El 30 de octubre se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en todo el país. Y los candidatos tienen hasta el 10 de agosto para ‘salir del closet’ e inscribirse. En estas elecciones, se definirá el nuevo mapa político del país.

Una de las peleas más duras será la de la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo ejecutivo más apetecido después de la Presidencia. Por ahora Enrique Peñalosa- quien se perfila como el candidato del Partido Verde- es el candidato más fuerte para Bogotá. La incógnita es si logrará vencer al uribismo (¿o ser el candidato del uribismo?). En las elecciones presidenciales La U obtuvo la mayoría de los votos: en Bogotá, Santos casi dobló a Mockus y La U fue el partido más votado en Bogotá. El problema es que este partido aún no tiene candidato para la Alcaldía. 

En esas elecciones locales, también se pondrá a prueba el Polo, ante el desprestigio creciente del Alcalde Samuel Moreno y las bajas probabilidades de conservar la gobernación de Nariño.

En el resto del país, lo más interesante de las próximas elecciones será si el Partido Liberal en unión con Cambia Radical logra capitalizar la influencia que ha tenido en la Unidad Nacional. Y está el ‘fenómeno Uribe’.

¿Apoyará el expresidente Uribe a los candidatos que Juan Manuel Santos ve con mejores ojos? El expresidente ha dicho que hará 32 talleres democráticos en todo el país, y que serán temáticos. Es decir, que él tendrá una injerencia directa y concreta en la agenda de las próximas elecciones, y la pregunta es si el uribismo más de derecha logra recuperar el espacio perdido en los últimos meses. Uno de los departamentos donde Uribe jugará un papel muy importante es Antioquia, departamento donde fue gobernador, del que fue senador, y en el que obtuvo un millón 108 mil votos en 2006, y 933 mil en 2002.

La violencia aumentó en las ciudades y en las zonas rurales durante 2010, en parte por el fortalecimiento de las bandas emergentes. Según el último reporte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, existen en este momento seis grandes grupos nuevos, repartidos en 22 departamentos: las Águilas Negras, las Autodefensas Campesinas del Casanare, el Ejército Popular Anti-comunista, los Urabeños, los Paisas, los Traquetos y los Rastrojos. Y la pregunta clave es si estos grupos -que eran prácticamente inexistentes en las elecciones regionales del 2007- jugarán un papel en las elecciones locales de este año como lo hicieron los paramilitares en 2002.

Las Farc y el ELN también tratarán de intervenir en las elecciones. El Eln, cuyo poder es mínimo, ha vuelto a plantear la posibilidad de negociar con el gobierno (ver video), mientras que las Farc, con la muerte del Mono Jojoy en 2010 y de otros jefes guerrilleros, está también buscando avenidas para abrir una negociación con Santos. Este año Alfonso Cano ya habló de intensificar sus acciones militares a la vez que buscan la paz (ver video).
Del lado del gobierno, tanto el director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior Miguel Samper como el senador de La U Roy Barreras están preparando un estatuto de Justicia Transicional que sirva como marco legal para un proceso de paz con las guerillas. La pregunta es si lo presentarán este año ante el Congreso, lo cual introducirá una variable poderosa en la agenda política de 2011.

 Este año el gobierno Santos deberá presentar su Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, su carta de navegación hasta 2014. El Plan de Desarrollo define, además, el marco general del gasto de los próximos cuatro años. Ya Juan Lozano, presidente del partido de La U, le pidió al gobierno modificar sus prioridades para tener en cuenta el desastre invernal, lo cual obligará a Santos a meter sus planes de reconstrucción de la Fase 3 dentro del Plan.

Además, tiene que presentarlo al Congreso. Aunque el Plan es de iniciativa del gobierno, muchos grupos de interés tratan de influir en él, por lo cual el debate alrededor del mismo ocupará una buena parte de la agenda, especialmente desde marzo.

Hace cuatro años el entonces Presidente Uribe objetó el Plan, tal y como salió del Congreso, y se lo devolvió para corregirlo. El Congreso entendió que las objeciones habían sido tardías y su presidenta, Nancy Patricia Gutiérrez, sancionó la ley tal y como había salido del Legislativo. Y fue el gobierno el que terminó demandado siete artículos del Plan ante la Corte Constitucional, por considerarlos inconstitucionales. ¿Habrá estos mismos desencuentros en el 2011?

Una de las locomotoras de Santos es la minería. El Ministro de Minas y Energía Carlos Rodado considera que, si bien no habrá un auge petrolero este año, Colombia puede convertirse en uno de los mayores productores de minerales del mundo y ahí está la bonanza económica que el gobierno espera. Una bonanza que es necesaria para cubrir muchos de los gastos sociales que tendrá que enfrentar el gobierno.

