraciones del campesinado, de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianos con el Ministro son muchas.

Con este nombramiento arrancaría la prometida “revolución agraria“: habría restitución para las víctimas y se pondría en marcha la locomotora agropecuaria. Pero hasta el momento no se ha restituído ni una hectárea de tierra ni tampoco se ha logrado la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, los dos ejes de las promesas de Restrepo. En cambio, detrás de los debates de estos dos temas, hay un riel que sí está haciendo camino: la locomotora agroindustrial.

Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura

Foto: Juan Pablo Pino  - La Silla Vacía

Myriam Villegas, directora del Incoder.

Foto: Camila Osorio - La Silla Vacía

Ricardo Sabogal, director general de la Unidad de restitución de tierras.

Foto cortesía: Mario Zamudio - confidencialcolombia.com

Cero hectáreas entregadas físicamente a las víctimas

Si por algo ha querido distinguirse Santos es por su política frente a las víctimas. Anunció una verdadera revolución agraria, en donde los despojados no solo recibirían sus tierras de vuelta, sino que gozarían de las condiciones necesarias para llevar una vida digna.

Tal era el afán de avanzar con la política de restitución, que Santos no esperó a la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sino que anunció un Plan de Choque en octubre de 2010 con la meta de restituir 312.000 hectáreas a 130.000 familias a final de ese año.

A la fecha, como lo explicó La Silla Vacía, el gobierno se ha dado la pela en casos muy importantes como Las Pavas y Bellavista pero ha formalizado títulos de tierra a un ritmo comparable al del promedio de los gobiernos anteriores y no ha restituído materialmente ninguna hectárea de tierra.

Los resultados que muestra el ministro Restrepo hasta hoy es que el Incoder adelanta 19 procesos administrativos para devolver las tierras a personas desplazadas que suman un poco más de 18.000 hectáreas y hay 11 procesos nuevos, según la respuesta de Restrepo a finales de mayo a la petición de varios congresistas Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda y Wilson Arias sobre el tema.   

Según les dijo Restrepo, la restitución material depende de otras instituciones, como la policía nacional y los jueces de la República. Entonces, por ese lado, el Plan de Choque no logró devolverle la esperanza a las víctimas con la celeridad que había prometido el Presidente.

La ejecución de la Ley de Víctimas también ha sido más lenta de lo esperado. A un año de su entrada en vigencia tampoco se ha devuelto la primera hectárea.   Para la aplicación de esta Ley se está creando una nueva institucionalidad y se está capacitando a funcionarios y eso requiere tiempo.   

Además, según contó a la Silla Vacía Gustavo Guerrero, asesor externo del Incoder,  la promesa de restitución no tuvo en cuenta algunos obstáculos jurídicos importantes. Por ejemplo, que la adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal requiere primero  su sustracción.  Al darse cuenta de esta dificultad, el gobierno creó un procedimiento especial para que un territorio deje de tener la protección que se les da a las reservas forestales cuando se trata de programas de reforma agraria, desarrollo rural o restitución de tierras.

Otra barrera reconocida por el Ministro es que no se pueden adjudicar títulos a  cinco kilómetros de proyectos de explotación de recursos naturales.  En cifras esbozadas por Restrepo, la frenética aprobación de títulos mineros podría afectar la titulación a familias campesinas en casi 25 millones de hectáreas.

A todo esto se suma que el gobierno no tiene información sobre los baldíos, no sabe exactamente dónde están, ni cuál es su extensión, ni en manos de quién están.

También hay contradicciones entre los procesos adelantados por entidades al interior del Ministerio de Agricultura,  como lo muestra el caso de Mampuján contado por la Silla Vacía.  Con la nueva Ley de Víctimas, procesos que tenían importantes avances en el Incoder, como una sentencia a favor de las víctimas, tuvieron que comenzar de cero desde que fueron asumidos por la Unidad de Restitución.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras, contó a la Silla que las funciones se están decantando y que la Unidad ha avanzado de manera satisfactoria. Existen oficinas a lo largo y ancho del país con personal capacitado para tramitar las solicitudes de las víctimas. Pero finalmente, la restitución depende de los jueces, por lo cual, no consideró adecuado proyectar una meta numérica sobre restituciones formales a final de año.  Además, la Unidad solo actúa en donde el Ministerio de Defensa certifica condiciones de seguridad.

