“Me parece claro que el proceso está llegando a su fin, por bien o por mal. Sea porque logremos un acuerdo, ya que estamos trabajando en la recta final de los temas de fondo. O por mal, si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agota. El riesgo es real.”

Lo que no dice: En el gobierno piensan que la inercia que lleva el proceso llevará a un deterioro peor, y La Silla supo que se ha discutido proponer en la mesa de negociación intentar sacar un acuerdo conjunto con la esencia y límites al Acuerdo Final que se convierta en una ruta segura hasta llegar al desarme y que si no lo logran en los próximos días, discuten fijar unilateralmente un plazo que le pondría punto final al proceso antes de que termine el año.

El problema para las Farc: Las Farc hicieron una consulta interna con todos sus frentes y el acuerdo mayoritario es llegar al Acuerdo Final. Sin embargo, algunos de ellos tienen la idea de que el Establecimiento tiene muy poco interés de hacer los cambios reales –comenzando por desmontar totalmente los paramilitares que los podrían asesinar el día que dejen las armas- y confían en que el paso del tiempo ayude a construir la voluntad de hacerlas.

“…ahora no es lo mismo que en las negociaciones que se hacían antes. Ahora existen el Tribunal de Roma y la Corte Interamericana, la legislación interna también ha cambiado, hay fallos de nuestra Corte Constitucional según los cuales no se puede suspender la totalidad de las penas. Pero, además, el país exige justicia sin amnistías generales. Eso no lo vamos a hacer. Y están las víctimas, que merecen justicia. Por eso es el territorio más difícil de la negociación. Las FARC tienen que asumir las responsabilidades de sus actos. El Estado también, naturalmente."

Lo que no dice: desde finales del año pasado, el equipo negociador le hizo saber a las Farc que para el gobierno es un inamovible que los máximos responsables de la guerrilla acepten una responsabilidad judicial por sus crímenes atroces.  Están convencidos de que sin esa aceptación de una pena –así después sea sustituída por una pena alternativa a la cárcel- el proceso carecería de legitimidad jurídica (y en pocos años terminarían extraditados, o pedidos por un juez europeo o por la CPI) y también social (los matarían).

El problema para las Farc: para las Farc aceptar una pena judicial es muy complicado por dos razones: una superable y otra más difícil. La superable, es que los guerrilleros creen que el Estado y su justicia son corruptas (y ahora más después del Pretelgate) y que ellos no se van a someter al sistema contra el cual se levantaron. Es superable porque dentro del Gobierno aceptan que en todo caso esa justicia que se les aplicaría no sería “administrada” por el Estado sino por un tribunal creado por y en la mesa de negociación.

La segunda razón es más complicada y es que en las Farc creen que todos los crímenes que cometieron lo hicieron al rebelarse contra un regímen terrorista y opresivo y que en esa medida, si aceptaran la imposición de una pena, sería aceptar que más que rebeldes fueron delincuentes y esa visión de sí mismos y de cómo pasarán a la historia es lo que más les pesa ahora.

“Lo que hemos dicho en la mesa es lo siguiente: a partir del marco jurídico para la paz, existe la posibilidad de seleccionar, en primer lugar, los hechos más graves, para que sirvan como patrón o referencia: una masacre, secuestros, violencia sexual. Una comisión independiente hace esa selección que le sería entregada a la Fiscalía para que escoja quiénes fueron los que cometieron esos delitos que tienen carácter internacional. Lo que se busca es limitar la acción penal a ese tipo de delitos y a sus máximos responsables. A ellos se les aplicaría la misma pena que dictan las leyes vigentes, pero que podría reducirse a una pena alternativa que se pague en condiciones de dignidad, sin rejas ni piyamas rayadas. Pero hay que asumir las consecuencias judiciales de los actos, reparar a las víctimas y dar garantías de no repetición. Eso es lo que hemos llamado “justicia transicional” que ya las FARC, en un paso que les reconozco, han dicho que están dispuestos a aceptar un sistema de justicia que tenga esos componentes.”

