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| Unas 45 mil personas viven en total en los pueblos de Tolú y Coveñas, que constituyen el principal balneario de Sucre. |
En dos pueblos costaneros de Sucre están embolatados 7 mil millones de pesos de la regalías que se destinaron para hacer obras de protección y control de la erosión costera. Obras que un año y medio después de entregado el negocio, siete meses luego de vencerse su plazo de ejecución y desembolsado el anticipo por ese valor, hoy no cuentan ni con la primera piedra. Es un desgreño que, además, ha sido facilitado por varios protagonistas de la vida nacional.
A fines de mes pasado, el portal local Notisincelejo.com y ayer Las2Orillas publicaron la denuncia de un colectivo que se presenta como “Indignados de Sucre”, sobre el contrato que es en total de 14 mil millones de pesos en Coveñas (Sucre) y entregó un alcalde de la cuerda del cuestionado Yahir Acuña al hermano de un político de su mismo grupo.
La denuncia detalla además la ayudita que desde el Ministerio del Interior (entonces en cabeza de Aurelio Iragorri, amigo de Acuña) le dieron al contratista para evitar una consulta previa, certificando que no hay presencia de comunidades negras en la zona de Coveñas y Tolú, donde se buscaba rehabilitar una zona desgastada y recuperar varios metros de playa en dos pueblos que viven de la pesca y el turismo principalmente.
Lo que no se ha dicho es que no se ha usado aún la primera pala de arena a pesar de que luego de la licitación, con único proponente, el contratista recibió la mitad de la plata. El caso, guardadas proporciones, no dista demasiado del saqueo que se evidenció en Bogotá cuando los Nule simplemente dejaron de construir el Transmilenio por la calle 26.
Consultados por La Silla, tanto el alcalde de Coveñas, César Serrano; como el de Tolú, Ariel Alvarado, su socio político en la iniciativa que se licitó con recursos de regalías, responsabilizan a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que le corresponde otorgar la licencia ambiental que es un prerrequisito indispensable.
“El retraso ha sido culpa de la Anla, que ha hecho muchos requerimientos. Hoy pide un papel y mañana otro al contratista”, nos dijo el Alcalde Serrano.
“El contratista tiene el material y las ganas de empezar y ha presentado todo a la Anla, pero nada. Nosotros le hemos pedido ayuda hasta al Procurador para que coadyuve en una cosa que fue promesa mía de campaña. Mire, y en esto sí me gustaría que usted hiciera énfasis, cuánto perjuicio nos causa la negligencia de una entidad a unos pueblos y a unos mandatarios. Yo quería dejar esta obra hecha en mi Administración”, nos explicó por aparte Ariel Alvarado, el alcalde de Tolú.
En la Anla dicen todo lo contrario. Lo primero que hacen es responsabilizar a la Alcaldía de Coveñas. En un informe técnico y detallado enviado a La Silla, la Autoridad de Licencias Ambientales rebate los argumentos de los mandatarios defensores del contratista.
Asegura la Anla que el trámite de la licencia ambiental del proyecto contra la erosión fue iniciado por la Alcaldía de Coveñas en septiembre de 2013, un mes antes de la adjudicación del contrato. Pero la Alcaldía no presentó la documentación requerida de acuerdo con la normativa ambiental vigente en ese momento (el decreto 2820 de 2010) sino el 21 de noviembre de 2014
Es decir, solo un año y un mes después de entregado el contrato y siete meses después de vencerse su plazo de ejecución en el papel, el Alcalde de Coveñas aportó la documentación aparentemente completa dando inicio al trámite de la licencia.
Ya el anticipo del 50 por ciento (poco más de 7 mil millones de pesos) le había sido entregado al contratista.
Sin embargo, la Anla encontró que el estudio de impacto ambiental entregado por la Alcaldía “carecía de información fundamental” para que la Agencia se pronunciara respecto a la licencia. Por eso, mediante en enero de este año volvieron a requerir datos de parte del mandatario y su equipo.
Datos que a la fecha, tres meses después, no han llegado a la Anla. Y la entidad no continuará el trámite de la licencia hasta que eso no pase.
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?La denuncia del colectivo sucreño menciona a varios protagonistas nacionales y este fue el papel que jugaron.
El primero es el cuestionado ex representante a la Cámara Yahir Acuña, quien está investigado por parapolítica y renunció para lanzarse a la Gobernación de Sucre. Yahir no sólo es el padrino político de los alcaldes de Tolú y Coveñas, sino que también tiene que ver con el contratista. Éste último recibió el contrato (y casi enseguida el anticipo) en octubre de 2013. Justo cuando estaba por empezar la campaña al Congreso de 2014, en la que Acuña repartió whiskey y billete por todos lados del departamento.
El consorcio, llamado Playas Coveñas-Tolú, único proponente, está integrado por dos ingenieros. Uno de ellos es Javier Eugenio Mizger Pacheco, hermano del político que ocupó el tercer renglón en la lista que encabezó al Congreso Acuña. José Carlos Mizger Pacheco hoy es representante en la Comisión Segunda, en reemplazo de Yahir e incluso conservó la misma asesora que éste tenía en su oficina.