Así es que, por muchos factores, la promesa de Restrepo de resarcir en parte el daño causado a las víctimas se ha ido enredando en el camino

La tierra movediza

La otra pieza clave de la revolución agraria prometida por Restrepo es la ley de Tierras y Desarrollo Rural. Esta ley busca dar el marco general para el uso del campo, tanto por empresarios agroindustriales, como por campesinos. Aunque anunciada desde finales de 2010, su nacimiento se ve cada vez más lejos.

Para Alejandro Reyes, asesor del Ministro, lo que ha dilatado su radicación en el Congreso es la consulta previa. “Este proceso es un pantano de tierra movediza, donde uno más se mueva, más se hunde“, dijo Reyes a la Silla.

Aunque el camino de las consultas previas con pueblos indígenas y comunidades afro no ha sido fácil, la causa del enredo no parecen ser ellos.

Como lo narró La Silla Vacía, en febrero el entonces Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras y el de Agricultura tuvieron un altercado por la consulta previa del Estatuto. Restrepo había culpado a la consulta previa por las demoras que estaba sufriendo la presentación de la Ley de Desarrollo Rural. Vargas Lleras le respondió que el Ministerio de Agricultura había presentado a los indígenas y a los afro entre junio de 2011 y febrero de 2012, cuatro versiones distintas de articulado y que esos cambios viciaban el proceso de consulta.

Todos creían que la de febrero sería la definitiva, pero en abril fue presentada una nueva versión.

Gustavo Guerrero dijo a la Silla que durante este tiempo el Ministerio de Agricultura estaba llevando a cabo una concertación con el Ministerio de Ambiente, en donde se incorporaron proyectos relacionados con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y con el de Minas, en donde se pusieron condiciones a la entrega de títulos mineros en territorios baldíos.

Solo entonces se acordó en la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas una metodología detallada de consulta previa, si bien las directrices generales se habían decidido desde junio del año pasado.

Esta metodología, según contó Wilmer Trujillo, delegado de la Comisión de Apoyo Técnico a la Mesa, consistiría en tres etapas. Pero hasta ahora no ha superado la primera, en la que los delegados indígenas se familiarizarían con el proyecto y las discusiones centrales y se contratarían equipos de expertos para el proceso.

La contratación de expertos acompañantes no se ha podido realizar porque el Ministerio de Agricultura no tiene la capacidad logística de asumir la consulta previa, como sí la tenía el Ministerio del Interior.

Además, el Ministerio de Agricultura quiere adoptar un esquema único de consultas para todo el país y las organizaciones indígenas no aprueban esta propuesta, porque sus estructuras internas son distintas y necesitan dinámicas diferentes.

Por último, el Ministerio quiere consultar solamente el capítulo étnico. Los indígenas, por su parte, consideran que todo el articulado los puede afectar, pues sus disposiciones tienen impactos directos en sus territorios ancestrales.

Este punto será la cima de la disputa en los próximos días. Como lo supo La Silla Vacía, la decisión del Ministerio es presentar el proyecto de Ley el 20 de julio. Para Restrepo, el meollo de la consulta lo resolvería el gobierno con la incorporación de un artículo que da facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir Decretos legislativos para grupos étnicos en los próximos meses luego de expedida la ley.

Esta salida es la misma que se adoptó para la Ley de víctimas. Sin embargo, hay diferencias importantes con el caso de la ley de víctimas. Entonces, se trataba de un momento político distinto, en donde la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas y las organizaciones afro fueron quienes propusieron esta salida con dos condiciones: que se trataba de un mecanismo excepcional y que su fundamento era la solidaridad con las víctimas.  

En el caso de la ley de tierras, la situación es otra.   Que esta salida sea una imposición y no el fruto de un acuerdo puede hacerla muy frágil ante los ojos de la Corte Constitucional, que declaró inexequibles el Estatuto de Desarrollo Rural y la Ley Forestal promovidas por Uribe por ausencia de consulta previa.

