El fiscal Eduardo Montealegre, uno de los mejores constitucionalistas del país, tiene una debilidad por los medios. Con frecuencia sus entrevistas, generan polémica.

Ayer en la mañana en entrevista con La W, el fiscal Eduardo Montealegre dijo que consideraba que no había necesidad de que los acuerdos de paz fueran aprobados por los colombianos. Dado que es una afirmación muy polémica y que no está estrictamente relacionada con su competencia, quedó nuevamente en el ambiente la pregunta de a qué juega el fiscal en el proceso de paz.

El Fiscal dijo esto luego de que Julio Sánchez le preguntara si consideraba que el proceso de paz necesitaba ser refrendado por los ciudadanos en la urnas.

“Es la opinión del fiscal general de la Nación, no soy vocero del gobierno, ni más faltaba, y lo que yo diga en ningún momento puede interpretarse como que yo soy la voz del gobierno en este tema ni en otros temas de justicia transicional y que nunca he sido esa voz que muchos me atribuyen”, dijo. Luego soltó la bomba: “Considero que no se requiere ni desde el punto de vista constitucional ni desde el punto de vista legal ningún tipo de refrendación popular para darle legitimidad a lo acuerdos de la Habana.”

Explicó que la Ley de Orden Público le permite al Presidente hacer negociaciones en un proceso de paz y que el desarrollo del marco de la justicia transicional va a depender de una ley estatutaria.

“Entonces yo creo que la legitimidad de los acuerdos se los da la misma ley, la competencia del Presidente de la República, la intervención que tiene el Congreso en la ley estatutaria y el visto bueno que tiene que dar la Corte Constitucional”, concluyó.

Sus declaraciones inmediatamente despertaron polémica puesto que generaban dudas sobre lo que ha prometido el presidente Santos desde el inicio de los diálogos de paz.

Esto obligó a que con una velocidad inusual, Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador del Gobierno en la Habana, reaccionara en los medios y dijera que si bien el Fiscal tenía razón desde el punto de vista estrictamente jurídico, “el Presidente ha estado y sigue firmemente comprometido con una refrendación que permita a cada colombiano expresar su auténtica convicción en el marco de la democracia.”

Esta no es la primera vez que el Fiscal se pronuncia públicamente sobre el proceso de paz con opiniones que levantan una polvoreda.

Lo hizo varias veces el año pasado. Por ejemplo, cuando en diciembre respaldó que se pueda establecer conexidad entre el delito político y el narcotráfico o la idea que los máximos comandantes de las Farc participen en política pese a que en su contra existan condenas relacionadas con delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.

Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en La Habana, tuvo que salir a decir en los medios que el Gobierno sí refrendaría los acuerdos de paz después de que Montealegre dijera que no era necesario hacerlo.

Las declaraciones del Fiscal le sirven a Santos para ampliar los márgenes de la discusión y poder ubicarse en el centro.

Desde que arrancó el proceso de paz, el fiscal Montealegre se ha convertido en un protagonista de primera línea pero su rol ha sido objeto de polémica entre quienes consideran que el Fiscal dice las verdades que alguien tiene que decir para aterrizar el proceso y quienes creen que no solo se extralimita en sus funciones sino que es un factor entorpecedor para el proceso de paz.

“Todo el mundo repite la mentira de "paz sin impunidad", que es irreal, más en un país que nunca se ha preocupado realmente por combatirla, en que ningún proceso de paz ha sido libre de impunidad, y en que la impunidad cobija también a agentes del Estado y de la sociedad", opina Álvaro Forero, analista y columnista de El Espectador.

“El Fiscal es el único que está hablando con sentido de realidad y sinceridad sobre lo que requiere jurídicamente la paz. Dado que Uribe sigue reforzando la cultura conservadora, la adicción a la violencia y la doble moral frente a la justicia de las mayorías en Colombia, la concepción jurídica liberal y moderna del Fiscal es muy importante para abrirle el camino al tema de la paz”.

Un ejemplo de lo que dice Forero es lo que sucedió con la conexidad del delito del narcotráfico para efectos de la participación política de los guerrilleros.

Aunque el Gobierno ha sido muy ambiguo con ese tema públicamente, es un hecho que ese tema sí está sobre la mesa en La Habana y que sólo si se establece que el narcotráfico fue un instrumento para la rebelión de las Farc el proceso de paz tendrá una posibilidad de prosperar.

En ese caso, el Fiscal sirvió de pararrayos de todas las críticas pero planteó públicamente el debate y seguramente cuando quede negociado ya nadie se sorprenderá. Le allanó el camino al asuntos.