El otro integrante del consorcio es Leonardo Jalil David Ordosgoitia, uno de los contratistas consentidos de la mermelada del senador cordobés Musa Besaile, como lo contó La Silla. Como Yahir, Musa -el senador más votado del país- fue clave e la reelección de Santos en Sucre y Córdoba.
Ordosgoitia es cordobés y, es parte de las uniones temporales que se quedaron con tres obras distintas en 2011 por más de 20 mil millones. Las tres, según dijo Besaile públicamente durante la campaña al Congreso, fueron resultado de la gestión del senador para la capital de Sucre. Allí, en Sincelejo, Musa logró incrementar en 1.946 votos su caudal electoral en cuatro años.
Serrano y Alvarado, los mandatarios en Coveñas y Tolú, se eligieron con el aval de Afrovides (el partido que manejaba Acuña como un llavero) y son miembros clave de su estructura política en Sucre.
Esos mandatarios son tan de la cuerda de Yahir que, sobre Alvarado, dos periodistas, un líder de negritudes y un congresista, todos por aparte, nos dijeron que la percepción que hay en ese departamento es que el Alcalde actúa como subalterno de Acuña.
“El jefe en esa Alcaldía (Tolú) es Yahir. No se mueve una hoja, no se firma un contrato, no se da un puesto, sin su permiso”, detalló una de las fuentes.
Otro protagonista nacional que rodea el contrato millonario que no se ha ejecutado en Tolú y Coveñas es la senadora conservadora cordobesa Nora García, quien hace poco más de un año le dijo a La Silla que era aliada de Yahir Acuña en el proyecto para recuperar la zona costanera de Sucre.
Cuando se abrió la licitación de ese proyecto, García se presentó en medios como una de sus principales impulsoras.
Con casi dos mil votos, Nora García fue la senadora más votada en Coveñas. Allí y en Tolú, el representante que arrasó en votos fue Acuña.
Y el tercer protagonista nacional a mencionar es el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri. A él en Sucre lo reconocen por ser amigo y aliado del polémico Acuña. Dos asuntos evidencian la cercanía entre ellos.
Uno, como lo contó La Silla, Iragorri le recibió una yegua a Yahir para un “salto” o apareamiento con sus caballos reproductores. Aunque el Ministro nos dijo que ya se la devolvió “sin preñarla”.
Este martes, en una reunión del comité ejecutivo del partido Opción Ciudadana al que ahora pertenece Acuña en Bogotá, el exrepresentante dijo delante de los presentes que si la colectividad se salía de la Unidad Nacional, como es su deseo, estaba dispuesto “a devolver todo lo que le está dando Aurelio Iragorri”. Así se lo aseguró a La Silla una persona que lo oyó.
Iragorri era Ministro del Interior en abril de 2014, cuando la oficina de consulta previa del Ministerio (que maneja Álvaro Echeverry, amigo del Ministro y quien venía de trabajar con él en la Registraduría) certificó que no hay presencia de comunidades negras en el área del proyecto para controlar la erosión en Tolú y Coveñas.
(Ver certificado).
Consultado, el hoy Ministro de Agricultura le explicó a La Silla que estando a cargo del despacho del Interior en consulta previa se hacían unas 300 certificaciones de ese tipo mensuales. Y que el director de esa oficina jamás le consultó sobre ninguna, salvo que se tratara de un tema grande.
“Con excepción de la de la Ruta del Sol y la de Dagua-Buenaventura nunca pregunté por ninguna certificación”, nos dijo Iragorri.
En la oficina de consulta previa nos explicaron que allí certifican la presencia de comunidades étnicas antes de cualquier proyecto, obra u actividad que las pueda afectar, siempre que los ejecutores respectivos lo soliciten y con las coordenadas geográficas que ellos suministren.
Cada solicitud tiene unas coordenadas que son ingresadas a un sistema y se superponen con las bases de datos del Incoder, la dirección de asunto indígenas, la dirección de comunidades negras del Ministerio y la base de datos de la la oficina de consulta previa.
Lo sorprendente del resultado de la certificación para el caso Tolú-Coveñas es que, según el censo del DANE 2005, el 28 por ciento de la población de Coveñas y el 73 por ciento de la de Tolú se autoreconoce como negra.
Pero además, existen organizaciones afro con sede en la zona inscritas ante el propio Ministerio del Interior. Una de ellas es la Asociación de Afrodescendientes para la Vivienda, el Deporte, la Educación y la Salud, Afrovides, que está inscrita ante el Ministerio desde 2009. Como fundación, avaló a Yahir Acuña al Congreso por las negritudes y como partido político eligió a los dos alcaldes actuales de Tolú y Coveñas.
Además, su sede es en la carrera segunda de Tolú. La primera es la de la playa. En donde para esta época tendrían que estar ya unos trabajos que no existen. Los siete mil millones del anticipo sí se entregaron y muy probablemente se convirtieron en votos para varios involucrados.