Mañana se reunirán los delegados indígenas de la MPC con el Ministerio y se verá si la consulta y la Ley Forestal se enredan aún más.

Con los afro, la consulta está aún más cruda por los problemas que ya ha contado La Silla Vacía y que a la fecha no se han superado.

La locomotora silenciosa

Mientras esos dos procesos clave prometidos por el Ministro van a paso de tortuga, hay un riel en firme construcción. Se trata del forestal. Según el Plan Nacional de Reforestación Comercial, presentado por Restrepo en agosto de 2011, la meta es alcanzar 600.000 hectáreas de plantaciones forestales.

El terreno se ha ido preparando desde el Plan Nacional de Desarrollo, con la eliminación de las restricciones de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) para el desarrollo de proyectos agropecuarios o forestales. La UAF es una medida del área de un territorio que varía en cada región según sus condiciones naturales y que buscaba impedir la concentración de la tierra, pues no permitía que nadie adquiriera más de una UAF en territorios que fueron baldíos y que habían sido titulados a pequeños campesinos.

A partir de diciembre de 2011, una persona natural o jurídica puede adquirir hasta diez UAF sin autorización y más de 10 con un permiso especial, lo cual permitirá el desarrollo de proyectos agroindustriales a gran escala.

La ley de víctimas, por su parte, también tiene un aporte para esta locomotora. Crea los contratos de uso. Si un tercero de buena fe está ejecutando un proyecto agroindustrial en la tierra de una víctima, puede finalizar su proyecto agroindustrial y pagarle un arrendamiento a la víctima (esto no aplica a los indígenas y afros).

Esto mismo está previsto en el proyecto de ley de tierras a través de la creación del derecho de superficie sobre predios rurales. Un tercero, no dueño del territorio, tendría derecho a explotarlo con un proyecto agroforestal que puede durar hasta 60 años.

Aunque el proyecto de ley de tierras sí tiene disposiciones a favor del campesinado como políticas de vivienda, generación de ingresos, salud, educación y medidas de formalización  de la propiedad, entre otros, la eliminación de la UAF y la creación del derecho de superficie hacen temer a organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas que la revolución agraria prometida por el Ministro Restrepo será en la práctica la puesta en marcha de un modelo que favorezca el desarrollo agroindustrial a gran escala.

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Sáb, 2012-07-21 14:49

Después de la época de la colonia, la única gran reforma agraria fue la contra reforma que hicieron los Paras de manera ilegal, aquí están legalizando el trabajo.

Mié, 2012-07-18 08:15

Lo interesante de todo esta cadena de promesas es que solo podrán desarrollar proyectos, prestar asistencia técnica y trabajar aquellos que demuestren poseer capital y una organización que requiera alta inversión. Como en la minería los pequeños contratistas o asesores técnicos estarán viendo desde el asfalto los beneficios del gobierno para los más pudientes.

Mar, 2012-07-17 19:37

Yo no comprendo por qué esta fragmentación,segmentación,segregación y balcanización de los problemas políticos,jurídicos,sociales,económicos e institucionales sin solución humanitaria y digna de integridad y continuidad entre reservas forestales y las políticas públicas ambientales, mineras y agro-industriales frente a la Ley de víctimas y restitución de tierras a los Desplazados y des-heredados de la tierra y de sus hogares,comunidades y territorios.Porejemplo,¿Cómo articular y compatibilizar según situación local e interesas de las víctimas y vocación económica,social y ambiental regional : la titulación,organiz.y restitución jurídica,económica,social y ambiental de tierras con las Unidades Agrícolas Familiares(U.F.A.),Comunitarias y Asociativas, y las Economías de Escala de los Megaproyectos y Cadenas Productivas a nivel Agro-industrial y Minero?.Cómo operarían en este contexto las Reservas Campesinas y los nuevos Territorios de Paz,con el Marco Jurídico e Institucional para la Paz?