Lo que no dijo: esta posición de De La Calle de decir explícitamente que la pena alternativa no implica “rejas ni piyamas ralladas” se acerca a la polémica posición que ha venido sosteniendo el Fiscal General desde hace meses y que hace poco defendió en el debate “Sí o No, el poder de los argumentos” organizado por La Universidad Javeriana y La Silla.  Eduardo Montealegre explicó que si bien a los máximos responsables de delitos atroces se les tiene que juzgar e imponer una condena severa, esta puede ser reemplazada por una alternativa como trabajar en labores de desminado o en trabajo comunitario y que no es necesaria la privación de la libertad. Cuando el Fiscal lo dijo inicialmente, el gobierno reaccionó diciendo que la pena privativa de la libertad era una condición no negociable.

Lo otro que no explicó en detalle es que lo que la comisión del gobierno propuso a las Farc es que una vez la Fiscalía seleccione los máximos responsables de las situaciones paradigmáticas que seleccione esa comisión independiente, la Fiscalía acusará ante un tribunal especial que surja de la misma mesa de negociación. Hasta ahora las Farc no han contestado formalmente si aceptan esta propuesta o no.

Problema para las Farc: aunque públicamente se han opuesto a que el gobierno les quiera aplicar el Marco Jurídico para la Paz que consideran una medida unilateral que busca dividir a los guerrilleros “entre máximos y mínimos responsables”, La Silla tiene información de que los guerrilleros están recogiendo información sobre qué fórmulas de justicia transicional podrían aceptar lo que hace pensar que no es un tema cerrado.

“Esas zonas de concentración, que pueden ser para gente temporalmente armada que se someta a un proceso de dejación de armas, que es una condición esencial para que haya acuerdo y se reincorporen a la vida civil.”

Lo que no dijo: este punto no es totalmente nuevo pero como es la primera entrevista pública que da el jefe negociador sobre qué espera del proceso es interesante escucharlo: el gobierno no está esperando que los guerrilleros “le entreguen” las armas como ha sucedido en procesos de paz anteriores. Bastaría con que las dejaran.

Problema para las Farc: Las Farc, por razones simbólicas que son muy importantes para ellos como el hecho de que se entienda que es una negociación “entre iguales” han dicho que no están dispuestas a entregar las armas pero en el Acuerdo Marco aceptaron que el proceso debe conducir a su desarme.  El tema en disputa en el futuro será cuándo se produce esa dejación de las armas, porque las Farc quisieran irlas dejando solo en la medida en que el Gobierno les vaya cumpliendo los acuerdos. . De lo que dice De La Calle parecería que sigue siendo un inamovible que la implementación de los acuerdos se hará con las Farc sin armas.

“En Colombia quien finalmente decide sobre extradiciones es el jefe del Estado. Tenemos que crear un marco, derivado del un acuerdo de paz, que les demuestre a los demás países que se trata de un acuerdo serio y respetable, legítimo, para que respeten lo acordado y no entren en controversia con el país. Que, por el contrario, haya un apoyo internacional a una paz duradera en Colombia, y que eso haga innecesarias las extradiciones”

Lo que no dijo: Después de la experiencia con los jefes paramilitares, que fueron extraditados después de firmar un acuerdo de paz, los guerrilleros desconfían totalmente de que esto no les vaya a ocurrir a ellos. Al decirles que quien decide es el jefe de Estado les estaría dando a entender que Santos no los extraditaría. Y de hecho, el Gobierno ha discutido este tema con Estados Unidos.

El problema para las Farc: Aún con una promesa de Santos de no extraditarlos, los guerrilleros desconfían de que en un futuro el mismo presidente o alguno de sus sucesores los extraditen respondiendo a alguna coyuntura política. Para ellos que haya un Enviado de Obama para el proceso de paz es un indicio del compromiso de Estados Unidos con el proceso pero la verdadera garantía sería ver la prohibición de la extradición en la Constitución. Esa es una de las razones por las que quieren la Constituyente.