Se despilfarraron la plata sí, no es ninguna sorpresa. Como si aquí todo se solucionara echando volquetadas de balastro en todos los lugares, y ahora hasta en el la orla marina.
Hay una cosa grave y es que este tipo de obras costeras tienen que tener el aval de ingenieros civiles especializados en estructuras costeras de los cuales hay pocos en Colombia- al igual que se hacen en otras partes del mundo desarrollado. Se hacen estudios especializados y minuciosos que al parecer se han saltado por favorecer bolsillos privados. Como todo aquí en la costa es mejor hacerlo fácil y mejor hecho a lo burro que bien hecho, porque no hacer un proyecto que requiera pocos recursos? una cantera, una volqueta y poca maquinaria, ahí sí rinde la platica, se echan las volquetadas de balastro en las playas para mostrar que se hizo algo y el resto bien gastadito está.
Se le acabo lo que le dio nuestro gran presidente Santos de mermelada y ahora cuadran todo para sacar plata para comprar la gobernación de sucre.
Eso solo pasa en Colombia........................
Cuando se escala una posición hay que recordar que no hay enemigo pequeño. La vida del electo es escudriñada y eso está bien. Lo malo es que siempre aparecerá algo o delictuoso o poco conveniente. Ese trabajo lo hacen los enemigos con un juicio que uno desearía que se extendiera a sus propios amigos y así descubrirían que no son tan pulcros como ellos lo suponen. No los critico, por el contrario hago encomio de su labor. En el relato se notan algunos eventos poco claros. El estudio ambiental fue presentado con escaso un mes de anticipación y mal elaborado. Presumimos que fue un descuido, pero, entonces por qué tanta premura en entregar el anticipo? El Anla se las trae y como dieron papaya, pues cobra por ventanilla. Infórmese sobre quien es el Director y su filiación política y verá que colocarán todas las cortapisas posibles. Lo de las etnias, las coordenadas y todo eso, salta a la vista que es una parodia. Todo el que cometa un delito debe pagarlo.
La denuncia que hace Laura Ardila Arrieta en La Silla Vacia es preocupante. Siete mil millones de pesos es mucho dinero para una obra que ya está adjudicada y de la cual se dieron los anticipos y que sin embargo no ha comenzado. Para quienes visitamos cada año las playas del Golfo de Morrosquillo, es evidente que se requiere una intervención de sus playas antes de que el mar acabe con ellas. Esta es una región con un altísimo flujo de turistas del interior, especialmente de Antioquia y con una enorme vocación turística. No se puede poner en riesgo el futuro de la región por la codicia de unos políticos que sólo buscan su beneficio personal en detrimento del bien común. Que no vaya a pasar como en Antioquia, que ante la desidia del Gobernador Fajardo el turismo de playa del Golfo de Urabá casi es inexistente y del cual viven muchas familias.
Y a todas estas dónde están los órganos de control del estado?
Impresionante la MERMELADA, y los intereses políticos que se tejen entre el gobierno nacional y los parlamentarios para aceitar la maquinaria electoral.
Ayer condenaron a unos ministros por unos hechos ocurridos hace 11 años, lo cual no es una muestra de eficiencia ni de brevedad, ni se podría hablar de una condena "express". Pero usted aporta como prueba de sesgo de la justicia que los presuntos delincuentes mencionados en esta nota no hayan sido todavía perseguidos ni condenados, por delitos de hace ¿un año? Fresco, deles tiempo, a lo mejor también terminan condenados.
Pero, por otro lado, está la alternancia del poder, lo cual podría validar lo de la "persecución política": En este período perseguimos y condenamos a los que ya no tienen suficiente poder político para librarse de sus delitos. Claro que no siempre es así: A los hermanitos Moreno Rojas los bajaron del pedestal, y los Nule aún están bien conectados.
Pero noto un giro sutil en la discusión: Persecución política no es porque condenen a presuntos inocentes solo por ser amigos del enemigo político sino porque condenan a más bandidos de este lado que del otro. ¿Es así?
Gato, creo que son muchos más los puntos en los que estamos de acuerdo que en los que discrepamos:
1. La corrupción en Colombia es endémica y ya hace parte del paisaje.
2. Todos somos perjudicados por la corrupción (excepto, por supuesto, los beneficiarios, Perogrullo).
3. Se pueden encontrar corruptos en cualquier grupo grande de personas, sin importar la nobleza de los fines del grupo.
4. Todos los corruptos merecen ser perseguidos, y condenados si son hallados culpables.
5. Corruptos siempre habrá.
Y me quedó clara la tipificación de la "persecución política": Consiste en que los perseguidores políticos se concentran, selectivamente, en castigar a los presuntos bandidos del bando político enemigo mientras les aplican el "dejar hacer, dejar pasar" a sus amigos (ostensiblemente claro, p. ej, en las actuaciones del procurador y del fiscal, aunque apuntan a blancos distintos).
Algo que nos diferencia es que yo sí guardo esperanzas en el poder judicial mientras que usted no.