Mar, 2012-07-17 14:38

"A partir de diciembre de 2011, una persona natural o jurídica puede adquirir hasta diez UAF sin autorización y más de 10 con un permiso especial, lo cual permitirá el desarrollo de proyectos agroindustriales a gran escala."

Espéeeeeeeeeerate mi hermano. ¿2011? ¿O 2012? ¿Esta vaina YA ESTÁ EN VIGENCIA?

Lo pongo sobre la mesa porque hay que comprenderlo pero YA... sobre todo para comprender el círculo de violencia que se podría abrir con ello.

Esto está pero eeeeeeeeeeeeeeespeso. No más juegos.

Mar, 2012-07-17 09:03

Estan preparando el camino para que empresas extrangeras compren todo nuestro territorio sin ningun tipo inconveniente y gocen de proteccion legal, tanto el tlc como esta nueva ley estan encaminadas al mismo fin imperialista de extrangeros, este gobierno esta comprado y nos venden a todos estas prouestas con discursos altruistas y modernistas, cuando lo unico que estan haciendo es aplicando una doctrina de capitalismo salvaje respaldada con una politica economica neoliberal absurda que no beneficia a ningun nacional, desmantelando progresivamente el estado bienestar o lo que queda de él, si es que alguna vez existio tal cosa en este pais.

El gobierno esta cometiendo alta traicion con su pueblo, porque no parece de aqui sino extrangero.

Mar, 2012-07-17 12:36

El gobierno es pura politiquería barata por @JERobledo http://www.youtube.com/watch?v=4mnb9TBY9DU

Lun, 2012-07-16 14:50

Me parece que las contradicciónes mas serias de la politica del bien intencionado ministro están con el TLC y con el TLC europeo que arrasarán con la agricultura-agroindustria tan importante para afianzar la productividad de las tierras que volverían a sus dueños legítimos y con la minería, por supuesto.

Lun, 2012-07-16 08:45

Una vez mas se demuestra que el senador @JERobledo tiene la razón http://www.youtube.com/watch?v=j4AmAwvHKzk estos ministros son un completo fracaso y de los mas habladorcitos el min TIC y el de comercio exterior puros castillos en el aire a microempresarios.

Lun, 2012-07-16 17:13

Bacano, ¿pero bueno y qué propone su mesías Robledo? Lástima, el senador me cae bien, pero con seguidores como usted sí que da grima.

Lun, 2012-07-16 20:29

Robledo no es el mesías pero si una persona representativa del polo, las propuestas se manejan como partido político independiente de quien las haga. ley de victimas lo positivo,lo negativo y las propuestas porque si hay propuestas http://www.congresovisible.org/agora/post/ley-de-victimas-lo-positivo-lo...

Lun, 2012-07-16 08:12

Histórico sera el fracaso de esta locomotora. Mientras leía el articulo pensaba en la transparente gestión del Ministro de Telecomunicaciones y de como este sin tantas bombas y platillos si estaba realmente haciendo historia con toda la revolución en expansión de banda ancha, inclusión social, y el trasfondo de esta ejecución de políticas para la sociedad colombiana, sin embargo el chicharrón que tiene Juan Camilo Restrepo es que la riqueza de las tierras colombianas atrae todas las miradas, desde la ganadería, la agricultura, la minería, el narcotraficante, los terratenientes, los paramilitares, la guerrilla, Uribe - Pacho Santos y sus incontables hectáreas en la orinoquia colombiana, las victimas, los victimarios, las tras-nacionales, las multinacionales, las fuerzas especiales de otros países (DEA, CIA), los indígenas, la comunidad Afro y seguramente un sin numero de elites y fuerzas que desconozco o se me pasan. Lo que tiene en el horno este ministros es un verdadero chicharrón.

Lun, 2012-07-16 07:20

tanta pajarilla que hablaron de andres felipe arias por que le daba sunsidios a los ricos. y este ministro elimino la uaf y ahora permite la compra y venta de las hectareas que quiera el que desee ser terrateniente, con permisos especiales se podra. sera que esos perimisitos se los darán a kos pequeños campesinos?.

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