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Lunes Marzo 01, 2021

A pesar de los avances que ha habido, el asesinato de sindicalistas y activistas de derechos humanos sigue siendo un problema en el país. Está el drama humano y además, el político para el Gobierno que sigue sin poder demostrar que es capaz de cuidar a los ciudadanos más vulnerables. Las consecuencias internacionales de esto se volvieron a ver la semana pasada cuando pese a la buena acreditación de Angelino Garzón no logró destrabar el TLC con Estados Unidos.

Por eso la protección de sindicalistas se ha vuelto una de las prioridades del Ministerio del Interior. Sin embargo, actualmente enfrentan un gran desafío.

El 30 de marzo se cumple la fecha límite para que todos los esquemas de protección que todavía están en manos del DAS pasen a ser administrados por alguna empresa privada. Pero varios de los protegidos insisten en que se rehusarán a tener escoltas que sean manejados por el sector privado y dicen que preferirán andar desprotegidos que acompañados por alguien en quien no confían.

El Ministerio del Interior y de Justicia, a través del DAS, está encargado de brindarle protección a todos los activistas políticos que estén amenazados por su trabajo. Y desde 2008, inició un “sistema de tercería” con el que comenzó a entregarle parte de los esquemas de seguridad que manejaba a una empresa privada.

La empresa que ganó la licitación, Vise Ltda., se quedó desde entonces con 180 esquemas de seguridad y ha aumentado sus operaciones desde entonces pues pronto fue evidente que el cupo era insuficiente y su contrato se prorrogó hasta marzo. De los 180 protegidos que cuidaba en 2008, pasó ahora a  278, cuatro más de los que todavía maneja el DAS.

 

 

 

 

Luis Felipe Henao, Secretario General del Ministerio del Interior, asegura que se están buscando diálogos con todos los sectores y que nadie quedará desprotegido.
Tarsicio Mora, Presidente de la CUT, dice que él y varios colegas se rehúsan a aceptar recibir una protección de alguien en quien no confían y que seguirán luchando porque sea el Estado el que directamente les proporcione sus esquemas de seguridad.

Y el 30 de marzo cuando se adjudique la nueva licitación todos los esquemas que aún quedan bajo la tutela del DAS pasarán a ser administrados privadamente.

Esta licitación probablemente se la volverá a ganar Vise o Vigilancia Acosta, ambas de propiedad de Jairo Humberto Acosta Martínez, dado que ya tienen la experiencia y han demostrado buenos índices de satisfacción entre sus protegidos.

Sin embargo, las protestas de algunos sindicalistas y defensores de derechos humanos persisten y varios dicen que rechazarán la seguridad privada y que, si algo les pasa, será culpa de la negligencia del Estado. El Ministerio dice que se ha avanzado en los diálogos, pero todavía no hay consenso.

La oposición

Tarsicio Mora, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la más grande congregación de uniones sindicales del país, dice que ellos no tienen por qué pagar por la política de Estado que convirtió al DAS en un organismo de espionaje.

Según él, una seguridad proporcionada por una empresa privada ofrece menos garantías que una proporcionada por el Estado. Entre otras cosas, recuerda que el propósito principal de una entidad privada es la de ahorrar costos y generar el máximo posible de ganancias.

"La protección brindada por el Estado no se vería afectada por leyes del mercado, sino que sería garantizada por la obligación legal que tienen los funcionarios," dijo Mora a La Silla Vacía.

Para Mora, además, es el Estado el que debería tener el monopolio de la violencia y quien debería manejar directamente a los escoltas y las armas.

Así que, a pesar del desprestigio al que ha llegado el manejo de seguridad del DAS, Mora opina que el Estado no puede desligarse de su responsabilidad directa de ofrecerle protección a los ciudadanos en riesgo y le ha pedido al Ministerio que se encuentre una solución en la que sea una entidad pública la que le brinde los esquemas de seguridad a los sindicalistas amenazados. Él mismo le escribió una carta al Ministerio en la que expresaba todos sus reparos a la seguridad privada y algunos miembros de la CUT ya se reunieron el 24 de enero con funcionarios del Ministerio para buscar un diálogo.

