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Martes Enero 21, 2020

El fallo de ayer del Tribunal Superior de Bogotá al ratificar la condena de 30 años de prisión contra el coronel Alfonso Plazas Vega termina teniendo efectos a varias bandas. Estos son algunos de ellos:
 

1.    Polariza el contexto en el que se debatirá la reforma a la Justicia Penal Militar

Desde la campaña presidencial, el tema de la Justicia Penal Militar ha estado en la primera plana de la agenda pública y esta ha resucitado desde que el Ministro de Defensa colgó en la Reforma a la Justicia un artículo que crea la presunción de que todo delito cometido en un operativo militar se presume de competencia de la Justicia Penal Militar (ver artículo).

El Ministro de Defensa creó además una Comisión para reformar la Justicia Penal Militar más allá del cambio legal y nombró al ex magistrado Manuel José Cepeda para dirigirla.

Esta Comisión está mirando el tema más a mediano y largo plazo y ha dicho que el objetivo será fortalecer tanto la justicia ordinaria como la militar. Y tanto los ministros de Justicia como de Defensa han dicho –en público y en privado– que los casos de lesa humanidad y de derechos humanos seguirán siendo juzgados por la justicia ordinaria. Sin embargo, esa no es la expectativa manifestada por muchos militares en retiro ni por los que están siendo juzgados por los falsos positivos, ni tampoco como lo han entendido los defensores de derechos humanos, comenzando por José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.

Ahora, el fallo del Tribunal Superior contra Plazas Vega polarizará más la discusión pues las desapariciones por las que es condenado el ex coronel ocurrieron en medio de un operativo militar pero se tratan de un delito de lesa humanidad.

Aunque en ningún caso se aplicaría la eventual reforma del fuero militar a Plazas Vega, pues regiría solo hacia el futuro, los que se oponen a la reforma del fuero militar usarán este fallo como ejemplo de que solo la justicia ordinaria funciona (aunque 25 años después). Y los que la defienden dirán que es un ejemplo de la falta de garantías para los militares. Basta ver lo que está diciendo en twitter el hijo de Plazas Vega.

2.    Invocación de CPI contra Belisario, abre puerta para que se pida contra Uribe
 
Alvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia. Foto: Archivo www.lasillavacia.com

La invocación de la intervención de la Corte Penal Internacional contra Belisario Betancur abre la compuerta para que otro juez la pida contra Uribe

Una de las cosas curiosas del fallo es que si bien es el resultado de un proceso penal individual contra Plazas Vega, solicita que la Corte Penal Internacional asuma una investigación sobre la responsabilidad del ex presidente Belisario Betancur en los resultados de la retoma del Palacio de Justicia.

Esta es la primera vez que se pide ‘oficialmente’ que este tribunal asuma un caso de Colombia. Sin embargo, no es claro cuál es el fundamento jurídico o la norma que permite que un tribunal nacional exhorte a un tribunal internacional para que intervenga en el país.

La Silla Vacía hizo un rastreo rápido del fallo (de 980 páginas) y no encontró que citaran ninguna norma al respecto. Y según el Tratado de Roma, las personas competentes para pedir la intervención de la CPI son el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de un país asociado, una ONG o el mismo Fiscal de la CPI. No es claro que un tribunal nacional lo pueda pedir y seguramente por eso es que el Tribunal Superior le pide al Fiscal Luis Moreno Ocampo que él lo pida.

Entonces, jurídicamente no parece muy sólida la solicitud. Pero políticamente sí crea un precedente complicado y es que ahora cualquier juez va a sentir que puede solicitar lo mismo en el caso de cualquier ex presidente, y en particular de Álvaro Uribe, algunos de cuyos funcionarios están siendo investigados judicialmente.

En el caso del ex presidente Betancur hay dos investigaciones en su contra, pero ninguna de las dos ha avanzado, según dijo a El Espectador el presidente de la Comisión de Acusaciones.

Según el Ministro de Justicia, en tres ocasiones la Comisión de investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes ha investigado al expresidente Betancur “y luego de la respectiva investigación ha decidido archivar el caso”.