Pero como lo dijo Juan Manuel Santos el 20 de diciembre, el problema es hacer compatible la minería con la protección del medio ambiente. Este año se definirá si el Ministerio entrega finalmente la licencia ambiental que solicitó la multinacional canadiense GreyStar Resources para extraer oro en el páramo de Santurbán, licencia a la que no solo se oponen ambientalistas sino algunos congresistas y el Procurador General Alejandro Ordóñez. Santurbán es solo un ejemplo de los desafios que se vienen este año.

En los ocho años que gobernó Uribe, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3 por ciento de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas. Y hay más de 20 mil solicitudes de titulación minera pendientes.

Además de la decisión que tendrá que asumir el Gobierno respecto a estas solicitudes, la minería necesita de grandes extensiones de tierra para explotar el suelo y el subsuelo y entonces, entrará a competir con las empresas que también esperan un gran número de hectáreas para la producción agroindustrial, y con la titulación de tierras para las víctimas que esperan ser reparadas.

En marzo el Congreso debe retomar el debate a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a la que todavía le quedan dos debates para ser aprobada. Tendrá que definir si finalmente cubre a las víctimas que sufrieron un daño antes de 1991 y evaluar si incluye una Comision de la Verdad independiente de la que se crea con la ley de desmovilizados que pasó a en diciembre pasado. Algunos uribistas reabrirán la discusión para no darle el mismo tratamiento a las víctimas del Estado y a las de la guerrilla. Y todo este debate se dará en el contexto de una super-sentencia que tiene preparada la Corte Constitucional sobre víctimas y que obligará al Gobierno a seguir unos parámetros específicos en su política de reparación. Uno de los temas que aún debaten los magistrados es si obligar al Gobierno a crear una Comisión de la Verdad.

Pero sobre todo, el tema de la tierra acaparará la agenda pública porque -además de la ley de restitución de tierras- el Ministerio de Agricultura presentará su Estatuto de Tierras y de Desarrollo Rural. Una ley que establecerá nuevas condiciones para el uso de la tierra, y que debería permitirle al Ministro de Agricultura arrancar con el proyecto agroindustrial que tiene en mente el gobierno. La pregunta es cómo hará el Gobierno para hacer compatible su proyecto agroindustrial con una política de restitución de tierras que le permita un proyecto de vida a las víctimas.

Además de la forma cómo el gobierno logre fusionar estos dos proyectos, el Estatuto de Tierras se presentará en el marco de una ola invernal que tiene gran parte de las tierras de la Costa y del Oriente del país inundados. El presidente Santos ha dicho que tendrán que construir nuevos pueblos, como en Gramalote.

El desafío más grande es cómo atender a los damnificados sin sacrificar la reparación integral a las víctimas de la guerra, todo esto con una regla fiscal, que si se aprueba, hará más inflexible el gasto público.

Después de ocho años en los que el país avanzó muy poco en infraestructura, y de un invierno que golpeó duramente la que existía, las grandes obras son uno de los temas neurálgicos del 2011.

El gobierno Uribe dejó varias de ellas en camino. La Ruta del Sol, que conectará la Región Caribe con el centro del país, es clave. El año pasado, después de muchas demoras y discusiones, adjudicó su construcción e interventoría. Este año hay que estar atento a que avancen las compras de predios, se terminen los diseños detallados y se inicien las obras. Además de estas vías, existen varias dobles calzadas en desarrollo (por ejemplo, Bogotá -Villavicencio, Briceño - Sogamoso , Cali - Buenaventura, Bogotá - Girardot, o Cúcuta - Bucaramanga)

Otra obra que ya está en proceso y que es muy importante es la concesión del Aeropuerto Eldorado. El consorcio Opaín, que ya lleva más de cuatro años operando el aeropuerto, deberá avanzar en la construcción de la nueva terminal internacional, que debería entregar a mediados de 2011. Además tendrá que trabajar para ofrecer mejores servicios, de los que los usuarios se han quejado. También es importante la definición que se haga del proyecto del Aeropuerto del Café, cerca a Manizales, que sigue enredado.

Lo otro que está pendiente son las grandes obras en las ciudades, especialmente en los proyectos de transporte. Este año debería avanzar el proyecto del metro de Bogotá, que depende de un mejor entendimiento entre el gobierno distrital y el gobierno nacional. En el 2011 no se verá el inicio de la construcción, pero seguramente habrá noticias y discusiones sobre el diseño de la primera línea, cuyo modelo de demanda será validado por la firma inglesa Steer Davis Gleave. En cuanto a los ‘transmilenios’ de otras ciudades, la viabildiad financiera del MIO de Cali y de Metrolínea de Bucaramanga está aún por demostrarse; Transcaribe de Cartagena y Metroplús de Medellín deberían entrar en operación, y Transmetro en Barranquilla debe finalmente despegar. Todo eso será noticia en 2011.