A Agustín Jiménez, Presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, le preocupa, por ejemplo, el manejo que se le dé a la información confidencial de los protegidos y dice que aunque se suponía que con la llegada de Vise, los vehículos y las armas mejorarían, ese no siempre ha sido el caso, según él.  "Los antecedentes de la empresa privada son horribles”, dice. Y agrega que es importante tener en cuenta que si la seguridad es prestada directamente por el Estado, los escoltas logran obtener con mayor facilidad acreditación y respeto de las varias autoridades públicas, mientras que con la empresa privada es un proceso mucho más difícil, lo que le podría generar inconvenientes a los protegidos.

Además de la CUT de Mora y la CSPP de Jiménez, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Organización Reiniciar, el Partido Comunista y algunas ONG dicen que si se llega el 30 de marzo sin encontrar una solución, prefieren estar desprotegidos, que aceptar una seguridad privada.

 

Lo que el Ministerio dice

Según el Ministerio, aunque Vise comenzó a manejar los esquemas de seguridad sólo en 2008, desde 2006 se delineó una política en el despacho del entonces Vicepresidente Francisco Santos, según la cual las labores de inteligencia y de seguridad no podrían ser realizadas por la misma entidad como sucedía en el DAS, para evitar conflictos de interés. Por eso es que desde entonces se han estado buscando alternativas.

En un primer momento se pensó en que la Policía podría asumir las funciones de protección, pero pronto se hicieron evidentes varias razones en contra de esta posibilidad.

Por una parte, la Policía no puede acoger entre sus filas a personas que no son policías. Esto complicaría la asignación de escoltas en ciertos casos, como el de los desmovilizados del M-19 que, como parte de los acuerdos de paz, exigieron que su anterior círculo de seguridad, sus hombres de confianza en la guerrilla, se convirtieran en sus escoltas y que el Estado asumiera el costo. Esta parte del acuerdo, que se viene cumpliendo hasta el momento, sería imposible de mantener si la seguridad pasara a manos de la Policía.

Los miembros de la Policía tampoco están autorizados a manejar vehículos que no sean propiedad de la institución, lo que podría complicar la logística. Además, varios de los protegidos manifestaron que no confiarían en la Policía, pues algunos de sus miembros han estado involucrados en acciones contra ellos.

Por eso, se desechó esa opción y, en cambio, se optó por comenzar el proceso de tercerización con el que Vise terminó administrando parte de los esquemas de seguridad.

Para Luis Felipe Henao, Secretario General del Ministerio del Interior, el Estado sigue siendo el que otorga la seguridad, sólo que será la empresa que gane la licitación quien la administrará.

Además, asegura que los estándares de calidad han mejorado desde que Vise se quedó con algunos esquemas. Dice que hay mejores dotaciones, incluyendo vehículos y armas, que hay mayores garantías laborales para los escoltas y mejores sueldos, lo que contribuye a la optimización del servicio. Henao también ve como consecuencias positivas el hecho de que haya un servicio independiente y que los protegidos puedan tener un seguro de vida de hasta 400 millones de pesos (370 millones más del tope anterior cuando lo manejaba el DAS).

Recalca que son muy pocos los protegidos que están cuestionando la protección privada. "Son el 10% de la población con nivel de riesgo más elevado", dice Henao.

María Paulina Riveros, la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y encargada de coordinar esta transición, apunta que el proceso de diálogo del Ministerio con las partes está avanzando y ha sido tan exitoso que ya una de las organizaciones más reacias al cambio -que por confidencialidad no puede revelar- decidió pasarse al nuevo sistema.

En el Ministerio del Interior aseguran que no se permitirá que quienes tienen objeciones al nuevo sistema pasen un día sin protección y que, si llegado el 30 de marzo no se ha alcanzado un consenso, la fecha límite se postergará, como ya se hizo a finales de diciembre. Quienes no hayan sido convencidos de pasarse al nuevo sistema, seguirán recibiendo protección dentro de los esquemas antiguos. 

