Anoche, la Sala Plena del Consejo de Estado hundió la ponencia que era favorable a Gustavo Petro, en el caso de una tutela que pedía suspender su destitución pero que había sido fallada en contra. Muchos medios corrieron a decir que con eso quedó en firme la destitución de Petro. La realidad es aunque el procurador Alejandro Ordóñez ganó una batalla clave pues era la primera tutela que se discutía en el Consejo de Estado, que es la última instancia para las tutelas que suspendieron la destitución, por ahora Petro seguirá en el Palacio Liévano.
La razón de esto es que la tutela que se votó no es la del juez José María Armenta (que sí suspendió la destitución) y que faltan algunos días para elaborar y votar una nueva ponencia que recoja los argumentos de los que votaron en contra. Solo cuando esta quede en firme se puede ejecutar.
La decisión, que se logró con el mínimo de votos necesarios para definir la suerte de la tutela, muestra que la mayoría de los consejeros de Estado respaldan la destitución de Petro. Para el caso de esa tutela falta que se prepare una nueva ponencia que incluya los argumentos de esa mayoría (y de la que fue encargado Alfonso Vargas Rincón, amigo personal y antiguo magistrado auxiliar de Ordóñez) y que ésta se discuta y se vote. A menos de que ocurra algo extraordinario, eso quiere decir que tumbarán esa tutela, según le explicó a La Silla un consejero de Estado.
Esto se suma a otra decisión de la Corte Suprema, cuya Sala Penal ayer mismo negó otra tutela favorable a Petro con el argumento de que las tutelas no las pueden poner ciudadanos para proteger los derechos de Petro porque las tutelas son para proteger un derecho propio o de un incapaz que no lo pueda hacer por sí mismo. Es decir, la tutelatón arrancó con pie izquierdo en las Altas Cortes.
Sin embargo, hay todavía varias tutelas que favorecen a Petro y que aún no han sido discutidas en segunda instancia por las Altas Cortes. Y como muchas tutelas tienen como respaldo argumentos diferentes, las discusiones jurídicas no están saldadas. Sobre todo porque el argumento clave en la decisión (que Petro tiene otro mecanismo para defenderse) no aplica a las otras tutelas (porque las interpusioern otras personas, que no tienen acceso a ese mecanismo).
Encima, como la mayoría que tomó la decisión esta noche en el Consejo de Estado pendió de un solo voto, si algún magistrado ve que en otro proceso los argumentos que se esgrimen a favor del Alcalde son válidos, la situación podría cambiar.
La tutela
La tutela que se votó hoy la recibió el Consejo de Estado a fines de enero, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se la negó a Julio César Ortiz, abogado de Petro. No es la famosa tutela que suspendió la destitución del magistrado José María Armenta, ni la que le dio un segundo espaldarazo y cuya ponencia era del magistrado Juan Carlos Garzón.
Esta tutela es una que falló después una sala de tres magistrados tras una ponencia de Samuel Ramírez Poveda. Las tutelas de Armenta y de Garzón siguen en trámite y por eso, por lo menos por ahora, Petro no se va.
Cuando la tutela de Ramírez llegó a la Alta Corte, los consejeros decidieron que el asunto era de tal trascendencia que lo debían decidir en Sala Plena.
A principios de febrero el Consejo de Estado dio otro paso. Acumuló varias tutelas y negó los impedimentos de ocho de los 25 consejeros de Estado, siete de los cuales tienen familiares en la Procuraduría o en la Alcaldía. Los demás consejeros negaron estos impedimentos porque, a su juicio, ninguno de esos familiares estaba en un cargo que hubiera podido influir en el proceso contra Petro.
La Sala Plena le dio la ponencia a Guillermo Vargas Ayala, un magistrado que lleva relativamente poco en la corporación (llegó a fines de 2012) y que es de tendencia liberal. Como contaron Semana y El Tiempo, esa ponencia era favorable a Petro. Alegaba que la Procuraduría no le permitió ejercer con todas las garantías su derecho a la defensa, y que no demostró que Petro había participado en las decisiones específicas que llevaron al Procurador a ordenar su destitución.
A la vez, la ponencia decía que el Procurador sí puede destituir funcionarios elegidos popularmente, que era uno de los argumentos de defensa de Petro.
Inicialmente los 25 magistrados que conforman la Sala Plena estaban divididos casi por mitades. El reglamento del Consejo de Estado establece que la decisión la tienen que tomar la mitad más uno de los magistrados que lo componen, que son 27, por lo que esa mayoría es de 14. Pero como hay dos cargos vacantes, las posibles votaciones de 13 contra 12 podían ser un problema.
