Esta mañana, el presidente Santos, junto con la Fiscal Viviane Morales, el Ministro de Protección Social Mauricio Santa María, el director de la Policía Óscar Naranjo, la Contralora Sandra Morelli y la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda Curvelo, presentaron las primeras capturas por malos manejos en la salud. Santos afirmó que lo ocurrido hoy "es apenas la punta del iceberg" de la corrupción en el sector, que seguirán comabtiendo.                                                                                                       Foto: Felipe Ariza - SIG

Esta mañana, el presidente Juan Manuel Santos, junto con la Fiscal Vivianne Morales, el director de la Policía Óscar Naranjo y el Ministro de Protección Social, Mauricio Santa María denunciaron un ‘carrusel’ de corrupción, ahora en el sistema de la salud. A pesar de la impresionante puesta en escena de la rueda de prensa, fueron poco precisos sobre cómo es que se desfalcaba el sistema, aunque quedó claro que era a través de los recobros que hacían las EPS.

Con esta denuncia, realizada un día antes del debate que ha anunciado el senador Jorge Enrique Robledo contra el Ministro de Protección Social y el Superintendente de Salud, la atención pública comenzará a estar centrada en las EPS y sus interacciones con el resto de entidades del complejo Sistema de Salud. Fuera de la corrupción rampante que se ha puesto en evidencia con la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el 'Consenso de Acemi' (ver historia), hay una falta de control sobre cada una de las etapas en las que se desembolsa dinero muy grande.

Un caso interesante –y alarmante– que también tiene que ver con recobros, es un análisis que se presentó hace algunos meses a algunos miembros de la Comisión de Regulación de Salud (CRES): aproximadamente el 40 por ciento de los recobros solicitados por las EPS y autorizados por el Fosyga son para indicaciones que no están autorizadas por el Invima. Y uno de cada tres de los 20 medicamentos más recobrados han sido ordenados para usos no autorizados por el FDA, que es la autoridad en el tema en Estados Unidos.

Esa fue la conclusión de un estudio realizado para el BID por investigadores de varios países.

Todos los colombianos tienen derecho a que sus EPS les cubran un Plan Obligatorio de Salud (POS). Pero por vía tutela pueden acceder a ciertos tratamientos o medicamentos no incluidos en el POS. Hace ocho años, el Ministerio de Protección Social permitió también que los pacientes soliciten estos servicios No-Pos cuando ha sido prescrito por su médico mientras haya sido evaluado por los Comités Técnicos Científicos (CTC) de las respectivas EPS. Estos comités deben analizar si el medicamento es realmente efectivo para la enfermedad y si se justifica que el Estado pague el tratamiento.

Con el fallo de tutela o con la orden del CTC, las EPS pueden prestar el servicio y recobrarlo ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). El problema es que en los últimos años se han disparado los recobros, que el año pasado superaron los 2,4 billones de pesos, lo cual tiene al sistema de salud al borde de la quiebra, porque equivale al 20 por ciento de todas las cotizaciones que pagan los afiliados al sistema contributivo de salud.

El número de recobros vía tutela comenzó a bajar y a subir los recobros por órdenes de los Comités Técnicos Científicos de las EPS después de que en 2008 el Ministerio decidiera que reembolsaría el 100 por ciento de lo autorizado por las CTC y solo la mitad de lo recobrado vía tutela.

Dado el aumento desmesurado de recobros, el BID revisó una muestra de 20 medicamentos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud y que están entre los más recobrados.

Todos estos medicamentos son utilizados para tratar enfermedades crónicas o catastróficas, como el cáncer, la artritis, la diabetes y otras que implican los costos más altos para el sistema de salud.

Cuando los investigadores contrastaron estos 20 medicamentos con las prescripciones para las cuales el Fosyga había autorizado el recobro, encontraron que para uno de cada dos medicamentos su prescripción no estaba autorizada por el Invima. El Invima es la encargada oficialmente de expedir las licencias para los medicamentos, pero sujetas a unos usos determinados.

En Estados Unidos, uno de cada tres medicamentos tampoco estaba permitido por la Agencia Food and Drug Administration, que es la máxima autoridad en la materia en ese país.

No es que estos medicamentos fueran vendidos ilegalmente en Colombia, sino que habían sido autorizados para un uso específico diferente al autorizado por el Invima.

La ley que regula la autorización de medicamentos No-Pos vía estos Comités Científicos de las EPS es explícita en que sólo se pueden prescribir medicamentos y tratamientos que estén autorizados por normas vigentes, incluidas las del Invima.

El Ministerio de Protección Social puede rechazar la solicitud de recobro porque no cumple con los requisitos de presentación, pero no puede evaluar si el medicamento sirve o no para el mal del paciente. Para eso le tiene que creer a la justificación dada por el comité científico de las IPS y las EPS.

Por eso, es tan grave que se ordenen medicamentos para prescripciones que no han sido autorizadas por el Invima, ya que eso quiere decir que no hay evidencia suficiente de que son seguras y eficaces para tratar estas enfermedades. No solo implica que una porción de la plata de los impuestos de los colombianos se está probablemente tirando a la caneca al pagar medicamentos que pueden no ser eficaces, sino que está en juego, nuevamente, la salud de los colombianos que pueden tener complicaciones como resultado de esto.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que también se ha demostrado que una proporción grande de las propagandas de medicamentos en Colombia mencionan indicaciones que no están tampoco autorizadas por el Invima.

Otro tema más para que el Superintendente de Salud y el Ministro de Protección Social pongan en su larga lista de tareas.