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Se han ido sumando opositores a la realización del plebiscito para refrendar el acuerdo que se suscriba con las FARC. A los opositores al proceso que lo califican como atentado contra la democracia y la Constitución pero que en realidad le apuestan es al fracaso del proceso, se le han sumado –por puro cálculo electoral- los opositores solapados, una especie de opositores en el clóset, que creen que el proceso es inevitable pero que en la próxima campaña presidencial necesitan poder cuestionar errores en los acuerdos y en el procedimiento para no comprometerse del todo y tratar de quedar bien con unos y con otros. A esos dos grupos se le suman los que no se “maman” a Santos y les da “jartera “ dar un SI que después pueda ser interpretado como apoyo al Gobierno. Hay un cuarto grupo que le teme a la realización del plebiscito y entonces construyen teorías sobre la inutilidad del mecanismo y las facultades presidenciales para suscribir un acuerdo de paz. Todos por distintas vías y con diferentes motivaciones están sosteniendo que no se debe realizar el plebiscito.

Esa discusión política, como siempre, termina amparada en un debate jurídico y entonces apuestan a que “el plebiscito se va a caer en la Corte”. Las razones no son claras, pero “se va a caer”.

La Corte Constitucional será pues el escenario donde se decida cuál es el mecanismo que se usará para “refrendar” el acuerdo o incluso si no habrá mecanismo al menos de participación popular para hacerlo.

El Procurador está preparando su diatriba contra todo y entregará unas 300 páginas en las que pedirá que la Corte declare inexequible el proyecto de ley estatutaria que abrió la posibilidad de que la “refrendación” se hiciera a través de un plebiscito con reglas especiales. Habrá grandes titulares, Ordoñez dará una rueda de prensa en la que advertirá sobre los peligros que se ciernen sobre nuestra democracia y etc.

La Corte ha pedido concepto a universidades y otros “expertos” y llegarán unas mil páginas adicionales con teorías para un lado y para el otro. Tendrán trabajo los magistrados auxiliares y los abogados asistentes del despacho del Magistrado Vargas tratando de extraer “lo más pertinente” de las intervenciones, que claro que los demás magistrados no tendrán tiempo de leer.

Mientras tanto seguirá el debate: que no se puede someter a decisión popular el derecho a la paz, que bajar el umbral es contrario a la Constitución, que eso se parece más a una consulta que a un plebiscito, que la decisión no puede ser vinculante porque por esa vía se podrían aprobar cosas inconstitucionales. En fin.

A mi juicio ninguno de esos argumentos es válido. Para empezar porque el plebiscito apenas está enunciado en la Constitución, ahí ni se define, ni se establecen requisitos. Es decir que es el legislador el que tiene que definir sus características. Lo hizo inicialmente en la ley  134 y ahora ha cambiado algunas de sus características. Así que el espacio de lo que la Corte llama la “libertad de configuración legislativa” es bastante amplio.

En la doctrina internacional tampoco es unívoco el significado del plebiscito. Aquí decimos por ejemplo que no es para aprobar normas jurídicas sino para decidir sobre temas políticos pero en Uruguay las reformas constitucionales se aprueban por plebiscito para citar un ejemplo. El plebiscito es poco usado en democracias sólidas y en la teoría es más bien mal calificado porque ha sido usado por abusadores del poder para quedarse. Eso ahora se hace por referéndum como lo iba a hacer Uribe y como lo intenta por estos días Evo Morales, en cambio un plebiscito tumbó a Pinochet en Chile. La propia Corte dice que es una especie del género Consulta. De la interpretación sistemática de las normas constitucionales se pueden derivar algunas reglas como que en Colombia por esa vía no se puede modificar la Constitución porque no tiene controles previos, pero sobre su contenido y los requisitos no hay nada definido y es el Congreso el que debiera decidir.

Es obvio que lo que se pregunta no es si los ciudadanos están de acuerdo con la paz, sino como lo dice el artículo primero del proyecto de ley si los ciudadanos aceptan o rechazan el acuerdo final que se suscriba con las FARC. Es una típica pregunta de plebiscito: se refiere a una decisión política, de “trascendencia”, parecida a cuando en Puerto Rico se pregunta sobre el status de la isla frente a los Estados Unidos sin que eso signifique una anexión a ese país sin que pase por el Congreso estadounidense.

En relación con el umbral, otra vez, no está establecido en la Constitución e incluso el legislador podría no haber dispuesto ninguno. Cuando el constituyente quiso que hubiera umbrales los señaló, como en el caso del referendo.

Sobre el carácter vinculante de la decisión, pues es otra decisión que le corresponde al Congreso. En la reglamentación general decidió que no tendría ese carácter y en esta puede válidamente derivar esa consecuencia. Si las consecuencias de la votación del plebiscito no están prevista en la Constitución se aplica ese principio que repiten los profesores en el primer semestre de derecho: ley mata ley.

Es claro y así está dicho expresamente en el proyecto de ley que la “refrendación” del acuerdo no implica por sí misma una decisión jurídica y que la formalización de lo que allí está habrá que hacerse por los procedimientos previstos en la Constitución según se trate de reformas constitucionales o legales y con los controles que la Carta prevé en cada caso.

No vuelvo sobre los argumentos para desechar la Asamblea Constituyente como un mecanismo de refrendación. Los promotores de esa idea que son especialmente las FARC y el Centro Democrático no quieren con ello “refrendar” sino barajar de nuevo  y entonces ese es otro tema.

Espero que la Corte avale el proyecto de ley que regula este plebiscito especial, me parece que lo más democrático es que nos pregunten si estamos de acuerdo con el acuerdo o no, así en paquete y que decidamos si queremos que se acaben las FARC o si por el contrario preferimos que sigan. Ya dije que yo votaré por el SI, los solapados verán lo que hacen en sus cálculos electorales y los que no se aguatan a Santos sopesaran si le hacen esa “concesión” o si la “bronca” no los deja. Cualquier motivación es válida y legítima y también es legítimo construir argumentos para tratar de que sea la Corte la que decida por nosotros. Lo que si no logro entender es como es mejor que no nos pregunten a que nos pregunten.