“Mi respuesta a las FARC es: si lo que están buscando con estos atentados es un cese del fuego mal hecho –como en el juego infantil llamado “estatua”, en que el otro tiene que quedarse quieto--, no lo vamos a hacer. No habrá cese del fuego estatua. Entre otras cosas porque aquí hay otras fuentes de violencia, distintas a las FARC, y no podemos decirle a la fuerza pública que se esté quieta. Si quieren un cese del fuego, el Gobierno está dispuesto a anticiparlo, para lo cual son fundamentales las zonas de concentración. Ese es el camino.

… en ese punto hemos cambiado. Estamos dispuestos a aceptar un cese del fuego, aún antes de la firma de un acuerdo, en la medida en que sea serio, bilateral, definitivo y verificable, siempre y cuando tengamos la garantía de que ellos asumen su responsabilidad en materia judicial y verificación nacional e internacional”

Lo que no dice: en realidad aunque pareciera una concesión, una vez que las Farc acepten responsabilidad judicial y que dejarán las armas antes de la firma del Acuerdo, lo demás es subsidiario y la firma de la paz será un hecho. Sin embargo, como un tema de debate será en qué momento dejan las armas, la posibilidad de esta concentración armada con cese bilateral y verificación internacional permitiría que el gobierno también comenzara a implementar algunos acuerdos clave para darle confianza a las Farc de firmar la paz y dejar las armas.

El problema para las Farc: las Farc quiere un cese bilateral ya pero sin concentración porque saben que una vez sean identificables y se inmovilicen la firma de la paz se vuelve ineludible. Y el proceso solo es irreversible cuando se decida el tema de la justicia. Por eso ellos prefieren como alternativa ceses bilaterales de facto en zonas específicas con propuestas como la del desminado conjunto o la que hicieron ayer de implementar los acuerdos sobre drogas en territorios específicos.

“--¿Unas curules para las FARC en el Congreso, sin necesidad de que participen en elecciones?

“--Yo sé que los ciudadanos piensan eso. Yo tengo que ser totalmente honesto y decirles, así me lluevan tomates, que en una primera etapa, netamente transitoria, el Estado y el país tienen que abrir la mente a la participación de las FARC como partido político desarmado. Tienen que abrirse dignamente las puertas políticas para las FARC. Más allá de si hay curules o no --porque eso habrá que discutirlo--, creo que los colombianos tenemos que prepararnos para obrar con generosidad en ese momento. Las FARC han sido el elemento más conservador de la vida política colombiana. Cincuenta años de violencia disolvieron prácticamente el movimiento sindical y el estudiantil."

Lo que no dijo: en el acuerdo sobre participación política ya logrado, se crean unas circunscripciones de paz para que en las zonas priorizadas para la “paz territorial” los movimientos sociales puedan postular candidatos que puedan llegar al Congreso con un umbral más bajo. Como muchas de esas zonas es donde las Farc ha tenido presencia, su influencia sobre las organizaciones sociales más poderosas es grande y es por esa vía que llegarán al Congreso personas más afines con las posiciones de las Farc. Pero más allá de eso, su afirmación de que tendrán elegibilidad política es un desmonte parcial del Marco Jurídico para la Paz, puesto que éste desecha la elegibilidad de quienes han cometido delitos atroces.

El problema para las Farc: este punto es crucial para las Farc porque es el que les permitiría eventualmente hacer una transacción entre asumir más responsabilidad judicial a cambio de tener más participación política. El problema es que entre más reconozcan su responsabilidad en la comisión de delitos atroces menos atractivos políticamente resultarán para sus bases.

“¿Tiene ambiciones políticas para el futuro? ¿Cuál será ese futuro? Hace un gesto de desencanto. “Quedé curado de política hace veinte años, cuando pasó lo que pasó y renuncié a la vice-presidencia. Solo tengo una ambición para el futuro: vivir mis últimos años en paz. Literalmente hablando”.

Lo que no dijo: la política es dinámica, como lo ha dicho su jefe.