Si esto es cierto, y aún así el Tribunal siente que puede llamar la atención de la CPI, otros jueces sentirán que con mayor razón pueden hacerlo en el caso de Uribe, cuya investigación en la Comisión de Acusaciones ni siquiera ha podido avanzar por las renuncias y amenazas que han denunciado en su contra los investigadores.

3.    La exigencia de perdón a los militares se puede volver contra Petro y Navarro
 
Gustavo Petro, ex-militante del M-19, actualmente Alcalde Mayor de Bogotá. Foto: Juan Pablo Pino.
Antonio Navarro Wolff, ex-integrante del M-19, hoy Secretario de Gobierno de Bogotá. Foto: Juan Pablo Pino.

Otra de las cosas novedosas del fallo es que el Tribunal exige que en un acto público en plena Plaza de Bolívar, el mismo sitio que hace 26 años fue escenario del holocausto del Palacio de Justicia, el Ejército pida perdón por "los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985".

De acuerdo con los magistrados, "el propósito de los comandantes que dirigieron de parte del Estado la operación de recuperación del Palacio de Justicia era la supresión física de los combatientes del M-19 que se lo habían tomado". Por eso, la sentencia ordena ahora que el Ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército pidan perdón.

Esta orden es polémica por varias razones. Primero, porque parece más un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que de un tribunal nacional, pues una corte internacional se puede dirigir al Estado como tal. Que un órgano nacional –y en medio de un juicio penal individual por la desaparición de dos personas– se extienda a toda una institución una culpabilidad es inusual jurídicamente. Y políticamente, es un detonante de mayor polarización.

Primero, porque ya el General Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, dijo hace unos meses en una declaración –también inusual para un militar activo– que consideraba que Plazas Vega era víctima de una persecusión política. Y al hacerlo, solo expresó lo que parece ser el sentimiento mayoritario de las FF.MM.

Si es que los militares acceden a cumplir la ley, lo harán humillados. Y aún más, porque tendrían que hacerlo en frente del Palacio Liévano donde hoy gobierna un ex guerrillero del M-19, que se tomó el Palacio de Justicia.

Además, porque si bien la condena contra Plazas Vega es por la desaparición de la guerrillera Irma Franco y de Carlos Rodríguez, trabajador de la cafetería, la orden a los militares de pedir perdón es por la misma toma. Con lo cual, el tribunal termina culpando de los hechos del Palacio –no solo de la desaparición– a los militares. Esto es uno de los puntos que más polariza a la opinión pública y cada vez hace más carrera la idea que mientras los guerrilleros gobiernan, los militares que enfrentaron la toma terminan en prisión.

Lo cierto es que todos los del M-19 que participaron en la toma murieron incinerados en el Palacio, salvo una guerrillera que salió viva pero murió luego en México. Gustavo Petro estaba preso en ese momento y Antonio Navarro en un hospital en Cuba recuperándose de una bomba que le habían puesto. Es decir, que ninguno de los dos tuvo una responsabilidad en los hechos. Pero esas ‘sutilezas’ no suelen ser registradas por la gente que está enfurecida por el fallo. E ineludiblemente, esta decisión del Tribunal de exigir perdón avivará la animadversión contra el Alcalde de Bogotá.

4.    Fortalece la justicia y deja mal a ‘líderes de la sociedad civil’ que la acusaron 
 
Angela María Buitrago. Foto: Laura Rico Piñeros.

Según la sentencia del Tribunal, las pruebas demuestran que los sobrevivientes del Palacio de Justicia  fueron trasladados a guarniciones militares, entre ellas la Escuela de Caballería, donde “todos fueron reseñados, algunos sometidos a torturas y posteriormente desaparecidos, como lo señalaron de manera clara e inequívoca los suboficiales Tirso Sáenz y Édgar Villamizar, lo que permite concluir que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega (comandante de Caballería) hizo parte de una estructura de poder organizada ilegal que diseñó y ejecutó la desaparición de Irma Franco y Carlos Rodríguez".

Finalmente, el fallo reafirmó la validez del testigo Édgar Villamizar, cuya retractación había sido utilizada por el procurador Alejandro Ordóñez para pedir la revocatoria de la sentencia en primera instancia y para solicitar que se investigara a la ex fiscal Ángela María Buitrago que había solicitado la condena del Coronel. El argumento del Procurador era que “el principal testigo” del caso fue suplantado (ver historia).