El primer punto del debate se evacuó la semana pasada, cuando una mayoría estrecha votó que la tutela no era temeraria. Esa fue la primera medida de fuerza entre las dos orillas.
Ahí se notó que del lado de la ponencia de Vargas Ayala estaban, en general, los de tendencia más progresista. Incluyen a liberales como Jaime Orlando Santofimio, a conservadores como Ramiro Pazos y Gustavo Gómez Aranguren, y a independientes como Stella Conto y Danilo Rojas.
En la otra orilla estaban el nuevo ponente Alfonso Vargas, liberales de posición tradicional frente al derecho como Susana Buitrago, y reconocidos conservadores como Mauricio Fajardo, Marco Antonio Velilla y María Clara Rojas. Es decir, la línea que los separa tiene más que ver con una posición frente al derecho (los más formalistas se oponen a la tutela) que a líneas ideológicas o partidistas.
Por la mañana, se empezó a debatir otro punto: si se debía usar la tutela o si existía otro medio mejor para la defensa de Petro, lo que los abogados llaman definir si la tutela era procedente. Los enemigos de la ponencia argumentaron que sí existía otro, la solicitud de medidas cautelares ante un juez administrativo. Los defensores de la ponencia decían lo contrario. Votaron y quedaron 12 a 13. Ahí se encendió el debate, porque el reglamento del Consejo dice que si hay una votación que no llega a las mayorías, hay que llamar conjueces, pero no todos estaban de acuerdo (además de que hay una pelea por saber si los conjueces deben ser abogados externos o los magistrados de la Sala de Consulta).
Ante el enredo, declararon un receso. Al regreso, el panorama cambió. La discusión se enredó en si se podía dejar de lado la votación anterior, si se debía repetir o si se debían llamar conjueces. Finalmente hubo dos propuestas: una por llamar conjueces y otra por dar por resuelto el asunto de si la tutela era procedente y pasar al fondo. 20 magistrados votaron a favor de pasar al fondo y cinco de llamar conjueces. Afuera, esa votación se interpretó como una victoria de la ponencia, pero hubo magistrados de las dos orillas votando tanto por seguir como por los conjueces.
Igual la alegría de los petristas por esa decisión duró poco: antes de las nueve de la noche la ponencia se hundió.
Finalmente la mayoría la conformaron Mauricio Fajardo, Enrique Gil, María Claudia Rojas, Carlos Alberto Zambrano, Marco Antonio Velilla, Bertha Lucía Ramírez, Susana Buitrago, Hernán Andrade, Alberto Yepes Barreiro, Olga Valle de La Hoz, Carmen Teresa Briceño, Elizabeth García, Alfonso Vargas y Hugo Fernando Bastidas. Rojas y García, que habían votado a favor de la ponencia en la votación que quedó 13 a 12, ahora votaron en su contra.
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Para que la destitución surta efecto tienen que caerse todas las tutelas que suspendieron la destitución en las Altas Cortes.
El Consejo de Estado probablemente empiece a discutir el martes el futuro de las otras tutelas que le corresponden, incluyendo las de Armenta y Garzón, ya con el camino recorrido con la discusión de la tutela de hoy. No es fácil saber cuánto se tardará el Consejo de Estado en tomar una decisión frente a los argumentos diferentes que esgriman las otras tutelas, pero posiblemente salga una decisión la próxima semana, según le dijo a La Silla una fuente del Consejo de Estado.
En cualquier caso hay otras tutelas avanzando en el Consejo Superior de la judicatura y en la Corte Suprema, que también tardarán algunas semanas en resolverse.
Si se caen las tutelas que tienen suspendida la destitución, eso le pasaría el balón al presidente Juan Manuel Santos, que es quien debe expedir el decreto que ejecuta la destitución. Para Santos esa es una papa caliente: las encuestas han demostrado que la decisión del Procurador de destituir a Petro ha mejorado considerablemente la imagen del Alcalde, y el Presidente correrá un costo político al darle la última puntillada al alcalde, pero legalmente tiene que sacar el decreto. Además, a la campaña reeleccionista le conviene que haya antes el proceso de la revocatoria porque pondría el foco de atención en ese asunto y no en la evaluación de su mandato ni en las propuestas de sus rivales.
Pero si la Corte Constitucional selecciona alguna de las primeras tutelas que salgan de las Altas Cortes, le daría a Santos el argumento de esperar su decisión antes de firmar un decreto que podría terminar teniendo un sustento contrario a la Constitución.