 

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Luis Felipe Henao
María Paulina Riveros
Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Lun, 2011-02-07 11:53

AYER CONVIVIR HOY EMPRESAS DE VIGILANCIA PRIVADA
En gobiernos pasados se cuestión la creación de las convivir y ahora se establece la creación e institucionalización de empresas de vigilancia; acaso estas no hacen lo mismo que hacían las convivir?
En donde están los sindicalistas, las Ongs y todos aquellos que en un pasado cuestionaron las convivir; acaso porque ahora están para el servicio de ellos dejan de ser un grupo que desarrolla actividades paralelas a las que tienen los militares las fuerzas armadas?

Lun, 2011-02-07 11:46

Lo que hay que averiguar es de quien es vise, y cual es el interés del gobierno para que eso pase a manos de vise.
Existen esquemas para todo, esos esquemas deben ser revisados, el país está gastando miles de millones en esquemas, que solo favorecen a los dueños de esas empresas.
Acaso esos esquemas no son grupos que desarrollan actividades paralelas a las que tiene que desarrollar el estado con sus militares, con sus fuerzas armadas llamasen policía o ejercito; el garantizar la vida y honra de los colombianos.

Lun, 2011-02-07 11:46

Lo que hay que averiguar es de quien es vise, y cual es el interés del gobierno para que eso pase a manos de vise.
Existen esquemas para todo, esos esquemas deben ser revisados, el país está gastando miles de millones en esquemas, que solo favorecen a los dueños de esas empresas.

Jue, 2011-02-03 19:10

que se cumpla con la constitucion politica de colombia articulo 2.- las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
el estado en colombia y siendo la responsabilidad de el gobierno nacional del presidente juan manuel santos quien debe cumplir con la constitucion politica de colombia, por lo tanto no se deben aceptar empresas privadas, quienes solo responden con su capital economico y punto, lo demas no les interesa, solo el lucro.

Jue, 2011-02-03 11:21

La dirigencia colombiana no aprende o no ha querido hacerlo. Sigue institucionalizando el paramilitarismo, que no otra cosa son estos esquemas de "vigilancia privada". No se trata tan solo del fin de lucro que puedan tener, sino a merced de qué intereses puede ponerse ese ejército de mercenarios que, además, va a tener acceso a las costumbres, rutinas, movimientos, relaciones de aquellos a quienes van a "proteger". Suficiente evidencia histórica tenemos, a más del papel de privados cumpliendo funciones de Estado en Irak o Afganistán, en el caso de los EEUU. El Estado debe cumplir sus funciones, no delegarlas. Y debe desarrollar instituciones especializadas, cumplidoras de la Constitución y las leyes, no de los intereses políticos o económicos de nefastos personajes, como fue el caso del DAS. Y esto último no puede ser excusa para que lo deje de hacer.

Jue, 2011-02-03 10:48

La zona gastronomica de precios astronomicos es el paraiso del escolta. los podemos ver en manadas aglutinados en las calles con sus trajes brillantes y pinta de malandros, chaquetas abultadas donde cargan sus poderosos falos de fuego que les otorga todo el poder para hacer lo que les venga en gana. su pasatiempo favorito es estacionar sus tanquetas blindadas frente a los avisos de prohibido parquear, en sendas procesiones. Mientras tanto los vecinos nos quejamos del alcalde...que culpa tiene moreno de la movilidad??? si los tiras se tiran el trafico con su andar peligroso, atravesado.

Oh Quinta camacho, de ser campo de descanso pasaste a ser regugio de patanes cuidanderos de burdos sin nobleza, snobs del treatrillo capitalino cuyas senas salen del bolsillo de los incautos ciudadanos.

Jue, 2011-02-03 08:51

ESCOLTA: CAFRE CUYA FUNCION ES PROTEGER A OTRO MAS CAFRE QUE EL Y POR ESTO PUEDE INFRINGIR LA LEY.

Antes de debatir quien pone los esquemas de seguridad, primero deberiamos discutir sobre el manual de convivencia de los escoltas, pareciera que esta "distincion" les da permiso de hacer lo que les de la gana, parquear donde quieran atravesarse donde quieran y todo por proteger al imbecil que llevan dentro de sus tanques. Y no quiero profundizar en la cobardia de los imbeciles que viajan dentro de esas verdaderas carabanas de la muerte. si tanto miedo tienen pues porque no se retiran a disfrutar de toda la plata que se roban.