Además de las grandes obras ya señaladas, la ‘locomotora’ de la infraestructura tendrá su gran año en 2011.

Lo primero será ver si finalmente la casa se pone en orden. Superar el desorden de entidades como Invías e Inco por un esquema en el que el Estado pueda gerenciar proyectos y mostrar transparencia en la contratación.

En materia de vías, por ejemplo, el 2011 debe ver la estructuración de obras que permitan completar corredores largos de dobles calzadas, como el Buenaventura - Bogotá - Cúcuta. Además, consolidar un programa de rehabilitación y mantenimiento de las vías que ya existen.

En asuntos portuarios y de navegación fluvial, el tema sigue abierto. Los accesos al puerto de Barranquilla, por ejemplo, deben ser mejorados, además de definirse la viabilidad de la navegación en ríos como el Magdalena y el Meta.

Pero la emergencia invernal trae nuevas prioridades, que en 2011 tendrán que enfrentarse. Una de ellas es la del manejo de las aguas. El Canal del Dique, por ejemplo, tendrá que ser reconstruido y reforzado, para evitar una nueva ruptura; la depresión de la Mojana, especialmente en el sur de Sucre, también requiere un sistema de manejo hídrico. Otro reto para este año es la reubicación de quienes viven en zonas de riesgo. Casos como el de La Gabriela en Bello, Altos de Cazucá en Soacha, o la cabecera municipal de Gramalote son ejemplos de este asunto.

El gobierno de Santos puede iniciar una renovación de grandes dimensiones, avanzar de a pocos en el mejoramiento de la frágil infraestructura, o limitarse a remendar lo que el invierno golpeó.

 Una de las notas predominantes del 2011 serán las noticias sobre la judicialización de funcionarios del gobierno anterior.

El principal tema es el de las chuzadas del DAS. Concedido el principio de oportunidad al subdirector de Inteligencia y el director de Contrainteligencia, a la directora de Operaciones Martha Leal y a varios otros funcionarios de menor rango, la Fiscalía debería tener suficiente material probatorio para definir este año la suerte de los directores de la entidad y también llegar hasta el orígen de las órdenes de espionaje ilegal.

El proceso ‘Nulemil’, como algunos han llamado todos los temas de corrupción que rodean la subida y caída del Grupo Nule, llegará al gobierno nacional. Además de los problemas de contratación con el Distrito en Bogotá, los primos Nule ya han mencionado al ex Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, como vinculado con la corrupción en la contratación pública. La Fiscalía está analizando si le abre investigación formal. Además, entidades como Invías, Inco, o la Dirección Nacional de Estupefacientes podrán verse ensuciadas en este escándalo. Sin hablar de la DIAN.

El debate sobre Agro Ingreso Seguro también dará de qué hablar. La Procuraduría ya le formuló pliego de cargos a Andrés Felipe Arias y varios de sus subalternos y este año tendrá que decidir si ordena su destitución. El caso de Fondelibertad, si tiene suficiente presión mediática, también arrojará resultados. El Ministro del Interior ya anunció que ‘intervendrá’ el Inpec, que fue uno de los fortines que se repartió durante la reelección, con lo cual otros funcionarios uribistas serán salpicados.

 El 2011 es el primer año en el que Colombia tiene dos mujeres en cargos de control. La Contralora Sandra Morelli y la Fiscal Viviane Morales tienen en sus manos la oportunidad de mejorar la justicia y el control del uso de los recursos públicos.

La apertura de investigación fiscal contra el alcalde Samuel Moreno, el ex alcalde Lucho Garzón, funcionarios del IDU y contratistas del Distrito es solo uno de los frentes que ha abierto la contralora Morelli. Y quedan muchas otras investigaciones: el uso que Harlan Henao dio a los dineros de Fondelibertad, un posible detrimento patrimonial del Estado por demoras en obras como la concesión de Eldorado o la doble calzada Bogotá- Girardot, defectos en obras como las sedes de la Dian que debían construir o adecuar los Nule y Alex Char y los bienes mal manejados por la DNE son otros.

Vivian Morales también tiene que investigar sonados casos de corrupción, empezando por el escándalo del ‘Nulemil’. Y avanzar en temas como la parapolítica, las chuzadas, y la yidispolítica.

Pero, además, tiene grandes retos de política criminal. Y este será su primer año, en el que marcará sus prioridades de gestión. En su presentación ante la Corte Suprema, Morales dijo que no iba a desatender los pequeños delitos, que minan la seguridad ciudadana desde la cotidianidad. Y están, además, los temas de justicia transicional, pues hasta ahora solo se ha logrado condenar a un jefe paramilitar en Justicia y Paz.