En abril de este año arrancaron las marchas estudiantiles en contra de la Ministra de Educación María Fernanda Campo. Y todo indica que en los próximos meses van a aumentar las manifestaciones en contra de su proyecto para reformar la educación superior.

La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos anunció ante los medios que retirará el componente de ánimo de lucro de la reforma a la educación que presentó su Ministra de Educación María Fernanda Campo en marzo de este año. Con esto, los opositores al proyecto -que son básicamente toda la comunidad educativa- ganaron la batalla, pero la guerra contra Campo apenas comienza.

La ministra Campo presentó como uno de los aspectos más novedosos de su reforma educativa la posibilidad de que universidades con ánimo de lucro suplieran el 10 por ciento de los cupos de educación superior que aspira a crear el gobierno de Santos. Campo dijo en marzo que el Gobierno no tenía suficientes recursos para suplir todos los cupos con el presupuesto nacional.

De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, en los últimos 10 años tres millones 600 mil estudiantes de bachillerato no pudieron ingresar a la universidad por falta de cupos. La idea de Campo es que universidades con ánimo de lucro suplieran 50 mil cupos.

Y aunque ésta ha sido una fórmula efectiva para masificar la educación en países como Brasil, no ha resultado buena a la hora de mejorar la calidad.

Ante la iniciativa de la Ministra, que fue lanzada sin tener el más mínimo respaldo de parte de la comunidad educativa, tanto universidades públicas como privadas se opusieron desde un principio.

El 7 de abril, el Gobierno enfrentó la más grande movilización ciudadana en contra de uno de sus proyectos, en la que cientos de organizaciones estudiantiles marcharon por todo el país criticando la reforma. Pero a pesar de las críticas, la Ministra se mantuvo en su iniciativa. Realizó foros por todo el país y se mantuvo en que las universidades con ánimo de lucro eran la solución para aumentar la cobertura en educación.

El Gobierno sólo reversó la decisión cuando el proyecto llegó a la mesa de la Unidad Nacional y discutió con los dirigentes de la coalición el costo político que implicaba mantener esa reforma. Santos no sólo anunció que eliminaría la posibilidad de que las universidades tuvieran ánimo de lucro, sino que también erradicó todo lo que hacía mención en la reforma a la inversión privada.

Y aunque el anuncio de Santos fue un triunfo para la comunidad académica, la pregunta sobre de dónde va a salir la plata para suplir los cupos que se iban a financiar privadamente sigue abierta.

“No ha dicho nada de cómo va a crear los nuevos cupos”, dijo a La Silla Sergio Fernández, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional.

La Ministra estuvo en un debate de control político el jueves pasado en la Comisión Sexta de la Cámara, que será la encargada de debatir su proyecto una vez lo radique. Y, según dijo a La Silla Vacía uno de los líderes estudiantiles que estuvo presente durante el debate, “informalmente los del Ministerio dijeron que no van a llegar a cumplir la meta de los cupos”.

Ni líderes estudiantiles, ni rectores de las universidades lograron saber cuál es el Plan B de la Ministra para suplir el número de cupos que hace falta. La impresión es que no lo tiene. Y no sólo por este tema de cobertura, sino también por otros puntos de la reforma, a Campo le esperan unos días difíciles

“Nosotros lo que creemos es que desaparece el distractor más grande, pero el grueso de las otras propuestas en la reforma sigue siendo lesivo”, dijo a La Silla Vacía Gonzalo Arango, presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, que agrupa a cinco mil maestros de universidades públicas. 

La Ministra de Educación María Fernanda Campo tuvo que retirar su propuesta de universidades con ánimo de lucro.

El rector de la Universidad Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades José Fernando Isaza.

Gonzalo Arango, presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, que agrupa a cinco mil maestros de universidades públicas.

Giovanni Páez, Presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles de Educación Superior

“Finalmente, con esto, no cambia tanto la reforma”, dijo a La Silla Vacía José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades. Para él todavía faltan por resolver los puntos más polémicos, como la autonomía universitaria y el financiamiento a las universidades públicas. Dos de los líderes estudiantiles más activos en la discusión de la reforma también dijeron a La Silla Vacía que celebran la decisión pero ellos, al igual que los distintos gremios del sector educativo, creen que aún hay mucho por arreglar en esta iniciativa.

Ya que la inversión privada quedó eliminada, la pregunta ahora es cómo se va a distribuir la inversión pública en educación. Para Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, basta hacer un cálculo para establecer que el rubro presupuestal que será destinado a las universidades no será suficiente para aumentar cobertura, mejorar la calidad, mejorar la planta profesoral y apoyar a universidades regionales, como indica el proyecto de Ley. “Si para ese crecimiento se necesitan más profesores, aulas, pupitres o laboratorios, la ley no los provee”, dice en su columna de El Tiempo este fin de semana.

De los 1,4 billones que serán invertidos en educación superior en los próximos tres años, la Ministra ha dicho que 600 mil millones se destinarán a las universidades públicas.