Jue, 2011-02-03 10:48

independiente de quien sea el personaje protegido esta gente deberia respetar las normas completamente de acuerdo.

Jue, 2011-02-03 08:36

les va a tocar colaborar a los sindicalistas y ong´s....

Jue, 2011-02-03 01:28

Leemos: "Para Luis Felipe Henao, Director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, el Estado sigue siendo el que otorga la seguridad, sólo que será la empresa que gane la licitación quien la administrará." Doctor Henao: bájese de esa nao y recuerde:. Le dijéramos a Henao: "lo que natura non da, Salamanca non lo presta." La pagará el Estado desde luego, pero la prestará mal o bien una empresa privada.- Ricardo Rodríguez ASensio.

Jue, 2011-02-03 01:30

"Doctor Henao: bájese de esa nao y recuerde: "lo que natura non da, Salamanca non lo presta." La pagará el Estado, desde luego, pèro..."

Jue, 2011-02-03 01:06

Escribe Medina Uribe: "Para Mora, además, es el Estado el que debería tener el monopolio de la violencia y quien debería manejar directamente a los escoltas y las armas." Creo, apreciado Pablo, que para Tarcisio Mora, el monopolio estatal debería ser el del uso legítimo de las armas. Por lo demás, por ahí subsiste un añejo canon constitucional que enseña: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades..." Este profano no aceptaría la protección de escoltas privados, pero tampoco la de escoltas oficiales; y no por desconfianza ... sino por seguridad personal ... de que no las necesito.- Ricardo Rodriguez Asensio.

Jue, 2011-02-03 00:48

Escribe Medina Uribe: "Y el 30 de marzo cuando se adjudique la nueva licitación todos los esquemas que aún quedan bajo la tutela del DAS pasarán a ser administrados privadamente." ¿Y al jefe del DAS, Director de la Policía, Ministro de Defensa, etcétera, también los cuidarán ciudadanos particulares? ¡Que buen acervo de información personal y familiar librada al principio constitucional de la buena fe! Ricardo Rodríguez Asensio

Jue, 2011-02-03 00:40

Escribe Pablo Medina Uribe: "Pero varios de los protegidos insisten en que se rehusarán a tener escoltas que sean manejados por el sector privado y dicen que preferirán andar desprotegidos que acompañados por alguien en quien no confían." A la inversa ocurrió cuando el senador Vargas renunció a la protección del DAS en el paraíso ... corrijo, en el gobierno anterior. Recuérdense las famosas escenas de no disimulada crispación en la noche del atentado en cercanías de Caracol. ¿Algo se habrá sabido de los autores y sus móviles? Ricardo Rodríguez Asensio

Jue, 2011-02-03 01:17

Eran otros tiempos. Los del apogeo del cuerpo de doctrina de la seguridad democrática, bajo la égida de un doble ex ex que patrocinaba candidatos a la alcaldía de Bogotá, como el entonces arcoirisado Peñalosa, tan cercano y solidario con aquel, y quien tampoco renuncia a su indispensabilidad. Y como Juan Lozano, el ex liberal siempre tan radical y comprometido con el cambio.- Ricardo Rodríguez Asensio.

Mié, 2011-02-02 22:55

Cuestión de carácter primordial lo constituye el hecho de la privatización en todas las esferas de la vida nacional. La seguridad no ha sido excluida de dicha política. Y está de por medio el derecho fundamental a la vida. No obstante en este como en otros temas se debe ser coherente como fiel demostración de que se cuenta con principios éticos. No puede aceptarse bajo ningún argumento que aquellos "líderes" o personas que posan de tales, presentándose como defensores de los trabajadores critiquen la privatización sólo cuando les interesa y cuando precisamente sus intereses creados no se ven afectados. Cómo justificar el que ciertos entes donde los burócratas sindicales tienen presencia presten servicios a través de la contratación de entes privados. Por qué en ese caso no se critica la privatización. ¿ Doble moral ?, ¿ Oportunismo ?. No olvidemos que los causantes de la privatización fueron los promotores de la ineficiencia, los autores de la deformación del servicio público.

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