En todo caso, antes de que llegue donde Santos en el círculo cercano a Petro confían en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenga. Sin muchas esperanzas frente a lo que pase en el ordenamiento interno, Rafael Barrios, abogado de Petro ante la CIDH, le dijo a La Silla que esperan que en las próximas horas esa Comisión se pronuncie.
Barrios considera que de Bogotá un proceso ante la Corte Constitucional (que podría revisar la tutela) tardaría años, y que el Consejo Superior de la Judicatura, en donde también hay tutelas, “seguramente seguirán la misma línea jurisprudencial que ya fijó el Consejo de Estado”.
Y aunque a la CIDH podría quedarle difícil argumentar que Petro no tuvo garantías en Colombia (teniendo en cuenta que hay tutelas que suspendieron el fallo de su destitución y que han seguido el trámite por las diferentes instancias), el equipo jurídico del mandatario está confiado en que las medidas cautelares serán emitidas. “Hay un interés de la CIDH, que constantemente nos está pidiendo información sobre el estado de las tutelas, en el caso Petro”, dijo Barrios.
Por su parte, un alto funcionario de la Administración le dijo a La Silla que el viernes pasado habló con un comisionado de la CIDH que le preguntó si esperaban alguna respuesta positiva por parte del Consejo de Estado y le dio a entender que podrían emitir las medidas cautelares.
“Aunque siempre habrá interpretaciones,en términos administrativos ya llegamos a la máxima instancia y si la CIDH no se pronuncia, el Presidente puede proceder a destituir”, dijo ese alto funcionario.
Al reaccionar por Twitter, Petro habló en el mismo sentido, diciendo que “la única defensa que le queda a la Bogotá Humana es la ciudadanía misma movilizada”. Pero lo cierto es que el futuro de la alcaldía de Petro sigue estando en manos de los jueces. Mientras tanto la revocatoria vuelve a pasar a segundo plano y cada vez es menos probable que los bogotanos sean quienes decidan si Petro debe seguir siendo su alcalde o no.
¿Consejeros de Estado respaldan la destitución de Petro? Esto no necesariamente se deriva de la decisión tomada. Lo que consideraron fue que la tutela era improcedente para atacar la decisión del Procurador. Nada impide, legalmente, que cuando el Alcalde ejerza la acción correspondiente (Nulidad y restablecimiento) muchos de esos mismos magistrados concluyan que tal decisión es ilegal.
Constitucionalmente el Procurador está facultado para investigar y sancionar funcionarios públicos, incluso aquellos de elección popular. Sin embargo Colombia esta suscrita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya convención claramente establece que a un funcionario electo por el voto popular solo se le pueden restringir sus derechos políticos si existe una condena por juez penal. Ambas jurisprudencias hacen parte de la Constitución colombiana, por lo tanto es evidente que tenemos una incompatibilidad jurídica en nuestro ordenamiento, y esto se demuestra en el caso de Petro, quien no ha recibido ninguna sanción de tipo penal, y cuya investigación en la Fiscalía esta por ser archivada. Es necesario reformar la Procuraduría para hacerla compatible con la CIDH o que Colombia renuncie al pacto de San Jose, una de las dos cosas, o este caso se repetirá seguramente. Ya de hecho el exalcalde Alonso Salazar debió haber tomado nota al respecto (sigue)
La intervención de Gustavo Petro en el proceso de revisión de las tutelas descalificando a los magistrados con nombre propio y al procurador, deben ser tenidas en cuenta para sancionarlo, está utilizando su cargo como funcionario y además esta llamando a la población al desacato a las instituciones, muy peligroso para nuestro estado de derecho que es contrario a los intereses particulares de Petro Urrego.
Que siga su proceso disciplinario como un ciudadano y no siga torpedeando a las instituciones desde su cargo, del cual ya olvido sus funciones, la ciudad está en el caos y el pensando en "ser presidente", revanchista, demandando a aquel que en derecho lo investiga y sanciona.
Es cierto Gustavo Petro es peligroso para el status quo, atacar a las mafias de contratistas enquistadas en el distrito es gravisimo, debio plegarse a ellas y seguramente, estaria comodamente en su puesto, manteniendo la corrupcion en sus justas proporciones, y seguramente sus ingresos se multiplicarian exponencialmente, aunque tuviera que llevarlos a paraisos fiscales, pero no el muy tonto, decidio hacerse el heroe, ir de fente contra corruptos y monopolios, desconociendo como funciona el sistema, y todo para que?, para que Caracol y RCN lo desprecien, la dereche lo satanice, y el procurador, lo quiera erradicar de la vida publica como al peor de los delincuentes, de verdad que Gustavo Petro no solo es peligroso, si no todo un pendejo!!!