A Juan Manuel Santos, que le apuesta a estar siempre en el centro, tener al Fiscal estirando los márgenes del debate le puede resultar conveniente políticamente. Que le convenga, sin embargo, no significa necesariamente que sean intervenciones concertadas.

“Lo hace por puro convencimiento”, explicó a La Silla el jefe de prensa del Fiscal.  “Está convencido de que el tema más importante en la agenda nacional es el proceso de paz, por eso le soltó las amarras de los procesos de la fiscalía al Vicefiscal y se ha dedicado al proceso de paz”.

“No creo que le esté haciendo el juego al Gobierno”, dijo a La Silla en su defensa un colega suyo que lo conoce bien.  “Montealegre dice lo que piensa y eso en Colombia es raro”. Dice, además, que el tema de la refrendación está íntimamente relacionado con el de la justicia transicional puesto que el Gobierno ha argumentado que ese respaldo popular es lo que le daría legitimidad a decisiones como las de las penas alternativas para los jefes guerrilleros.  "El Fiscal explicó por qué no considera que sea necesario".

Aunque muchos piensan que el Fiscal se pronuncia sobre tantos temas porque tiene aspiraciones políticas, quienes lo conocen bien creen que es precisamente todo lo contrario. Que es porque no le interesan los cálculos políticos que a veces habla más de la cuenta; incluso cuando eso puede crear riesgos para las mismas agendas que él defiende.

En la misma línea, otra persona muy cercana a él dijo que “el Fiscal es un apasionado del proceso de paz, de ese tema son los libros que lee en las madrugadas; él todo lo enfoca desde la perspectiva de las reglas constitucionales, y a veces se le salen cosas”. Y agregó de manera enfática: “no es un mandadero del gobierno y eso se notó con lo de la refrendación”

La Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda contradijo la posición del Fiscal Montealegre sobre la necesidad de que los máximos responsables de atrocidades paguen cárcel.

En realidad, sus declaraciones sobre la refrendación fueron mal recibidas en Casa de Nariño porque según le confirmó una alta fuente de Palacio a La Silla “independientemente de que tenga razón o no, la gente hace la interpretación de que se trata de un mensaje del Gobierno y eso nos genera más confusión en un tema en el que se trata de mantener mensajes claros”.

“Cada vez que el Fiscal dice cosas, quedamos como ‘¡Plop!”, dijo la fuente. Y citó como ejemplo, lo que dijo Montealegre frente a la conexidad del narcotráfico. Santos, en todo caso, explicó luego que sí esa conexidad sí se estaba considerando.

Las declaraciones de Montealegre, además, se sumaron a una seguidilla de intervenciones desafortunadas de miembros del gabinete que sintieron que después de que Santos les dijo en el último consejo de ministros que salieran a contar sus logros y que los enmarcaran en el contexto del proceso de paz como una forma de defenderlo, algunos entendieron que tenían luz verde para hablar de las negociaciones.

“Lo que dijo el Fiscal hoy es una impertinencia. Le tocó salir a De La Calle a desmentirlo”, dice Héctor Riveros, columnista de La Silla y quien ha seguido el proceso de paz de cerca. “Lo que hace Montealegre no le ayuda ni a los negociadores ni al gobierno con la opinión pública porque es una posición a tal punto exagerada que claramente pone al gobierno en aprietos”.

De hecho, La Silla supo que las declaraciones de Montealegre han sido muchas veces contraproducentes para el Gobierno en la Mesa en La Habana pues ‘entrega’ cosas antes de si quiera comenzar a negociar. El caso más evidente fue cuando propuso en octubre evaluar la posibilidad de que los guerrilleros no pagaran ni un día de cárcel:

“Mi posición es que Colombia puede ensayar unos mecanismos de penas privativas alternativas, diferentes a la pena privativa efectiva de la libertad, sin violar la Constitución y sin violar tratados internacionales”

Esta opinión fue luego controvertida por la Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en una reunión con el mismo Montealegre ratificó que el Estatuto de Roma impone no solo el deber de investigar y perseguir, sino también de castigar a los perpetradores de los más graves crímenes con penas privativas de la libertad. Es decir, en criterio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sin prisión efectiva no hay justicia.

En el tema de la refrendación, como lo dijo De la Calle, aunque no exista una obligación jurídica de convocar a los colombianos para que avalen el proceso de paz, el hacerlo ayudará a darle legitimidad política a lo acordado.

Con sus declaraciones de ayer, Montealegre sembró la duda sobre si el Gobierno terminará cumpliendo con su palabra. Pero, por otro lado, abrió un espacio para que el gobierno pueda encontrar otras fórmulas de refrendación que podrían ser menos vigorosas pero más viables que el referendo - como la “séptima papeleta” que planteó el senador Roy Barreras después de la intervención del Fiscal.