Pero un estudio hecho por los vicerrectores del Sistema Universitario Estatal, que reúne a todas las universidades públicas del país, dice que 22 de las 32 universidades estatales tienen un desfinanciamiento de 660 mil millones de pesos. Este déficit obedece a los nuevos costos que han tenido que asumir las universidades desde 1992, sin que aumenten proporcionalmente los recursos del Estado para financiarlas. Ésa es la razón por la cual las matrículas de los estudiantes han pasado a ser la principal fuente de ingresos para las universidades públicas.

Los otros 800 mil millones del Ministerio de Educación serán destinados a créditos para los estudiantes. Allí nace la segunda polémica. Por un lado, porque tanto estudiantes como profesores insisten en que invertir más en la demanda que en la oferta impide bajar los precios de la educación pública (que es mucho más cara que en otros países de América Latina).

Aunque José Fernando Isaza dijo a La Silla Vacía que más créditos sí podrían aumentar el número de estudiantes en las universidades, esta solución no impide la deserción estudiantil que hoy en día está en el 48 por ciento. “Se aumentaría el acceso, pero si se mantiene la deserción, significaría una pérdida más grande de recursos. Según datos del Ministerio, 500 mil millones de pesos en créditos se pierden por deserción”, dijo a La Silla Vacía el Representante a la Cámara del Partido Verde Carlos Andrés Amaya, ex líder estudiantil que llegó al Congreso como vocero de la educación.

Su propuesta es más bien invertir en reducir el costo de las matrículas dándole la plata directamente a las universidades. Pero éste es solo uno de los puntos que los opositores a la ley siguen sintiendo que le hace falta a la reforma.

También esperan que la Ministra considere otorgar el subsidio de transporte a los estudiantes o la posibilidad de crear barrios universitarios para reducir la deserción estudiantil, pues está demostrado que muchos estudiantes pobres dejan de ir a la universidad porque no pueden pagar el transporte.

Otros temas que quieren que se replanteen es la influencia que puedan tener gobernadores e intereses políticos a la hora de escoger rector en las universidades públicas regionales; que se considere ampliar los profesores de planta para mejorar la calidad de la educación. Por ejemplo, hoy en día, 500 profesores de 1.500 que tiene la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Boyacá (Uptc) son de planta, y lo mismo pasa en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde 80 por ciento de los profesores son de cátedra.

“Una cosa interesante es que el Gobierno presentara tan solo lo de financiación y lo del Icetex en la reforma. Y que luego con la comunidad académica pensara un marco sobre la acreditación para universidades, para diferenciar las medidas de estímulo a las sancionatorias, para que se discuta el poder del Ministerio de Educación”, propone Isaza.

Sin embargo, la Ministra quiere hacer una reforma más amplia. 

La Ministra ha estado recorriendo el país en los últimos seis meses presentando su proyecto y sería injusto decir que no ha cedido en nada. “Moderó la parte sancionatoria a las universidades, incluyó que ahora haya defensa y debido proceso cuando éstas vayan a ser sancionadas”, dijo Isaza a La Silla Vacía. “Suavizó un poco la vigilancia y control a las universidades y volvió a incluir en la reforma los Consejos Académicos, que son fundamentales para la calidad universitaria”, dijo Arango. Pero, aún así, el ambiente le sigue siendo hostil a Campo.

Aunque todavía no ha definido fecha, se espera que la Ministra radique su proyecto en el Congreso la próxima semana sin las modificaciones que le han pedido los representantes de la comunidad académica que se oponen a su iniciativa.

Ahora que la batalla se dará en el Congreso y serán claves las posiciones de los partidos políticos frente a la reforma, diferentes sectores de la comunidad educativa esperan movilizar a la opinión pública en rechazo a la iniciativa.

El 20 y y 21 de agosto tanto el gremio de profesores como el sector estudiantil se pusieron de acuerdo para hacer una manifestación nacional el 7 de septiembre parecida a la que hicieron en abril.

“Nos vamos a paro universidades públicas y privadas”, dijo a La Silla Vacía Sergio Fernández, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional. También piensan convocar para el 6 de octubre a una consulta en las universidades públicas para que acepten o rechacen la ley radicada por el Gobierno. La idea de los gremios estudiantiles es lograr una movilización tan grande que resuene en América Latina como lo ha conseguido la movilización estudiantil chilena en el último mes.

Y la Ministra enfrenta este debate en el momento más débil de su primer año en el Gobierno. Por un lado, porque terminó perdiendo la batalla sobre las universidades con ánimo de lucro sin que siquiera Santos la consultara: el mismo día que el Presidente anunció el retiro de esta propuesta, su viceministro de Educación, Javier Botero defendía el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, como lo contó Semana.

“Esta es la decisión que se toma de manera totalmente consensuada, para eso es la mesa de la Unidad Nacional, para que los grandes temas del país se discutan allí”, dijo la Ministra ante el anuncio de Santos.

El problema es que la decisión al parecer no fue consensuada con ella, así como ella tampoco concilió su propuesta con el sector educativo antes de presentar su reforma. En los últimos seis meses ha venido recorriendo el país defendiendo una reforma que sigue teniendo más opositores que adeptos. ¿Logrará superar los cuatro debates que se vienen en esta legislatura?