Petro es peligroso por ser pesimo ejecutivo, mediocre politico, bruto y soberbio. No es sino mirar a Lula da Silva. Cuando salio electo presidente, todos los analistas pensaban que Brasil seria la siguiente Cuba. Los inversionistas y empresarios temblaban de panico y que hizo Lula, brillante politico. Nombro como presidente del Banco Central de Brasil a un "Lobo de Wall Street" un señor neoliberal en pensamiento economico, presidente del Bank of Boston en ese momento a que manejara la politica monetaria del pais. Con esa movida tranquilizo los mercados,los empresarios estuvieron felices y pudo desarrollar todos sus programas sociales tan exitosos. Petro se puso a inventar la rueda, a cambiar un modelo que nadie le pidio que cambiara, incremento la desconfianza del empesariado (status quo diran algunos) en lugar de trabajar con ellos y ahora que infringio la ley en materia disciplinaria, quiere posar de victima. La destitucion es la solucion
Al ver la situacion de Venezuela y el retroceso y degradacion que a sufrido ese pais despues de 16 años de "Socialismo siglo XXI" es evidente que la izquierda, progresistas, socialistas, comunistas y demas denominaciones que no propenden por la economia de mercado, estan llamadas al fracaso y su capacidad de gestion ejecutiva, buen manejo de los recursos, generacion de riqueza y bienestar para sus pueblos es nula. Por eso lo mejor que le puede pasar al pais es que el Alcalde Petro sea detituido e inhabilitado o en su defecto revocado del cargo. Su incapacidad gerencial, sumada a su caracter dictatorial y autocratico es un campanazo de alerta para evitar transitar el tortuoso camino de Venezuela si el Sr Petro llega a convertirse en un candidato presidencial con opciones reales.
Tal vez revocado, pero inhabilitado o destituido por tratar de establecer un modelo de gobierno diferente?, no olvide ud. que el fue electo popularmente precisamente para cambiar el esquema imperante, ahora que la procuraduria o la derecha o el cartel de contratistas no este de acuerdo, no puede ser razon valida, para destituirlo ni inhabilitarlo, eso es incostitucional. En cuanto a que el modelo Chavista fracaso, de acuerdo, pero eso no significa, ni que el modelo imperante en Colombia sea optimo, o que no exista modelos alternativos exitosos, no nos van ahora a poner a Venezuela como el coco para decir que el modelo Colombiano que igual nos tiene sumidos en la violencia y la desigualdad durante decadas (y cada dia peor) es optimo!!!
Última palabra
Q viene ahora?, de seguro dar celeridad al asunto, xq las decisiones serán en el mismo sentido.
Una vez más en manos de la CIDH-q vergüenza-que de esta vez seguro no pasa su pronunciamiento.
PD: Lo que faltaba, para corroborar la intromisión del gobierno Colombiano en Venezuela y Nicaragua , se filtró la agenda privada de bb Pinzón en la Casa Blanca hablando precisamente de ellos.
Ya Maduro se los había cantado y la Minrelaciones lo había negado. Quedando una vez más como un Cu ante la opinión internacional.
Con todos los líos que hay en el país y en el ejército, y este señor anda relajado preocupándose por el vecino?.
Ahora con qué babosadas más saldrán?.
No tiene nada de raro que el IDU solo ejecute el 5% del presupuesto cuando estaba a cargo de una comunicadora social, que solamente repetía lo que sus colaboradores le informaban y estaba preocupada con la "imagen de la entidad" y solo tenían el Metro como proyecto salvador, ahora esta en manos de un académico que a pasado por varias entidades a punta de parla, pero que no a ejecutado proyecto alguno, la entidad se llena de expertos con cartones pero no ejecutores de proyectos y la ciudad es un ente vivo y cambiante que requiere de permanente mantenimiento y renovación de su infraestructura, algo que no le cabe en la cabeza a Gustavo, el prefiere reducir el presupuesto de las vías y dar mas subsidios, pero la movilidad necesita vías y los huecos no se tapan solos.
