William Romero

Ayer estaba programado el testimonio de Romero ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, Romero dijo que no ha obtenido principio de oportunidad y que no hablaría hasta que lo consiguiera. Al salir de la audiencia, el abogado de Romero, Édgar Torres, declaró que su cliente ha sido víctima de intimidaciones, amenazas y seguimientos ilegales. “Mi cliente está siendo chuzado, seguido e intimidado. Ellos [el DAS] tienen unos procedimientos para saber cuándo los seguimientos son para recoger información o para intimidar (….) a él lo quieren intimidar” declaró Torres a El Espectador.

En octubre del año pasado, Romero había entregado un documento a la Fiscalía en el que se daban detalles sobre la operación para infiltrar la Corte, las maniobras realizadas para esconder el escándalo y las “felicitaciones del Número 1”. En un aparte del documento, Romero declaró que María del Pilar Hurtado, la entonces Directora del DAS, reunió a funcionarios de la Dirección General de Inteligencia y de la Subdirección de Fuentes Humanas y les dijo que “el 1 conoció los insumos entregados por ella en la mañana de ese día y que le habían gustado, por lo tanto ella nos felicitaba por esa actividad y que extendía la felicitación a quienes adelantaban la gestión y que se mantuviera el apoyo económico a las fuentes humanas para mantenerlas motivadas”.
Más adelante en el documento, se puede inferir que ese “1” hace referencia al ex Presidente Álvaro Uribe, pues se habla sobre un un caso de la Corte Suprema y sobre “el expediente del primo del 1”, haciendo referencia a Mario Uribe.

En su ampliación de interrogatorio ante la Fiscalía, Romero aseguró que Hurtado se refería a Uribe y agregó que él “conoció, promovió y hasta extendió felicitaciones por las actividades ilegales de espionaje y seguimiento realizadas por detectives infiltrados en la Corte Suprema de Justicia”.

Romero también habló de Alba Luz Flórez, conocida como “la Mata Hari” y su infiltración a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, desde noviembre se había negado a dar más declaraciones en este caso, mientras buscaba resolver su situación jurídica y que se le concediera un principio de oportunidad.

Comisión de Acusaciones de la Cámara

(En la foto: Camilo Abril)

En mayo de este año, el representante de Cambio Radical del Casanare Camilo Abril se convirtió en la tercera persona en renunciar a llevar la investigación contra Álvaro Uribe por las “chuzadas” en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Antes de él, ya habían renunciado el representante de La U por Risaralda Augusto Posada y el representante tolimense del Partido Conservador Alfredo Bocanegra. El primero fue recusado por la entonces senadora Piedad Córdoba debido a su cercanía a Uribe , mientras que el segundo fue recusado por el mismo ex Presidente después de haber dicho que en él “Uribe no encontrará al Heyne Mogollón que Samper sí”. Además de esto, Bocanegra dijo que Uribe lo había llamado para reclamarle por sus declaraciones.

Antes, en noviembre del año pasado (poco después de que se decidiera abrir una investigación por las chuzadas), el Secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Gonzalo Pinzón, dijo que tanto Bocanegra, como Posada “han manifestado el recibo de amenazas y no han encontrado receptividad”.

Por su parte, Abril decidió renunciar a liderar la investigación tan sólo dos días después de ser nombrado. Abril dijo que en marzo había remitido a la Fiscalía una investigación contra Uribe por hechos ocurridos durante su período como Gobernador de Antioquia y que "desde ese momento se empezaron a dar amenazas y ahora la presión ha sido muy alta”. Explicó que no se sentía seguro para desarrollar su trabajo y dijo que “no tengo las medidas de seguridad garantizadas para llevar a cabo el proceso de un aforado que sea ex Presidente de la República". También dijo que no sabía de qué sector venían las amenazas y que se quería apartar para permitir el desarrollo del proceso.

Jenny Rosanía Jiménez

El 31 de mayo del año pasado,  Jiménez, actuando como Juez 52 de Garantías ordenó la detención en La Picota de Mario Aranguren, el ex Director de la Uiaf, dentro de uno de los procesos por las chuzadas.

Desde entonces tuvo que enfrentarse a las críticas del Gobierno. Durante la semana siguiente el Presidente Uribe aprovechó todas las entrevistas para decir que Aranguren era un hombre bueno que no merecía estar en la cárcel, que no había matado a nadie, que su formación siempre había sido honesta. Y una semana después, el primer mandatario denunció públicamente que la misma Juez 52 que había decidido mandar a la cárcel a Aranguren, había dejado libres a 11 supuestos narcotraficantes en diciembre.

Luego, aunque Jiménez no había recibido ninguna amenaza, un sindicato de jueces envió un comunicado en el que se decía que ella corría peligro y desde entonces un policía cuidaba la entrada a su despacho.

Después de que la medida de aseguramiento se ratificara en segunda instancia, Jiménez ha tenido más problemas. Dijo que había recibido amenazas de muerte y presiones para renunciar a su cargo. Recibió una carta desde la cárcel de Valledupar firmada por un líder de bandas delincuenciales en Bogotá, Cali y Cúcuta en la que le advertía que algunas personas la querían matar por haber enviado a la cárcel a Aranguren.

Oswaldo Villamil Torralba

Villamil es un intendente de la Policía y agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dijín, que ha sido procesado por su participación en las interceptaciones ilegales a las comunicaciones del magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, encargado de investigar la parapolítica.

Villamil fue capturado en noviembre de 2009 y acusado de  violación ilícita de comunicaciones agravada, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento propio, cohecho y fraude procesal, pero fue liberado en marzo de este año por vencimiento de términos.

Villamil, que ha insistido en su inocencia, tras ser liberado y volver de unas vacaciones, volvió a trabajar con la Policía Nacional, pero fue trasladado a una zona roja en el departamento del Cauca. El 9 de julio, a través de Noticias Uno, su abogado Fabián Ortiz denunció que este traslado se hizo a pesar de la insistencia de la defensa en no hacerlo por seguir siendo parte de un proceso y por considerarlo una amenaza a su seguridad. Ortiz dijo que la Dirreción de la Policía Nacional no había atendido diligentemente sus peticiones y que el coronel Nicolás Ramsés -otro testigo en los procesos por las chuzadas y el encargado de darles respuestas- no ha hecho nada al respecto.

Villamil mantiene que es inocente, pero según el mismo Velásquez, el testimonio del Policía es primordial para aclarar el caso de los seguimientos en su contra.

Alexánder Menjura

Menjura fue detective durante 16 años en el DAS, pero salió del organismo en 2007 debido a una investigación en su contra originada en un anónimo. Menjura denunció que, después de esto, comenzaron a circular mensajes anónimos por el DAS y por los medios con el propósito de desprestigiarlo, por lo que personas cercanas a él en la entidad fueron trasladadas o despedidas.

Menjura dice haber estado siempre dispuesto a declarar si lo llamaban como testigo y a contar todo lo que sabía sobre irregularidades dentro el DAS. A Menjura comenzaron a llamarlo y a amenazarlo y le enviaron un sufragio en el que amenazaban a sus hijos. Él denunció estas amenazas ante la Fiscalía, pero dijo que nunca pasó nada con su denuncia.
En enero de 2010, alguien lanzó una granada a su casa cuando él estaba dentro con sus hijos. Todos sobrevivieron, pero su casa quedó destrozada y decidió huir del país.