Durante meses, los promotores del referendo, encabezados por Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo coordinaron la recolección de las firmas para impulsar un referendo reeleccionista. Sin embargo, al recibir las donaciones destinadas a financiar ese trabajo, no respetaron los topes fijados por la Ley.                                                                                                                           Foto: Laura Rico

Todo el proceso del referendo reeleccionista fue tortuoso: redactaron mal la pregunta, violaron los topes de financiación, cambiaron la pregunta cuando llegó al Congreso, hubo transfuguismo para aprobar la iniciativa y, cuando finalmente la aprobaron, lo hicieron a deshoras y para colmo de males, Uribe dijo que uno de sus mayores errores de gobierno fue no haber evitado que estas personas se pusieran a recoger firmas. Pero el miércoles, finalmente, culminó la investigación electoral contra sus promotores y solo les resta la fase penal.

Diecisiete meses después de que conjueces del Consejo Nacional Electoral invalidaran las firmas del referendo reeleccionista y dictaran pliego de cargos contra los nueve miembros del Comité Promotor del Referendo, los magistrados del CNE decidieron terminar el proceso y sancionar a los promotores. Pero no a todos.

Decidieron sancionar a la Asociación Colombia Primero, que fue la que trianguló los aportes que violaron los topes legales, con una multa de 90 millones de pesos (la máxima sanción posible); a Luis Guillermo Giraldo, como presidente del Comité Promotor del Referendo, con una multa de 54 millones de pesos; el contador Luis Fernando Useche, con una multa de 27 millones de pesos y Juan David Ángel, quien hizo las veces de auditor y hoy es miembro de la junta directiva de Fenalco, con una multa de 27 millones de pesos.

Aunque el pliego de cargos sí los cobijaba, no fueron sancionados Cecilia Paz de Mosquera (la viuda del ex designado Víctor Mosquera Chaux y suegra del abogado Juan Manuel Charry, que defendió públicamente la constitucionalidad del referendo); Miryam Donato (ex magistrada del Consejo Superior de la Judicatura); Gustavo Dajer Chadid (ex presidente del Congreso y ex Ministro de Agricultura en la presidencia de Julio César Turbay); Álvaro Velásquez Cock (exdirector del Dane); Hediel Saavedra Salcedo (comerciante del Valle del Cauca); y David Salazar (representante de las juventudes por la reelección). Una de las acusadas, la dirigente social Doris Ángel Villegas, falleció poco después de la imputación de cargos.

La decisión se había demorado porque los abogados del Comité recusaron a los magistrados investigadores, solicitaron la nulidad del proceso e interpusieron otros varios recursos para dilatar el proceso.

Y cuando finalmente el tema volvió a la sala plena del Consejo Nacional Electoral, no había consenso sobre quiénes debían ser sancionados. La discusión fue tan intensa que incluso en una de las salas debatieron la posibilidad de nombrar otro grupo de conjueces para que desbloqueara el asunto. La discusión estaba entre quienes pensaban que se debía anular el proceso, quienes querían absolver a algunos de los nueve miembros del Comité y quienes creían que la sanción debía ser igual para todos.

La ponencia que se discutió fue del magistrado Joaquín José Vives, quien propuso sancionar sólo a las cabezas del Comité Promotor y dejar a salvo a los de la Asociación Colombia Primero. Con una votación de 7 a 1, los magistrados del Consejo Nacional Electoral acogieron su ponencia. Pero hubo varias aclaraciones de voto.

Votaron a favor, además del ponente, los magistrados Carlos Ardila Ballesteros, Luis Bernardo Franco, Pablo Gil y José Joaquín Plata.

La magistrada Nora Tapia Montoya votó a favor de la sanción, pero aclaró que la sanción debería haber sido igual para todos los miembros del Comité Promotor del Referendo, básicamente porque a todos se les había dictado pliego de cargos y todos tenían responsabilidad dentro del manejo de las finanzas del referendo.

Por su parte, el magistrado Gilberto Rondón votó a favor la sanción, pero recordó que ya en la sala pasada había salvado su voto porque considera que el proceso está viciado desde el momento en que se dictó el pliego de cargos. En su concepto, un fallo del Consejo de Estado -que invalidó la decisión de los conjueces porque consideró que debería haber sido nueve y no tres- ocasionaba la nulidad de todo el proceso. El magistrado Rondón aclaró que su opinión sólo tiene bases jurídicas y no se relaciona con presiones por parte de Luis Guillermo Giraldo o el amigo de Giraldo, Álvaro Echeverri, ex Director de Censo Electoral de la Registraduría, como lo había insinuado erróneamente La Silla Vacía en un artículo previo. Pero como la mayoría lo derrotó, Rondón decidió votar positivamente la ponencia.

El magistrado Óscar Giraldo fue el único que votó en contra. El magistrado Juan Pablo Cepero, presidente del Consejo, fue recusado y por ello no participó en la votación.

La investigación sobre el referendo reeleccionista comenzó en septiembre de 2008, cuando el Registrador Carlos Ariel Sánchez certificó las cuatro millones de firmas recolectadas para promover el referendo, pero no certificó las cuentas y compulsó copias al CNE para que las investigara.

No lo hizo porque la relación de gastos que entregó Luis Guillermo Giraldo, como presidente del Comité de Promotores, certificaba que se habían gastado más de dos mil millones de pesos en la recolección de las firmas, cuando el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral era de 334 millones de pesos.

En ese informe financiero, firmado por Luis Guillermo Giraldo y el contador Luis Fernando Useche, se relacionaba un préstamo por 1.900 millones de pesos por parte de la Asociación Colombia Primero, una fundación creada originalmente para promover la democracia y que se había prestado para burlar los topes legales de financiación del referendo.

Cuando el CNE comenzó la investigación, Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo, el gerente de Colombia Primero, dijeron que esa asociación sólo había hecho un préstamo que sería devuelto una vez se aprobara el referendo.

Pero las cuentas que entregaron a los medios de comunicación no cuadraban con las entregadas a la Registraduría y, además, la contabilidad de Colombia Primero evidenciaba que habían recibido donaciones individuales por encima de los tres millones de pesos permitidos por la Ley.

Todo el tiempo, los miembros del Comité Promotor dijeron que no eran lo mismo que Colombia Primero, pero la investigación demostró que los donantes de la Asociación sabían que estaban dando plata para el referendo y, cuando les agradecían sus aportes, lo hacían de parte del Comité Promotor del Referendo.

Todo este material sirvió para que el 12 de noviembre de 2009 el Consejo Nacional Electoral formulara los cargos por la violación de los topes. Después de eso solo quedaba sancionar. Pero igual se tomaron 17 meses para tomar la decisión.

Ahora, lo único que le queda vivo al referendo reeleccionista es la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de los miembros del Comité Promotor. La imputación ya estaba lista pero la fiscal Viviane Morales decidió cambiar al Fiscal y hoy se aplazó por tercera vez la audiencia de acusación por una calamidad doméstica de la juez. Ya antes se había aplazado dos veces, una porque la Fiscalía cambió la calificación de los delitos y otra por solicitud de los abogados. Todavía no hay nueva fecha.