¿javciv tu tan amigo de copiar y pegar sabes quienes conforman y quien está al frente de la camara colombiana de la infraestructura? Juan Martin Caicedo Ferrer, exalcalde de Bogotá quien en 1992 tuvo serios problemas judiciales, y està al frente de la CCI para conseguir proyectos viales y de licitaciones en carreteras que beneficie a los asociados que involucran a constructores y concesionarios viales, ¿comprendes ahora por qué las criticas? que en ellos es lícito porque deben conseguir utilidades con su trabajo, ¿pero vos que imagino no eres de la oficina de prensa de la CCI?
bla - bla - bla
Bueno, de todo esto queda una reflexión. Los asesores jurídicos de Petro hicieron uso de una herramienta que les fue útil, pero que la verdad, a la luz de la naturaleza de la tutela y su finalidad no resulta adecuada, leal ni responsable. Someter un mismo asunto 3000 veces ante la jurisdicción es un simple abuso, un desgaste de la administración de justicia por un interés particular y un elemento de desigualdad frente a los demás usuarios de la institución. Ojalá todos tuviéramos 3000 oportunidades frente a la justicia, repetir un procedimiento hasta que nos den la razón. Yo no creo que el fin justifique los medios. Eso es lo que han pensado mucho en este país y miren como vamos.
La Constitución Colombiana es una de las más extensas del planeta, pero a la vez es una que todo mundo manipula y la interpretan y aplican a su acomodo, pero más aún, cuando no hay otra forma de cambiarla, se juntan los amigos y le hacen el torcido que les de la gana, como en este caso, los amigos del inquisidor aplicando y sustentando el querer de aquel. Definitivamente las garantías constitucionales son están el papel.
Ante todo queda demostrado el tinte político y sesgado de la decisión de la procuraduría. Hay que impedir que suba Pachito u otro holgazán a la alcaldía. Su único afán es recuperar lo que robaban con el cartel de la contratación. La torta de Bogotá, estos señores no la quieren perder y harán lo imposible, si nosotros los dejamos, para recuperarla.
PETRO SE QUEDA.
Sospecho pecho, presiento, siento, especulo,.. creoo
Opinar si hay o no competencias, si se violó el debido proceso, si se dio trato de delincuente, o si son fallos netamente políticos inspirados en la Luz ‘’divina’’ x parte del Godofacho, es repetir, repetir y repetir y échenle repetir hasta el cansancio.
El Colombiano promedio x no decir casi todos- o todos?-tenemos una característica muy específica: la emoción del momento, del ya, del rato en caliente, más por impulso q por convicción; igual en ambos casos el factor tiempo juega en contra de sus emociones, q con los días entran en el cansancio-aburri de oír lo mismo, al punto q retomar esas emociones x lo menos con la misma intensidad inicial no es posible….
sigue
Viene…
Esto lo tiene muy bien estudiado la sicología de la política Colombiana; a mi modo de ver entra en un letargo casi q amañado, jugando precisamente al cansancio de la parte afectada y sobre todo de sus seguidores. Para q al final todos asintamos el ‘’respeto’’ al debido proceso casi q en coro: ufffff x fin termino este karma.
Es claro q para el país y en especial para los organismos de control del caso Petro, seria vergonzoso q la CIDH entrara a dar claridad y sentar precedente x la falta de objetividad, imparcialidad y sobre todo de la verdad en el manejo de la constitución y las leyes x influencia netamente de carácter político. Esto de seguro sacará muchas ronchas a los cismáticos de aquí en LSV q los hay y bastantes, pero creer en las altas cortes con la influencia política q manejan está muy lejos de ser lo q alguna vez fue en la época de José Gregorio y el Mismo Papa Noel Gaviria,según mi papá y lo poco q he leído.
Suerte a Petro,ojalá me equivoque.
Petro ha demostrado un irrespeto por la Constitución y las leyes en las que él mismo aprobó.Lo que debe hacer el alcalde es cambiar de abogados, por otros que conozcan las Sentencias proferidas por la Corte Constitucional y las Leyes competentes en materia disciplinaria, que son las que competen a su caso.
En esta paisito llenito de cagatintas, leguleyos, picapleitos, togados, abogadillos y jurisconsultos, estas vainas duran eternidades. Siempre es mejor ver que sea la "justicia" y no el plomo la que defina Lo realmente bueno es que se decida en urna....
Craso error, prueba de ello es que rechazaron la tutela y no significa que Petro se vaya, tal como corroboró la propia amiga del Procurador y presidenta del Consejo de Estado, Rojas Lasso
El señor Lewin tiene razón en cuanto a que Petro no se va, luego de este traspiés con la tutela en el Cosejo de Estado, situación con la que la magistrada Rojas Lasso, cercana al procurador, manifestó en la misma dirección funcionaria quien también dijo que al Alcalde aún le queda el Consejo Superior de la Juidicatura, el propio Consejo de Estado y la última palabra que estaría en la Corte Constiticional no antes de tres meses. Obviamente, este tambien sería el momento en que la CIDH-Washington intervendria con medidas cautelares, como paso previo antes que el Presidente firme la destitución y ya no haya posibilidad de marcha atrás para la destitución de Petro quien, por ahora, SE QUEDA.