Este argumento, que fue el principal que esgrimió y todavía esgrime Plazas Vega, fue retomado por varios defensores del coronel, incluyendo representantes de la sociedad civil como Rafael Nieto, Fernando Londoño, Pacho Santos, Salud Hernández, Marta Lucía Ramírez, Enrique Gómez, Marcela Prieto y José Félix Lafourie, quienes pagaron un aviso de página entera en el Tiempo para criticar las decisiones de la justicia por cuenta del supuesto testigo suplantado.

La decisión del Tribunal deja claro que el testigo sí existió. Y que ni la fiscal Buitrago ni la juez María Stella Jara, que condenó a Plazas Vega en primera instancia y que está hoy exilidada por amenazas, se lo inventaron. Juntas fueron acusadas por los seguidores del Coronel de estar al servicio del “terrorismo”.  Ahora será más difícil acusar a los magistrados del Tribunal de también estar al servicio de la subversión.

Lo que sí se complica es la elección de la ex fiscal Ángela María Buitrago, quien fue sacada de la Fiscalía poco después de su fallo y con débiles argumentos, para personera de Bogotá. Por la misma polarización, es difícil que sea tomada en cuenta por bancadas como La U o el Partido Conservador.

5.    Es un tiro contra el Marco para la Paz
La invocación de la Corte Penal Internacional es muy polémica principalmente porque los hechos del Palacio de Justicia ocurrieron 15 años antes de que Colombia firmara el Tratado de Roma, que crea la CPI. Se podría discutir que como la desaparición forzada es un delito permanente hasta que aparezcan los cuerpos de los desaparecidos, entonces el crímen, así haya sido cometido hace 25 años, “continúa” hasta hoy. Pero hay un tratado complementario al Estatuto de Roma, que regula los elementos de los delitos, que dice que dada la complejidad de los delitos de lesa humanidad como el de desaparición, el ‘ataque’ debió ocurrir con posteridad a la ratificación, con lo cual la CPI no sería competente.

Aunque nada excluye que un Estado decida admitir la competencia de la Corte por hechos ocurridos antes de que entrara en vigencia el Estatuto. Esto parece improbable pues el mismo gobierno de Santos se ha manifestado en contra de la condena en primera instancia de Plazas Vega.

En todo caso, más allá de la pertinencia de invocar a la CPI en este caso, lo que sí anticipa es la dificultad que tendrá el ‘Marco para la Paz’, impulsado en el Congreso por el Alto Consejero de Seguridad y por el senador de la U Roy Barreras.

La reforma constitucional introducida por esta ley, que busca permitir que solo unos casos de los grupos armados ilegales que firmen la paz sean investigados penalmente y eventualmente (si reintroducen más adelante el texto original) los jefes de estos grupos puedan participar en política si lo aprueba una mayoría calificada del Congreso, busca replantear la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los estándares impuestos por la justicia penal internacional. En términos generales, la motivación de la ley plantea que los jueces colombianos “han sido más papistas que el Papa”.

Este fallo confirmaría que para un sector de la justicia, por lo menos, esos estándares son los internacionales y que para proteger a las víctimas esos son los que se deben usar.

Aunque otra forma de verlo es que precisamente con el marco jurídico para la paz en vigencia el país se concentraría en la persecución penal de los plazas vega de cada parte en el conflicto, y así estos delitos se resolverían no en 25 años sino en uno o dos.

 

Ver análisis del fallo por Jorge Humberto Botero

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Antonio Navarro Wolff
Gustavo Francisco Petro Urrego
Ángela María Buitrago
Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mar, 2012-01-31 17:22

El principio de todos los problemas económicos analizados por Aurelio Suárez http://www.youtube.com/watch?v=cQbcGXHId8w&feature=related

Mar, 2012-01-31 20:49

Con todo respeto, qué tiene que ver con el tema de esta entrada?

Mar, 2012-01-31 18:02

Para que no digan que es invención del polo porque no falta el comentarista el Dr Bernd Senf del centro Rudolf Steiner Haus analiza tambien la crisis http://www.youtube.com/watch?v=pEJPQb3hK0I&feature=related

Mar, 2012-01-31 19:13

creo que sí. pero es la primera vez que un órgano público lo hace.

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